Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6396-19

Reclamante:	CRISTIAN CAMILO CRUZ RIVERA
Reclamado:	ARMADA DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Armada de Chile, ordenando la entrega de diversos antecedentes acerca de los ministros de la Corte Naval que se indica y por el periodo consultado. Lo anterior, respecto de lo pedido en las letras a), b), y c) de la solicitud, por cuanto el órgano reclamado no logró acreditar suficientemente que los antecedentes reclamados no obran en su poder, debiendo proceder a la entrega de la información requerida. Asimismo, en relación a lo requerido en la letra e), en razón que no se configuran las causales de secreto o reserva alegadas, relativas a la afectación del cumplimiento de las funciones del órgano, la Seguridad de la Nación.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/11/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C512-09 C4170-17 C2384-18 C2283-13 C2284-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	289-2020
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C6396-19   Entidad pública: Armada de Chile Requirente: Cristián Cruz Rivera Ingreso Consejo: 10.09.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Armada de Chile, ordenando la entrega de diversos antecedentes acerca de los ministros de la Corte Naval que se indica y por el periodo consultado. Lo anterior, respecto de lo pedido en las letras a), b), y c) de la solicitud, por cuanto el órgano reclamado no logró acreditar suficientemente que los antecedentes reclamados no obran en su poder, debiendo proceder a la entrega de la información requerida. Asimismo, en relación a lo requerido en la letra e), en razón que no se configuran las causales de secreto o reserva alegadas, relativas a la afectación del cumplimiento de las funciones del órgano, la Seguridad de la Nación. En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6396-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 24 de julio de 2019, don Cristián Cruz Rivera solicitó a la Armada de Chile, la siguiente información: a) Me indiquen si por su rol o función de Ministros titulares de la Corte Naval, don Ricardo Marcos Vivanco y don Cristián Araya Escobar, reciben un estipendio, sueldo, bono, asignación, gratificación, reconocimiento u otro en dinero, como si se pueden hacer merecedores de bono por meta de gestión o símil. En caso que, efectivamente, uno o ambos reciban dinero por ello me indiquen el monto total, por mes, desde el 1 de enero de 2018 a la fecha. b) Vinculado al numeral anterior, me indiquen si los años 2018 y 2019, en caso que uno de ellos no asistiese a una o más audiencias en su calidad de Ministros Titulares de esa corte, les fue descontado el día no trabajado o dejaron de recibir algún estipendio o símil. c) Me indiquen el número de audiencias, por mes, desde el 1 de enero de 2018 al presente a las que asistieron como Ministros Titulares de la Corte Naval los referidos y, también por mes, a las audiencias que en su reemplazo, suplencia o subrogancia otro u otros oficiales, indicando por mes los montos que esos reemplazantes, suplentes o subrogantes percibieron por asistir a las audiencias). d) Me indiquen las fechas en que, como procuradores, egresados de derecho o abogados ingresaron a cumplir funciones los anteriores, bajo cualquier régimen jurídico o contractual, en la Armada. e) Me precisen si uno o ambos de esos oficiales han cumplido o cumplen servicios, labores o símil, ya como titulares, suplentes, en comisión u otro, en el área de inteligencia naval, con señalamiento de las fechas en que ello ha ocurrido. 2) RESPUESTA: La Armada de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio O.T.A.I.P.A. Ordinario N° 12900/814 CCR, de fecha 21 de agosto de 2019, señalando en síntesis que lo siguiente: Respecto a lo pedido en las letras a), b) y c), ello compete al funcionamiento de los Tribunales de Justicia, acorde lo señalado en el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales. Por lo anterior, derivó en esta parte la solicitud de acceso, a la Corte Marcial de Valparaíso, en su carácter de órgano competente, a través de oficio J.E.M.G.A. Ord. N° 12900/2917 de fecha 06 de agosto de 2019. En relación a lo requerido en los literales d) y e), estima que lo requerido no corresponde a una solicitud de acceso a la información en los términos señalados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, por cuanto correspondería más una manifestación del Derecho de Petición previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de la República. Sin perjuicio de lo señalado, hace presente que procede a dar respuesta a su derecho de petición en la forma que se indica: Sobre lo pedido en la letra d), informa que