Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4411-19

Volver

Reclamante:	ALEJANDRO PONCE PONCE
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenando entregar copia de los decretos de nombramiento y contratación del personal que consulta. Lo anterior, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, desestimándose la afectación de derechos y distracción indebida alegada por el personal consultado. Previo a la entrega, deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto contenidos en las información que se ordena proporcionar, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la labor desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior conforme lo dispone la Ley Sobre Protección de la Vida Privada y la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/31/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C4927-19
Recursos relacionados:	27-2020
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C4411-19 Entidad pública: Municipalidad de Maipú. Requirente: Alejandro Ponce Ponce. Ingreso Consejo: 20.06.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenando entregar copia de los decretos de nombramiento y contratación del personal que consulta. Lo anterior, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, desestimándose la afectación de derechos y distracción indebida alegada por el personal consultado. Previo a la entrega, deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto contenidos en las información que se ordena proporcionar, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la labor desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior conforme lo dispone la Ley Sobre Protección de la Vida Privada y la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1060 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4411-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de abril de 2019, doña Alejandro Ponce Ponce solicitó a la Municipalidad de Maipú, la siguiente información: "- Decretos de nombramiento o contratos de Francisco Javier Aguirre Balmaceda. - Decretos de nombramiento o contratos de Lorena Arce. - Decretos de nombramiento o contratos de Diego Álvarez. - decreto que designa al jefe (a) de recursos humanos y a sus subrogantes, informando quien está en ejercicio del cargo actualmente" (sic). 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por medio de correo electrónico de 17 mayo de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Por medio de Resolución N° 549/2019, de 3 de mayo de 2019, la Municipalidad de Maipú accede a la entrega del decreto que designa Jefa Subrogante del Departamento de Personal a la Sra. Carolina Ojeda, quien es la encargada actualmente; y, el decreto alcaldicio que aprueba la prestación de servicios a honorarios de don Diego Álvarez. No obstante, deniegan los decretos de nombramiento o contratos de don Francisco Aguirre Balmaceda y doña Lorena Arce, por oposición de éstos, manifestada conforme el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia. 4) AMPARO: El 20 de junio de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en haber recibido respuesta incompleta, por oposición de terceros. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio N°E10758, de 6 de agosto de 2019. Posteriormente, por medio de oficio N° 199/2019, de 22 de agosto de 2019, la Municipalidad de Maipú emitió sus descargos, señalando haber procedido conforme lo ordena el artículo 20 de la Ley de Transparencia, artículos 34 y 35 de su Reglamento y lo dispuesto en el numeral 2.4 de la Instrucción General N° 11 dictada por este Consejo; todas normas que reproducen. Señalan que los terceros fueron notificados del requerimiento, por medio de carta certificada de fecha 22 de abril de 2019, quienes ejercieron su oposición en tiempo y forma el 25 de abril de 2019, las cuales anexan. En tal sentido, se advierte que los terceros presentaron idénticas oposiciones, expresando, en síntesis, que la información requerida es propia de la Municipalidad, cuya publicidad afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial, y aquellos datos de carácter personal protegidos en virtud de la Ley N° 19.628. A su vez, manifiestan, lo pretendido va orientado a distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, configurándose por tanto, las causales del artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia. Finalmente, expresan que desde el correo electrónico a través del cual se realizan las solicitudes, se han recibido reiterados requerimientos -43-, cuya identidad del peticionario varía. En atención a lo anterior, solicitan que este Consejo acredite la identidad del solicitante, haciendo presente el boletín N° 12.100, de la Cámara de Diputados, iniciativa que apunta a modificar puntos relevantes de la Ley N° 20.285, entre ellos, agregar en su artículo 12, letra a), la petición de cédula de identidad o pasaporte, según corresponda. 