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DECISIÓN AMPARO ROL C6973-19</p>
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Entidad pública: Consejo de Defensa del Estado (CDE).</p>
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Requirente: Pablo Fernando González Martínez.</p>
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Ingreso Consejo: 09.10.2019.</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra del Consejo de Defensa del Estado, respecto de lo obrado en relación con la denuncia consultada.</p>
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Lo anterior, por cuanto la divulgación de dicha información, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del servicio reclamado, toda vez que lo requerido se encuentran bajo estudio para determinar si se deducen acciones judiciales, lo cual supone no sólo inmiscuirse en el ámbito de decisión del referido órgano, sino además, evidenciar tanto potenciales medios de prueba como estrategias judiciales, vulnerándose la esencia del secreto profesional.</p>
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Aplica criterio contenido entre otras, en las decisiones Roles C1302-14, C1510-14, C3205-16, C1318-17 y C4427-18; y sentencias de la Corte Suprema roles 2423-2012, 2582-2012 y 2788-2012, de 28 de noviembre de 2012 y roles 4380-2012 y 5337-2013, de 8 de mayo y 29 de octubre de 2013, respectivamente.</p>
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En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C6973-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de septiembre de 2019, don Pablo Fernando González Martínez solicitó al Consejo de Defensa del Estado -CDE-, la siguiente información: "copia de todo lo obrado en relación con denuncia presentada por el suscrito respecto de extracción irregular de áridos y planta procesadora ilegal en Río Mapocho, comuna de Talagante, perteneciente a Luis Tamayo Medina".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 3494, de 26 de septiembre de 2019, el CDE denegó la entrega de lo solicitado, en virtud de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1, letra a) y N° 5, de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 61 de la Ley Orgánica del servicio, por las razones que detalla.</p>
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3) AMPARO: El 9 de octubre de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, mediante oficio N° E16504, de fecha 13 de noviembre de 2019, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, (3°) informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada.</p>
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Luego, por medio de ordinario N° 4349, de 28 de noviembre de 2019, el órgano reiteró las causales de reserva señaladas en su respuesta, alegando en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Los antecedentes solicitados -que ha reunido y que se encuentra recabando de organismos con competencia ambiental- se encuentran en etapa de estudio de inicio de las acciones judiciales contempladas en la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.</p>
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b) Tratándose de la primera causal alegada en la respuesta, de acuerdo a la normativa legal, le corresponde al CDE ejercer la defensa judicial del Estado en materias medioambientales, procurando obtener la reparación de los daños en dicha material y, además, en los casos que proceda, la indemnización de los perjuicios causados al Estado de Chile y al patrimonio ambiental del país.</p>
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En tal sentido, entregar lo pedido, implicaría una afectación directa al cumplimiento de esas funciones, especialmente, por tratarse de antecedentes vinculados con la defensa jurídica y judicial que le compete, en cuanto a las estrategias y acciones legales a ejercer o no en el asunto.</p>
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c) La segunda causal se configura en la medida que el artículo 61 de la ley orgánica del servicio, dispone que los funcionarios del CDE estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el servicio, el cual según expone, debe entenderse que cumple con la exigencia de quórum calificado, configurándose la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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Esta causal se encuentra establecida por la circunstancia de que la función de defensa jurídica y judicial que la ley ha asignado a este servicio, la debe cumplir mediante profesionales abogados, los que se encuentran obligados por el secreto profesional, que la ley les impone como un deber en el ejercicio de su profesión, cuya infracción se encuentra sancionada por los artículos 231 y 247 del Código Penal y cuya reglamentación precisa se encuentra en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados. En este contexto, cualquier antecedente que se encuentre en poder del CDE, por haberse recibido o elaborado en el desempeño de las funciones de defensa judicial, se encuentra protegido por el secreto profesional.</p>
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d) Cita jurisprudencia judicial y del Consejo para la Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de copia de todo lo obrado en relación con la denuncia anotada en el numeral 1°, de lo expositivo.</p>