se pudo constatar que el Contraalmirante JT Sr. C. Araya E., se contrató en la Armada como Teniente 1° JT (abogado) en el Escalafón de Justicia a contar del 15 de mayo de 1987. Respecto del Vicealmirante Sr. R. Marcos V., no es ni ha sido Procurador, Egresado de Derecho ni Abogado, por lo que no ha cumplido funciones en la institución bajo dichos títulos o conceptos. Por su parte, respecto de lo pedido en la letra e), señaló que la referencia al cumplimiento o no de servicios, labores o símil, como titulares, suplentes, en comisión u otro en el área de inteligencia naval de cualquier funcionario institucional, significa transgredir el secreto o reserva establecido expresamente en la Ley N° 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, en sus artículos 38 y siguientes, por lo que se encuentra impedida de dar constancia de lo solicitado. 3) AMPARO: El 10 de septiembre de 2019, don Cristián Cruz Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Armada de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Al efecto señala que en relación a los literales a), b) y c) se derivó el requerimiento a la Corte Marcial de la Armada, pero lo que estima no precedía, debiendo haber señalado si obra en su poder o no lo requerido, y en caso negativo acompañar el acta de búsqueda de rigor. Sobre el literal d) expresa que no tiene reclamo. Finalmente, en relación a lo pedido en la letra e), señala que de la lectura de los artículos 38 y siguientes de la ley N° 19.974 no aparecería que exista obstáculo para acceder a la información pedida. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile mediante oficio N° E15656, de fecha 31 de octubre de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: respecto a la información requerida en los literales a), b), c) y e) de la solicitud de acceso que funda el amparo, considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; señale, si a su juicio, resultaba pertinente efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información solicitada, según lo señalado por el recurrente en su amparo; señale las razones por las cuales el órgano que usted representa no sería competente para conocer los literales a), b) y c) de la solicitud de información; señale las razones por las cuales lo requerido por el peticionario en la letra e) de su presentación, no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de parte de la información requerida; y, se pronuncie acerca de la concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de la información solicitada. El órgano reclamado a través de oficio O.T.A.I.P.A. Ordinario N° 12900/1063, de fecha 18 de noviembre de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente: En cuanto a los literales a), b) y c), reitera que de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia y en atención a lo dispuesto en el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, la solicitud fue derivada en esta parte a la Corte Marcial, mediante oficio J.E.M.G.A. Ord. N°12900/2917, pese a que forma parte del Poder Judicial como tribunal especial, y por tanto no le resultarían aplicables las normas de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo anterior, informa que se le habría dado respuesta al requirente por la Corte Marcial de Valparaíso. En cuanto al literal e) de la solicitud de información, reitera que lo requerido no corresponde a una solicitud de acceso a la información en los términos señalados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, por cuanto correspondería más una manifestación del Derecho de Petición previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de la República. Sin perjuicio de lo señalado, hace presente que procede a dar respuesta a su derecho de petición, informándole al requirente que no puede constatar ese tipo de información, ya que se trata de un asunto que tiene carácter de secreto o reservado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 38 y siguientes de la Ley N° 19.974. En este sentido, señala que el referido artículo 38 establece expresamente que se consideran secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, entre otros, los antecedentes de su personal. Por ello, sostiene que de emitir un acto administrativo que deje constancia de lo solicitado, éste no podría entregarse de conformidad al art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Asimismo, agrega que es de toda lógica mantener el secreto y/o reserva de quienes hayan pertenecido y/o pertenezcan a la Dirección de Inteligencia de la Armada, pues su sólo conocimiento por terceros significará no sólo la inhibición de sus operaciones sino que, claramente, se pone en riesgo las garantías constitucionales de los mismos, como lo serían las de su integridad