Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4732-19

Reclamante:	VALENTIN VERA FUENTES
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud relativa a la entrega de la ley reservada que se consulta. Lo anterior, por cuanto si bien la reclamada se encuentra habilitada para acceder materialmente a la información solicitada, en atención a que el texto legal cuya copia se requiere fue dictado bajo el carácter de reservado, se estima que el órgano jurídicamente competente para pronunciarse sobre la solicitud en comento es aquel vinculado con la materia regulada en la ley requerida. Al efecto, y de los antecedentes recabados respecto de la norma consultada, corresponde a la Armada de Chile, explicar la procedencia de hacer entrega dicha información, o eventualmente invocar una causal de reserva respecto de la misma señalando los bienes jurídicos que puedan verse afectados con la divulgación de lo solicitado. (Aplica criterio adoptado en amparo Rol C2844-16). Con todo, y por aplicación del principio de facilitación, esta Corporación derivará la solicitud a la Armada de Chile a fin de que se pronuncie sobre la publicidad o reserva de la ley requerida. Se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo legal establecido para ello.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/17/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2867-15 C2844-16
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C4732-19   Entidad pública: Subsecretaría del Interior. Requirente: Valentín Vera Fuentes. Ingreso Consejo: 28.06.2019. RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud relativa a la entrega de la ley reservada que se consulta. Lo anterior, por cuanto si bien la reclamada se encuentra habilitada para acceder materialmente a la información solicitada, en atención a que el texto legal cuya copia se requiere fue dictado bajo el carácter de reservado, se estima que el órgano jurídicamente competente para pronunciarse sobre la solicitud en comento es aquel vinculado con la materia regulada en la ley requerida. Al efecto, y de los antecedentes recabados respecto de la norma consultada, corresponde a la Armada de Chile, explicar la procedencia de hacer entrega dicha información, o eventualmente invocar una causal de reserva respecto de la misma señalando los bienes jurídicos que puedan verse afectados con la divulgación de lo solicitado. (Aplica criterio adoptado en amparo Rol C2844-16). Con todo, y por aplicación del principio de facilitación, esta Corporación derivará la solicitud a la Armada de Chile a fin de que se pronuncie sobre la publicidad o reserva de la ley requerida. Se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo legal establecido para ello. En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4732-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N°12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N°19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N°13, de 2009 y N°20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N°20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de mayo de 2019, don Valentín Vera Fuentes solicitó a la Subsecretaría del Interior, lo siguiente: "(...) copia de la ley 18.567 la cual aparece como reservada y fue publicada en una edición restringida del diario oficial (...)". 2) AMPARO: El 28 de junio de 2019, don Valentín Vera Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta. Posteriormente, por presentación de 21 de julio de 2019, el recurrente informa a este Consejo haber recibido respuesta negativa a la solicitud, que acompaña. De la revisión de la respuesta otorgada, mediante Ord. N° 16.210 de 7 de junio de 2019 -notificada el 17 de julio de 2019-, el organismo deniega la norma solicitada, con base a lo dispuesto en los artículos 21 N° 5 y 22 de la Ley de Transparencia y el artículo 1 transitorio de la ley N° 20.285. En tal sentido, expresan que al versar en una ley de publicación restringida, su entrega es procedente en la medida que se dicte una ley posterior que modifique su carácter de ley secreta. 3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior mediante Oficio N° E11773, de 27 de agosto de 2019. Posteriormente, por medio de Ord. N° 26.760 de 2 de septiembre de 2019, el organismo mantiene su negativa reiterando los argumentos otorgados en respuesta, agregando que la norma solicitada se encuentra vigente, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285. 4) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Por medio de Oficio N° E9069 de 12 de junio de 2020, se solicitó al Subsecretario del Interior, para efectos de resolver acertadamente el presente amparo, el envío a este Consejo de copia íntegra de la requerida normativa, toda vez que en sus descargos, no se realizó referencia alguna respecto de la materia que regula. Lo anterior haciendo presente lo dispuesto en el artículo 26 y 34, inciso 1° de la Ley de Transparencia. Por medio de correo electrónico de fecha 3 de julio de 2020 y complementado el 7 de julio de 2020, la reclamada, en síntesis, rechaza la petición formulada con base a lo ya expuesto en sus descargos; no obstante, proporcionan el título de la norma . Al efecto, informan que consultado al Director del Diario Oficial, refirió impedimento legal para dar cumplimiento a la medida para mejor resolver decretada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. Sobre el particular, consta que la respuesta fue otorgada fuera del plazo legal. Lo anterior constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo, por lo que se representará dicha infracción al órgano reclamado en lo resolutivo del presente acuerdo. 2) Que, lo solicitado, es la ley N° 18.567; al efecto y de la búsqueda de antecedentes respecto a la señalada norma y corroborado por el organismo, se verifica que aquella fue dictada el 27 de octubre de 1986, y tuvo por objeto modificar el Decreto Supremo (S) N° 220, de 1979, de la Subsecretaría de Marina, que fijó la planta de oficiales y empleados civiles de la Armada, en adelante, el Decreto Supremo (S) N° 220, de 1979, también de carácter reservado. Además, se constata que la ley N° 18.567, se encuentra contenida de tres artículos. 3) Que, la reclamada denegó el acceso a la entrega de la información fundada en lo dispuesto en los artículos 21 N° 5 y 22, en relación con el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, indicando que la ley solicitada, cumple con la exigencia de quórum calificado que impone la causal de reserva invocada debiendo su publicidad ser declarada por una ley de la misma jerarquía, no alegando alguna afectación de bienes que traería consigo su divulgación. 4) Que respecto de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha dispuesto, en las decisiones de amparos Rol A45-09 y A266-09 y C2867-15, que para aplicarla deben concurrir dos condiciones: a) Que sean documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos; y, b) El caso de reserva debe estar comprendido en una de las causales del artículo 8° de la Constitución Política que exceptúan la publicidad de la información. 5) Que, a su turno, atendido que el texto legal requerido, fue dictado antes de la promulgación de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia establece que "De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la primera Constitución Política" (énfasis agregado). 6) Que, este Consejo ha tomado conocimiento de la información requerida -conforme el artículo 26 de la Ley de Transparencia- en virtud de las gestiones oficiosas realizadas y a propósito de la medida para mejor resolver decretada en el presente amparo. Por tanto, corresponde que esta Corporación aplique los artículos 21 N° 5 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia y resuelva si es procedente en este caso la ficción que otorga quórum calificado a leyes previas a la reforma constitucional de 2005. Esto supone verificar, dos cosas: a) Que la Ley esté vigente; y, b) Que, en el caso concreto, la hipótesis o caso de reserva se subsuma dentro de alguna de las causales del artículo 8° de la Carta Fundamental, en aplicación del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental indica expresamente que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 7) Que, sobre el particular, cabe tener presente lo señalado en decisión Rol C2867-15, relativo a la solicitud de copia de la Ley N° 13.196, Reservada del Cobre, en cuyo considerando 11), se indica "el razonamiento sostenido por este Consejo ha operado sobre la base de que, la sola existencia de una denominada ley "reservada" no se justifica para declarar secreta la información que se vincule a dicha norma. Así, según lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución, como también por lo señalado en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, debe determinarse en el caso concreto si la publicidad de la información requerida afectaría, principalmente, la seguridad de la nación, o alguno de los bienes jurídicos a que se refiere el citado artículo 8° -debido cumplimiento de las funciones del órgano, derechos de las personas, seguridad de la nación o el interés nacional-". 