Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6029-19

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Reclamante:	PATRICIO ROJAS ORREGO
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenándose la entrega de copia de la prueba técnica del concurso que se indica. Lo anterior, por cuanto en el caso de las pruebas técnicas, no se acreditó suficientemente la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/26/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C5640-20
Recursos relacionados:	312-2020
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C6029-19   Entidad pública: Superintendencia de Pensiones Requirente: Patricio Rojas Orrego. Ingreso Consejo: 23.08.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenándose la entrega de copia de la prueba técnica del concurso que se indica. Lo anterior, por cuanto en el caso de las pruebas técnicas, no se acreditó suficientemente la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C 6029-19. VISTOS: Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de julio de 2019, don Patricio Rojas Orrego presentó una solicitud de información ante la Superintendencia de Pensiones indicando lo siguiente: "Por la presente me permito solicitarle respetuosamente, acogiéndome a la Ley N° 20.285 de 20 de agosto de 2008 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tener a la vista a la brevedad mi Prueba de Acreditación de Asesores Previsionales rendida el 31 de mayo de 2019, lo que me fue denegado ayer 01 de julio en la oficina de la Superintendencia que usted dirige, desconociendo por mi parte a la fecha el resultado de mi evaluación ". 2) RESPUESTA: El 26 de julio de 2019, la Superintendencia de Pensiones respondió al requerimiento de información mediante Oficio N° 16494, indicando que el 31 de mayo, se realizó el proceso de acreditación de conocimientos para asesores previsionales. El 28 de junio tanto en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como en el de esa Superintendencia, se publicó un listado de los RUT de las personas que aprobaron el mencionado examen. La misma publicación otorgó a las personas que no aprobaron, solicitar una nueva corrección de su prueba, hasta el 12 de julio, a través de una solicitud por correo electrónico. Al haber utilizado esa facultad el solicitante con fecha 1 de julio, la Superintendencia de Pensiones, indica que al presentarse la solicitud de acceso a la información, el 2 de julio, ya la prueba de acreditación no obraba en su poder por haber sido remitida a un nuevo proceso de corrección, y por tanto no podía ser entregada. 3) AMPARO: El 19 de agosto de 2019, don Patricio Rojas Orrego, hizo una presentación en la Contraloría General de la República, solicitando a ese órgano de control se pronuncie sobre la respuesta de la Subsecretaría como asimismo recabar los antecedentes correspondientes al proceso de acreditación de los asesores previsionales. Mediante Oficio REF 197.624/19, el Contralor General de la República remite los antecedentes ante este Consejo, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 20.285, corresponde a éste resolver los amparos por denegación al acceso a la información. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante Oficio N° E15677, del 31 de octubre de 2019. Mediante Oficio Ord. 24854 de 20 de noviembre de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que el solicitante rindió su prueba de asesor previsional, no obteniendo el puntaje mínimo para aprobar, y decidió utilizar la opción de re corrección, el 1 de julio de 2019, entregándose el resultado definitivo de la prueba el 29 de julio. En consecuencia, indica la Superintendencia, al presentar con Patricio Rojas Orrego la solicitud de acceso a la información, el 2 de julio, la prueba se encontraba en proceso de corrección, y por tanto, no se encontraba en poder del órgano, siendo imposible su entrega. Por otro lado, indica que el universo de preguntas existentes para ser incorporadas a la prueba, que se rinde 2 veces al año, son limitados y su divulgación implicaría una reducción del número de preguntas a realizar en los próximos procesos de acreditación, afectando las funciones de la Superintendencia y por tanto, el contenido de las pruebas debe ser reservado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo tiene por objeto la entrega de la prueba rendida por don Patricio Rojas Orrego, ante la Superintendencia de Pensiones en el marco del proceso de acreditación de asesores previsionales. 2) Que, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Pensiones, el resultado de la prueba, luego del proceso de recorrección solicitado por el recurrente, le fue entregado con fecha 29 de julio de 2019. 3) Que, en lo que concierne a las pruebas técnicas y sus respectivas pautas de corrección, este Consejo ha fijado como criterios de interpretación para resolver amparos en materias similares a la discutida en estos antecedentes, en cuanto podrían afectar el debido cumplimiento de las funciones de un órgano de la Administración del Estado, los siguientes: a) Necesidad de rehacer o confeccionar íntegramente y de manera habitual el instrumento de medición o evaluación; b) Costos en términos de tiempo adicional utilizado para la elaboración y validación de instrumentos de evaluación; c) Costos presupuestarios o económicos no previstos por la institución en el marco de su ejecución presupuestaria; d) Imposibilidad de cumplir legal y objetivamente las finalidades previstas en la medición de conocimientos; e) Posibilidad concreta de alteración del porcentaje de aprobación de futuros procesos por conocimiento anticipado de las preguntas y respuestas; f) Impedir acreditar la suficiencia de los conocimientos de los evaluados en los procesos respectivos y g) Existencia de un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales" (énfasis agregado); así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452-2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución (Considerando 8°). 5) Que, en el presente caso, el órgano solo ha señalado situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar su debido funcionamiento, no logrando acreditar la afectación alegada, de una manera presente o probable y con suficiente especificidad, a fin de que este Consejo pueda estimar que los costos que la publicidad de la información provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría. Señala el órgano que publicar las pruebas produciría una reducción del número de preguntas a realizar en los próximos procesos de acreditación, pero no explicando de qué forma se traduciría eso en el universo de preguntas, llevándolo a acotar el número de pruebas a realizar durante el año. 6) Que, por otra parte, cabe tener presente que la publicidad de la información relativa a las pruebas de acreditación de asesores previsionales, conlleva un evidente interés público, por tratarse de un tema -la asesoría en materia previsional-, de una actual discusión, por lo que cualquier comunicación referente a la forma en que los asesores son acreditados, resulta positiva, teniendo en consideración que la calidad de tales asesores resulta vital para que los futuros pensionados puedan tomar las mejores decisiones respecto del monto de su futura pensión. 7) Que, atendido lo anteriormente expuesto, corresponde acoger el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Patricio Rojas Orrego en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Superintendente de Pensiones de lo siguiente: a) Entregue al reclamante la información consultada en su presentación en conformidad a lo señalado en los considerandos 5° y siguientes del presente acuerdo. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Superintendente de Pensiones y a don Patricio Rojas Orrego. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.