física, síquica y aquella relativa a la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, como la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, al convertirse en un objetivo de la inteligencia contraria. Garantías, contenidos en el artículo 19 N°s 1, 4 y 5 de la Constitución. A mayor abundamiento, señala que de conformidad al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, son secretos y/o reservados los antecedentes relativos a la seguridad de su personal. Por el contrario, aun cuando un funcionario no pertenezca a la Dirección de Inteligencia de la Armada, su reserva acerca de si pertenece o no, es parte de la contra inteligencia, en la medida que terceros no pueden discriminar entre unos y otros, lo que les hace más difícil su cometido. De esta manera, la confirmación o denegación de la prestación de este tipo de servicios no puede ser hecha, ya que su divulgación permitiría a la Inteligencia extranjera ir acumulando o descartando información acerca de los Servicios de Inteligencia de Chile y de quiénes la integran o no. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener la entrega por parte de la Armada de Chile de la información relativa a los ministros de la Corte Naval don Ricardo Marcos Vivanco y don Cristián Araya Escobar pedida en las letras a), b), c) y e) de la solicitud de información formulada. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, en primer lugar, lo requerido en las letras a), b) y c) de la solicitud formulada, corresponde a información relativa a las remuneraciones que reciben los ministros de la Corte Naval, descuento por días no trabajados, número de audiencias que asistieron, como asimismo las audiencias a las que concurrieron otros oficiales en su reemplazo y monto percibido por dicha función, desde el 01 de enero de 2018 a la fecha de la solicitud, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión. Al respecto la Armada de Chile estimó que el órgano competente para informar lo pedido sería la Corte Marcial de Valparaíso, por lo que procedió a derivar el requerimiento en esta parte a dicho tribunal, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 4) Que, en este punto cabe hacer presente, que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, el órgano reclamado sostiene que la Corte Naval por cuyos ministros se consulta, forma parte del Poder Judicial y no de la Armada de Chile, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. 5) Que si bien el inciso tercero del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales establece que los Tribunales Militares en tiempos de paz forman parte del Poder Judicial, como tribunales especiales, también prescribe que éstos "se regirán en su organización y atribuciones por las disposiciones orgánicas constitucionales contenidas (...) en el Código de Justicia Militar y sus leyes complementarias, respectivamente, rigiendo para ellos las disposiciones de este Código sólo cuando los cuerpos legales citados se remitan en forma expresa a él". Así, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del Código de Justicia Militar, será el Comandante en Jefe de cada Zona Naval, Escuadra o División de la Armada el que "tendrá la jurisdicción militar permanente en el territorio de sus respectivos Juzgados y sobre todas la fuerzas e individuos sometidos al fuero militar que en él se encuentren. No obstante, las autoridades allí señaladas podrán delegar la jurisdicción militar en un Oficial General que se desempeñe bajo su mando, mediante resolución fundada que deberá transcribirse a la respectiva Corte Marcial". 6) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, si bien los Tribunales Militares en tiempo de paz forman parte del Poder Judicial, la jurisdicción militar es ejercida de forma exclusiva por un funcionario de la Armada de Chile, que debe estar en posesión de determinado grado jerárquico. En este punto se debe hacer presente lo establecido en el artículo 7 de la ley N° 18.948, Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en orden a que "Los nombramientos, ascensos y retiros de Oficiales se efectuarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional, a proposición del respectivo Comandante en Jefe Institucional". Así, al ser nombrado Comandante en Jefe de Zona Naval, Escuadra o División correspondiente, por decreto supremo, de pleno derecho deberá asumir la función de Juez Militar en dicho territorio. Por otra parte, en el evento de que dicho funcionario de la Armada de Chile decida delegar la jurisdicción militar, lo tendrá que hacer por medio de resolución fundada. Así, la información pedida en esta parte debe obrar en poder del órgano reclamado, cuestión que por lo demás se le requirió expresamente en el traslado conferido y sobre el cual no se pronunció la Armada de Chile, sólo haciendo referencia a la derivación realizada. Por consiguiente, no acreditada la entrega de la información pedida, como tampoco habiéndose expuesto alguna causal legal de reserva o circunstancia de hecho que justifique su denegación, este Consejo acogerá el amparo en esta parte, ordenando entregar la información reclamada. 