Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5669-19

Reclamante:	DANIEL MUÑOZ GIMÉNEZ
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de información relativa a los datos georreferenciados de los delitos o eventos denunciados o constatados ante Carabineros de Chile, en relación con la base de datos que se consulta. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado sus alegaciones, fundadas en la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, los derechos de las personas o la seguridad y orden público, toda vez que no se han acreditado fehacientemente dichas causales.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/13/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C587-09 C1353-18 C153-15 C2892-16 C1409-17 C1537-17
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Licitaciones
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C5669-19   Entidad pública: Carabineros de Chile. Requirente: Daniel Muñoz Giménez. Ingreso Consejo: 07.08.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de información relativa a los datos georreferenciados de los delitos o eventos denunciados o constatados ante Carabineros de Chile, en relación con la base de datos que se consulta. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado sus alegaciones, fundadas en la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, los derechos de las personas o la seguridad y orden público, toda vez que no se han acreditado fehacientemente dichas causales. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C153-15 y C1353-18. En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C5669-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 24 de junio de 2019 don Daniel Muñoz Giménez requirió a Carabineros de Chile, lo siguiente: "Agradeceré el envío a mi correo electrónico de la base de datos de las denuncias de delitos y constataciones de toda índole recibidas por Carabineros de Chile en las comisarías, centros de atención u otros canales que disponga para estos efectos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019. Se espera que la unidad mínima de la base de datos sea la denuncia o constatación (registro) y que contenga la siguiente información (campos) por cada unidad: - Fecha de ocurrencia del evento denunciado o constatado; - Delitos denunciados y/o eventos constatados, con clara identificación del tipo de delito o evento que corresponda; - Dirección física de ocurrencia del evento; puede ser en formato de dirección o de coordenadas georreferenciadas. - Cantidad de personas involucradas en la denuncia o constatación en calidad de víctimas; - Cantidad de personas involucradas en la denuncia o constatación en calidad de victimarios. En cumplimiento con las disposiciones de la Ley 19628, se agradecerá NO INCLUIR en la base de datos ningún dato relativo a identificación personal: - Nombre - RUT - Número de teléfono - Dirección física del domicilio - Dirección electrónica Se agradecerá remitir la información a mi correo electrónico en cualquiera de los siguientes formatos: - SQL o MySQL - CSV - XLS o XLSX - Shape o KML en caso de disponer sólo de datos georreferenciados. Si el archivo correspondiente fuere de mayor a 10 MB, se agradeceré se me informe para retirarlo personalmente con un dispositivos de almacenamiento digital en las oficinas de Carabineros de Chile que ustedes me indiquen". 2) RESPUESTA: El 22 de julio de 2019, mediante Resolución Exenta N° 265, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento, entregando base de datos en formato Excel con el desglose solicitado, incluyendo fecha del ilícito, falta o infracción, comisaría o unidad, detenidos, entre otros, en un CD que se puede retirar en la dirección y horarios que indica, pagando el costo directo de reproducción del medio de almacenamiento. Respecto de la solicitud relativa a la Dirección física de ocurrencia del evento, en formato de dirección o de coordenadas georreferenciadas, el órgano informó que con fecha 13 de febrero de 2014 Carabineros de Chile celebró un contrato de servicios con Mapas Digitales S.A., indicando la licitación efectuada. Asimismo, especificó los productos de cartografía adquiridos y detalló el funcionamiento del maestro de calles, para georreferenciar los delitos al momento de ingresarlos en los sistemas AUPOL y AUPOLWEB de Carabineros, agregando que "se debe tener en cuenta que es en base a la información georreferenciada que Carabineros despliega sus servicios policiales preventivos, los cuales desarrolla en cumplimiento a sus finalidades constitucionales y legales (...) una de las principales inquietudes de la ciudadanía, y en la cual pone énfasis la función policial, es la prevención del delito, por lo que constituye un tema especialmente sensible la adecuada conservación de todos los recursos para efectuar eficazmente las tareas de prevención, fiscalización y aprehensión de infractores de las normas relativas al orden público". Acto seguido, indicó que "en el caso en comento, de revelar el dato y hacer entrega de la información en los términos solicitados y durante el período consultado, esto es, las coordenadas geográficas de los hechos delictuales con inclusión de dirección física, fecha, etc., se estaría privando a Carabineros de Chile de una importante herramienta en la prevención del delito, que permite la identificación de zonas hot spots o zonas calientes de delitos (...) identificándose con colores intensos o menos intensos, aquellas zonas que presentan una mayor probabilidad de ocurrencia de los mismos (...) no debe perderse de vista, que el sistema de georreferenciación de Carabineros de Chile está