Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C186-12

Reclamante:	LEONARDO ARENAS OBANDO
Reclamado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se deduce amparo en contra de Ministerio de Educacion por haber denegado información relativa a denuncias de no resguardo del derecho a la educación en estudiantes embarazadas o madres, desagregadas por años, edad, sexo, región, comuna y establecimiento, y otros antecedentes relativos. El Consejo acoge el amparo considerando que no concurre una causal de secreto o reserva respecto a dicha información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/29/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C97-09
Jurisprudencia a:	C859-12 C903-13 C851-12 C954-12 C1515-12
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Derecho de acceso a la información >> Como derecho fundamental >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C186-12 Entidad pública: Ministerio de Educacion Requirente: Leonardo Arenas Obando Ingreso Consejo: 31.01.2012 En sesión ordinaria Nº 336 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de mayo de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C186-12. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de diciembre de 2011, don Leonardo Arenas Obando solicitó al Ministerio de Educacion, en formato digital, la siguiente información: a) Total de denuncias de no resguardo del derecho a la educación en estudiantes embarazadas o madres, desagregadas por años, edad, sexo, región, comuna y establecimiento; b) Acciones realizadas por el Ministerio de Educación en cada caso denunciado, y la resolución de dicho caso; c) Leyes, normativa e instructivos que se refieran al derecho a la educación de las adolescentes, y su resguardo en caso de ser madres, padres o se encuentren en situación de embarazo; y, d) El o los programas del Ministerio de Educación para el resguardo del derecho a la educación de las adolescentes madres o embarazadas, y de adolescentes padres. El reclamante señala que la solicitud dice relación con el informe "Situación de los Derechos Humanos en Chile. Informe Anual 2011", en el cual se consigna, en el acápite "Barreras a la permanencia en el sistema escolar de adolescentes embarazadas", que la Oficina de Atención Ciudadana del Ministerio de Educación ha recibido denuncias de no resguardo del derecho a la educación de estudiantes embarazadas o madres. 2) RESPUESTA: Mediante correo electrónico de 18 de enero de 2012, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, respondió a dicho requerimiento en los siguientes términos: a) Señala que no existen documentos con información referida a las denuncias desagregadas por años, edad, sexo, región, comuna y establecimiento, de manera que no es posible acceder a la petición, de conformidad al artículo 6º, inciso final del Decreto Nº 13, de 2009, que establece que, en ningún caso la solicitud implicará la obligación de procesar, producir o consolidar información; b) Indica que tampoco es posible entregar la resolución final de cada denuncia, por cuanto dicha información no se encuentra consolidada; c) En cuanto a la normativa solicitada, informa que aquélla se encuentra publicada en los siguientes links: www.ayudamineduc.cl y http://www.ayudamineduc.cl/resguardo/resg_disc/disc_emba/index.php; y, d) Precisa que la Ley General de Educación, en su artículo 11, resguarda explícitamente la continuidad en el sistema escolar de madres y/o embarazadas, y que el Decreto Nº 79/04 reglamenta dicho articulado, indicando las medidas administrativas y académicas que deben adoptar los establecimientos educacionales para la continuidad de estudios de las estudiantes. e) Agrega, que el Ministerio no tiene un programa específico para estudiantes en estas condiciones, sino que existe una mesa intersectorial de embarazo adolescente que tiene un programa de trabajo anual. f) Informa que el año 2011, se puso a disposición de toda la ciudadanía el portal www.convivenciaescolar.cl; un protocolo de retención en el Sistema Escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes; y un tríptico de Derechos y Deberes de las estudiantes embarazadas y madres adolescentes. Además, señala que se difundió a nivel nacional toda la normativa que protege la trayectoria educativa de estas estudiantes, a través de un inserto en el Diario La Cuarta "Embarazo Adolescente y Sistema Escolar". 3) AMPARO: El 31 de enero de 2012, don Leonardo Arenas Obando dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Educación, fundado en la entrega parcial de la información solicitada, toda vez que dicho órgano no habría satisfecho los puntos a) y b) de su requerimiento. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Subsecretario de Educación, mediante Oficio N° 579, de 17 de febrero de 2012, quien a través de Ordinario N° 268, de 9 de abril de 2012, evacuó sus descargos en los siguientes términos: a) Hace referencia a la respuesta entregada al peticionario, indicando haberle comunicado la imposibilidad de entregar algunos de los antecedentes, por no existir documentos con el nivel de desagregación requerido. b) Agrega que, a pesar de la inexistencia de un documento que respondiera directamente lo solicitado y de la dificultad práctica de destinar a algún funcionario de forma exclusiva para elaborarlo -más aún si la ley no obliga a contar con un informe con ese nivel de desagregación-, la Jefa de la Oficina de Atención Ciudadana del Ministerio, con fecha 9 de marzo de 2012, informó al peticionario a través de un correo electrónico