7) Que, en relación a lo pedido en la letra e) referido a los ministros de la Corte Naval, esto es, "Me precisen si uno o ambos de esos oficiales han cumplido o cumplen servicios, labores o símil, ya como titulares, suplentes, en comisión u otro, en el área de inteligencia naval, con señalamiento de las fechas en que ello ha ocurrido", el órgano reclamado señaló que lo requerido no corresponde a una solicitud de acceso a la información en los términos señalados en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, por cuanto correspondería más una manifestación del Derecho de Petición previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de la República. Sin perjuicio de lo señalado, hace presente que de igual modo agrega que no puede constatar ese tipo de información, ya que se trata de un asunto que tiene carácter de secreto o reservado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 38 y siguientes de la ley N° 19.974, por lo que en cualquier caso concurriría la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, tanto en relación con referida ley N° 19.974, como también con el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. 8) Que, en primer lugar, respecto de la alegación formulada por la Armada de Chile, en orden que la información pedida en el presente caso, no se enmarcaría dentro de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que de acuerdo al artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, y los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, ya reproducidos precedentemente en el considerado 2°, es información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, salvo las excepciones legales. Por su parte, cabe tener presente que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 149, 150, 151 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas las comisiones de servicio tienen una regulación expresa, dentro de las cuales quedaría comprendida la información reclamada en esta parte. 9) Que, por consiguiente, a juicio de este Consejo corresponde desestimar dicha alegación, por cuanto la información referida a si un determinado funcionario ha cumplido labores en el área de inteligencia naval y las fechas de ello, ello debe constar en alguno de los soportes documentales a que se refiere la Ley de Transparencia, y por tanto constituye información que se puede requerir mediante una solicitud de acceso de acuerdo a dicha Ley, toda vez que se trata de antecedentes que deberían obrar en poder del órgano reclamado. No obstante, cuestión distinta es si procede su entrega por concurrir alguna causal de reserva legal, análisis que se realizará a continuación. 10) Que, ahora bien, sobre el fondo de lo reclamado, cabe tener presente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, serían reservados los antecedentes, informaciones y registros que elaboren u obren en poder de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, calidad que tiene la Armada de Chile, por ser parte integrante de dicho Sistema, o de su personal (por aplicación del artículo 4° y artículo 5°, letra d), y su inciso final, de la Ley N° 19.974). El mismo carácter tendrían los otros antecedentes de que tome conocimiento su personal en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas, pudiendo sólo el Director o Jefe respectivo levantar la reserva de esta información. Sobre este punto se debe precisar que la funcionalidad de la regla de reserva establecida en dicha norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las actividades de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por lo anterior, la reserva de información debe entenderse circunscrita a aquellos antecedentes que, según sus competencias, puede y debe controlar dicho Sistema de Inteligencia, es decir, información, efectivamente, relativa a las actividades de inteligencia que éstos desarrollen, excluyéndose aquella información que resulte ajena a dichas actividades específicas. 11) Que, este Consejo, ha estimado que esta interpretación del artículo 38 de la Ley N° 19.974 es armónica con la exigencia de afectación prescrita en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia. Al efecto, la ley N° 19.974 dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (artículo 23, inciso 2°). Dichos fines se reconducen a la protección de la seguridad de la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 8° de la Constitución y desarrollados por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3, al referirse a la defensa nacional, la mantención del orden público y la seguridad pública. 12) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie, el órgano reclamado no ha aportado antecedentes suficientes que permitan estimar que la entrega de la información reclamada genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados. Tampoco ha allegado elementos de juicio en cuya virtud la entrega de los antecedente precisos en análisis pueda afectar el bien jurídico -Seguridad de la Nación- cautelado artículo 21 N° 3 de la Ley Transparencia. 13) Que, en virtud de lo señalado por el reclamante, y lo razonado por este Consejo sobre materias de igual naturaleza en las decisiones de los amparos rol C2283-13, C2284-13, C4170-17 y C2384-18, entre otras, es posible concluir que la Armada de Chile no ha señalado de qué manera el conocimiento de dicha información podría generar una afectación que, a su vez, pudiese revelar actividades propias del sistema de inteligencia. Según lo ya señalado, el hecho eventual que las persona sobre las cuales se consulta se hayan desempeñado en el área de inteligencia naval no basta por sí mismo para erigirse en causal de secreto o reserva, ni menos que pueda revelar información relativa a actividades y procedimientos de inteligencia, sin especificar ni acreditar, si efectivamente, en la especie se dan estos supuestos. 14) Que, en tal sentido, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en reclamo de Ilegalidad rol 5080-2014, en su considerando 12° resolvió que "correspondía al reclamante establecer en qué medida la divulgación de la Carpeta Personal de Seguridad atenta contra la Seguridad de la Nación y lo cierto, como bien apunta el Consejo para la Transparencia, es que no lo hizo. Se limitó únicamente a citar el artículo 38, pero olvidó que en sede de transparencia ese argumento no basta, ya que el numeral 5° del artículo 21 de la Ley 20.285 exige, para acoger la causal de reserva, que se demuestre en qué forma la divulgación de esa información afecta al bien jurídico que contempla el citado inciso 2° del artículo 8° de la Constitución". Por tanto, en virtud de lo señalado precedentemente, se desestimarán las alegaciones del órgano reclamado al respecto. 15) Que, por otra parte, en relación a la alegación de la Armada de Chile en orden a que la información pedida de igual modo sería reservada en virtud de lo dispuesto en el artículo 436 N° 1del Código de Justicia Militar, corresponde señalar que la citada norma prescribe que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, N° 1 "Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal". 16) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). 17) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Al respecto, la Armada de Chile no proporcionó antecedente alguno que permita a este Consejo establecer el modo en que entregar de la información reclamada pueda producir una afectación presente o probable al debido cumplimiento de las funciones de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o interés nacional, para así justificar la reserva invocada. 18) Que, en consecuencia, tal argumentación no señala ni acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Tal parámetro no se satisface en este caso, razón por la cual no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Por lo demás, la interpretación sostenida por la Armada de Chile con respecto al artículo 436 del Código de Justicia Militar pugna con el sentido restrictivo con que deben ser aplicadas las disposiciones de excepción, como lo son las normas de secreto o reserva, pues, de esta forma, se entregaría la determinación de tal carácter a la pura discrecionalidad del órgano que toma conocimiento de la información comprendida en dicha norma sin argumentar, ni menos acreditar de manera concreta, específica y detallada, el detrimento que provocaría la publicidad de la información requerida, privando a este Consejo de elementos relevantes para ponderar si la afectación dañosa alegada tiene la magnitud y especificidad suficientes como para justificar la reserva. 