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DECISIÓN AMPARO ROL C5629-19</p>
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Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral (ISL)</p>
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Requirente: Margarita Pino Saldaña, en representación del Hospital de San Fernando</p>
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Ingreso Consejo: 31.07.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra del Instituto de Seguridad Laboral, referido a la entrega de copia de los antecedentes contenidos en el proceso de evaluación para la calificación de la enfermedad como de origen laboral de la trabajadora individualizada en el requerimiento.</p>
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Lo anterior, debido a que dichos antecedentes dan cuenta del estado de salud, por lo tanto, datos sensibles que se encuentran resguardados por la Constitución Política de la República, respecto de los cuales no se cuenta con autorización de su titular o legal para su entrega.</p>
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Finalmente, se represente al órgano reclamado la infracción a la norma del artículo 12, inciso segundo de la Ley de Transparencia, al requerir una subsanación improcedente.</p>
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En sesión ordinaria N° 1111 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5629-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 20 de mayo de 2019, doña Margarita Pino Saldaña, en representación del Hospital de San Fernando - según acreditó- solicitó al Instituto de Seguridad Laboral - en adelante también ISL-, "conforme la calificación de enfermedad como de origen laboral de (...) funcionaria del Hospital San Juan de Dios de San Fernando, (...) favor solicitamos información referente al proceso de evaluación para la calificación de la enfermedad como de origen laboral. Los antecedentes que se requieren se detallan a continuación: -Evaluación de puesto de trabajo, entrevistas e informe asociado a dicho proceso de evaluación. -Antecedentes médicos e información complementaria, asociada a la evaluación médica realizada por los profesionales asociados a dicho proceso. -Criterios considerados por el comité calificador para la calificación de la enfermedad. -Otros antecedentes utilizados para la calificación de la enfermedad".</p>
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2) SUBSANACIÓN: El Instituto de Seguridad Laboral mediante ordinario N° 2041, de fecha 14 de junio de 2019, comunicó que, habiendo analizado su presentación, en virtud que está solicitando información correspondiente a otras personas, es necesario que acredite su calidad de apoderado de estas. Para ello, deberá entregar un poder en el que deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario, que acredite debidamente la representación de la persona que se indica.</p>
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La parte solicitante por medio de presentación ingresada con fecha 20 de junio de 2019, interpuso recurso de reposición y jerárquico en contra de ordinario N° 2041, haciendo presente que "de forma alguna expusimos en nuestra solicitud que nuestro requerimiento lo hacemos en calidad de apoderados de (...) si bien la persona individualizada trabaja en el Hospital de San Fernando, precisamente la información se pide en razón de la declaración de enfermedad laboral de la misma, siendo imprescindible para ejercer nuestra defensa jurídica correspondiente, tener a la vista la información requerida a su institución mediante Solicitud N° AL006T0001328 de fecha 20 de mayo de 2019".</p>
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3) RESPUESTA: El Instituto de Seguridad Laboral mediante resolución N° 148, de fecha 23 de julio de 2019, denegó la entrega de la información solicitada debido a que "mediante Ord. ISL N° 02041 se solicitó Subsanar la Solicitud de Acceso a la Información N° AL008T-0001328, en virtud que no se presentó Poder Notarial de persona de la cual solicita antecedentes, acorde a lo establecido en la Instrucción General N°10 del CPLT". Sin embargo, de los antecedentes complementarios proporcionados no se cumplió con dicha exigencia.</p>
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4) AMPARO: Con fecha 31 de julio de 2019, doña Margarita Pino Saldaña, en representación del Hospital de San Fernando, dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Instituto de Seguridad Laboral, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. En particular, sostuvo la improcedencia de la subsanación requerida. Además, solicitó la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 45 de la Ley de Transparencia.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral mediante Oficio N° E13.508, de fecha 23 de septiembre de 2019, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) indique por qué el órgano que Ud. dirige estimó que la solicitud de información del reclamante no cumpliría con los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) explique si, en su opinión, la publicidad de lo solicitado afectaría los derechos de terceros; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, del tercero involucrado, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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El órgano reclamado por medio de ordinario N° 3578, de fecha 8 de octubre de 2019, señaló que, habiendo realizado el respectivo análisis de admisibilidad de la solicitud, entendió que había una intención de representar a la trabajadora. A partir de lo cual, optaron por aplicar lo que indica este Consejo en la Instrucción General N° 10, Sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, en su punto 1.2. Para ello, solicitaron subsanación del amparo, en su respuesta el reclamante presenta recurso de reposición y jerárquico. De la revisión y análisis jurídico de dicho antecedente, estimaron que estos no aplicaban y que no se cumplían las condiciones para entregar la información requerida, la que involucra datos sensibles a terceros.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, al respecto el órgano reclamado deniega la información requerida por tratarse de datos personales de un tercero, no contando con la autorización para requerirse aquellos por la parte reclamante.</p>