cuya copia adjunta, que en 2010 se registraron 65 denuncias, y en 2011, 42. c) Por su parte, en relación con las acciones realizadas por el Ministerio en cada caso denunciado, también se le explicó en términos generales al solicitante que cada uno de ellos son tratados a través del Área de Resguardo de Derechos de la Oficina de Atención Ciudadana, donde un equipo multiprofesional, integrado por abogados, asistentes sociales y profesores con experiencia en mediación y fiscalización, los analiza e investiga. Precisa que, cuando a la luz de los antecedentes aparece una vulneración de derechos, dicha oficina deriva el caso a la Fiscalía de Subvenciones para que estime si corresponde o no proceder a la apertura de un proceso de subvenciones. d) Sostiene que, por esa razón, la respuesta elaborada por la Oficina de Atención Ciudadana sólo pudo dar cuenta de las denuncias recibidas y no de las acciones realizadas. Más aún si no contaba con datos sistematizados sobre cómo se resolvieron los casos, y considerando que no todos los establecimientos denunciados cometieron infracciones. En ese aspecto, la generación de un documento capaz de responder la consulta, implicaría distraer a los funcionarios de dicha oficina de la amplia carga de trabajo que realizan diariamente. e) Finalmente, aclara que el ministerio no busca fundamentar una denegación de conformidad con el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que en este caso no existe un documento que responda directamente y cuya entrega afecte el debido funcionamiento del Ministerio, sino más bien el problema se genera porque, ante la carencia de documentación, confeccionarlo impactaría en el ejercicio normal de las funciones que se desarrollan en la Oficina de Atención Ciudadana. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, cabe precisar que el presente amparo se circunscribe a los requerimientos contenidos en los literales a) y b) del numero 1 de lo expositivo. Respecto a dichos requerimientos, si bien se advierte que el peticionario no señala expresamente un período de tiempo al cual debe acotarse la entrega de la información solicitada, hace referencia al informe "Situación de los Derechos Humanos en Chile. Informe Anual 2011", particularmente, al acápite "Barreras a la permanencia en el sistema escolar de adolescentes embarazadas" (disponible en http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/12/27555-Informe-Anual-2011-BAJA1.pdf), en el que se da cuenta del total de denuncias de no resguardo del derecho a la educación en estudiantes embarazadas o madres, en el año 2010 y primer semestre del año 2011. Siendo así, debe entenderse que lo solicitado por el Sr. Larenas Obando dice relación con las denuncias recibidas por el órgano requerido en dicho período. 2) Que, por su parte, en cuanto a la solicitud del dato relativo al sexo, indicado en el literal a) ya citado, entendiendo que tal requerimiento dice relación con las “estudiantes madres o embarazadas”, no puede sino concluirse que tal dato corresponde al sexo femenino en todos los casos, de modo que a juicio de este Consejo dicha solicitud resulta redundante y, por lo tanto, debe rechazarse. 3) Que, el Ministerio de Educación ha informado que no existe una sistematización de la información solicitada, en tanto no obran en poder del servicio documentos que den cuenta de los antecedentes pedidos en los términos en que ha sido formulado el requerimiento. De este modo, la información solicitada obra en poder del Ministerio de Educación, pero no desagregada en la forma requerida. En efecto, del tenor de las peticiones señaladas se desprende que la información debe ser procesada, por cuanto no aparece que deba estar contenida en un soporte documental determinado. 4) Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, es pública la información elaborada con presupuesto público y aquella que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo las excepciones previstas en dicha ley o en leyes de quórum calificado. Por lo anterior, en principio, la información objeto del presente amparo reviste carácter público. Asimismo, cabe destacar que según el principio de apertura o transparencia, previsto en el artículo 11, la letra c), de la Ley de Transparencia, toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. 5) Que, por su parte, resulta aplicable al presente caso lo resuelto por este Consejo a propósito de la decisión recaída en el amparo A80-09, oportunidad en la que se estimó que la recolección, procesamiento y sistematización de información, para entregarla en los términos solicitados, no implicaba creación de información. A este respecto, en dicha decisión se citó jurisprudencia del Comisionado de Información de Inglaterra (http://www.ico.gov.uk/), en cuya virtud se estableció que «…si bien bajo la vigencia de la Freedom of Information Act (2000) no existe obligación de crear información, una autoridad pública no está creando información cuando se le solicita que procese en forma de lista información que tiene; manipular información que se encuentra en sus archivos o extraer información de una base de datos electrónica mediante una búsqueda» (Decisiones FS50198141, de 18 de junio de 2008, FS50155552, de 18 de junio de 2008 y FS50086919, de 31 de octubre de 2006). 