Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7282-19

Reclamante:	HECTOR TRIVIÑOS ARANEDA
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando informar los roles de avalúo fiscal donde figuren como propietario las distintas asociaciones de canalistas de las regiones consultadas. Lo anterior, por cuanto, se trata de información que se encuentra en poder del órgano reclamado, desestimándose las excepciones de afectación de derechos de terceros, por tratarse de información de personas jurídicas respecto de las cuales no se explicó ni acreditó la afectación a sus derechos comerciales o económicos que su divulgación podría generar; y de aplicación del secreto tributario, ya que, al proporcionar la información no se dan a conocer los elementos básicos que permitirían acceder a los ingresos de contribuyentes, a la fuente de aquellos, ni a la determinación de sus cargas impositivas. Aplica criterio contenido en decisión de amparo Rol C216-12. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/17/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2429-18 C216-12 C5987-19 C30-10
Jurisprudencia a:	C6193-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C7282-19   Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII) Requirente: Héctor Triviños Araneda Ingreso Consejo: 22.10.2019 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando informar los roles de avalúo fiscal donde figuren como propietario las distintas asociaciones de canalistas de las regiones consultadas. Lo anterior, por cuanto, se trata de información que se encuentra en poder del órgano reclamado, desestimándose las excepciones de afectación de derechos de terceros, por tratarse de información de personas jurídicas respecto de las cuales no se explicó ni acreditó la afectación a sus derechos comerciales o económicos que su divulgación podría generar; y de aplicación del secreto tributario, ya que, al proporcionar la información no se dan a conocer los elementos básicos que permitirían acceder a los ingresos de contribuyentes, a la fuente de aquellos, ni a la determinación de sus cargas impositivas. Aplica criterio contenido en decisión de amparo Rol C216-12. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7282-19. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de octubre de 2019, don Héctor Triviños Araneda solicitó al Servicio de Impuestos Internos - en adelante el SII - la siguiente información: "los roles de avalúo fiscal donde figuren como propietario (según sus registros, bases de datos, y documentación pertinente) las distintas asociaciones de canalistas de las regiones IV, V, RM, VI, VII, VIII, XVI y IX". 2) RESPUESTA: El 18 de octubre de 2019, por medio de Resolución Exenta N° 0017401, el Servicio de Impuestos Internos respondió al requerimiento de información indicando que no es posible acceder a la solicitud, en razón que lo requerido no es competencia del Servicio, sino que se trata de una materia propia de las atribuciones del Conservador de Bienes Raíces competente de las comunas en las cuales se ubican los inmuebles respectivos, toda vez que se solicitan antecedentes relativos a roles de avalúo fiscal "donde figuren como propietario" y el SII no acredita ni registra la propiedad de los bienes inmuebles en caso alguno. Cita lo dispuesto por los artículos 49 y 50 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de los que concluye que el SII no es el órgano competente para efectos de publicidad de la información de los Registros de los Conservadores de Bienes Raíces, dado que no es una función que le haya encomendado la ley ni cuenta con copia de dichos registros, y, por otro lado, existe norma expresa sobre la publicidad de los mismos, en cuya virtud se permite su consulta, según las normas mencionadas, sumado al hecho que los registros que mantiene el SII no acreditan dominio en caso alguno, sino que solo tienen por finalidad la correcta fiscalización y cumplimiento del impuesto territorial. Lo anterior, configura los dos presupuestos del artículo 13 de la Ley de Transparencia sin que sea procedente la derivación que se prevé en dicha norma, debido a que los Conservadores de Bienes Raíces no forman parte de la Administración del Estado, indicando finalmente que la información requerida puede ser consultada en el registro público de los respectivos Conservadores de Bienes Raíces. Por lo anterior, declara su incompetencia para conceder acceso a la información solicitada, manifestado que, en virtud del principio de facilitación, cumple con señalar que puede acceder a información de utilidad desde el sitio web institucional www.sii.cl específicamente ingresando al link que indica, en el cual, previa autenticación, seleccionando la comuna y luego la opción "buscar" es posible acceder al listado completo de bienes inmuebles de la referida comuna, con el detalle del "Rol", "Avalúo Total", "Avalúo Exento" y "Cuota Trimestral", entre otros datos. 3) AMPARO: El 22 de octubre de 2019, don Héctor Triviños Araneda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, declarándose incompetente el órgano. Además, el reclamante hizo presente que: "El argumento no es válido a mi criterio, pues pido los roles de avalúo "donde figuren en sus registros" ciertos propietarios. El Servicio contesta de manera de entender que solicito inscripciones del registro del conservador de bienes raíces, lo cual no es así, pues solicito los roles de avalúo independiente de si son efectivamente propietarios o no. Ya se había negado la información y su Consejo falló en mi contra (...) El rol del consejo anterior es C5987-19. Ahí está toda la información anterior. Por lo que me dijeron, se me negó por solicitar los certificados de avaluó fiscal. En esta oportunidad solicito los roles de avaluó fiscal". