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DECISIÓN AMPARO ROL C4867-19</p>
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Entidad pública: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).</p>
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Requirente: Rodrigo Abarzúa Ramírez</p>
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Ingreso Consejo: 04.07.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en cuanto a la entrega de los correos personales e institucionales de los funcionarios públicos seleccionados en el marco del Concurso Beca de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, entre los años 2011 y 2019, ambos años inclusive.</p>
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Lo anterior, por tratarse los correos particulares de los funcionarios públicos de datos de carácter personal, en virtud de lo establecido en la Ley N°19.628; y en cuanto a los correos institucionales de los funcionarios públicos, si bien y en principio, se trata de información pública, la entrega de esas casillas de correo electrónico podría significar una afectación al correcto desempeño de los funcionarios públicos en sus labores.</p>
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Dar por entregada la información, a satisfacción del recurrente, referida al listado de instituciones públicas que patrocinaron a los funcionarios públicos seleccionados para una beca en el marco del Concurso Beca de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, para el período comprendido entre los años 2011 y 2019.</p>
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El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.</p>
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En sesión ordinaria N° 1083 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4867-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de junio de 2019, don Rodrigo Abarzúa Ramírez solicitó a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, hoy Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo -en adelante e indistintamente la Agencia o ANID, continuadora legal del primero, en virtud del artículo 3° transitorio de la ley N° 21.105-, la siguiente información: "En el contexto de una investigación académica solicita enviar base de datos en formato MS Excel (extensión .xls) con los correos electrónicos institucionales y servicios públicos en los que se desempeñan los funcionarios públicos detallados en el documento Excell que adjunta de nombre: "BBDD PORTAL TRANSPARENCIA". (sic).</p>
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2) RESPUESTA: Mediante oficio del mes de julio de 2019, el órgano reclamado respondió la solicitud de acceso antes individualizada, señalándose lo siguiente:</p>
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"Se adjunta archivo Excel que contiene la nómina de instituciones patrocinantes de los postulantes seleccionados en el marco del Concurso Beca de Magister para Funcionarios/as del Sector Público, Años Académicos 2011-2019. Cabe destacar que esta información no se encuentra disponible para convocatorias anteriores a 2011, no existiendo registro en las bases de datos del Programa Formación de Capital Humano Avanzado.</p>
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Con respecto a la solicitud de correo electrónico de los funcionarios señalados, el PFCHA no procederá a su entrega por corresponder a información personal de los postulantes.". (sic)</p>
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3) AMPARO don Rodrigo Abarzúa Ramírez, con fecha 4 de julio de 2019, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado Órgano de la Administración del Estado, indicando que la respuesta que le fue comunicada es incompleta, fundándose, en resumen, en los siguientes argumentos:</p>
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(a) En el entendido que la información que solicité es publica (correos electrónicos institucionales de los funcionarios públicos aludidos) y que el argumento que se me da, de que la proporción de dicha información es personal y considerando que la base de datos adjuntada a mi solicitud fue construida sobre el bien jurídico de la protección de los datos personales de las personas, amparado en la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, es que considero que contraloría debería asegurar el acceso a tal información en el entendido de que nunca podré contar con el correo particular de cada una de las 608 personas individualizadas, por lo que la respuesta que se me dio no responde a mi solicitud inicialmente realizada.</p>
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(b) Por otra parte, la respuesta es incompleta porque no aporta ningún criterio de selección como se solicitó, sobre todo al momento de votar los acuerdos en las comisiones especiales formadas para la oposición del cargo.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo acogió a tramitación el presente amparo y mediante Oficio N°E12534, de fecha 3 de septiembre de 2019, notificó al órgano recurrido del mismo y le otorgó el plazo para evacuar sus descargos. En dicho oficio, se solicitó al órgano recurrido que en sus descargos explique: "(1°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; y (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.".</p>
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El órgano, por medio de Oficio Ordinario N°1235, de fecha 12 de diciembre de 2019, presentó sus descargos, señalando, en lo pertinente, que:</p>
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(i) "En la actualidad, de las 476 personas señaladas en el listado enviado por el reclamante, 86 de ellas registraron sus postulaciones mediante correos electrónicos institucionales, información que se adjunta al presente informe.</p>
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Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley N°20.285, en especial lo señalado en el Artículo 5° del citado cuerpo legal:". (sic)</p>
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(ii) "Por otra parte, 390 funcionarios públicos postularon a los distintos procesos concursales registrando correos electrónicos personales, razón por la cual este Servicio debe abstenerse de entregar dicha información por expresa disposición legal.</p>
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Se deniega el acceso a la información, fundado en la causal consagrada en el N°2 del artículo 21 de la Ley N°20.285, en atención a los siguientes fundamentos: (...)</p>
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Acceder a entregar los correos electrónicos personales de los funcionarios/as públicos postulantes a una beca financiada por CONICYT, afecta los derechos de éstas personas, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada. Concordante con este razonamiento, el artículo 2° letra f) de la Ley N°19.628 Sobre Protección de la Vida Privada define que debemos entender por datos de carácter personal, a saber:</p>
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Artículo 2° letra f) "Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.</p>
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Por lo tanto y en consideración con los argumentos esgrimidos, se deniega el acceso a la información de los correos electrónicos personales correspondientes a 390 funcionarios públicos postulantes seleccionados a una beca de Magíster para funcionarios/as del Sector Público, entre los años 2011 a 2019.".</p>