19) Que, en sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23 de noviembre de 2010, causa Rol 2275-2010, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile, en contra de la decisión de este Consejo (amparo rol C512-09), el tribunal razonó en su considerando sexto, que "siendo la publicidad de los actos de la administración un principio de rango constitucional, las excepciones a él deben ser interpretadas en forma restrictiva. Dichas excepciones en este caso, establecidas en el inciso 2° del mismo artículo 8° de la Carta Fundamental y en el artículo 21 N° 3 de la ley N° 20.285 exigen, además de declaración de reserva o secreto mediante ley de quórum calificado, la afectación de la seguridad de la Nación o del interés nacional". Asimismo, en el considerando séptimo, ilustra que "resulta ser efectivo que las normas del Código de Justicia Militar constituyen ley de quórum calificado, y que los capellanes y pastores que ejercen funciones en las Fuerzas Armadas forman parte de la dotación institucional. Sin embargo, tales circunstancias no logran configurar, por sí solas, una excepción al acceso a la información que ha requerido el señor Narváez Almendras y que le ha reconocido el Consejo para la Transparencia en la decisión adoptada en el Amparo C512-09. En efecto, para configurar dicha excepción ha de estar, además, afectada la seguridad de la Nación o el interés nacional, y respecto de esta materia no existen antecedentes de que ello pueda razonablemente producirse de proporcionarse la información solicitada. Las afirmaciones del reclamante de que los antecedentes denegados, en conocimiento de potenciales adversarios, les permitiría diseñar estrategias defensivas u ofensivas que dañen gravemente al país, a sus intereses y a su población, por no estar respaldadas en antecedentes concretos, constituyen sólo apreciaciones personales y subjetivas". 20) Que, en consecuencia, los argumentos del órgano reclamado no cumplen con el juicio necesario de afectación, ponderación y proporcionalidad, sino que se sustentan sobre la base de meras aseveraciones, apartándose de la exigencia contenida en el mandato constitucional del inciso 2° del artículo 8° de la Carta Fundamental, de modo que la revelación de lo requerido, en el período consultado, no tiene la virtud de afectar ninguno de los bienes jurídicos protegidos por el estatuto constitucional, que excepcionalmente permite reservar información pública. Cabe hacer presente, como se ha indicado precedentemente, que la Armada de Chile no argumentó ni presentó antecedentes tendientes a determinar el modo en que la entrega de la información producía una afectación al debido cumplimiento de las funciones de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o interés nacional, para así justificar la reserva invocada, limitándose a realizar un remisión meramente formal del artículo 436 del Código de Justicia al artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, citando jurisprudencia judicial que apoyaría su posición. 21) Que, por consiguiente, de los antecedentes examinados, particularmente considerando que la Armada de Chile pese a invocar formalmente una causal reserva no aportó ningún antecedente específico y concreto para fundamentarla, a juicio de este Consejo no se ha logrado acreditar que concurren los hechos que permitan su configuración, y que por tanto, la entrega de la información pedida en esta parte pueda producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o interés nacional, razón por la cual se desestimará dichas alegaciones, y en definitiva, se acogerá el amparo en este punto. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Cristián Cruz Rivera en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile: a) Entregar al reclamante la siguiente información: i. Informar si por su rol o función de ministros titulares de la Corte Naval don Ricardo Marcos Vivanco y don Cristián Araya Escobar reciben un estipendio, sueldo, bono, asignación, gratificación, reconocimiento u otro en dinero, como si se pueden hacer merecedores de bono por meta de gestión o símil. En caso de que efectivamente uno o ambos reciban dinero por ello me indiquen el monto total, por mes, desde el 1 de enero de 2018 a la fecha. ii. Informar si durante los años 2018 y 2019, en caso que uno de los ministros titulares de la Corte Naval no asistiese a una o más audiencias en dicha calidad, les fue descontado el día no trabajado o dejaron de recibir algún estipendio o símil. iii. El número de audiencias a las que asistieron los ministros titulares de la Corte Naval, por mes, desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de la solicitud de información formulada, como también por mes, las audiencias que asistieron otro u otros oficiales en su reemplazo, suplencia o subrogancia, indicando por mes los montos que percibieron esos reemplazantes, suplentes o subrogantes por asistir a las audiencias. iv. Informar si uno o ambos de esos oficiales han cumplido o cumplen servicios, labores o símil, ya como titulares, suplentes, en comisión u otro, en el área de inteligencia naval, con señalamiento de las fechas en que ello ha ocurrido. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Cruz Rivera y al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.