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2) Que, en primer lugar, en cuanto a la alegación realizada por la parte reclamante en orden a que resultaba improcedente la solicitud de subsanación efectuada por el órgano reclamado, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 12 letra a) de la Ley de Transparencia, en orden a que "la solicitud de acceso del solicitante será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso". En este contexto, de la lectura del requerimiento y de los antecedentes acompañados a aquel, se advierte claramente que este fue deducido por doña Margarita Pino Saldaña, en representación del Hospital de San Fernando, empleador de la persona a la que se le realizó la evaluación cuyo expediente se requiere. Por lo tanto, resultaba innecesaria la subsanación efectuada, lo que se representará al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, en lo resolutivo de la presente decisión.</p>
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3) Que se solicita acceso a los antecedentes que constan en el proceso de evaluación para la calificación de la enfermedad que padecía la persona que se indica en el requerimiento, como de origen laboral. En tal sentido, cabe hacer presente lo dispuesto en el artículo 2 letra g) de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, en orden a que son datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los estados de salud físicos o psíquicos. Por lo que, la información solicitada se encuentra contenida en el expediente de calificación de la patología que afectó a una trabajadora, por lo que, da cuenta del estado de salud de aquella. En este punto, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró éste a nivel constitucional, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.</p>
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4) Que, desde la perspectiva de la protección de los datos personales, conforme mandata el artículo 9 de la ley N° 19.628, "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". A este respecto cabe hacer presente que el texto de las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, en su apartado 4.2 a. establece: "La referida finalidad en el caso de órganos de la Administración del Estado estará determinada en función de las materias propias de su competencia. Por ejemplo, un órgano que tenga competencia para otorgar subsidios podrá tratar los datos personales de los postulantes y de los beneficiarios que digan relación con los requisitos necesarios para la obtención de dicho beneficio con ese único objetivo". Por su parte, el artículo 10 del cuerpo legal en análisis, previene que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.</p>
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5) Que, en la especie, el órgano reclamado sólo se encuentra autorizado para efectuar el tratamiento de la información de salud de la trabajadora a que se refieren los antecedentes pedidos, en el ámbito de las competencias específicas que le caben en el contexto de la ley N° 16.744, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurriría de entregarse tal información a la parte reclamante.</p>
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6) Que establecido lo anterior, a juicio de este Consejo, la divulgación de los antecedentes por los que se consultan permite inferir un determinado estado de salud de la titular de estos, particularmente, de la patología que afectó o afecta a la persona sobre quien versa la información solicitada, quien no ha autorizado su entrega. Razón por la cual, se rechazará el presente amparo en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y de la ley N° 19.628; y en virtud de la facultad conferida a esta Corporación por el artículo 33, letra m) de la Ley de Transparencia.</p>
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7) Que, finalmente, en cuanto a la solicitud de imposición de sanciones en los términos dispuestos en el artículo 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que no han concurrido, en esta etapa procesal, los requisitos para la procedencia de dicha sanción. En efecto, tal como se puede apreciar tanto de la respuesta del órgano reclamado, así como de sus descargos, no existieron actos que dieran cuenta de una denegación infundada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por doña Margarita Pino Saldaña, en representación del Hospital de San Fernando, en contra del Instituto de Seguridad Laboral por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Representar al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral el haber solicitado la subsanación del requerimiento de información, que se aparta del texto expreso del artículo 12 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, a fin de que en lo sucesivo no se reitere tal infracción.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Margarita Pino Saldaña y al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>