Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5197-19

Reclamante:	ALVARO ZEGARRA HUMIRE
Reclamado:	SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE ARICA – PARINACOTA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota, ordenando la entrega de la siguiente información: a) Los últimos 5 expedientes de solicitudes de regularización de posesión de inmuebles indígenas, en virtud del convenio con CONADI Arica. b) Los últimos, 5 expedientes de solicitudes de entrega de bienes fiscales a personas y comunidades indígenas, en virtud del convenio con CONADI Arica. c) Los últimos 5 expedientes de solicitudes de otorgamiento de títulos gratuitos, tramitados y otorgados por la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. d) Copia del informe técnico de expediente que se indica. Lo anterior, debido a que se desestimó que otorgar la información reclamada signifique una distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado en el cumplimiento regular de sus labores habituales; atendido que lo requerido dice relación con los últimos 5 expedientes tramitados en cada caso, y que según señaló el propio órgano, esta información se encuentra registrada en alrededor de 16 expedientes con una cantidad aproximada de 100 hojas cada uno; por consiguiente, no resulta plausible que para su entrega se tengan que revisar más de 1.200 carpetas almacenadas en 65 cajas guardadas en la bodega de las dependencias de la Secretaría en un tiempo aproximado de "1.700 horas hombre". Con todo, atendido que la calidad de indígena constituye un requisito habilitante en todas las solicitudes de regularizaciones pedidas, ya que según señaló la reclamada en estos procedimientos se exige como requisito esencial, que los solicitantes acompañen el respectivo certificado que acredite su calidad indígena, se deberán acompañar en los expedientes respectivos los antecedentes que den cuenta de dicha circunstancia. Aplica criterio contenido de la decisión de amparo Rol C 5175-19. A su turno, se deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada; todo ello en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Se deriva a la Dirección de Fiscalización, aquella parte del amparo en la cual se reclama sobre el procedimiento de solicitud de información, para que efectué una fiscalización en tal sentido, de conformidad a la facultad otorgada por la Ley de Transparencia a este Consejo, de requerir a los órganos de la Administración del Estado que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a la normativa sobre la materia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/28/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C396-12 C1196-12 C377-13 C438-13 C1045-15 C1867-17 C2397-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C5197-19   Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota Requirente: Álvaro Zegarra Humire Ingreso Consejo: 18.07.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota, ordenando la entrega de la siguiente información: a) Los últimos 5 expedientes de solicitudes de regularización de posesión de inmuebles indígenas, en virtud del convenio con CONADI Arica. b) Los últimos, 5 expedientes de solicitudes de entrega de bienes fiscales a personas y comunidades indígenas, en virtud del convenio con CONADI Arica. c) Los últimos 5 expedientes de solicitudes de otorgamiento de títulos gratuitos, tramitados y otorgados por la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. d) Copia del informe técnico de expediente que se indica. Lo anterior, debido a que se desestimó que otorgar la información reclamada signifique una distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado en el cumplimiento regular de sus labores habituales; atendido que lo requerido dice relación con los últimos 5 expedientes tramitados en cada caso, y que según señaló el propio órgano, esta información se encuentra registrada en alrededor de 16 expedientes con una cantidad aproximada de 100 hojas cada uno; por consiguiente, no resulta plausible que para su entrega se tengan que revisar más de 1.200 carpetas almacenadas en 65 cajas guardadas en la bodega de las dependencias de la Secretaría en un tiempo aproximado de "1.700 horas hombre". Con todo, atendido que la calidad de indígena constituye un requisito habilitante en todas las solicitudes de regularizaciones pedidas, ya que según señaló la reclamada en estos procedimientos se exige como requisito esencial, que los solicitantes acompañen el respectivo certificado que acredite su calidad indígena, se deberán acompañar en los expedientes respectivos los antecedentes que den cuenta de dicha circunstancia. Aplica criterio contenido de la decisión de amparo Rol C 5175-19. A su turno, se deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada; todo ello en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Se deriva a la Dirección de Fiscalización, aquella parte del amparo en la cual se reclama sobre el procedimiento de solicitud de información, para que efectué una fiscalización en tal sentido, de conformidad a la facultad otorgada por la Ley de Transparencia a este Consejo, de requerir a los órganos de la Administración del Estado que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a la normativa sobre la materia. En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5197-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de junio de 2019, don Álvaro Zegarra Humire solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota, la siguiente información: a) Los últimos 5 expedientes (incluyendo informes técnicos) de las solicitudes de regularización de la posesión de inmuebles indígenas, en virtud del convenio con CONADI Arica, Resolución exenta N° 761 de Julio de 2018. b) Los últimos, 5 expedientes (incluyendo informes técnicos) de las solicitudes de entrega de bienes fiscales a personas y comunidades indígenas, en virtud del convenio con CONADI Arica, Resolución exenta N° 760 de julio de 2018. c) Los últimos 5 expedientes de las solicitudes de otorgamiento de títulos gratuitos en virtud de la ley 18.616 de 17 de mayo de 1987, tramitados y otorgados por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. d) Copia del informe técnico de 17 de noviembre de 2016, perteneciente al EXP. N° 53938 y que es aludido en la Resolución Exenta N° E- 2251, de fecha 10 de marzo de 2017. 