Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4756-19

Volver

Reclamante:	CARLOS MANUEL ROA OPPLIGER
Reclamado:	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), respecto de la cantidad de afiliados fallecidos desde el año 1946 al año 2019, con saldos en las ex cajas de previsión y los cuales no alcanzaron la edad de jubilación. Lo anterior, al configurarse una distracción indebida que afecta el cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto al no existir dicha estadística, el IPS debería analizar el expediente de más de un millón de personas que han fallecido desde el año 1946 al 2019, antecedentes que no existen en formato digital; para luego determinar si cada uno falleció contando con saldos en las ex cajas de previsión sin alcanzar la edad de jubilación, y que puedan ser cobrados por sus herederos. Para dicha tarea, sería necesario contar con su equipo completo de 9 personas con dedicación exclusiva por más de un año.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/25/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C4756-19 Entidad pública: Instituto de Previsión Social (IPS). Requirente: Carlos Manuel Roa Oppliger. Ingreso Consejo: 01.07.2019. RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), respecto de la cantidad de afiliados fallecidos desde el año 1946 al año 2019, con saldos en las ex cajas de previsión y los cuales no alcanzaron la edad de jubilación. Lo anterior, al configurarse una distracción indebida que afecta el cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto al no existir dicha estadística, el IPS debería analizar el expediente de más de un millón de personas que han fallecido desde el año 1946 al 2019, antecedentes que no existen en formato digital; para luego determinar si cada uno falleció contando con saldos en las ex cajas de previsión sin alcanzar la edad de jubilación, y que puedan ser cobrados por sus herederos. Para dicha tarea, sería necesario contar con su equipo completo de 9 personas con dedicación exclusiva por más de un año. En sesión ordinaria N° 1042 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4756-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de mayo de 2019, don Carlos Manuel Roa Oppliger solicitó al Instituto de Previsión Social -en adelante también, IPS-, la siguiente información: "Cantidad de afiliados fallecidos desde el año 1946 al año 2019 con saldos en las Ex Cajas de Previsión (EX INP) hoy IPS y los cuales no alcanzaron la edad de jubilación, para que puedan ser cobrados por sus herederos, con intereses y reajustes". 2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 663 de 20 de junio de 2019, el órgano alegó en síntesis, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en base a que la información requerida comprende un elevado número de personas, por lo cual sería necesario requerir la gestión de funcionarios que deben dedicarse a otras funciones, lo que no es posible, atendida la gran cantidad de tareas que deben realizarse por los funcionarios del Servicio. 3) AMPARO: El 1 de julio de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la falta de entrega de la información solicitada. Al efecto, señaló en resumen, que: "se solicitó cantidad no nombres de personas". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, mediante oficio N° E11674, de fecha 27 de agosto de 2019, requiriendo, entre otras cosas, que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, (5°) indique si, de conformidad a lo señalado por el reclamante en el amparo, es posible entregar la información relativa a cantidad de afiliados consultados, ya que el recurrente no habría solicitado datos referentes a la identidad de los mismos. Posteriormente, por medio de ordinario N° AL005T-0007602, de 11 de septiembre de 2019, el servicio sostuvo en síntesis, lo siguiente: a) Se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puesto que entregar lo pedido involucra lo siguiente: i. La información no se encuentra en formato digital, y para poder entregarla, debe ser recabada y analizada de cada expediente de cada pensionado fallecido en extenso periodo indicado. ii. En materia de cantidad de fallecidos desde el año 1946 al año 2019, con saldos en las ex -cajas de previsión y los cuales no alcanzaron la edad de jubilación, para que puedan ser cobrados por sus herederos con intereses y reajustes, cabe señalar que: - La cantidad de fallecidos entre 1946 a 2019 supera el millón de personas; - Para poder determinar las cotizaciones, es necesario destinar un equipo de trabajo dedicado en forma exclusiva a conformar el historial previsional de cada uno de estos imponentes; - El tiempo estimado para realizar esta labor supera ampliamente el plazo de un año para el equipo asignado y dedicado 100% a esta labor. - De acuerdo a lo solicitado, se requiere un análisis de cada caso para determinar si corresponde o no beneficio respecto de los herederos. Afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano toda vez que se debe realizar una labor de