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E18076, de 16 de diciembre de 2019, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante: (a) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (b) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada. Evacuando descargos, el órgano reclamado manifestó, en síntesis, que el amparo adolece de un vicio de admisibilidad, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 24 de la Ley de Transparencia y del artículo 43 del Reglamento de dicha ley, en relación con el inciso segundo del artículo 46 del Reglamento, ya que, la reclamación no señala la existencia de alguna infracción cometida ni indica los hechos que la configuran. Señala que no se verifica la circunstancia de haberse denegado el acceso a la información, puesto que mediante Resolución Exenta N° 0017401, le comunicó al recurrente que no era competente por cuanto no tiene como función ni acreditar ni registrar la propiedad de los bienes inmuebles. Por consiguiente, no se verifican los presupuestos de procedencia del artículo 24 de la Ley de Transparencia. Luego, se refiere a la incompetencia del SII para conocer de la solicitud, indicando que dentro de sus labores fiscalizadoras no se encuentra la de recopilar información sobre inscripción de bienes, ni sobre los propietarios de los roles de avalúo fiscal de las distintas asociaciones de canalistas, materia propia del Conservador de Bienes Raíces. Por ello, según el artículo 13 de la Ley de Transparencia, declaró su incompetencia, toda vez que los datos en cuestión no son de aquellos que se generan con ocasión del desarrollo de las funciones de la institución, señalando el artículo 1° del Código Tributario que: "Las disposiciones de este Código se aplicarán exclusivamente a las materias de tributación fiscal interna que sean, según la ley, de la competencia del Servicio de Impuestos Internos". A su vez, la Ley Orgánica del SII, Decreto con Fuerza de Ley N° 7, de Hacienda, de 30 de septiembre de 1980, en su artículo 1° establece: "Corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente". Manifiesta que, respecto a los bienes inmuebles, solo cuenta con la información proporcionada por los propios contribuyentes y no con un registro completo de todos los inmuebles del país o de una comuna en particular, menos aun con la precisión de todos los propietarios de los roles de avalúo fiscal de las regiones que indica el recurrente, por no ser el organismo competente para ello, pudiendo solicitar la asistencia y cooperación de los municipios y requerir de los propietarios la información necesaria al respecto. Así, el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, establece en su artículo 31 que: "El Conservador llevará tres libros, denominados: 1° Registro de Propiedad; 2° Registro de Hipotecas y Gravámenes; 3° Registro de lnterdicciones y Prohibiciones de Enajenar". Mientras que, el artículo 41 señala: "Cada Registro contendrá un índice por orden alfabético, destinado a colocar separadamente el nombre de los otorgantes, el apellido de los mismos y el nombre del fundo, materia de la inscripción". Luego, el artículo 49 indica: "En orden a la guarda de los Registros incumben a los Conservadores los mismos deberes y obligaciones que a los escribanos. Son, no obstante, esencialmente públicos todos ellos; por consiguiente, es permitido a cualquiera consultarlos en la misma oficina y tomar los apuntes que crea convenientes". Finalmente, el artículo 50 señala: "Es obligado el Conservador a dar cuantas copias y certificados se le pidan judicial o extrajudicialmente, acerca de lo que consta o no consta en sus Registros". Precisa, en razón de lo anterior, que la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, en su artículo 3, inciso 6°, establece que: "Para los efectos de la tasación a que se refiere el inciso primero, el Servicio de Impuestos Internos podrá requerir de los propietarios, o de una parte de ellos, una declaración descriptiva y de valor de mercado del bien raíz, en la forma, oportunidad y plazo que el Servicio determine", de lo cual se desprende claramente que el SII no es el organismo obligado legalmente a llevar un registro de todos los inmuebles a nivel nacional, menos detallado por propietario de los roles de avalúo fiscal de las asociaciones de canalistas, por lo mismo, no es el órgano competente en cuanto a determinar la propiedad de un inmueble, sino que su función solo se limita a la determinación y fiscalización de los impuestos establecidos, entre otros, respecto a los bienes inmuebles, más aun considerando que al tratarse el derecho de dominio de un derecho real, este se tiene sobre una cosa, sin respecto a determinada persona. Agrega que, la elaboración de la información pedida no constituye una simple revisión y cruce de datos, considerando que la información pedida no es de su competencia. Indica que le entregó por facilitación al recurrente, información que se encuentra disponible en su página web institucional, la que en caso alguno se refiere a la información solicitada por el requirente, pero si le