2) RESPUESTA: El 27 de junio de 2019, la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota, respondió a dicho requerimiento de información mediante ORD: N° E-43944, de esa fecha, señalando que se deniega el acceso a la información requerida por aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, específicamente, en lo relativo a su parte final. 3) AMPARO: El 18 de julio de 2019, don Álvaro Zegarra Humire dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además el reclamante, hizo presente, en síntesis, lo siguiente: en relación a su solicitud, señaló que el sistema electrónico de acceso a la información que proporciona el Ministerio de Bienes Nacionales no entrega un acuse de recibo una vez ingresada al sistema, lo que dificulta la interposición del amparo, debido a la necesidad de reconstituir la solicitud originaria para la interposición de un posterior reclamo. En cuanto al fondo del asunto, luego de citar la normativa en la que se enmarca la solicitud que origina el presente reclamo al que la reclamada está obligada, la naturaleza pública de la información pedida y de señalar los fundamentos de hecho y derecho por los cuales estima que la causal de reserva invocada no fue debidamente fundada por el órgano recurrido y que lo pedido debería encontrase digitalizado, señala que requiere lo siguiente: a) Se ordene la entrega de la información y documentación requerida; b) Se sancione al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota por haber denegado total e infundadamente el acceso a su derecho al acceso a la información pública. c) Se ordene modificar el sistema electrónico de atención ciudadana, para efectos que envíe, en formato PDF, el "acuse de recibo y la solicitud realizada" en los correos electrónicos, luego del ingreso vía electrónica de la solicitud, para que en casos de amparo, este sea acompañado junto a la presentación. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E12942, de 10 de septiembre de 2019, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica - Parinacota, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a su recopilación; y, (4°) remita copia de la solicitud de acceso a la información que funda el presente amparo. Mediante Oficio SE15 4803, de 02 de octubre de 2019, el órgano evacuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente: Luego de reiterar la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia para denegar la información pedida, señala que en la especie si bien el requerimiento no es demasiado genérico, su atención requeriría distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales; pues se remite a 16 expedientes aproximadamente, tramitados según el decreto ley N° 2.695, de 1979 y el decreto ley N° 1.939, de 1977, de acuerdo al convenio existente entre esta Secretaría Regional Ministerial y la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). En tal sentido cada uno de dichos expedientes hace referencia, a distintos actos administrativos y a un gran número de antecedentes, como son, informes jurídicos, resoluciones de aceptación a tramitación, que ordenan la publicación de los extractos respectivos, la inscripción del inmueble solicitado a nombre del requirente; informes técnicos de mensura, planos, extractos de publicación, certificados de no oposición, notificaciones a los presuntos propietarios de los inmuebles objeto de la regularización, así como a oficios remitidos a diversos organismos de carácter público, tales como el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, la Dirección de Obras Municipales, el Archivo Regional de Tarapacá y el Archivo Nacional, entre otros. Asimismo, incluyen numerosos documentos que se acompañan a la postulación, como certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, certificados de número, certificados de avalúo fiscal, copias vigentes de la inscripción que ampara el inmueble solicitado, formularios, declaraciones juradas, etc. Agrega, que las solicitudes presentadas por los ciudadanos se llevan mediante dos sistemas informáticos diferentes, el denominado SISTRED y el Modelo de Gestión Territorial, o MGT, el primero de ellos resulta más actual, conlleva muchas más funcionalidades, en cambio, el segundo, de más antigua data, sus funcionalidades no permiten más que un registro escueto. Las solicitudes de saneamiento son tramitadas en virtud del sistema informático SISTRED, el cual permite el registro de todos los antecedentes que dicen relación con su postulación, así como la posibilidad de generar documentos y resoluciones relativas a dicho trámite administrativo, y en el sistema MGT, por el cual se tramitan las solicitudes de transferencia a título gratuito como las requeridas, no permite nada ello, sino solo un registro de las etapas en que se va desarrollando una solicitud, por lo que la única fuente fidedigna de información de la que se dispone es el expediente físico, que se llevan en formato papel y no digital. Al respecto, menciona que el requerimiento presentado por el reclamante recae sobre 10 expedientes que se tramitan en virtud de las carpetas físicas que se guardan en las