Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5622-19

Reclamante:	ALEJANDRO AHUMADA
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), ordenando la entrega de diversa información referente al proyecto minero consultado. Lo anterior, debido a que no se acreditó suficientemente la afectación al debido cumplimiento de las funciones del servicio. Sin perjuicio de lo anterior, se rechaza el amparo respecto de la entrega del RUT, dirección y mail del representante legal de la minera y de los ingenieros responsables, al tratarse de datos personales. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien era partidario de entregar toda la información de relevancia para el ejercicio de los derechos de las partes, salvo aquella que sea íntima y que no pueda ser conocida por vía judicial, a menos que se acredite un perjuicio mayor. En tal sentido, de consolidarse una negativa a la entrega de cualquier dato relativo a la persona, se podría dificultar el acceso a la información de relevancia pública, así como al ejercicio de otros derechos.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/6/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C67-12 C248-10
Jurisprudencia a:	C6054-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Contrataciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Industria (Productividad)

DECISIÓN AMPARO ROL C5622-19 Entidad pública: Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Requirente: Alejandro Ahumada. Ingreso Consejo: 06.08.2019. RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), ordenando la entrega de diversa información referente al proyecto minero consultado. Lo anterior, debido a que no se acreditó suficientemente la afectación al debido cumplimiento de las funciones del servicio. Sin perjuicio de lo anterior, se rechaza el amparo respecto de la entrega del RUT, dirección y mail del representante legal de la minera y de los ingenieros responsables, al tratarse de datos personales. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien era partidario de entregar toda la información de relevancia para el ejercicio de los derechos de las partes, salvo aquella que sea íntima y que no pueda ser conocida por vía judicial, a menos que se acredite un perjuicio mayor. En tal sentido, de consolidarse una negativa a la entrega de cualquier dato relativo a la persona, se podría dificultar el acceso a la información de relevancia pública, así como al ejercicio de otros derechos. Se representa al organismo el no haber otorgado respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la información, y la ausencia de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo. En sesión ordinaria N° 1060 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5622-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de junio de 2019, don Alejandro Ahumada solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería -SERNAGEOMIN-, información sobre el proyecto minero Mina Directorio Ocho de la comuna de Tocopilla, en particular: "Resolución de autorización y fiscalizaciones realizadas por Sernageomin a las faenas hasta el momento del accidente. En la información se debe detallar: Nombre, RUT y dirección de la empresa Nombre, rut y dirección del representante legal Nombre, rut, email, dirección ingenieros responsables Nombre faena y del proyecto Ubicación geográfica y política del proyecto Certificado dominio vigente Servidumbre Contrato de arriendo (si procede) Documentación, representación de la sociedad (acta constitución, si procede)". 2) PRÓRROGA: Por medio de carta N° 1, de 17 de julio de 2019, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 6 de agosto de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta. 4) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: De la revisión del Portal de Transparencia, se advirtió que el órgano respondió la solicitud de información el día 22 de agosto de 2019, mediante oficio N° 1972, del mismo mes y año, denegando la entrega de lo solicitado por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, alegando que "el proceso de investigación aún se encuentra en curso". Por este motivo, se solicitó al reclamante pronunciarse al respecto. Luego, por medio de correo electrónico de 19 de septiembre de 2019, el requirente manifestó su disconformidad, precisando que: "(...) mi solicitud no dice relación -en ningún caso- con los alcances ni determinaciones del servicio respecto a posibles sanciones o responsables del proyecto. Mi solicitud (...) es respecto a los antecedentes legales, técnicos y administrativos del proyecto solicitado. Por tanto, presento a uds. la reclamación a fin que la información sea respondida en los términos y contenidos solicitados". 5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante oficio N° E14305, de 7 de octubre de 2019, requiriendo lo siguiente: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo. A la fecha no consta que el órgano haya evacuado descargos en esta sede. Y CONSIDERANDO: 1) Que, antes de entrar al fondo del asunto, se debe precisar que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. En razón de lo anterior, este Consejo representará al servicio en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado. 2) Que, asimismo, se debe tener en consideración que el órgano reclamado no presentó sus descargos ante este Consejo, conforme se le solicitó en el oficio individualizado en el numeral 5° de la parte expositiva de esta decisión, situación que se le representará al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, en la parte resolutiva, como una falta a la debida colaboración que debe existir por parte de los órganos de la Administración del Estado, en los términos dispuestos en el artículo 34 de la Ley de Transparencia. 