6) Que, sin perjuicio de lo anterior, en la hipótesis de considerar que el procesamiento y sistematización de información implique un proceso de elaboración de información, es preciso tener presente que en la decisión del amparo C97-09 este Consejo estimó procedente la elaboración de información por parte del órgano requerido, en la medida que ello no significara un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto del servicio. En efecto, en el considerando 6° literal f) de la citada decisión, a propósito del análisis de la historia fidedigna del establecimiento de la Ley Nº 20.285, de 2008, se concluyó que «…la supresión de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional» (considerando 6° f). 7) Que, si bien en este caso se requiere procesar información para sistematizarla en una lista o nómina que incluya los datos concretos solicitados, se trata de información pública que obra en poder de la reclamada —circunstancia que queda de manifiesto de los antecedentes tenidos a la vista— y que, por lo demás, sirvió de base para la elaboración del Informe Anual de Derechos Humanos de 2011. Siendo así, la información debe proporcionarse salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 de la Ley de Transparencia o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la misma ley. 8) Que, en este contexto, debe analizarse si esta sistematización podría distraer indebidamente a los funcionarios, lo que conforme al artículo 7° N° 1 del Reglamento de la Ley de Transparencia ocurre cuando requiere, de parte de los funcionarios, «…la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales». Al respecto, este Consejo sólo cuenta con el dato relativo al total de denuncias que deben ser analizadas a fin de obtener los datos solicitados, y que alcanza a 107, sin que la reclamada haya aportado otros antecedentes que permitan ponderar la magnitud en que vería afectado el desenvolvimiento de sus funciones, tales como el soporte en que consta la información, el volumen de documentación involucrada, los recursos materiales que posee y el tiempo de la jornada de trabajo que debiesen destinar sus funcionarios para buscar y sistematizar los datos, en desmedro de sus demás labores. Por lo tanto, tratándose de una cifra acotada presumiéndose la publicidad de información como la pedida —artículo 11, letra c), de la Ley de Transparencia, que exige que quien invoca una causal de reserva deba acreditarla–, se ordenará entregar la información solicitada, pues la reclamada no ha suministrado antecedentes suficientes para determinar en concreto el daño o afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano y, en consecuencia, la procedencia de la hipótesis de reserva prevista en el literal c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. 9) Que, en otro orden de consideraciones, cabe tener presente que en su respuesta el Ministerio señaló al solicitante que el artículo 6º, inciso final, del D.S. Nº 13/2009, MINSEGPRES, que reglamenta la Ley de Transparencia, dispone que “en ningún caso la solicitud implicará la obligación de procesar, producir o consolidar información”. Dicha información no se ajusta a la realidad, dado que no existe ninguna norma en este sentido ni en el Reglamento ni en la Ley. Sólo existió en el proyecto de Reglamento de la Ley de Transparencia que el Ejecutivo elaboró pero luego fue suprimida, lo que no es extraño dado el rechazo de norma legal que prohibía elaborar de información, según se expuso en el considerando 6° y se explica, en detalle, en la decisión C97-09 de este Consejo. Esto será severamente representado al Sr. Subsecretario, pues fundar actuaciones en normas inexistentes desinforma gravemente a los ciudadanos y erosiona el régimen republicano y democrático que establece el texto constitucional. 10) Que, finalmente, si la información a entregar incluyese datos personales que deban resguardarse en virtud del artículo 4° de la Ley N° 19.628, como nombres de denunciantes o estudiantes (madre o embarazada), números de cédula de identidad, domicilios particulares, fechas de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, el Ministerio de Educación deberá tarjarlos, aplicando el principio de divisibilidad del artículo 11 de la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por don Leonardo Arenas Obando, en contra del Ministerio de Educación, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente acuerdo. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación: a) Entregue al reclamante: i. El listado de las denuncias de no resguardo del derecho a la educación en estudiantes embarazadas o madres, presentadas durante el año 2010 y el primer semestre del año 2011, desagregadas por años, edad, región, comuna y establecimiento; resguardando debidamente los datos personales que pudieren estar involucrados, particularmente, el nombre de los denunciantes o de las estudiantes afectadas. ii. Las acciones realizadas por el Ministerio de Educación en cada caso denunciado y su respectiva resolución, o bien, los documentos en que conste tal información, según sea lo que represente el menor gravamen para el servicio; debiendo resguardar todos aquellos datos personales o sensibles que estén contenidos en dichos documentos. b) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar severamente al Sr. Subsecretario de Educación que haya fundado parte de su denegación invocando ante el requirente una norma inexistente y requerirle que, en el futuro, examine cuidadosamente las causales legales en que fundará las denegaciones de información. IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Leonardo Arenas Obando y al Sr. Subsecretario de Educación. En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la presente sesión. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.