bodegas de la Secretaría Regional cuando han quedado finalizadas, ya sea favorable o no favorablemente. En síntesis, indica que el requerimiento presentado por el reclamante distrae indebidamente del cumplimiento de sus labores a los funcionarios de esta Secretaría, por cuanto para darle satisfacción se requeriría revisar más de 1.200 carpetas administrativas tramitadas en virtud de los artículos 88 y siguientes del D.L. N° l. 939/77, almacenadas entre más de 65 cajas guardadas en la bodega de las dependencias de la Secretaría Regional; y conjuntamente con ello, como ya se expresó, cada solicitud de regularización implica un conjunto de actos administrativos y antecedentes a copiar, dado que cada postulación, dependiendo de su estado de tramitación, puede significar una cantidad superior a las 100 hojas cada una; lo que, a su vez, implicaría la utilización de dos o más funcionarios trabajando a tiempo completo solamente en dicho requerimiento por un aproximado de "1.700 horas hombre", desatendiendo sus funciones normales que implican la atención de público que asiste diariamente a las dependencias de este Servicio. Cita jurisprudencia sobre la materia. Luego, señala que no existen mayores reparos por parte de esta Secretaría en lo relativo a la aplicación de la Ley N° 20.285 sobre este organismo del Estado, ni tampoco respecto de la naturaleza de la información solicitada, la cual, en mayor o menor medida, es de carácter pública, con la exclusión de aquella información catalogada como sensible o que puede recaer o afectar los derechos de las personas. De esta forma, concluye que lo requerido excede la información que se encuentra a disposición de los usuarios en general en el sitio web indicado, que tiene por finalidad el cumplimiento de aquellas funciones propias de este Ministerio, sin distinguir entre la información que se encuentra disponible en la plataforma web que informa lo relativo a las propiedades fiscales, y no respecto de las solicitudes de regularización, la que se genera diariamente mediante otros sistemas informáticos, también ya individualizados. 5) GESTIÓN ÚTIL: Para una debida resolución del presente caso, con fecha 08 de julio de 2020, se ingresó a www.bienesnacionales.cl, al link "Solicitudes de datos Ley de Transparencia", y se efectuó una solicitud de acceso a la información electrónica a la Seremi de Bienes Nacionales de Arica-Parinacota, cuyo sistema arrojó un acuse de recibo, con la fecha y el número asignado a la solicitud, pero no su contenido. 6) GESTIÓN OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso, con fecha 08 de julio de 2020, se requirió al órgano lo siguiente: a) Remitir convenios celebrados con CONADI Arica, a los que hace referencia el reclamante, b) Informar si para las regularizaciones aludidas por el reclamante se exigió acreditar a las personas su condición de indígenas. Especificar. Mediante correo electrónico de fecha 10 de julio el órgano informó que se acompañan los siguientes convenios: a) Convenio de colaboración entre la Seremi de Bienes Nacionales y CONADI, para la transferencia de predios fiscales a personas y comunidades indígenas de la región de Arica y Parinacota 2019, aprobado por Resolución Exenta N° 529, de 05 de junio de 2019, de esta Secretaría Regional Ministerial; b) Convenio de colaboración entre la Seremi y CONADI, para la regularización de la propiedad para personas y comunidades indígenas de la región de Arica y Parinacota 2019, aprobado por Resolución Exenta N° 530, de 05 de junio de 2019, de esta Secretaría Regional Ministerial. Asimismo, se informa que en todas las solicitudes de regularización que forman parte de los convenios suscritos con CONADI, se ha exigido, como requisito esencial, que los solicitantes acompañen el respectivo certificado que acredite su calidad indígena emitido por la CONADI, pues de otra manera, no pueden formar parte de los productos de dichos convenios. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de los últimos 5 expedientes de solicitudes de regularización de posesión de inmuebles indígenas y de entrega de bienes fiscales a personas y comunidades indígenas, en virtud del convenio celebrado entre la SEREMI de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota y la CONADI; como asimismo de los de otorgamientos de títulos gratuitos otorgados por la reclamada, más el informe técnico del expediente que se indica en el numeral 1) de lo expositivo. Al efecto el órgano recurrido denegó dicha información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, específicamente, por distracción indebida de sus funcionarios en el cumplimiento regular de sus labores habituales, fundada en la magnitud de la información pedida. 2) Que, sobre el particular la reclamada señaló que lo pedido dice relación con información de carácter pública, tramitada en virtud del decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella; de acuerdo al convenio existente entre esta Secretaría Regional Ministerial y la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 3) Que, en este sentido, cabe tener presente que de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16, y C1867-17 dicha información es de naturaleza pública. En efecto, trata de antecedentes relativos a la regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el citado decreto ley N° 2.695, de 1979, el cual establece un procedimiento para que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. En consecuencia, en virtud de lo señalado, en la especie, este Consejo tendrá que determinar si respecto de la información pedida se configura la causal de reserva invocada por el órgano recurrido. 4) Que, conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que «se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales». 