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DECISIÓN AMPARO ROL C5628-19</p>
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Entidad pública: Municipalidad de San Miguel</p>
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Requirente: Katherine Páez</p>
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Ingreso Consejo: 06.08.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Miguel, relativo a la entrega de los documentos que den cuenta de las deudas por concepto de derechos publicitarios que existen en la Municipalidad, por tratarse de información cuya divulgación afecta los derechos comerciales y económicos de terceros, configurándose la causal de secreto o reserva invocada por el órgano.</p>
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Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C3776-16 y lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, al conocer del recurso de queja Rol N° 4681-2013.</p>
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En sesión ordinaria N° 1104 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5628-19.</p>
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VISTOS:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de julio de 2019, doña Katherine Páez solicitó a la Municipalidad de San Miguel, la siguiente información: "acceso y copia a los documentos que den cuenta de las deudas por concepto de derechos publicitarios que existan en la Municipalidad. En caso de que existan, la solicitud incluye que se informe un desglose de la empresa o las empresas deudoras, los montos adeudados por cada una y, en caso de que hubiese, la existencia e individualización de juicios asociados a cada una de estas deudas. La información se solicita desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha de ingreso de esta solicitud, 31 de julio de 2019, indicando el detalle para cada deuda de los siguientes aspectos: nombre de la empresa, número de folio, fecha de emisión, fecha de vencimiento, rol, saldo, reajuste, multas y total, además del título por el que se generó la deuda (por ejemplo, por precario, concesión, arrendamiento, etc.). En virtud del artículo 11 letra e) de la Ley 28.285, pido los documentos bajo el principio de divisibilidad, el que señala que si los documentos requeridos contienen al mismo tiempo información que pueda ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda".</p>
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2) RESPUESTA: El 6 de agosto de 2019, la Municipalidad de San Miguel respondió al requerimiento de información indicando que: "Se informa que en el municipio sí, existen empresas con deudas de publicidad. No obstante, respecto del informe de empresas deudoras con montos asociados, no es posible otorgarlo, puesto que puede afectar los derechos de carácter comercial o económico deudores comprometidos, o su capacidad de operar comercialmente, según fallo de la Corte Suprema, recaído en recurso de Queja Rol N° 4681-2013 y jurisprudencias Rol C1492-16 y C1823-16 del Consejo para la Transparencia. Por lo anterior, nos acogemos al Artículo 21, Numeral 2, de la Ley 20.285".</p>
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3) AMPARO: El 6 de agosto de 2019, doña Katherine Páez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, la reclamante hizo presente que indicó que en casos así aplicada divisibilidad, pero aun así le negaron todos los datos, incluyendo los que no significaban riesgo a terceros.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Miguel, mediante Oficio E13555, de 23 de septiembre de 2019, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique, si a su juicio, frente a la solicitud de información, resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad, contenido en la el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante Oficio N° 38/1577, de fecha 11 de octubre de 2019, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, junto con reiterar su respuesta señaló que la solicitante argumenta aplicarse respecto de su petición, el principio de la divisibilidad de la información, enunciado que no es posible implementar en la entrega de información mencionada en la especie, puesto que no es posible entregar un listado de deudores, sin mencionar los datos personales de quienes se encuentran en calidad de deudores morosos, circunstancia que evidentemente involucraría una vulneración al artículo 21, número 2, de la Ley de Transparencia. Luego, en apoyo de su posición cita jurisprudencia de este Consejo, confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 12.513-2016.</p>
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Luego, a través de Oficio N° 38/1615, el municipio complementó sus descargos, agregando que no dio comunicación de la solicitud a terceros, toda vez que se trata de un elevado número de personas, respecto de quienes es absolutamente imposible, por presupuesto y personal disponible, notificar. Además, señala que la causal invocada es relativa a la afección de derechos y no a la hipótesis de eventualidad de afección que propone el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la negativa del municipio requerido a la entrega de los documentos que den cuenta de las deudas por concepto de derechos publicitarios, con el desglose de los montos adeudados por cada uno de éstos, fecha de vencimiento, título por el que se generó la deuda, entre otros antecedentes, alegando a su respecto el municipio la configuración de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, por afectación de carácter comercial o económica de los terceros deudores.</p>
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2) Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen para su dictación, así como la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, salvo que concurran las excepciones establecidas por la propia Ley de Transparencia y las previstas en otras leyes de quórum calificado.</p>
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3) Que, en este caso, si bien lo requerido dice relación con derechos municipales, asociados a patentes comerciales, que son el acto administrativo por el que se manifiesta la voluntad de la administración municipal de autorizar el ejercicio de determinadas actividades comerciales, información en principio pública y sobre la que existe un interés legítimo de control social, lo cierto es que la misma pierde dicha calidad al presentarse alguna de las causales de reserva que establece la ley, hipótesis que se verifica en este caso, ya que, como lo manifiesta el órgano reclamado, la divulgación de los antecedentes solicitados, por estar enfocados en la situación de morosidad en la que se encontrarían los terceros, afecta sus derechos económicos y comerciales, resultando improcedente su entrega.</p>
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4) Que, en este contexto, es pertinente tener presente lo que ha resuelto este Consejo, en la decisión C3776-16, en la que se manifestó que: "la divulgación de información que eventualmente permita identificar a sus titulares y situarlos en la calidad de eventuales infractores de normativas de tránsito y, consecuentemente con ello, atribuirles la calidad de deudores, supone afectar su vida privada y honra", y lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, citada por el municipio, la que al conocer del recurso de queja Rol N° 4681-2013, señaló que: "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos", agregando que: "la Municipalidad recurrente, en cuanto a organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual, no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra". Dichos pronunciamientos, resultan ilustrativos a la hora de concluir que, al dar publicidad a la condición de deudor moroso, se pueden afectar derechos comerciales y económicos de quienes se encuentran en dicha calidad.</p>
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5) Que, en consecuencia, a la luz de lo expuesto y de manera acorde con la jurisprudencia emanada de este Consejo y los Tribunales de Justicia, se configura la causal de reserva del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, invocada por el órgano, lo que conlleva al rechazo del presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por doña Katherine Páez en contra de la Municipalidad de San Miguel, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Katherine Páez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Miguel.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>