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2) Que, al respecto, el Consejo de Defensa del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de su Ley Orgánica, aprobada por el D.F.L. N° 1/1993, del Ministerio de Hacienda, "(...) tiene por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado". Por su parte, el artículo 3° N° 1 de la misma norma, establece, entre sus atribuciones, la de encargarse de "(...) la defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier naturaleza, sin perjuicio de la que corresponda, de acuerdo con la ley, a los abogados de otros servicios públicos". A su turno, el artículo 14 del citado cuerpo legal, dispone que los acuerdos del CDE se adoptarán por la mayoría de los miembros por acuerdo. Luego, el artículo 4° del Reglamento Orgánico del Consejo de Defensa del Estado, dispone cuáles son sus funciones y atribuciones, estableciendo en su literal h) la de "Acordar las directivas superiores en la defensa de todos los asuntos judiciales a cargo del Servicio". Por otra parte, de conformidad con el artículo 54 de la ley N° 19.300, le corresponde a dicho Consejo ejercer la defensa judicial del Estado en materias medioambientales, procurando obtener la reparación de los daños en esta materia y, además, en los casos que proceda, la indemnización de los perjuicios causados al Estado de Chile y al patrimonio ambiental del país.</p>
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3) Que sobre el particular, este Consejo ha resuelto a partir de la decisión C1351-12 que, en lo sucesivo aplicará los criterios en materia de unificación interpretativa de la Excelentísima Corte Suprema, contenidos en las sentencias Roles 2423-2012, 2582-2012 y 2788-2012 -sobre secreto profesional- de 28 de noviembre de 2012. En las sentencias referidas, la Corte Suprema ha señalado que "(...) la relación que entabla el Consejo de Defensa del Estado con el Fisco de Chile es una relación cliente-abogado y en esta virtud los antecedentes que recaba quedan sujetos a secreto profesional, secreto que (...) forma parte del derecho a defensa garantizado en la Constitución Política de la República" (considerando 20°), y que corresponde a la hipótesis de reserva descrita la letra a) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, "(...) toda vez que teniendo el Consejo de Defensa del Estado por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado, la publicidad de los antecedentes que obren en su poder y que él mismo genere en el marco de la decisión de defensa importa, entonces una violación del secreto profesional y con ello al derecho a defensa, cuestión que se traduce en una afección directa a la función del órgano (...)" (considerando 22°). Asimismo, ha precisado que este secreto «(...) se extiende (...) a todos a los antecedentes con que cuente el abogado y que digan relación con el encargo que ha recibido, extensión que ya ha sido reconocida en fallo de esta Corte de fecha 13 de mayo de 1954, en los autos caratulados "Guttman con Guttman" (Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. I, pág. 128, Vol. 51, 1954)» (considerando 13°). En las sentencias citadas la Excelentísima Corte Suprema ha afirmado además que el artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE, no hace "(...) sino precisar la prohibición de publicitar la información que ha sido puesta en su conocimiento, pues la misma la han recibido en su calidad de abogados y, por ende, queda amparada bajo el secreto profesional" (considerando 14°). Por ello, concluye que en estos casos la problemática no radica en establecer si los antecedentes solicitados "(...) se encuentran o no señalados expresamente en el artículo 61 de Ley Orgánica del mismo Consejo, sino si los mismos se encuentran sujetos a reserva en virtud del secreto profesional" (considerando 17°).</p>
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4) Que en idéntico sentido se ha pronunciado la Corte Suprema en fallos de 8 de mayo y 29 de octubre de 2013, recaídos en las causas sobre recursos de queja Roles Nos 4380-2012 y 5337-2013, precisando dicho tribunal en éste último fallo que "el artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado constituye una ley de quórum calificado por así haberlo dispuesto el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.285". Al efecto, cabe señalar que la Corte Suprema en sentencia recaída en recurso de queja Rol N° 6059-2013, de 17 de marzo de 2014, reiteró que el artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE es una ley de quórum calificado.</p>
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5) Que, a juicio de este Consejo, el alcance razonable que debe otorgarse al secreto profesional, permite sostener que éste ampara el flujo de información que el cliente ha puesto a disposición de su abogado, en el contexto de una asesoría, defensa, u otro quehacer específico. Por tal razón, comprende tanto la documentación que el cliente ha entregado a su abogado, como las circunstancias de hecho informadas a dicho profesional y, los antecedentes que el profesional haya generado en el ámbito relativo a los fines antes enunciados (Criterio contenido, entre otras, en las decisiones Roles C1302-14, C1510-14, C3205-16, C1318-17 y C4427-18).</p>
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6) Que en dicho contexto, divulgar los antecedentes consultados obligaría al Consejo de Defensa del Estado a comunicar información que se encuentra amparada por el secreto profesional que invoca. En efecto, al solicitarse todo lo obrado por dicho servicio -documentos que se encuentran bajo estudio para determinar si deducen acciones judiciales-, supone no sólo inmiscuirse en el ámbito de decisión del referido órgano en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, sino además, evidenciar potenciales medios de prueba y estrategias judiciales, afectando la esencia del secreto profesional y con ello, el debido cumplimiento del servicio reclamado.</p>
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7) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo rechazará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo Fernando González Martínez en contra del Consejo de Defensa del Estado -CDE-, por los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Fernando González Martínez y a la Sra. Presidenta del Consejo de Defensa del Estado.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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