5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 7) Que, en la especie, la Seremi recurrida no cumple con el estándar exigido por este Consejo para probar fehacientemente de qué manera se configura la concurrencia de la causal alegada, toda vez que atendido que lo requerido dice relación con los últimos 5 expedientes tramitados en cada caso, y que el mismo órgano señaló que la información pedida se encuentra registrada en alrededor de 16 expedientes con una cantidad aproximada de 100 hojas cada una, no resulta plausible que para su entrega se tengan que revisar más de 1.200 carpetas administrativas almacenadas en 65 cajas guardadas en la bodega de las dependencias de la Secretaría Regional en un tiempo aproximado de "1.700 horas hombre"; por consiguiente, atendido que, a juicio de este Consejo, la entrega de los expedientes pedidos no demandaría un esfuerzo de tal magnitud que pudiera entorpecer el normal o debido funcionamiento del organismo, se desestima la causal invocada. Por tanto, en mérito de lo señalado, se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega de la información pedida. 8) Que, con todo, atendido que la calidad de indígena constituye un requisito habilitante en todas las solicitudes de regularizaciones pedidas, ya que según se señaló en la gestión oficiosa decretada en esta causa, en estos procedimientos se exige como requisito esencial, que los solicitantes acompañen el respectivo certificado que acredite su calidad indígena, pues de otra manera no pueden acceder a las regularizaciones y transferencias de inmuebles contempladas en los convenios suscrito con Conadi; junto con la información que se ordena entregar se deberán acompañar los antecedentes contenidos en los expedientes respectivos que den cuenta de dicha circunstancia. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C 5175-19. 9) Que, a su turno, deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, cédula de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. 10) Que, a su turno, es menester señalar que se desestima la solicitud del reclamante de sancionar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota "por haber denegado total e infundadamente el acceso a su derecho al acceso a la información pública", por cuanto, según lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley de Transparencia, este Consejo se encuentra facultado para sancionar a la autoridad o jefatura superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, ante la no entrega oportuna de la información, "una vez que ha sido ordenada por resolución firme", lo que no se configura en la especie. 11) Que, por último, en cuanto a la petición del reclamante que se ordene al órgano recurrido modificar su sistema electrónico de acceso a la información, para efectos que una vez efectuado un requerimiento se emita "un acuse de recibo con copia de la solicitud"; cabe hacer presente que si bien no corresponde a este Consejo pronunciarse en esta sede en tal sentido; sin embargo, atendido que en virtud de lo dispuesto en el punto 1.4, - parte primera -, de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, se señala que "Los órganos públicos deberán otorgar a los requirentes el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, el número de ingreso y su contenido, cuando así éstos lo exijan (...)" y que según consta en la gestión útil que se señala en el N°5 de lo expositivo, el órgano no emite el contenido de la solicitud junto con el acuse de recibo de la misma, se derivará esta presentación a la Dirección de Fiscalización, para que fiscalice la materia reclamada en este punto, de conformidad a la facultad otorgada por el artículo 33, letra d), de la Ley de Transparencia a este Consejo, de requerir a los órganos de la Administración del Estado, para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a la legislación de transparencia y acceso a la información. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Álvaro Zegarra Humire en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante la siguiente información: i. Los últimos 5 expedientes (incluyendo informes técnicos) de las solicitudes de regularización de la posesión de inmuebles indígenas, en virtud del convenio con CONADI Arica, Resolución exenta N° 761 de Julio de 2018. ii. Los últimos, 5 expedientes (incluyendo informes técnicos) de las solicitudes de entrega de bienes fiscales a personas y comunidades indígenas, en virtud del convenio con CONADI Arica, Resolución exenta N° 760 de julio de 2018. iii. Los últimos 5 expedientes de las solicitudes de otorgamiento de títulos gratuitos en virtud de la ley 18.616 de 17 de mayo de 1987, tramitados y otorgados por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. iv. Copia del informe técnico de 17 de noviembre de 2016, perteneciente al EXP. N° 53938 y que es aludido en la Resolución Exenta N° E- 2251, de fecha 10 de marzo de 2017. Con todo, atendido que la calidad de indígena constituye un requisito habilitante en todas las solicitudes de regularizaciones pedidas, se deberán acompañar en los expedientes respectivos los certificados que den cuenta de dicha circunstancia. Asimismo, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto, por ejemplo, domicilio particular, cédula de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente: a) Notificar el presente acuerdo al Sr. Director de Fiscalización de este Consejo, para que efectué la fiscalización respecto a lo señalado en el considerando 11° precedente, relativo al procedimiento de acceso a la información del órgano recurrido. b) Notificar la presente decisión a don Álvaro Zegarra Humire y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.