8) Que, como ya se expuso, la ley solicitada N° 18.567, de 1986, tuvo por objeto modificar el Decreto Supremo (S) N° 220, de 1979. Luego, este último ha experimentado posteriores modificaciones de similar naturaleza a la realizada en virtud de la ley N° 18.567, con la salvedad que aquellas han sido publicadas en el Diario Oficial sin restricción, lo cual permite conocer parte del contenido del Decreto Supremo (S) N° 220, de 1979. Tal es el caso de la modificación realizada mediante la Ley N° 19.318, de 1994 , que sustituyó en el artículo 1, letra A del Decreto Supremo (S) N° 220, de 1979, respecto al escalafón de Oficiales del Litoral por el número que se indica; la ley N° 19.470, de 1996 , que reestructura plazas del escalafón de oficiales de servicio religioso de la Armada por el número que se indica; la ley N° 19.571, de 1998 , que modifica el Decreto Supremo (S) N° 220, de 1979, en su artículo 1°, párrafo A, sustituyendo el escalafón de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales y Abastecimiento, por el número que se indica. Finalmente, se verifica que a través del proyecto de ley Boletín N° 3307-07, de 5 de agosto de 2003 , que desclasifica las leyes secretas -pendiente, en segundo trámite constitucional-, la Cámara de Diputados dio su aprobación a la desclasificación de una serie de textos legales que fueron publicados con carácter restringido en el Diario Oficial, entre ellos la ley N° 18.567, de 1986, objeto de requerimiento. No obstante, expresamente se exceptúan aquellos textos que dicen relación con materias que pueden comprometer "la seguridad del Estado y la defensa nacional" . 9) Que, en relación con lo anterior, tanto el Decreto Supremo (S) N° 220, de 1979, y la ley solicitada N° 18.567, de 1986 que lo modifica, versan en la fijación de la planta de oficiales y empleados civiles de la Armada, debiendo en tal sentido tener presente lo dispuesto en el artículo 436 numeral 1° del Código de Justicia Militar, que establece "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal". Ahora bien, el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, no obstante, respecto de ella, es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" - existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información- de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política. En este mismo orden de ideas, conforme lo dispone el artículo 4°, inciso primero, de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, el personal estará constituido por el de planta, contrata y de reserva del servicio activo, dotación que en su integridad, conforme ha resuelto la I. Corte de Apelaciones de Santiago en el reclamo de Ilegalidad Rol 9568-2017, se encuentra amparada por la reserva en estudio, en virtud de la seguridad de la Nación (considerando 7°). 10) Que, de todo lo expuesto, particularmente lo señalado en el considerando 8° precedente, puede advertirse que la intención del legislador es dar publicidad a las normas como la solicitada, la que de su análisis, permite conocer en cifras una parte del contingente de la Armada de Chile, que a la fecha se encontraría vigente, no obstante que en sede parlamentaria se habría realizado la ponderación pertinente, determinando que su publicidad no produce una afectación que justifique su reserva con base a la seguridad de la Nación, al incluirla dentro del listado de aquellas que deben desclasificarse. Ahora bien, y sin perjuicio que la reclamada se encuentra habilitada para acceder materialmente a la información solicitada a través del Diario Oficial, entidad integrante de dicha Cartera de Estado, considerando que el texto legal cuya copia se requiere fue dictada bajo el carácter de reservada, se estima que el órgano jurídicamente competente para pronunciarse sobre la solicitud en comento es aquel vinculado con la materia regulada en la ley requerida. Al efecto, corresponde a la Armada de Chile, explicar la procedencia de hacer entrega de la información o, eventualmente invocar una causal de reserva respecto de la misma señalando los bienes jurídicos que puedan verse afectados con la divulgación de lo solicitado. (Aplica criterio adoptado en amparo Rol C2844-16 ). 11) Que, en dicho contexto, se acogerá el presente amparo, solo en cuanto a que la reclamada no dio aplicación al artículo 13 de la Ley de Transparencia, Con todo, y por aplicación del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la ley precitada, esta Corporación derivará la solicitud a la Armada de Chile, a fin de que se pronuncie sobre la publicidad o reserva de los antecedentes requeridos. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Valentín Vera Fuentes en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar al Sr. Subsecretario del Interior, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente: a) Derivar la solicitud de información a la Armada de Chile, a fin de que se pronuncie sobre ella, respecto de las materias propias de su competencia; y, b) Notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes y al Sr. Subsecretario del Interior. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.