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DECISIÓN AMPARO ROL C6975-19</p>
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Entidad pública: Superintendencia del Medio Ambiente</p>
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Requirente: Pablo Fernando González Martínez</p>
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Ingreso Consejo: 09.10.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo contra la Superintendencia del Medio Ambiente, referido a copia de nueve denuncias recibidas por la SMA en contra de los proyectos que se indican, y que se encontraban a la fecha de la solicitud en etapa de investigación o análisis, en las Divisiones de Fiscalización y de Sanción y Cumplimiento, respectivamente.</p>
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Lo anterior, por cuanto, tratándose de denuncias en trámite, respecto de las cuales aún no se ha adoptado la decisión de formular o no cargos contra el posible infractor, la divulgación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la decisión, afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de su competencia, como es iniciar o no el respectivo procedimiento sancionatorio contra el posible infractor.</p>
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Aplica precedentes contenidos en las decisiones Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10, C67-12, C273-13, C295-14 y C385-15.</p>
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Se recomienda al órgano reclamado entregar copia de los antecedentes reclamados al recurrente, una vez que se notifiquen los cargos o bien se determine el cierre de las investigaciones, tarjando los datos personales y sensibles que ahí consten.</p>
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En sesión ordinaria N° 1083 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6975-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 3 de septiembre de 2019, don Pablo Fernando González Martínez solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante indistintamente SMA- la siguiente información:</p>
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Solicitud de acceso AW003T0003896, de fecha 3 de septiembre de 2019, por la cual requiere «copia de todas las denuncias recibidas por la SMA en contra de los siguientes proyectos:</p>
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a) Ampliación Sistema de Manejo de Biogás del Relleno Sanitario Santa Marta.</p>
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b) Manejo de Biogás del Relleno Sanitario Santa Marta</p>
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c) Relleno Sanitario Santa Marta (Tercera Presentación).</p>
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Desde la aprobación de los respectivos proyectos hasta la fecha».</p>
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Solicitud de acceso AW003T0003965, de fecha 27 de septiembre de 2019, mediante la cual pide «copia de todos los pagos realizados por la empresa Consorcio Santa Marta, por concepto de multas a la SMA, en los últimos 15 años»</p>
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2) RESPUESTAS: Mediante Resolución Exenta N° 1375 y Ordinario Adjunto N° 2996, ambos de fecha 30 de septiembre de 2019, el órgano respondió al requerimiento de información SAI AW003T0003896, señalando en síntesis que, deniega parcialmente la entrega de la información consultada, en conformidad a lo dispuesto en el literal b) del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia.</p>
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Al respecto, afirma que, por la forma en que son presentadas las denuncias a la SMA, no es posible diferenciarlas de la manera requerida, existiendo meramente información respecto a la unidad fiscalizable "Relleno Santa Marta". Al respecto, señala que parte de la información solicitada se encuentra publicada por la SMA en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental e indica la forma de acceder al expediente sancionatorio, mediante el Ordinario Adjunto N°2996, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.</p>
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Con respecto a la información denegada parcialmente, precisa que existen 9 denuncias no incorporadas al expediente sancionatorio respectivo, pues se encuentran actualmente en etapa de investigación por parte de la División de Fiscalización de este organismo, o en análisis en la División de Sanción y Cumplimiento de este organismo. Por lo anterior, agrega que, dichas denuncias servirán de base para la determinación del ejercicio de las potestades otorgadas por la ley a la SMA y por tanto, constituyen un antecedente previo, necesario y esencial para la adopción de una decisión. Justifica lo anterior, indicando que el titular del proyecto fiscalizado puede acceder a información específica, confiriendo una ventana de tiempo en el cual se podría realizar acciones tendientes a entorpecer la recolección de pruebas y evidencias. En consecuencia, deniega parcialmente la entrega de la información consultada por configurarse la causal preceptuada en el literal b) del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia.</p>
