Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4644-19

Reclamante:	RODRIGO ECHEVERRÍA ALVAREZ
Reclamado:	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Crédito Prendario, referido a la entrega de copia de todos los Actos Administrativos de designación de Fiscales y Actuarios de los procesos sumariales instruidos desde el año 2014 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada, los que hacen razonable concluir la necesidad de destinar un número considerable de horas de trabajo de los funcionarios en las labores de identificación de los documentos requeridos. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Dirección General de Crédito Prendario que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado implementar las mejoras necesarias en sus procesos que le permitan proporcionar antecedentes como los requeridos sin distraer indebidamente a sus funcionarios, ello, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia. Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien estima además que la configuración de la causal de distracción indebida de las funciones del órgano, se ve reforzada por el estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en todo el territorio nacional por motivos de salud pública, el cual dificulta y hace más gravosas para el órgano las labores de identificación, sistematización y entrega de la información requerida.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/27/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C4644-19   Entidad pública: Dirección General de Crédito Prendario Requirente: Rodrigo Echeverría Álvarez Ingreso Consejo: 25.06.2019 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Crédito Prendario, referido a la entrega de copia de todos los Actos Administrativos de designación de Fiscales y Actuarios de los procesos sumariales instruidos desde el año 2014 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada, los que hacen razonable concluir la necesidad de destinar un número considerable de horas de trabajo de los funcionarios en las labores de identificación de los documentos requeridos. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Dirección General de Crédito Prendario que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado implementar las mejoras necesarias en sus procesos que le permitan proporcionar antecedentes como los requeridos sin distraer indebidamente a sus funcionarios, ello, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia. Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien estima además que la configuración de la causal de distracción indebida de las funciones del órgano, se ve reforzada por el estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en todo el territorio nacional por motivos de salud pública, el cual dificulta y hace más gravosas para el órgano las labores de identificación, sistematización y entrega de la información requerida. En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4644-19. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de mayo de 2019, don Rodrigo Echeverría Alvarez solicitó a la Dirección General de Crédito Prendario la siguiente información: "copia de todos los Actos Administrativos de designación de Fiscales y Actuarios de los procesos sumariales instruidos por la Autoridad desde el año 2014 a la fecha". 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 25 de junio de 2019, don Rodrigo Echeverría Álvarez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su requerimiento. 3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General del Crédito Prendario, mediante Oficio E11502, de 23 de agosto de 2019, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Mediante Of. Ord. N° 335, de fecha 9 de septiembre de 2019, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis y en lo pertinente al presente amparo, señaló que resulta imposible proporcionar la información solicitada, toda vez que, se requieren actos administrativos correspondientes a 6 años, es decir, un número indeterminado de estos, ello, considerando que tienen aproximadamente un promedio de 50 a 60 procedimientos disciplinarios por año, resultando un sin número de actos administrativos, que no están centralizados. Agrega, que el requerimiento no indica si se refiere a investigaciones sumarias o sumarios administrativos y que cada procedimiento disciplinario tiene un número indeterminado de designación de fiscales, como también de actuarios. Indica que, por la data de los requerimientos, especialmente los correspondientes a los años 2014-2015-2016-2017- muchos se encuentran en las bodegas del Servicio, en distintas ubicaciones, archivadas. Por su parte, los procesos disciplinarios vigentes a la fecha se encuentran en poder de los distintos fiscales que substancian las investigaciones, en las distintas regiones del país y aquellos procesos disciplinarios que se encuentran en su etapa final, están en poder de la Contraloría General de la República, para su tramitación final, ya sea Registro o Toma Razón, para su respectivo control de legalidad. A su vez, otros procedimientos se encuentran a la espera de que sean firmados por el Director General o en su defecto en el Departamento Jurídico para emitir informe de legalidad. Por lo expuesto se hace imposible, acceder al requerimiento, en los términos planteados, estimando aplicable la causal establecida en el artículo 21, N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega de la información solicitada, correspondiente a copia de todos los Actos Administrativos de designación de Fiscales y Actuarios de los procesos sumariales instruidos por la autoridad desde el año 2014 a la fecha de la solicitud, negativa que, a juicio del órgano, se sustenta en que las labores de búsqueda y entrega de la información configurarían la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas. 3) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 4) Que, para fundamentar la causal alegada, el órgano reclamado ha informado que en promedio registra un número anual aproximado de entre 50 a 60 procedimientos disciplinarios, lo que multiplicado por el total de años a los que se extiende la petición, arrojan un número significativo de documentos a entregar, considerando que en cada expediente pueden existir más de un acto de nombramiento de fiscales y actuarios, lo que se suma a las dificultades que genera el hecho de encontrarse los expedientes en distintas etapas de tramitación y dependencias institucionales. Dichos antecedentes, a juicio de este Consejo, hacen razonable concluir que, en efecto, ordenar la búsqueda y entrega de la información solicitada, conllevaría la distracción desproporcionada de las funciones del órgano, que permite tener por perfeccionada la causal alegada por la Dirección General de Crédito Prendario, razón por la cual, se rechazará el amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 5) Que, no obstante lo resuelto precedentemente, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Dirección General de Crédito Prendario que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. De igual modo, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, y atendida la facultad de formular recomendaciones que otorga a este Consejo el artículo 33 letra e) de este mismo cuerpo legal, se recomienda a la Dirección trabajar en la implementación de las mejoras correspondientes en sus procesos y sistemas de tratamiento de la información, que le permitan identificar y extraer registros como los requeridos en la solicitud que dio origen al presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Rodrigo Echeverría Álvarez en contra de la Dirección General de Crédito Prendario, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Recomendar al Sr. Director General del Crédito Prendario avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan la entrega de información pública de forma expedita y gratuita, facilitado así el ejercicio del derecho de acceso en favor de los ciudadanos respecto de aquellos antecedentes que obran en su poder. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Echeverría Álvarez y al Sr. Director General del Crédito Prendario. VOTO CONCURRENTE La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien además señala que la configuración de la causal de distracción indebida de las funciones del órgano alegada, se ve reforzada por el estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en todo el territorio nacional por motivos de salud pública, el cual dificulta y hace más gravosas para el órgano las labores de identificación, sistematización y entrega de la información requerida. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.