orientado a la prevención y el combate de la delincuencia, y cuya funcionalidad se traduce en determinar dónde se están cometiendo los ilícitos y con qué frecuencia; conocer los diferentes desplazamientos que posee la delincuencia, posibilitando la identificación de patrones de comportamiento delictual espacial, y con ello la predicción de los lugares, días y horas, modus operandi, perfil de los delincuentes y/o víctimas que permiten elaborar estrategias de persecución inteligente", denegando la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), y N°3 de la Ley de Transparencia, y artículo 7 N°1, letra a), y N°3 del Reglamento de dicha ley. Luego, argumentó que "A mayor abundamiento, la entrega de lo solicitado, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por incidir directamente en la estrategia policial preventiva que establece Carabineros para el cumplimiento de su misión", haciendo mención al Plan Cuadrante, señalando que "tales procedimientos son de aplicación general, ello encuentra su fundamento en el respeto a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, y en evitar cualquier sesgo de discriminación o diferencias arbitrarias con respecto a todas y cada una de las personas que habitan la República (...) por consiguiente, la información georreferencial es utilizada para el mantenimiento del orden y la seguridad pública, pues en base a ella se efectúan patrullajes y se determinan procedimientos policiales que permiten asegurar la tranquilidad de la población", al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1 de la mencionada ley. 3) AMPARO: El 7 de agosto de 2019, don Daniel Muñoz Giménez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta negativa e incompleta a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "Se entregó parte de la información solicitada, pero se denegó la entrega de la información más fundamental: datos georreferenciados de los delitos/eventos denunciados/constatados ante Carabineros de Chile". Acto seguido, haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C153-15 y C1353-18, reclamó que no entregar la información al solicitante es una infracción al derecho de igualdad ante la ley, y que la denegación por parte de la institución no se encuentra debidamente acreditada, señalando que "La principal falacia en la respuesta de Carabineros de Chile es que deniega la información en función a planteamientos que no se ha tomado la molestia de demostrar (...) En este caso, Carabineros de Chile plantea una enorme cantidad de afirmaciones y tesis para denegar mi solicitud pero no demuestra ni una sola, absolutamente ninguna (...) Al contrario. Algunos carecen abiertamente de toda ‘plausibilidad’, por decirlo amablemente (...) toda la Resolución en la que se me deniega la información georreferenciada solicitada incumple con el onus probandi porque constituye un compilado de referencias e invocaciones a la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública, pero no hay ninguna, ni una sola, demostración, no se presenta ningún antecedente que muestre que a mi solicitud le es aplicable alguna hipótesis de reserva o secreto", planteando una serie de ejemplos para fundar sus alegaciones. Luego, señala que "Esta conducta repetitiva de denegación de la información georreferenciada limitándose a apelar a la posibilidad de reserva o secreto contemplada en la Ley, sin el más mínimo esfuerzo de probar con argumentos y antecedentes su aplicabilidad, tiene la apariencia de una táctica dilatoria para diferir todo lo posible la entrega de dicha información. Esta práctica lamentablemente entorpece y enturbia gravemente el derecho de acceso a la información, además de desvalorizarla significativamente, pues la dilación le roba un atributo fundamental: la actualidad y la oportunidad (...)En vista de la posibilidad de la apelación a la reserva de la información a modo de táctica intencional de dilación en su entrega, táctica que lesiona gravemente el derecho de acceso, este Amparo también tiene el propósito de solicitar al Consejo para la Transparencia que haga efectivas las atribuciones que le otorga el Título VI de la Ley 20.285 e inicie los sumarios necesarios para desarticular cualquier práctica que vulnere, atente contra o entorpezca el ejercicio del derecho de acceso a una información que el propio Consejo para la Transparencia ya ha determinado que se trata de información pública", fundando sus alegaciones en los conceptos que, en opinión del reclamante, aplicarían en la especie, como el de "La pendiente deslizante" y "La evidencia empírica", donde señala ejemplos de otros países en que la información de hot spots es pública, y reiterando su solicitud de que se instruya sumario en contra del órgano y el formato de entrega de la información georreferenciada. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E13511, de fecha 23 de septiembre de 2019, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, notificando el reclamo y solicitando que presente sus descargos u observaciones. Mediante Oficio N° 247, de fecha 3 de octubre de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que en el contrato suscrito con la empresa de Mapas Digitales, sobre "Propiedad Intelectual", se establece que Carabineros de Chile no podrá comercializar, ni utilizar ni ceder la información relativa al maestro de calles, con fines comerciales, indicando que la infracción a esa cláusula significará exponerse a una demanda por incumplimiento de contrato y a eventuales indemnizaciones, y verse privado de información esencial para el cumplimiento de sus funciones, fundado la denegación, igualmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia, y