Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5658-19

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Reclamante:	JORGE GONZALEZ PIZARRO
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DEL BÍO BÍO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región del Biobío, ordenando la entrega de información sobre los profesionales habilitados para verificar las condiciones generales de instalación, revisión de calderas y equipos que utilizan vapor de agua, particularmente, las resoluciones que aprobaron sus números de registro profesional, más los antecedentes académicos y aquellos que dan cuenta de su experiencia. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, respecto de la cual no se acreditó suficientemente la causal de reserva de distracción indebida.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/2/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C5658-19 Entidad pública: SEREMI de Salud Región del Biobío. Requirente: Jorge González Pizarro. Ingreso Consejo: 07.08.2019. RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región del Biobío, ordenando la entrega de información sobre los profesionales habilitados para verificar las condiciones generales de instalación, revisión de calderas y equipos que utilizan vapor de agua, particularmente, las resoluciones que aprobaron sus números de registro profesional, más los antecedentes académicos y aquellos que dan cuenta de su experiencia. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, respecto de la cual no se acreditó suficientemente la causal de reserva de distracción indebida. En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C5658-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de julio de 2019, don Jorge González Pizarro solicitó a la SEREMI de Salud Región del Biobío, la siguiente información: "la nómina de los profesional facultados para verificar las condiciones generales de instalaciones y realizar revisiones y pruebas para calderas, autoclaves, equipos que trabajan con vapor de agua o accesorios, de acuerdo a lo dispuesto en D.S. N° 10 de fecha 19-10-2013 ‘Reglamento de calderas, Autoclaves y equipos que utilizan Vapor’, junto con cada resolución que aprobó su número de registro profesional y los antecedentes de experiencia y académicos que fueron considerados para la aprobación de cada resolución". 2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 2189, de 5 de agosto de 2019, el órgano en resumen, accedió a la entrega de una planilla Excel con el nombre de los profesionales registrados para su revisión y pruebas de calderas, autoclaves y otros. 3) AMPARO: El 7 de agosto de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial. Al efecto, sostuvo en síntesis que: "Respuesta a solicitud de información (...) es incompleta, por no adjuntar las resoluciones que autorizó a cada profesional y los documentos que sirvieron para el sustento esencial de éstas". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud del Biobío, mediante oficio N° E13569, de fecha 23 de septiembre de 2019, requiriendo que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en el evento de pretender complementar la respuesta inicialmente otorgada, remítasela directamente a la parte recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como; por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Posteriormente, por medio de correo electrónico de 21 de octubre de 2019, la SEREMI acompañó presentación, en el cual indicó en resumen, lo que sigue: a) El recurrente interpuso su amparo el día 7 de agosto de 2019, es decir antes del vencimiento del plazo otorgado a este Servicio para dar respuesta al requerimiento, el cual vencía originalmente el día 8 de agosto de 2019, dejando a la SEREMI en indefensión. Por lo tanto, el amparo es inadmisible. b) Respecto de la información reclamada, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por cuanto abarca la entrega de un promedio total de 700 documentos, la cual no se encuentra sistematizada. La recopilación y revisión de dichos actos administrativos demandaría un esfuerzo excesivo a los funcionarios de la SEREMI, lo cual implica la utilización de un tiempo excesivo. c) Resulta inaplicable el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en atención a la cantidad de personas que detentan la calidad requerida, cuyos datos de contacto en muchos casos no obran en poder del servicio. Y CONSIDERANDO: 1) Que, antes de entrar al fondo del asunto, el órgano alegó la inadmisibilidad del presente amparo, basado en que éste se habría interpuesto sin encontrarse vencido el plazo para responder la solicitud de información. Al respecto, se debe indicar que de acuerdo a la información consignada en el Portal de Transparencia, en él se observa un documento emitido por la SEREMI, que se titula "Acta de entrega de información Ley de Transparencia". En dicho instrumento se precisa lo siguiente: "Con fecha 07/08/2019, siendo las 15:33:19, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, a lo requerido en la solicitud N° AO048T0000747 y a lo resuelto en el Ordinario / N° 2189, a don/ña Jorge González Pizarro Jorge se le: Remitió la información solicitada (...). En este contexto, si bien el plazo que tenía el órgano para responder la solicitud de información vencía el 8 de agosto del año en curso, atendió dicho requerimiento el 7 de agosto, día en que hizo entrega parcial de la solicitud de información, razón por la cual, el solicitante de manera inmediata, dedujo amparo ante este Consejo. Por lo tanto, advirtiendo que el amparo se dedujo en forma posterior a la respuesta conferida por el órgano reclamado, se desestimará la alegación de la SEREMI en esta parte. 2) Que, resuelto lo anterior, el presente amparo se circunscribe a la entrega de las resoluciones y documentos fundantes anotados en el numeral 1°, de lo expositivo. 