6) DESCARGOS DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado a los terceros involucrados, mediante los oficios N° E13395 y E13396, de 16 de septiembre de 2019, a fin de que presenten sus descargos y observaciones en esta instancia. Según lo informado por Correos de Chile, los aludidos oficios fueron notificados los días 26 de septiembre de 2019 y 7 de octubre de 2019, sin que a la fecha exista presentación de los involucrados al efecto. Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo reclamado es el decreto de nombramiento o contrato de don Francisco Javier Aguirre Balmaceda y doña Lorena Arce, quienes se opusieron a su entrega, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, argumentan que la entrega de dichos antecedentes no solo vulnera sus derechos de carácter personal y económico, sino que, además, distrae indebidamente a los funcionarios de la Municipalidad recurrida de sus labores habituales. 2) Que, según se publica en el sitio web de Transparencia Activa de la Municipalidad de Maipú, don Francisco Javier Aguirre Balmaceda es funcionario a contrata, y doña Lorena Arce se desempeña en calidad de honorarios; en consecuencia, respecto del primero, procede hablar propiamente tal de la entrega de su decreto de nombramiento, y respecto a la segunda, de la entrega del decreto a través del cual se aprueba y contiene su contrato de honorarios. Lo anterior, conforme se desprende de los artículos 1, 2, 4, 13 y 14 de la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. 3) Que, este Consejo ha sostenido que en atención al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. 4) Que, en consecuencia, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, se desestimará la causal de secreto prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, alegada por los terceros involucrados, quienes, en términos generales, señalaron posibles afectaciones a sus derechos de tipo personal y económico, sin fundamentar cómo dicha vulneración se vería materializada en la especie, particularmente respecto de documentos que son esencialmente públicos, relativos a su contrataciones en el municipio recurrido. A su vez, cabe señalar que la mayoría de los datos que se registran en los antecedentes solicitados, tales como, las remuneraciones percibidas, grado, jornada de trabajo, profesión, cargo, vigencia de la relación contractual, asignaciones, entre otras, deben ser mensualmente publicadas en el sitio web aludido en el considerando 2), en virtud de lo ordenado en el artículo 7 de la Ley de Transparencia. A su turno, y respecto a la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la precitada, es improcedente, toda vez que el requerimiento no reviste el carácter de genérico, referido a un elevado número de actos administrativos, haciendo presente que la titularidad de aquella causal resulta privativa del órgano requerido, toda vez que sus supuestos, dada su naturaleza, sólo pueden ser ponderados por el órgano de que se trate, y no por los terceros involucrados, como aconteció en la especie. 5) Que, en razón de lo expuesto, se acogerá el presente amparo ordenando la entrega de la información faltante. No obstante, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, previo a la entrega deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto contenidos en la documentación en análisis, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 6) Que, en cuanto a la acreditación de identidad que la Municipalidad de Maipú solicita a este Consejo, respecto de la persona del solicitante, no será admitida, toda vez que dicho antecedente, en la especie, se ajusta a la normativa vigente, dispuesta tanto en el artículo 12, letra a) de la Ley de Transparencia y artículo 30, letra a) de la Ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Asimismo, del análisis de la casilla electrónica consignada en los distintos requerimientos acompañados, se advierte que esta podría corresponder a una entidad u organización integrada por más de una persona. Finalmente, se hace presente que este Consejo ha solicitado la verificación de la identidad en aquellos casos en que el recurrente se ha presentado a través de un nombre manifiestamente falso, cuyo juego de palabras contiene un tono irrisorio, burlesco, poco serio e irrespetuoso, lo que no acontece en el presente caso; en consecuencia, proceder en los términos pedidos por la recurrida, podría traducirse en una vulneración al principio de la no discriminación, contemplado en el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Alejandro Ponce Ponce en contra de la Municipalidad de Maipú, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, que: a) Entregue al solicitante copia del decreto de nombramiento de don Francisco Javier Aguirre Balmaceda, y copia del decreto que aprueba y contiene el contrato de doña Lorena Arce, con la salvedad descrita en el considerando 5). b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, a don Alejandro Ponce Ponce y a los terceros involucrados. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.