análisis y búsqueda que provoca una desatención en las funciones que realiza el equipo de 9 personas que componen el Sub departamento Mantención e Informes. Para llevar a cabo esta labor, se dejarían de atender las funciones estratégicas referidas a: a) recibir, registrar, abalizar y resolver las solicitudes de actualización de los registros de imposiciones administrados por el IPS; b) emitir informes y certificados del registro de cotizaciones administradas por el IPS, requeridas por clientes internos y externos; c) mantener los registros de cotizaciones de los imponentes y ex imponentes del Instituto y realizar las rectificaciones que correspondan, conforme a los estándares establecidos; y d) registrar periodos de imposiciones en el Historial Previsional de los imponentes desafectados del nuevo sistema de pensiones. b) Se hace presente que en el antiguo sistema de pensiones, las cotizaciones que hayan efectuado los interesados, no se vinculan con la obtención de un determinado beneficio, sino que están destinados a la formación de un fondo común, que financie las pensiones de otros imponentes (principio de solidaridad.), por lo que no existe titularidad de los cotizantes sobre esos aportes. Esto es lo que se denomina sistema de reparto a diferencia del sistema de capitalización individual que es administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones. Sobre el particular, el antiguo sistema de reparto difiere del actual sistema de capitalización individual, en tanto de no cumplirse los requisitos establecidos para los imponentes, las eventuales pensiones existen sólo en un fondo solidario y en ningún caso pasan a la masa hereditaria de un imponente. c) Además de lo anterior, cabe señalar que el requirente ha ingresado sólo este año, 84 solicitudes información, las que sumadas a sus 25 amparos, han sido trabajados por el mismo departamento anteriormente, lo cual constituye una distracción constante y permanente de las labores habituales; y, por lo tanto, un abuso del derecho. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, respecto de la cual el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, este Consejo estima como elementos para la ponderación de esta causal los siguientes: a) tipo de información, distinguiendo si esta se encuentra en formato digital o físico tradicional; b) disponibilidad de la información de forma permanente al público, tratándose de aquella que debe publicarse en los sitios web de los órganos requeridos, conforme lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; c) ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como de desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; d) medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; e) número de documentos que han sido requeridos, lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y f) funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida y horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 5) Que, a fin de ponderar la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada. En dicho contexto, se advierte que para confeccionar y entregar la información estadística requerida, sería necesario que el órgano la construya a partir de los antecedentes que obran en su poder. En este contexto, para entregar la cantidad en comento, el IPS informó que debería analizar el expediente personal de más de un millón de personas que ha fallecido desde 1946 a 2019, los cuales a su turno, no los tiene en formato digital; para luego, respecto de cada uno de ellos, determinar si falleció contando con saldos en las ex cajas de previsión sin alcanzar la edad de jubilación, y que puedan ser cobrados por sus herederos. Para dicha tarea, precisa que sería necesario contar con su equipo completo de 9 personas, con dedicación exclusiva por más de un año, lo cual llevaría a los funcionarios a no cumplir con sus labores habituales. 6) Que, se hace presente además, que la estadística consultada no se ha confeccionado, por cuanto, tal como explica el servicio, el antiguo sistema de reparto difiere del actual sistema de capitalización individual, en tanto de no cumplirse los requisitos establecidos para los imponentes, las eventuales pensiones existen sólo en un fondo solidario y en ningún caso pasan a la masa hereditaria de un imponente. 7) Que, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del servicio la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. 8) Que, en mérito de lo antes señalado, y resultando plausibles las alegaciones de la reclamada a fin de acreditar la causal consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, se rechazará el presente amparo. 9) Que, atendido lo anterior, este Consejo no se pronunciará respecto de las demás alegaciones vertidas por el órgano. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Carlos Manuel Roa Oppliger en contra del Instituto de Previsión Social, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Manuel Roa Oppliger y al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.