3) Que, a modo de contexto, se debe señalar que el decreto N° 10, de 2012, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de caldera, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua, dispone en su artículo 1°, que: "El presente reglamento, establece las condiciones y requisitos de seguridad que deben cumplir las calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua, con el objeto de resguardar su funcionamiento seguro y evitar daños a la salud de las personas (...)". Luego, el artículo 3°, establece que: "Toda caldera y autoclave deberá estar incorporado a un registro que lleva la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente, previo al inicio de su operación y funcionamiento (...)". Para solicitar dicho registro, el propietario deberá proporcionar, entre otros antecedentes: "l. Informe técnico emitido por un profesional facultado, que dé cuenta del cumplimiento por una caldera o autoclave de las exigencias de este reglamento. m. Identificación del profesional facultado que efectúa el informe técnico". Teniendo aquello presente, el título VI del reglamento en cuestión, denominado "De los profesionales facultados para verificar las condiciones generales de instalación y realizar las revisiones y pruebas", preceptúa en su artículo 73, lo siguiente: "Las condiciones generales de instalación, revisiones y pruebas de las calderas, autoclaves, equipos que trabajan con vapor de agua y redes de distribución, deberán ser efectuadas por un profesional que cumpla los siguientes requisitos: a) Ser profesional titulado, de una carrera de 8 semestres de duración, con formación en termodinámica, transferencia de calor, mecánica de fluidos, procesos térmicos, máquinas hidráulicas, diseño y cálculo de calderas y resistencia de materiales, facultado para ejercer en el país, b) Acreditar una experiencia mínima de tres años en la fabricación, instalación, reparación, mantenimiento u operación de plantas térmicas con calderas de vapor de gran presión". Finalmente, el artículo 74 indica que: "Con el objeto de facilitar la fiscalización y control de las disposiciones de este reglamento, la autoridad sanitaria llevará un listado de los profesionales que han acreditado el cumplimiento de estas exigencias, la que tendrá validez nacional. La nómina de estos profesionales, será enviada a todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del país, para su conocimiento y aplicación". 4) Que, de lo anterior se extrae que para ejercer la función de profesional en los términos indicados en el considerando precedente, es necesario acreditar determinados requisitos, los cuales una vez verificados por la autoridad pública, los interesados pasan a formar parte de un listado de profesionales que tendrá validez nacional. En consecuencia, se concluye que tanto las resoluciones solicitadas en este amparo, como sus documentos fundantes, particularmente, los antecedentes académicos de los postulantes y aquellos que dan cuenta de su experiencia, constituyen información pública, en los términos del artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, que al efecto dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Lo anterior, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan configurarse en la especie. 5) Que, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En este caso, se estima como elementos para la ponderación de esta causal los siguientes: a) tipo de información, distinguiendo si esta se encuentra en formato digital o físico tradicional; b) disponibilidad de la información de forma permanente al público, tratándose de aquella que debe publicarse en los sitios web de los órganos requeridos, conforme lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; c) ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como de desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; d) medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; e) número de documentos que han sido requeridos, lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y f) funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida y horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos. 6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 8) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar ante este Consejo el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, la reclamada no precisó el número de funcionarios necesarios para avocarse a la búsqueda de la información y elaboración de la respuesta, ni al tiempo que éstos deberían destinar a las referidas tareas, debiendo tener presente asimismo, que el volumen de información solicitado no es de una entidad tal que justifique la reserva por sí sólo. A mayor abundamiento, la resoluciones objeto de este amparo producen efecto respecto de terceros -los profesionales-, razón por la cual constituyen documentos que deberían estar publicados en el banner de Transparencia activa del servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7°, letra g), de la Ley de Transparencia, que dispone que: "Los órganos de la Administración del Estado (...), deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros". 9) Que, en cuanto a lo señalado en el considerando anterior, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. 10) Que, en otro orden de ideas, en este caso concreto, parte de lo pedido se trata de fundamentos de actos administrativos, respecto de los cuales no se advierte la posibilidad ante su entrega, de afectar derechos de terceros, por cuanto los antecedentes referentes a cada profesional fundaron precisamente la decisión de la autoridad en orden a incorporarlos en el listado referido precedentemente, situación que los habilita para ejercer sus funciones respectivas. En tal sentido, se debe recordar que el artículo 20 es aplicable en aquellos casos en que la entrega de información "pueda afectar los derechos de terceros", circunstancia que no ocurre en la especie, por las razones antes expuestos, considerando además, como se dirá en el considerando siguiente, que la entrega de la información en comento se realiza siempre tarjando la información personal de contexto incorporada, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra d), de la Ley de Transparencia. 11) Que, en mérito de lo razonado anteriormente, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada, debiendo tarjar en forma previa, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Jorge González Pizarro en contra de la SEREMI de Salud Región del Biobío, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud del Biobío, que: a) Entregue copia de las resoluciones solicitadas en el numeral 1°, de lo expositivo, y los antecedentes de experiencia y académicos ahí indicados. Para lo anterior, se deberán tajar todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge González Pizarro y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud del Biobío. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.