3) Que, expuesto lo anterior, el presente amparo tiene por objeto la entrega de diversa información relacionada con el proyecto minero anotado en el numeral 1°, de lo expositivo, lo cual fue denegado por el órgano en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. 4) Que, a modo de contexto, de los escasos antecedentes que este Consejo pudo obtener -debido a la falta de colaboración del órgano-, se puede extraer que el proyecto por el cual se consulta, se encuentra vinculado con un accidente ocurrido el día 13 de junio de 2019, en la faena minera Directorio 8, pertenencias 1, 11, 12, 25, 29 y 30, que dejó atrapados a tres trabajadores mientras ejercían labores para la extracción de mineral, debido a un escurrimiento de material rocoso. Luego, del banner de transparencia activa del servicio, se puede descargar la resolución exenta N° 1849, de 15 de julio de 2019, por medio del cual se formularon cargos contra la titular de la faena minera. Además, se encuentra publicado en dicho link, la resolución exenta N° 1601, de 14 de junio de 2019, que dispuso como medida provisional, el cierre temporal de la faena en comento. 5) Que, expuesto lo anterior, respecto de la causal de reserva alegada por el órgano, según la jurisprudencia de este Consejo -contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, C248-10 y C67-12- para configurarse se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 6) Que, si bien en la especie existe una investigación por parte de SERNAGEOMIN, el órgano no ha acreditado de manera alguna cómo la entrega de la información solicitada tiene el mérito de afectar el debido cumplimiento de sus funciones, sin siquiera aclarar si los documentos requeridos en este amparo forman parte del expediente investigativo. Al efecto, se debe precisar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre, debido a que el órgano no ha evacuado descargos por medio de los cuales este Consejo pueda acceder a mayores antecedentes sobre la materia. Por este motivo, la causal alegada será desestimada. 7) Que, sin perjuicio de lo anterior, en lo que atañe al RUT, dirección y mail del representante legal y de los ingenieros responsables, cabe precisar que estos antecedentes constituyen datos personales de acuerdo a lo señalado en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, que dispone que se entenderá por: "Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Por su parte, el artículo 4° de la citada ley prescribe que: "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal. En tal sentido, no existe en este amparo consentimiento de las personas cuyos datos son solicitados. Luego, teniendo aquello presente, y no advirtiendo -a lo menos con los antecedentes que obran en este expediente- que estos datos personales de contexto puedan contribuir al ejercicio de un debido control social respecto del cumplimiento de los requisitos necesarios para el funcionamiento de la faena consultada, corresponde a su respecto la reserva de dichos datos, en virtud del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. 8) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega de la información consignada en el numeral 1°, de lo expositivo, con excepción de los datos señalados en el considerando anterior, debiendo además, tarjar previamente en la información a entregar, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Alejandro Ahumada en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, que: a) Entregue al solicitante copia de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, con excepción del RUT, dirección y mail requeridos. En cumplimiento de lo anterior, se deberán tarjar además, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo en lo que concierne al RUT, direcciones y mail solicitados, de acuerdo a lo razonado precedentemente. IV. Representar al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. V. Representar al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, la falta de colaboración en la tramitación de este amparo, especialmente respecto de la ausencia de respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 y a los principios de apertura o transparencia, de máxima divulgación y de facilitación, previstos en el artículo 11, literales c), d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. VI. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Ahumada y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado en el presente acuerdo, en los considerandos 7) y 8), en base a los siguientes fundamentos: 1) Que, este Consejero es partidario de entregar toda la información de relevancia para el ejercicio de los derechos de las partes, salvo aquella que sea íntima y que no pueda ser conocida por vía judicial, a menos que las partes realmente acrediten un perjuicio por causa de la entrega, mayor que el beneficio que se obtendría de su conocimiento. En tal sentido, de consolidarse una negativa ciega a la entrega de cualquier dato relativo a la persona, se podría dificultar el acceso a la información de relevancia pública, así como al ejercicio de otros derechos. 2) Que, sin embargo, ello debería siempre hacerse luego de un ejercicio de ponderación o balanceo, que en el caso no es necesario hacer, por ser un voto minoritario. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.