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Mediante Ordinario N°3230, de fecha 17 de octubre de 2019, el órgano solicitado respondió el requerimiento de información SAI AW003T0003965. Informa, primeramente, que la SMA entró en vigencia con plenas facultades el 28 de diciembre de 2012, por lo que no resulta posible dar respuesta a su solicitud en el periodo referido. Con respecto a la solicitud, el órgano solicitado indica que, la SMA no ha cursado sanciones al titular Consorcio Santa Marta. Expresa que, a la fecha no se ha cursado sanciones al titular de la empresa consultada. No obstante, ello, señala que, aquel Consorcio se encuentra actualmente ejecutando un programa de cumplimiento, en razón de un procedimiento sancionatorio, rol F-011-2016 e indica como acceder a la información de dicho procedimiento, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 9 de octubre de 2019, don Pablo Fernando González Martínez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa al requerimiento de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente del Medio Ambiente, mediante Oficio N° E16469, de fecha 13 de noviembre de 2019, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.</p>
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Mediante Ordinario N°3581, de fecha 20 de noviembre de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta, señalando, en síntesis que, se deniega la entrega de la información consultada conforme al artículo 21 N°1, letra b). Al efecto, señala que, la entrega de las denuncias solicitadas iría en directo detrimento del cumplimiento de las metas que la ley le ha otorgado a este Servicio, vulnerando el debido cumplimiento de la potestad de fiscalización ambiental que fue encomendada mediante su ley orgánica.</p>
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En efecto, precisa que, la revelación de los antecedentes solicitados puede afectar el desarrollo de las investigaciones en curso en la medida que su publicación podría poner en conocimiento del posible infractor detalles relevantes de la investigación, lo cual generaría una ventaja que podría ser usada por el titular del proyecto para esconder información relevante.</p>
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En lo que se refiere al estado de las denuncias, comunica que, cuatro de las denuncias requeridas por el reclamante, están siendo abordadas por la División de Fiscalización de la SMA, para la elaboración del respectivo informe técnico de fiscalización ambiental. Respecto de las restantes denuncias y los informes de fiscalización, señala que se encuentran derivadas en la División de Sanción y Cumplimiento de esta SMA para el análisis de mérito respectivo.</p>
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Adicionalmente, puntualiza que, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el referido Servicio administrará un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental por lo que, una vez que se notifiquen los cargos o bien se determine el archivo de la investigación, los antecedentes serán publicados íntegramente por esta Superintendencia a través de dicho Sistema.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se circunscribe a la denegación parcial de la información requerida en la solicitud N° AW003T0003896, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal b) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en cuanto al fondo del presente reclamo, éste tiene por objeto la entrega de copia de todas las denuncias recibidas por la SMA en contra de los proyectos individualizados en la solicitud. Al efecto, el órgano reclamado denegó parcialmente la entrega de copias de 9 denuncias no incorporadas al expediente sancionatorio del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, pues se encuentran actualmente en etapa de investigación por parte de la División de Fiscalización de este organismo, o en análisis en la División de Sanción y Cumplimiento de este organismo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, sobre el particular, el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información «tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas». A su vez, el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, señala que «se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios». Según la jurisprudencia de este Consejo -contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10 y C67-12- para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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4) Que, en cuanto al primer requisito, este Consejo ha sostenido que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, en la decisión recaída en el amparo Rol A79-09 se estableció que: «ésta también supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido». En la especie, a juicio de esta Corporación, debiendo tomarse por parte de la Superintendencia reclamada una decisión respecto de si instruir o no un procedimiento sancionatorio, el vínculo entre la información requerida (las denuncias) y dicha decisión resulta ser evidente y preciso, por cuanto es precisamente a partir de la seriedad y el mérito de cada denuncia, como de los documentos que se acompañan a las mismas, que dicho órgano decidirá instruir o no el respectivo procedimiento. Por lo anterior, se cumple el primero de los requisitos, en tanto dichas denuncias corresponden al antecedente previo a la adopción de una decisión por parte de la autoridad reclamada.</p>