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Se adjuntó por el órgano recurrido al escrito de descargos, planilla Excel que contiene la información referida a correos electrónicos institucionales de 86 funcionarios públicos que utilizaron dichos correos para postular a una beca de Magíster para funcionarios/as del Sector Público, entre los años 2011 a 2019.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, en conformidad a la solicitud de acceso a la información efectuada por el recurrente ante la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -hoy ANID-, es posible entender que en ella se solicita se entregue la información sobre los "correos electrónicos institucionales" y sobre los "servicios públicos" en que se desempeñan los funcionarios públicos que se identifican en el archivo Excel que el recurrente adjunto a su solicitud, denominada "BBDD PORTAL TRANSPARENCIA".</p>
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2) Que, en cuanto a la información consistente en la identificación de los servicios públicos en que se desempeñan los funcionarios públicos detallados en el listado adjunto a su solicitud de acceso a la información, cabe señalar que el órgano recurrido en su respuesta al requirente le entrego un archivo Excel, en que se contiene el listado de las instituciones públicas patrocinantes de los funcionarios públicos postulantes que resultaron seleccionados en el marco del Concurso Beca de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, entre los años 2011 y 2019, ambos años inclusive, indicando que esa información no se encuentra disponible para convocatorias anteriores al año 2011.</p>
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3) Que, ante esta respuesta, el recurrente en su amparo no reclamó respecto del contenido de la información entregada por el órgano recurrido, ni en cuanto al período que abarca dicha información, por lo que se entiende que aquel se conformó con la entrega del listado de instituciones públicas que patrocinaron a los funcionarios públicos seleccionados para una beca en el marco del Concurso Beca de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, y con el período a que esa información se refiere, esto es, entre los años 2011 y 2019, dándose por entregada dicha información a satisfacción del recurrente.</p>
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4) Que, en lo referido a la otra información requerida por el recurrente, esto es, los correos institucionales de los funcionarios públicos señalados en el listado que adjuntó a su solicitud de acceso a la información, en que individualizó a 608 personas, el órgano recurrido manifestó que del total de 476 personas señaladas en el listado enviado por el solicitante, 86 funcionarios públicos efectuaron sus postulaciones utilizando sus correos institucionales, información que se adjunta con el escrito que contiene sus descargos; mientras que 390 funcionarios públicos postularon a los distintos procesos de convocatoria a una beca de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, entre los años 2011 y 2019, ambos años inclusive, desde un correo electrónico personal, motivo por el cual el órgano alegó que debía abstenerse de entregar dicha información por tratarse de datos de carácter personal al amparo de la Ley N°19.628, concurriendo la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.</p>
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5) Que, de este modo, si bien el recurrente no solicitó la entrega de la información sobre los correos electrónicos particulares de los funcionarios públicos que postularon a una beca de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, la entrega de tales correos electrónicos al recurrente de todos modos no podría concretarse, por cuanto, el correo electrónico personal es un dato de carácter personal a la luz de lo establecido en el artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, ya que ese dato se encuentra asociado a una persona natural, por lo que se encuentra amparado por la causal de reserva o secreto contenido en el artículo 21 numeral 2 de la Ley de Transparencia, no siendo posible su entrega o divulgación a un tercero.</p>
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6) Que, por su parte, respecto de los correos electrónicos institucionales correspondiente a 86 funcionarios del listado que el recurrente adjunto a su solicitud de acceso a la información, cabe tener en consideración que tales correos electrónicos son puestos por los órganos públicos a disposición de sus funcionarios, siendo financiados con cargo a su presupuesto, constituyéndose en una herramienta para el ejercicio de sus funciones, motivo por el cual, tales antecedentes, en principio, corresponden a información pública, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, salvo la concurrencia de excepciones de aquellas indicadas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal citado.</p>
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7) Que, en relación con la existencia de una causal de reserva respecto de los correos electrónicos institucionales de los funcionarios públicos, tal como se ha sostenido en las decisiones roles C611-10, C136-13, C974-14 y C1402-16, se advierte que los distintos servicios públicos mantienen a disposición del público sistemas de atención al usuario o sistemas de contactos, que permiten canalizar el flujo de comunicaciones electrónicas que reciben. De este modo, la divulgación de las casillas de correo electrónico de funcionarios públicos respecto de las cuales el órgano no cuenta con alguno de los mecanismos de canalización de comunicaciones, podría significar una afectación al correcto desempeño de los funcionarios públicos en sus labores, por cuanto, los funcionarios, cuyas funciones no sean la atención de comunicaciones o de público, verían interrumpido su trabajo, lo que, evidentemente, repercutirá negativamente en el ejercicio de la función pública que desarrollen los organismos de la Administración del Estado y en los procedimientos administrativos formales establecidos en la ley, para la resolución de los asuntos de interés particular.</p>
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En este sentido, en el considerando 6° de la decisión C136-13 se estableció: "en consecuencia, considerando que el órgano reclamado se encuentra dotado de un sistema centralizado de atención ciudadana con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, este Consejo estima que el dar a conocer las casillas de correo electrónico de sus funcionarios, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual se rechazará el presente amparo dando por justificada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1 ya citado". En virtud de lo anterior este Consejo estima que, a pesar de no haber sido alegada por el órgano recurrido alguna causal de reserva o secreto, se configura respecto de los correos electrónicos institucionales utilizados por los 86 funcionarios públicos seleccionados para una beca de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, la causal de reserva contemplada en el artículo 21, N°1, letra c) de la Ley de Transparencia, por afectación del debido cumplimiento de las funciones de dichos servidores públicos y de los servicios en los cuales se desempeñan.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Rodrigo Abarzúa Ramírez, en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Abarzúa Ramírez y a la Sra. Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre.</p>
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Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, por haber desarrollado proyectos académicos aprobados por dicho organismo; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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