señalando que no dio traslado al tercero toda vez que la afectación se configura respecto de la institución policial. Asimismo, el órgano informó que "Al margen de lo antes anotado, debe consignarse que el Sr. Muñoz Giménez señala como fundamento de su solicitud de amparo dos decisiones de ese Consejo sobre similares, pero no idénticas, materias, agregando que no solicita datos personales, entre ellos domicilios, contradiciéndose al requerir las coordenadas de los delitos georrefenciados, que son, en su mayoría, domicilios de las víctimas o victimarios (...) En ambos casos, se cumplió lo ordenado por ese Consejo, entregando la información pero sin exponer a las víctimas de los delitos informando la dirección de la ocurrencia del mismo, como ocurre con la georreferenciación de cada uno de ellos. Indudablemente, que la entrega de la información relativa al domicilio de las víctimas y victimarios está protegida por la ley N° 19.628 (...) por tratarse de un dato personal y consecuentemente amparada por la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285, por afectar los derechos de las personas". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta y negativa por parte de Carabineros de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a una base de datos de las denuncias de delitos y constataciones de toda índole recibidas por Carabineros de Chile en las comisarías, centros de atención u otros canales que disponga para estos efectos, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019, con el desglose que indica, incluyendo la dirección física de ocurrencia del evento, lo que puede ser en formato de dirección o de coordenadas georreferenciadas. Al respecto, el órgano entregó la base de datos requerida, denegando solamente la información relativa a la dirección o ubicación georreferenciada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), N°2 y N°3 de la Ley de Transparencia, agregando que un contrato celebrado con la empresa Mapas Digitales S.A., establecería la confidencialidad de dichos antecedentes. 2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Daniel Muñoz Giménez, en relación con la dirección física o georreferenciada de ocurrencia de los eventos denunciados o constatados. 3) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 4) Que, en segundo lugar, cabe tener presente que, este Consejo, según lo razonado en las decisiones de los amparos rol C153-15 y C1353-18, en que lo pedido era información sobre coordenadas geográficas referidas al plan cuadrante que involucró a Carabineros y a la empresa Mapas Digitales S.A, planteándose por la referida institución idénticas alegaciones a las sostenidas en este procedimiento - citando el mismo proceso de licitación y contrato de adjudicación-, se razonó que "...sobre los argumentos referidos a la propiedad intelectual que reconoce Carabineros de Chile a la empresa adjudicataria, este Consejo tuvo a la vista el contrato de prestación de servicios en base al cual Carabineros obtiene la base de datos que permite la obtención de coordenadas geográficas para la elaboración de los planes cuadrantes (...) Al efecto se debe indicar que (...) la información versa sobre la georreferenciación, exclusivamente, de los cuadrantes comprendidos en el Sistema de Vigilancia por sectores, objeto de análisis, por lo que tampoco se observa de qué forma la entrega de la información pedida pudiere afectar con certeza derechos de propiedad intelectual de la empresa reclamada". Luego, se desestimó las alegaciones de la empresa relativas a la exclusividad en el uso de información elaborada con ocasión de un contrato celebrado con un órgano de la Administración del Estado, bajo el contexto de una licitación pública, para el desarrollo de fines de igual naturaleza. 5) Que, en dicho contexto, la confidencialidad que las partes den a la información, en ningún caso supone alterar la publicidad de los antecedentes que obren en poder de un órgano de la Administración del Estado. En efecto, este Consejo ha sostenido sobre los efectos de las cláusulas de confidencialidad, que dicha alegación debe ser desestimada, toda vez que "... la existencia de este tipo de cláusulas en contratos no transforma a éstos, per se, en secretos, pues no se enmarcan en los supuestos de reserva que establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, las que además deben establecerse en leyes de quórum calificado. Aceptar lo contrario podría llevar a que se alterase el régimen de secreto o reserva a través de la vía contractual, ignorando el debido fundamento legal que reclama la Carta Fundamental" (C587-09). En idéntico sentido, se ha pronunciado esta Corporación en las decisiones Roles C2892-16 C1409-17, C1537-17, entre otras. Asimismo, vale tener en consideración que la entrega de la información requerida, en cumplimiento de las normas dispuestas en la Ley de Transparencia, en ningún caso se podrá entender que se realice con fines comerciales. 6) Que, en tercer lugar, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. En la especie, el órgano justificó la concurrencia de las hipótesis de reserva previstas en la Ley de Transparencia, en su artículo 21 N° 1, letra a), y N° 3, en los efectos perniciosos que se derivarían de una eventual demanda por incumplimiento de las cláusulas del contrato -celebrado con la empresa Mapas Digitales S.A-, de divulgar la información pedida en el modo solicitado, y en la imposibilidad de efectuar sus funciones legales afectando la seguridad pública. 