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5) Que, en cuanto al segundo requisito, del análisis del marco normativo aplicable, este Consejo estima que, las denuncias objeto del requerimiento de información pertenecen a procedimientos en curso y no afinados, en consecuencia, su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Al efecto, con respecto a las denuncias en etapa de investigación por parte de la División de Fiscalización de la SMA, es menester tener en consideración lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Resolución Exenta N° 424, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente : «La División de Fiscalización (...) desempeñará las siguientes funciones: a) Coordinar, supervisar y apoyar la ejecución de las actividades de fiscalización ambiental de los instrumentos de carácter ambiental, incluidos los programas de cumplimiento y los planes de reparación, que realicen los funcionarios de la Superintendencia, los organismos sectoriales subprogramados o los terceros debidamente autorizados para ello y efectuar su seguimiento, de acuerdo a la normativa aplicable». Con respecto a las denuncias en análisis en la División de Sanción y Cumplimiento de este organismo, es necesario considerar lo preceptuado en el artículo 2.5 de la presente Resolución, que establece que la División de Sanción y Cumplimiento, tiene la función de «b)Efectuar el examen de mérito y seriedad de las autodenuncias presentadas, procediendo a solicitar todas las acciones de fiscalización ambiental y demás actuaciones que sean necesarias para cumplir con la debida tramitación y gestión de ellas» y c) «Recibir los antecedentes de la División de Fiscalización que constaten hallazgos o no conformidades, procediendo a realizar la investigación, según correspondiere». Complementa lo anterior, la Ley N° 20.417, de 2010, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente y fija su ley orgánica, la cual establece en su artículo 4° que el encargado de aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley es el Superintendente del Medio Ambiente. En virtud de lo anterior, del análisis de las funciones específicas que corresponde a cada una de las Divisiones indicadas, este Consejo advierte que las denuncias requeridas -a la fecha de la solicitud- se encontraban asociadas a procedimientos sancionatorios no afinados, pues es el Superintendente quien impone las sanciones respectivas y, asimismo, se referían a procedimientos de fiscalización en curso.</p>
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6) Que, establecido lo anterior, tratándose de denuncias en trámite, respecto de las cuales, a la fecha de la solicitud, no se había adoptado la decisión de formular o no cargos contra el posible infractor, la divulgación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la respectiva decisión, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de la competencia del órgano, como es iniciar o no el respectivo procedimiento sancionatorio contra el posible infractor y asimismo, respecto a procedimientos de fiscalización en curso. En efecto, mientras no se haya adoptado la decisión, la divulgación de los antecedentes denunciados y que están siendo analizados por la SMA, podría impedir que el órgano acceda a todos los antecedentes necesarios para la toma de la decisión, estimándose plausible que la revelación de los antecedentes solicitados además puede afectar el desarrollo de las investigaciones en curso, en la medida que su publicación podría poner en conocimiento del posible infractor detalles relevantes de la investigación, lo cual generaría una ventaja que podría ser usada por el titular del proyecto para esconder información relevante. Por lo anterior, se configura de esta forma la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. En este mismo sentido se pronunció el Consejo en los amparos Roles C273-13, C295-14 y C385-15.</p>
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7) Que, en virtud de los fundamentos expuestos con anterioridad, se procederá a rechazar el presente amparo, denegándose la entrega de las denuncias respecto de las cuales aún no se ha adoptado la decisión de iniciar o no un proceso sancionatorio, por concurrir la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
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8) Que, no obstante lo antes resuelto, este Consejo recomendará a la reclamada que entregue al peticionario la información reclamada, una vez que se notifiquen los cargos o bien se determine el cierre de las investigaciones, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, tarjando previamente los datos personales y sensibles de contexto que pudiesen estar contenidos en el expediente - nombres y apellidos de los denunciantes, domicilios, teléfonos, correos electrónicos particulares, RUT, estado civil, fechas de nacimiento, hábitos personales, estado de salud físicos o psíquicos, antecedentes familiares, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo Fernando González Martínez, en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Fernando González Martínez; y, al Sr. Superintendente de la Superintendencia del Medio Ambiente</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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