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DECISIÓN AMPARO ROL C4287-19</p>
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Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta</p>
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Requirente: Jennifer Umbach</p>
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Ingreso Consejo: 14.06.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, ordenando la entrega del Manual de procedimientos o procedimientos de atención ciudadana/público, existente a la fecha de la solicitud, con independencia de no encontrarse vigente.</p>
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Lo anterior, toda vez que se trata de información pública respecto de la cual el órgano reclamado no acreditó su entrega, descartándose como circunstancia que justifique su inexistencia, el no tener la misma el carácter de oficial, lo que, a su vez, desestima la concurrencia de la causal de reserva o secreto de afectación al privilegio deliberativo invocada.</p>
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Aplica precedentes de las decisiones de amparos Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, que estableció que el carácter de no oficial de algún documento no puede constituir un motivo plausible para denegar acceso a lo solicitado, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información.</p>
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En sesión ordinaria N° 1081 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4287-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de mayo de 2019, doña Jennifer Umbach solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta la siguiente información: "Manual de procedimientos o procedimientos de atención ciudadana/público".</p>
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2) RESPUESTA: El 28 de mayo de 2019, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta respondió al requerimiento de información indicando que "no cuenta con un Manual de procedimiento de atención de público que se encuentre vigente, el pre existente que se encuentra caducado, se encuentra en proceso de confección y actualización para posterior aprobación, por lo que, actualmente no es posible acceder a la petición".</p>
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3) AMPARO: El 14 de junio de 2019, doña Jennifer Umbach dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, siendo también la respuesta incompleta o parcial, ya que, no se entrega información sobre el proceso de atención ciudadana, informándose que el procedimiento no se encuentra vigente.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, mediante Oficio E10709, de 5 de agosto de 2019, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) aclare si el proceso de atención ciudadana vigente a la fecha de la solicitud consta en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).</p>
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Mediante Ord. N° 2929, de fecha 21 de agosto de 2019, el órgano presentó descargos, en los que, en síntesis, señaló que no cuenta con un manual de procedimiento de atención ciudadana vigente conforme a lo señalado en respuesta otorgada a la requirente, lo anterior, tiene como principal fundamento el hecho de que el Servicio se trasladó en septiembre del año 2018 a un nuevo edificio institucional cuyas características exigieron la reestructuración de funciones, con nuevos cargos, nuevos sistemas de atención y eliminación de otros. Aclara que el procedimiento que existía se adecuaba a requerimientos y espacios de atención anteriores y tenía una data del año 2011, a modo de ejemplo contemplaba la función CEDOC, actualmente inaplicable. Indica que, en virtud del proceso de gestión de riesgos que desarrolla el Servicio, el año 2018 se requirió a la Jefa Regional del Sistema Integrado y OIRS que indicara los procedimientos vigentes dentro de la Unidad SIAC, quien ratifica en noviembre del año 2018 que la metodología de atención de público no se encontraba vigente. Así, la situación recién explicada, justificaría el hecho de que la documentación contenida en transparencia activa de SERVIU no contenga actualmente un manual de atención ciudadana, dándose cuenta solo de tres procedimientos de la Unidad SIAC y que no dicen relación con el requerimiento hecho por la reclamante. De lo anterior, concluye que al no estar formalizado en acto alguno un manual de procedimiento de atención ciudadana, no se dan los fundamentos señalados en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la respuesta otorgada se ajusta a los requerimientos de información que exige dicha ley, siendo plenamente aplicable la causal de excepción señalada en el numeral 1, letra b), del artículo 21, de la norma en comento. Finaliza afirmando que, tal como se explicó a la solicitante, el documento requerido se encuentra recién en etapa de confección para posteriormente ser aprobado por el jefe superior del Servicio, lo que haría procedente la aplicación de la causal recién citada.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega del manual de procedimientos o de los procedimientos de atención ciudadana del organismo, los cuales el Servicio afirma no tener, al menos vigentes, encontrándose el preexistente caducado y en proceso de confección y actualización, para posterior aprobación.</p>
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2) Que, en este contexto, respecto de la inexistencia de la información, se debe tener presente que, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", por lo que, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo exigirse la entrega de aquella inexistente. A su vez, sobre este último aspecto, conforme se ha resuelto previamente por parte de esta Corporación en las decisiones de amparo Roles C4950-18, C4603-18 y C4846-18, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.</p>
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3) Que, en el presente caso, el órgano reclamado ha reconocido contar con el documento solicitado, constituyendo, a su juicio, el hecho de no encontrarse vigente a la fecha del requerimiento, una circunstancia de hecho que impide su entrega, por configurarse la causal de reserva o secreto del numeral 1, letra b), del artículo 21 de la Ley de Transparencia, al estar pendiente la aprobación de un nuevo instrumento actualizado. Al respecto, este Consejo se ha pronunciado reiteradamente, en particular, en las decisiones de amparo Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que una circunstancia análoga a la invocada por el Servicio, como lo es el carácter de no oficial de algún documento, no puede constituir un motivo plausible para denegar acceso a lo solicitado, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información. En este sentido, si los antecedentes requeridos se encuentran en calidad de no vigentes, procedería que el órgano, al momento de hacer entrega, advierta al requirente la condición que a la fecha detentan los documentos.</p>
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4) Que, a mayor abundamiento, resulta pertinente traer a la vista lo razonado por esta Corporación en la mencionada decisión de amparo Rol C1422-12, en orden a que "el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Ley de Transparencia se extiende, en un sentido general, tanto a la documentación oficial como a la no oficial, que obre en poder de la Administración del Estado, toda vez que dicho cuerpo legal no la limita a la puramente oficial, no contemplando, por ende, dicha diferenciación. En efecto, la fórmula de publicidad que contempla el artículo 5° de la Ley de Transparencia no sólo comprende los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino también se extiende, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de la norma, a "...la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento (...)", a menos que concurran las excepciones legales". Por lo anterior, se procederá a desestimar las alegaciones de hecho planteadas por el órgano, referidas a la falta de vigencia de la información requerida a la fecha de la solicitud de acceso, y por ello, la configuración de la causal de secreto o reserva en comento.</p>
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5) Que, en razón de los fundamentos expuestos, de los que se desprende que no se ha fundado ni acreditado debidamente por el órgano la configuración de la causal de reserva o secreto invocada, se acogerá el presente amparo, ordenando al Servicio entregar a la reclamante el manual de procedimientos o procedimientos de atención ciudadana, cuya existencia, a la fecha de la solicitud, ha reconocido expresamente el órgano, pese a no encontrarse vigente, ya que, como se explicó, dicha circunstancia no exime a los órganos de su obligación de proporcionar información, más aún, si se advierte dicha condición a la solicitante al hacer entrega de los antecedentes.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Jennifer Umbach en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega a la reclamante del manual de procedimientos o procedimientos de atención ciudadana/público, existente a la fecha de la solicitud.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Jennifer Umbach y al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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