Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C106-12

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Reclamante:	ELTON ORTIZ CONCHA
Reclamado:	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
Resumen del caso: Se interpuso amparo contra la Dirección de Presupuestos (DIPRES), frente a la falta de respuesta a solicitudes de acceso a información relativa a certificaciones o registros vinculados a los Programas de Mejoramiento de Gestión, relativas a instituciones públicas (número de certificadas según instituciones certificadoras, quienes colaboraron con el diseño o programa de mejoramiento, retorno de inversión, incentivos al cumplimiento, pronunciamiento jurídico sobre normas nacionales aplicables). El Consejo acogió parcialmente el amparo, sólo respecto de la cantidad de instituciones públicas que han informado a la DIPRES, entre los años 2007 y 2011, alguna de las certificaciones indicadas por el reclamante, pues la reclamada infringió su obligación de proporcionar la información requerida, en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. Por lo tanto, el Consejo remitió la información relativa a certificaciones efectuadas durante el año 2010. Por otro lado, descartó las demás solicitudes, por haber sido respondidas íntegramente, por versar sobre información inexistente o no constituir requerimientos amparados por la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/27/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Autoridades y jefaturas >> Declaraciones de intereses y patrimonio >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C106-12 Entidad pública: Dirección de Presupuestos Requirente: Elton Ortiz Concha Ingreso Consejo: 23.01.2012 En sesión ordinaria Nº 333 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de abril de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C106-12. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Los días 17 y 27 de diciembre de 2011 don Elton Ortiz Concha, mediante 6 presentaciones, solicitó a la Dirección de Presupuestos (en adelante, DIPRES) la siguiente información: a) Número de instituciones públicas que informaron a la DIPRES la obtención de una certificación/registro en los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) bajo ISO 9001 o NCh ISO 9001 con Bureau Veritas o BVQI o que exhiben un certificado con ISO tipo Bureau Veritas, desde el 2007 a la fecha; b) Quiénes y cuáles fueron las organizaciones y/o consultores que colaboraron en el diseño o programa de los PMG que implementó la DIPRES desde el 2007 a la fecha; c) Retorno a la inversión de los programas de mejoramiento de la gestión que ha llevado adelante la DIPRES desde el 2007 a la fecha; d) Monto en pesos de la inversión entregada como incentivo a las instituciones públicas que han dado cumplimiento a los PMG en los últimos años, informando a la DIPRES el cumplimiento de metas de los PMG, desde el 2007 a la fecha; e) «Instituciones públicas que informaron a la DIPRES que se han certificado/registrado en ISO 9001 con el acreditador ANAB JAB UKAS DAR, desde el 2007 a la fecha»; f) «Cuál es el orden de prelación o jerárquico de las “normas chilenas”, con respecto de las leyes; qué implicancia tienen para los organismos y los funcionarios públicos las “normas oficiales”; cuál es el rol de los organismos validadores de estas normas; y por qué el texto de estas normas no se publica en el Diario Oficial». 2) RESPUESTA: Los días 12 y 18 de enero de 2012 la Dirección de Presupuestos, mediante sus Oficios Nos. 75 a 79, y No. 130, respondió a dicho requerimiento de información en los siguiente términos: a) Indicó la cantidad de instituciones públicas que informan la obtención de un certificado ISO 9001 del organismo certificador Bureau Veritas los años 2007, 2008 y 2009. Agregó que dicha información ha sido sistematizada con ocasión del “Programa de Certificación Externa Modalidad Norma ISO”, que fue desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo (BID). Sin embargo, en él no se contempló mantener registros ni impulsar certificaciones a partir del año 2010, por lo que no cuenta con más información. b) Informó el nombre de las organizaciones y consultores que colaboraron en el proceso de mejoramiento de gestión al que se refiere su solicitud. c) Hizo presente que no existe en la DIPRES un estudio de retorno de la inversión del PMG que abarque el periodo 2007-2011. Adicionalmente, le informó sobre la “Evaluación de Impacto de los PMG” realizada por el Banco Mundial, el año 2007, cuyos resultados se refieren al periodo 2001 a 2006 y se encuentran disponibles en el sitio electrónico que indicó. d) Indicó el monto pagado por asignaciones de desempeño en cada uno de los años que median entre 2007 y noviembre de 2011; e) Informó que de acuerdo con los antecedentes proporcionados por servicios públicos, ninguno de ellos se ha certificado con la acreditación indicada en la letra e) de su solicitud o en otra distinta al Instituto Nacional de Normalización. f) En cuanto a la consulta formulada en la letra f) de su solicitud, argumentó que lo requerido no constituye una solicitud de información ampara por el artículo 10 de la Ley de Transparencia, pues la consulta supone interpretar normas jurídicas y efectuar disquisiciones doctrinarias. 3) AMPARO: El 23 de enero de 2012 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano administrativo, fundado en su respuesta negativa. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Directora de Presupuestos, mediante Oficio N° 454, de 10 de febrero de 2012, requiriéndole que se pronuncie, exclusivamente, sobre los literales a) y c) de la solicitud de información. Dicha autoridad se pronunció sobre el particular el 5 de marzo pasado, formulando los siguientes descargos y observaciones: a) En cuanto al número de instituciones públicas que han informado certificaciones –letra a) de la solicitud–, indicó que mediante su respuesta entregó al reclamante toda la información “confiable” de la que disponía, conforme a la labor de sistematización desarrollada con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo y atendido que desde 2010 se discontinuó el registro de la información requerida. Agregó que la información entregada se entiende “confiable”, pues fue revisada, auditada y posteriormente incorporada al registro. Sin perjuicio de lo anterior, agregó que, de acuerdo a lo indicado por los propios servicios públicos, siete instituciones se han certificado durante 2010 con la empresa Bureau Veritas. Sin embargo, advierte que dicha información no ha sido auditada. Adicionalmente, afirmó que al tiempo de su respuesta no contaba con información sobre procesos de certificación concluidos durante 2011, toda vez que el proceso de información de resultados se encontraba en desarrollo. b) En relación con el retorno a la inversión de los PMG desde 2007 –letra c) de la solicitud–, insiste que en su respuesta aclaró que no existe un estudio de retorno a la inversión sobre el periodo consultado, por lo que la información solicitada no existe; no obstante lo cual, conforme al principio de transparencia, informó al reclamante sobre la disponibilidad de un estudio de “impacto” efectuado por el Banco Mundial. En consecuencia, considera que se ha dado cabal respuesta a la solicitud del reclamante. Con todo, agregó que un estudio como el solicitado se desarrolla mediante licitación, lo que exige la elaboración de términos de referencia, marcos técnicos e incurrir en altos costos. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, según dispone el artículo 10 de la Ley de Transparencia, «el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales». Por su parte, el artículo 5° del mismo cuerpo legal prescribe que es pública «la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento», a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la misma ley. 2) Que los requerimientos individualizados en los literales b), d) y e) de la solicitud del reclamante han sido debidamente contestado por el organismo, toda vez que se ha pronunciado sobre cada uno de los aspectos consultados, entregando la información que obraba en su poder. 3) Que en cuanto a la consulta descrita en la letra f) de su solicitud, cabe reiterar lo ya sostenido por este Consejo en su decisión C533-09, de 6 de abril de 2010, donde se razonó en el sentido de que la información cuya entrega puede ordenarse debe contenerse “en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos” o en un “formato o soporte” determinado, según dispone el inciso 2º del art. 10 de la Ley de Transparencia. En ese contexto, este Consejo advierte que la solicitud de un pronunciamiento u opinión jurídica sobre la jerarquía de norma nacionales y sus implicancias no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información, sino que se trata de una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición, establecido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las disposiciones de la ya citada Ley Nº 19.880, de 2003, atendido su valor supletorio. 4) Que respecto de la cantidad de instituciones públicas que han informado a la DIPRES, entre los años 2007 y 2011, alguna de las certificaciones indicadas por el reclamante –letra a) de la solicitud–, de conformidad con los descargos del propio organismo, resulta claro que éste poseía información sobre las certificaciones efectuadas el año 2010, sobre la que no se pronunció en su respuesta. En consecuencia, al restringir la entrega de la información a los años 2007 a 2009, el organismo infringió su obligación de proporcionar la información requerida «en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales», conforme lo ordena el artículo 11, letra d), de la Ley de Transparencia. 5) Que la distinción entre información “auditada” –o “confiable”– y “no auditada” no constituye una justificación para que los servicios omitan pronunciase sobre si determinada información obra o no en su poder, toda vez que, según prescriben los precitados artículos 5° y 10 de la ley de Transparencia, la presunción de publicidad de dicha información es indiferente de tal calificación y sólo reconocida su existencia es posible analizar si respecto de ella procede una de las causales de secreto o reserva a que se refiere la Ley de Transparencia. Máxime, cuando el legislador, conforme al principio de relevancia en materia de acceso a la información, «presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su […] clasificación o procesamiento» (art. 11, letra a), de la Ley de Transparencia). 6) Que no existiendo controversia sobre el carácter público de los datos de certificaciones efectuadas durante 2010, encontrándose éstos en poder de este Consejo, de conformidad con el principio de facilitación en materia de acceso a la información –reglado por el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia–, para agilizar la entrega de los datos consultados, se resolverá remitir a la reclamante copia de dichos descargos al tiempo de la notificación de esta decisión. 7) Que, sin perjuicio de lo anterior, resulta plausible la argumentación de la DIPRES en orden a justificar la no entrega de la información sobre certificaciones efectuadas durante el año 2011, por no encontrarse ésta información procesada por el organismo, razón por la cual el objeto de la solicitud en comento recaía sobre información inexistente al tiempo de su respuesta. 8) Que a igual conclusión debe arribarse respecto de la información relativa al retorno a la inversión de los Programas de Mejoramiento de la Gestión –letra c) de la solicitud–, toda vez que el servicio ha aclarado que no existe un estudio que determine dicho retorno entre los años indicados por el reclamante. Por consiguiente, en ambos casos, no puede ordenarse la entrega de la información inexistente. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Elton Ortiz Concha, en contra de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar a la Directora de Presupuestos la infracción de lo dispuesto por el artículo 11, letra a), de la Ley de Transparencia, en los términos indicados en el considerando 5° precedente. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a la Sra. Directora de Presupuestos y a don Elton Ortiz Concha, acompañando a este último copia de los descargos evacuados ante este Consejo por la Dirección de Presupuestos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo por encontrarse fuera del país.