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DECISIÓN AMPARO ROL C5793-19</p>
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Entidad pública: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).</p>
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Requirente: Natalia García Pacheco.</p>
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Ingreso Consejo: 13.08.2019.</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), respecto de la copia de las declaraciones de los testigos consultados.</p>
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Lo anterior, por cuanto dicha información obra en poder del Ministerio Público en el marco de una investigación penal.</p>
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En efecto, aun cuando a la fecha de la solicitud de información, no había intervenido el Ministerio Público, en el caso hipotético de desestimar las causales alegadas por la DGAC, y ordenar la entrega de lo solicitado, se afectaría la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia.</p>
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Aplica precedente de las decisiones de amparos roles C911-10, C659-15 y C1304-16, entre otros.</p>
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Por facilitación se derivará la solicitud al Ministerio Público.</p>
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En sesión ordinaria N° 1052 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C5793-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de julio de 2019, doña Natalia García Pacheco solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, la siguiente información de código AD020T0002352: "Declaraciones testigos en caso de agresión (...)". estas declaraciones son antecedentes de importancia para la investigación que lleva la Fiscalía (...)"</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de correo electrónico de 9 de agosto de 2019, la DGAC alegó las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia, por cuanto en el primer caso, divulgar tales antecedentes inhibiría a los funcionarios a entregar ciertas opiniones, expresiones o juicios que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, además de poder deteriorar el clima laboral de la respectiva unidad al que pertenecen, todo lo cual afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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Asimismo, se podría afectar la esfera de la vida privada de los funcionarios que prestaron declaración.</p>
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Por lo anterior, se entregó copia de las declaraciones, pero tarjadas.</p>
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3) AMPARO: El 13 de agosto de 2019, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la falta de entrega de la información solicitada.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Aeronáutica Civil, mediante oficio N° E14473, de fecha 8 de octubre de 2019, requiriendo que: (1°) refiérase a las alegaciones de la recurrente respecto a la información cuya falta de entrega objeta ante esta instancia; (2°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada a la reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (3°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (6°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (7°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; (8°) señale el estado procesal en que se encuentra el procedimiento al que se alude en la solicitud; y, (9°) remita copia íntegra de la información reclamada, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.</p>
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Posteriormente, por medio de oficio N° 02/3/0634/8611, de 4 de noviembre de 2019, la DGAC reiteró lo señalado en su respuesta, agregando en síntesis, que las declaraciones solicitadas fueron enviadas al Ministerio Público -las que fueron solicitadas por la Fiscalía el 22 de agosto de 2019, mediante oficio N° 11174/GSL/2019-, en relación al expediente RUC N° 1900724835-3, órgano que requirió dicha información en virtud de los artículos 180 y siguientes del Código Procesal Penal.</p>
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Además, informó que las declaraciones solicitadas forman parte de un sumario administrativo el cual se ordenó instruir mediante resolución N° 39, de 16 de agosto de 2019. Actualmente la vista fiscal se encuentra en poder del Jefe Superior del Servicio para su análisis.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información referente a las declaraciones de testigos que se consultan en el numeral 1°, de lo expositivo.</p>
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2) Que, sin perjuicio de las causales de reserva alegadas por el órgano con ocasión de su respuesta anotada en el numeral 2°, de lo expositivo, posteriormente a la deducción del presente amparo, la DGAC envió las declaraciones solicitadas -entre otros documentos- al Ministerio Público, en el marco de una investigación penal.</p>
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3) Que, teniendo aquello presente, aun cuando en la especie, a la fecha de la solicitud de información, no había intervenido aún el Ministerio Público, lo cierto es que en el caso hipotético de desestimar las causales alegadas por la DGAC, y ordenar la entrega de lo solicitado, se afectaría la investigación llevada a cabo por la Fiscalía. En efecto, el artículo 80 del Código Procesal Penal dispone que la dirección de la investigación le corresponde al Ministerio Público, por lo que la institución se encontraría impedida de entregar información relacionada con investigaciones penales, ni a terceros que lo soliciten ni a terceros intervinientes. Ello se explica en el primer caso, porque rige el secreto de las actuaciones de investigaciones respecto de terceros ajenos al procedimiento previsto en el artículo 182 del Código precitado, y, en el segundo caso, porque toda solicitud sobre la materia debe ser efectuada por el interviniente directamente al fiscal a cargo de la investigación, o al juez de garantía según corresponda.</p>
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4) Que, por su parte, el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación, previene que: "Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento./ El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial./ El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto".</p>
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5) Que, según lo razonado por este Consejo, en las decisiones de los amparos roles C911-10, C659-15 y C1304-16, entre otras, "la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, este Consejo concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo (...)".</p>
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6) Que, en tal sentido, para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8° de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 182 del Código Procesal Penal, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material. Dicha reconducción debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de estos bienes, el órgano ha indicado de manera clara y específica, que los antecedentes solicitados se enmarcan en las investigaciones cuyo rol indica, incoadas por la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia, y que corresponden a actuaciones investigativas en el contexto de un proceso penal llevado a cabo por el Ministerio Público.</p>
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7) Que, en virtud de lo expuesto, ha quedado suficientemente acreditada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 182 del Código Procesal Penal, toda vez que el acceso a la información que forma parte de una investigación penal, debe ser concedido por el Órgano Persecutor Penal, durante el curso de la misma. Por lo tanto, este Consejo rechazará el presente amparo, quien en virtud del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, derivará el requerimiento de información anotado en el numeral 1°, de lo expositivo, código AD020T0002352, al Ministerio Público, de acuerdo al artículo 13 de la citada ley.</p>
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8) Que, con todo, se debe tener presente que la solicitante manifestó en su requerimiento de información que lo pedido: "son antecedentes de importancia para la investigación que lleva la Fiscalía". De ahí que, a pesar de rechazarse el presente amparo, la pretensión manifestada por ella, ha quedado igualmente cumplida con la remisión de los antecedentes realizados por la DGAC al Ministerio Público.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por doña Natalia García Pacheco en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), por los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente:</p>
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a) Derivar al Ministerio Público, la solicitud de información código AD020T0002352, contenida en el numeral 1°, de lo expositivo.</p>
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b) Notificar la presente decisión al Sr. Director General de Aeronáutica Civil y a doña Natalia García Pacheco.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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