Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6024-19

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Reclamante:	N. N.
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile , ordenando la entrega de copia de los actos administrativo s que impusieron sanciones al ex funcionario consultado . Lo anterior, por cuanto respecto de dicho ant ecedente no resulta aplicable la prohibición prevista en la Ley sobre Protección de la Vida Privada , sobre el tratamiento de datos sobre sanciones cumplidas, por cuanto dicha prohibición no se extiende a los actos administrativos que dispusieron la aplicación de las mismas. Asimismo, se desestima las demás causal es de reserva s alegadas. Aplica cri terio contenido en las decisiones Roles C1780 -17; C918 -18; C1381 -18; C5194 -18, entre otras, referido a información de similar naturaleza . En sesión ordinaria Nº 1055 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 200 8, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6024 -19.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/12/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3243-17 C918-18 C1381-18 C5194-18 C1454-13 C910-14 C1780-17
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Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C6024-19 Entidad pública: Ejército de Chile. Requirente: Simón Muñoz Osorio. Ingreso Consejo: 23.08.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de copia de los actos administrativos que impusieron sanciones al ex funcionario consultado. Lo anterior, por cuanto respecto de dicho antecedente no resulta aplicable la prohibición prevista en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, sobre el tratamiento de datos sobre sanciones cumplidas, por cuanto dicha prohibición no se extiende a los actos administrativos que dispusieron la aplicación de las mismas. Asimismo, se desestima las demás causales de reservas alegadas. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C1780-17; C918-18; C1381-18; C5194-18, entre otras, referido a información de similar naturaleza. En sesión ordinaria N° 1055 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6024-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de julio de 2019, don Simón Muñoz Osorio solicitó al Ejército de Chile -en adelante también Ejército-, "copia digitalizada de la sanción expulsiva de Licenciamiento del Servicio y de la resolución de retiro del CB1 (R) Pedro Samuel León Muñoz, ex funcionario del Ejército". 2) RESPUESTA: Mediante Oficio JEMGE DTLE (P) N° 6800/9390, de 22 de agosto de 2019, el Ejército respondió el requerimiento, señalando que los documentos requeridos, obedecen exclusivamente a una medida expulsiva del CB1 (R) consultado, lo que corresponde a datos personales y sensibles, protegidos de publicidad en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 21 N°s 2), 3) y 5) de la Ley de Transparencia; y, el artículo 2°, literal g) de la ley N° 19.628. Asimismo, indicó que las medidas administrativas o faltas disciplinarias, no podrán ser comunicadas una vez prescrita la sanción o la pena, cuyo es el caso de los documentos solicitados, por lo que el Ejército se encuentra legalmente impedido de hacer entrega de la información solicitada, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628, en concordancia con lo prescrito en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental. 3) AMPARO: El 23 de agosto de 2019, don Simón Muñoz Osorio dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa otorgada a su solicitud de acceso. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio N°E14866, de 16 de octubre de 2019, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros, y la seguridad de la nación; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6°) remita copia íntegra de la documentación requerida; en los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Transparencia. 5) Que, mediante JEMGE DETLE N°6800/12039 de 12 de noviembre de 2019, el Ejército presentó sus descargos en el procedimiento; reiterando, en síntesis, los argumentos señalados en la respuesta recurrido de amparo. Respecto de la eventual realización del procedimiento de oposición contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; precisó que el tercero involucrado no pudo ejercer su derecho a oposición, por desconocerse su actual domicilio, ya que el Ejército solo registraba el correspondiente a la vivienda fiscal que ocupaba mientras estuvo en servicio activo, esto es, hasta el año 2016. Por dicha razón, no fueron remitidos los respectivos datos de contacto. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo versa sobre el acceso a información consistente en copia digitalizada de la sanción expulsiva de licenciamiento del servicio; y, copia de la resolución de retiro del CB1 (R) Pedro Samuel León Muñoz. La reclamada, en síntesis, reservó la información citada, en virtud de lo prescrito en el artículo 21 de la ley N° 19.628, atendido que los documentos mencionados se relacionan a la medida disciplinaria impuesta al referido funcionario, la que se encuentra actualmente cumplida. 2) Que, cabe señalar que si bien, el artículo 21 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada dispone la prohibición de tratamiento de sanciones cumplidas, este Consejo al analizar el sentido y alcance del mencionado precepto, ha razonado que la voz "tratamiento" contenida en la señalada disposición, no se extiende a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que impone una sanción determinada, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado. 3) Que, en efecto, esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones Roles Nos C1454-13, C910-14 y C3243-17, ha concluido que «debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo». 4) Que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 3 de marzo de 2016, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), la que al efecto sostuvo que: "estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso". 5) Que, sin perjuicio de que el Ejército invocó las causales de reserva contenidas en los artículos 21 N° 3 y 21 N° 5 de la Ley de Transparencia; éstas se entenderán alegadas únicamente en relación a la norma previamente analizada del artículo 21 de la ley N° 19.628; lo anterior, por cuanto dichas causales de reserva no fueron dotadas de un contenido específico diverso. Sobre el particular, éstas serán desestimadas por los mismos fundamentos, teniendo además en consideración lo señalado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo Rol 438-2018, de 19 de diciembre de 2018: "8°) Que, por otro lado, la causal de secreto o reserva que invoca la reclamante tampoco es aplicable al caso que nos ocupa, por cuanto el numeral 5° de la Ley N° 20.285 se refiere a documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos; carácter que no tiene la Ley N° 19.628, sobre sobre Protección de Datos Personales (...) ya que no establece con determinación y especificidad la reserva de ningún acto, documento o resolución sancionatoria dictado por la PDI, y solo constituye una prohibición de tratamiento de datos personales caducos, sin expresar que las resoluciones administrativas que impongan sanciones sean reservadas o secretas". 6) Que en consecuencia, y entendiendo esta Corporación que lo pedido es la respectiva resolución o acto administrativo que impone la sanción, y no el tratamiento posterior de dicha información, no resulta aplicable a dicho antecedente la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, por tal razón, las causales de reserva alegadas por la reclamada serán desestimadas, y conjuntamente con ello, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que entregue los actos administrativos que impusieron sanciones al funcionario consultado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Simón Muñoz Osorio en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile que: a) Entregue al reclamante copia de los actos administrativos que impusieron sanciones al funcionario consultado, singularizados en el numeral 1 de lo expositivo; tarjando previamente, aquellos datos personales de contexto detallados en la información requerida, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 y 33 letra m) de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. a) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. b) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Simón Muñoz Osorio y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.