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DECISIÓN AMPARO ROL C6764-19</p>
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Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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Requirente: Pablo Fuenzalida Cifuentes.</p>
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Ingreso Consejo: 30.09.2019.</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de la información sobre las sanciones consultadas.</p>
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Al respecto, aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C1370-14, caso en el cual, en relación al Registro de Profesionales, se precisó que sobre la materia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso al mencionado registro, esto es, mediante la certificación que el servicio entrega de conformidad a la normativa aplicable en la especie. Por tal razón, el solicitante no puede en uso de la Ley de Transparencia, obviar el referido mecanismo para acceder a la información contenida en el registro en comento.</p>
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En todo caso, se hace presente que el órgano informó que no existen resoluciones judiciales que informen o hayan informado de la aplicación de una sanción a un profesional que deba ser anotada en el Registro Público de Profesionales, no disponiendo de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder.</p>
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Finalmente, atendido que parte de lo solicitado consiste en la identidad de los sancionados, a su respecto, aplica lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 19.628, relativo a la prohibición de comunicar dicha información una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.</p>
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En sesión ordinaria N° 1084 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C6764-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de septiembre de 2019, don Pablo Fuenzalida Cifuentes solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación, la siguiente información: "Conforme al artículo 2 del DFL 630 de 1981 y La Ley 20285 solicito amablemente la siguiente información: 1) número y de ser posible clase de sanciones entre 1981 a la fecha de esta presentación, sin individualizar la persona sancionada, que se hayan aplicado por sentencia o resolución ejecutoriada a un profesional por la ejecución de aquellos actos a que se refiere el artículo 4° del decreto ley 3.621 de 1981 2) Nombre, profesión y sanción por infracción a la normativa citada de todo profesional a la fecha de esta presentación y hasta cinco años contados hacia atrás de esta última. 3) Nombre y profesión de todo profesional sancionado con la cancelación del título profesional o con la suspensión del ejercicio profesional dispuesta por un plazo superior a cinco años contados hacia atrás desde la fecha de esta presentación".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de carta N° 349, de 30 de septiembre de 2019, el órgano en síntesis, indicó que el Registro de Profesionales, es un registro público, pero éste no tiene el carácter de fuente accesible al público, de forma tal que la información contenida en él se comunica a los interesados y terceros, a través de certificados automatizados.</p>
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Citando una decisión del Consejo, señaló que toda persona puede en conocimiento del nombre o del RUN de un tercero, acceder a la información contenida en el referido registro, mediante la certificación.</p>
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Finalmente, aclaró que el registro público de profesionales no contempla información de anotaciones de sanciones.</p>
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3) AMPARO: El 30 de septiembre de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante oficio N° E16192, de fecha 8 de noviembre de 2019, requiriendo entre otras cosas, que: (1°) conforme a lo señalado por el reclamante en su amparo, aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.</p>
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Posteriormente, por medio de ordinario N° 1082, de 26 de noviembre de 2019, el servicio en síntesis, refirió que atendido al hecho de que en el Servicio no existen resoluciones judiciales que informen o hayan informado de la aplicación de una sanción a un profesional que deba ser anotada en el registro público de profesionales es que en su oportunidad se informó al reclamante que no se cuenta con la información solicitada.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, de acuerdo a lo anotado en el numeral 1°, de lo expositivo, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información sobre sanciones aplicadas en el contexto de lo establecido en el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 630, de 1981, del Ministerio de Justicia, que establece normas sobre registros profesionales.</p>
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2) Que, en tal sentido, cabe tener presente que el referido precepto en su inciso 1°, dispone que: "Habrá un Registro Público de Profesionales que llevará el Ministerio de Justicia por intermedio del Servicio de Registro Civil e Identificación". Luego, el inciso 4°, del citado artículo establece que: "Asimismo, se anotarán las sanciones (...) que se hayan aplicado por sentencia o resolución ejecutoriada a un profesional, por la ejecución de aquellos actos a que se refiere el artículo 4° del decreto ley 3.621, de 1981. Tales sanciones permanecerán anotadas en el Registro por un plazo de cinco años, contados desde la fecha en que haya quedado ejecutoriada la sentencia o resolución respectiva, transcurrido el cual serán eliminadas de oficio por el Ministerio referido, salvo que se trate de la cancelación del título profesional o de la suspensión del ejercicio profesional dispuesta por un plazo superior a dichos cinco años". Por otra parte, el artículo 4° del señalado decreto ley N° 3.621, indica lo siguiente: "Toda persona que fuere afectada por un acto desdoroso, abusivo, o contrario a la ética, cometido por un profesional en el ejercicio de su profesión, podrá recurrir a los Tribunales de Justicia en demanda de la aplicación de las sanciones que actualmente contemplen para estos actos la Ley Orgánica del Colegio respectivo o las normas de ética vigentes. Para todos los efectos, el asunto se considerará como de naturaleza contencioso civil y su tramitación se ajustará al procedimiento sumario".</p>
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3) Que, al respecto, el órgano informó con ocasión de sus descargos, que en el Servicio no existen resoluciones judiciales que informen o hayan informado de la aplicación de una sanción a un profesional que deba ser anotada en el Registro Público de Profesionales. De ahí que, se debe seguir lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia material de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder.</p>
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4) Que, en otro orden de ideas, se debe tener presente lo resuelto por este Consejo, en el amparo rol C1370-14, caso en el cual, en relación con el Registro de Profesionales, se razonó en el considerando 3°, lo siguiente: "Que si bien la información consultada forma parte de un registro público, esta no es una fuente accesible al público en los términos dispuestos en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En efecto, una fuente accesible al público de conformidad a la normativa citada son "...los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En su artículo 9°, además, señala que "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional se centra en la posibilidad de acceder sin restricciones, por cualquier persona, a todos los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. Por tanto, en el caso concreto, el hecho que el acceso al registro consultado está sometido a la restricción de aportar el nombre y apellidos y/o el RUN del titular excluye la posibilidad de considerar a este registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la Ley N° 19.628. Luego, en el considerando 4°, se precisó que: "Que en la especie, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso al registro de profesionales, esto es, mediante la certificación que la reclamada entrega de conformidad a lo dispuesto en el DFL N° 630 precedentemente citado. Por tal razón, la solicitante no puede en uso de la Ley de Transparencia, obviar el referido mecanismo para acceder a la información contenida en el registro en comento como el requisito de entregar previamente -a la obtención del referido certificado- el dato del nombre y RUN del titular".</p>
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5) Que, finalmente, atendiendo que en los puntos N° 2) y 3) del requerimiento de información, se solicitó el nombre de los sancionados, al respecto cabe precisar que el artículo 21 de la ley N° 19.628, dispone que: "Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". Al efecto, como se puede apreciar, tampoco se pueden informar las sanciones antes señaladas por encontrarse expresamente prohibido su tratamiento.</p>
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6) Que, en virtud de las razones expuestas precedentemente, el presente amparo será rechazado.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo Fuenzalida Cifuentes en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Pablo Fuenzalida Cifuentes y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>