7) Que, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia, resulta plausible sostener que aquella no concurre, toda vez que sustentar la reserva de información en base a los efectos derivados de una eventual e incierta interposición de una demanda de resolución del contrato celebrado con un privado, escapa del margen de certidumbre exigido tanto por la Ley de Transparencia como por este Consejo, al momento de interpretar las hipótesis de reserva dispuestas en dicho cuerpo legal. En efecto, para configurar alguna de las referidas hipótesis de reserva, se deben acompañar al procedimiento, medios de prueba suficientes que permitan acreditar su concurrencia, resultando improcedente para configurarlas, limitarse únicamente a su mera invocación. Luego, al no haberse cumplido con lo anterior, no es posible a esta Corporación tener por acreditada ninguna de las causales alegadas, toda vez que la regla general en sede de acceso a la información, es la publicidad de todo antecedente que obre en poder de la Administración del Estado. Ello, de conformidad a lo previsto en los artículos 5 y 10 de la citada ley, y el principio de apertura consagrado en el artículo 11, letra c), del mismo cuerpo legal, según el cual "toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas". 8) Que, respecto de dichas causales, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En dicho contexto, sostener que la divulgación de información sobre la georreferenciación de los delitos afectaría o pondría en riesgo las funciones legales esenciales de Carabineros de Chile, en cuanto a la prevención y persecución de los delitos, lo que a su vez, podría afectar la seguridad pública, no resulta plausible. Al efecto, cabe señalar que de aceptarse la reserva de los datos consultados, privaría a la ciudadanía de conocer un insumo esencial que debe estar en poder de la población, a fin de permitirles adoptar acciones tendientes a resguardar tanto su seguridad individual como la de los miembros de sus familias y comunidades. Un ejemplo de ello es el estudio elaborado por la Asociación de Municipalidades de Chile y el Observatorio de Seguridad Municipal, descargable desde el link https://www.amuch.cl/pdf/mapa_del_delito.pdf, y que en nada afecta el quehacer institucional del órgano reclamado. 9) Que, en la especie, si bien Carabineros enumera una serie de consecuencias negativas para la institución que se generarían en el evento de estimarse la publicidad de la información reclamada -entre ellas, la prevención del delito y el combate a la delincuencia, la identificación de zonas hot spots o zonas calientes de delitos, conocer los diferentes desplazamientos que posee la delincuencia, que se privaría de una importante herramienta o que incidiría directamente en la estrategia policial preventiva que establece para el cumplimiento de su misión-, vale tener en consideración que no explica ni fundamenta, en forma detallada, la manera en que dichas consecuencias podrían generarse a partir de la entrega de la información reclamada. En tal sentido, cabe señalar que los principios formativos del procedimiento de acceso, como el de libertad de información, apertura y máxima divulgación -todos consagrados en el artículo 11 de la Ley de Transparencia-, únicamente admiten ver limitados sus efectos, en el caso de concurrir hipótesis de reserva consagradas en la Constitución y en la Ley, debidamente acreditadas, lo que no ha ocurrido en la especie. 10) Que, en cuarto lugar, con relación a la alegación del órgano en el sentido de que la entrega de las direcciones donde han ocurrido delitos correspondería a datos personales de víctimas o victimarios, cabe tener presente que el propio solicitante, en su petición, requirió no incluir "ningún dato relativo a identificación personal: - Nombre - RUT - Número de teléfono - Dirección física del domicilio", razón por la cual las alegaciones del órgano, al tenor de lo dispuesto en la ley N° 19.628 y en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, carecen de fundamento. En efecto, la georreferenciación es una técnica de posicionamiento espacial en una localización geográfica definida, en base a un sistema de coordenadas y datum específicos. Por su parte, las coordenadas es un sistema que utiliza uno o más números para determinar la posición de un punto, y el datum se aplica en áreas de estudio en relación hacia alguna geometría de referencia, como una línea, un plano o una superficie. En consecuencia, se desestimará dicha alegación. 11) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N°1, letra a), N°2 y N°3 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada. 12) Que, finalmente, no obstante lo resuelto precedentemente, con relación a la solicitud del reclamante de instruir sumario en contra de la institución reclamada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Transparencia, vale tener presente que, en la especie, no se ha configurado la denegación infundada, toda vez que, si bien se han desestimado las alegaciones de Carabineros de Chile, la institución formuló su negativa por escrito, especificando las causales legales invocadas y las razones que motivaron su decisión, sin perjuicio de lo que se establecerá en la letra b) del numeral II de la parte resolutiva. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Daniel Muñoz Giménez en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile lo siguiente: a) Entregar al reclamante información relativa a los datos georreferenciados de los delitos o eventos denunciados o constatados ante Carabineros de Chile, en relación con la base de datos mencionada. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Daniel Muñoz Giménez y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.