permitirá acceder al listado completo de bienes inmuebles de las comunas consultadas, con el detalle del "Rol", "Avalúo total", "Avalúo Exento" y "Cuota Trimestral", entre otros datos. Explica que, aun cuando tuviera parte de la información referida a los propietarios, aquella se encuentra protegida por la causal legal de reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285, toda vez que su entrega contempla afectar los derechos de dichas personas, particularmente en este caso, la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter comercial o económico, ello porque la entrega de dicha información implica la divulgación a un tercero de antecedentes relativos al patrimonio y al nombre de personas naturales determinadas y claramente identificadas, pues no se trata de información genérica, anonimizada, ni estadística, sino que por el contrario, específica y determinada, afectando su divulgación la garantía constitucional establecida en el artículo 19, N° 4, de la Carta Fundamental, así como las causales de reserva legal establecidas en el artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley N° 20.285, en relación a los artículos 2, letra f), 4, 7 y 9, de la Ley N° 19.628, aclarando que la aplicación de la norma antes señalada debe ser analizada en concordancia con lo establecido en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia. Por tanto, según lo dispuesto en los citados cuerpos normativos, la comunicación de los datos referidos a personas naturales resulta improcedente de entregar a un tercero por parte del Servicio. Hace presente que, aun cuando pudiera entregar la información requerida, se encontraría de igual modo impedido de develar lo solicitado por cuanto dicha información se encuentra contenida en los Formularios N° 2890, por lo que, resultaría imposible dar respuesta total en los términos formulados, ya que el organismo no obtiene dicha información desde una fuente accesible al público, sino que desde una declaración jurada obligatoria para los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, como lo es la "Declaración sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", Formulario N° 2890, en el cumplimiento de sus funciones legales, y habida consideración que la divulgación requerida conlleva la posibilidad cierta de afectación del derecho a la vida privada y los derechos comerciales y económicos de una o más personas, teniendo especialmente presente que se trata de información patrimonial. Además, dicha información se encuentra protegida por la reserva tributaria, la cual prohíbe la develación de rentas de los contribuyentes y datos relativos a ellas, así como información contenida en Declaraciones Juradas de éstos, antecedentes que se encuentran resguardados de divulgación por el artículo 35, inciso 2°, del Código Tributario. Indica que carece de un archivo o estudio que contenga el total de la información solicitada, mientras que la única información disponible dice relación con estadísticas respecto al listado completo de bienes inmuebles de las referidas comunas consultadas, con el detalle del "Rol", "Avalúo total", "Avalúo Exento" y "Cuota Trimestral", entre otros datos, la que se encuentra disponible en el portal institucional del SII. Por este motivo, al no contar con la información exacta y fidedigna del registro de propietarios de bienes inmuebles del país, que incluya el nombre del dueño reflejando en forma real e indubitada, sino que ello por ley es una materia de competencia exclusiva del Conservador de Bienes Raíces respectivo, es una materia que queda fuera del ámbito de competencia del Servicio, configurándose así los dos presupuestos del artículo 13 de la Ley N° 20.285, sin que resulte procedente la derivación que ese precepto prevé, toda vez que los Conservadores de Bienes Raíces no forman parte de la Administración del Estado. Por ello, el Servicio cumplió con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 20.285 indicando al solicitante que la información requerida puede ser consultada en el registro público de los respectivos Conservadores de Bienes Raíces. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en primer término, respecto de las alegaciones de carácter formal efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos, referidas a que el presente amparo adolece de vicios en cuanto a su admisibilidad, cabe tener presente que el fundamento del reclamo interpuesto por el solicitante es la respuesta negativa otorgada por la institución, de la que se desprenden los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, siendo deducido dentro del plazo estipulado por la citada norma; en consecuencia, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo: "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que: "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará las alegaciones de carácter formal efectuadas por la recurrida. 2) Que, en cuanto al fondo, la presente controversia se funda en la denegación de acceso a la información singularizada en el primer numeral de la parte expositiva. Respecto de dichos antecedentes, el órgano requerido invocó las causales de reserva del artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, relacionando ésta última con el contenido del artículo 35 del Código Tributario; adicionalmente, señaló ser incompetente para pronunciarse sobre la materia consultada, ya que sería el Conservador de Bienes Raíces respectivo quien poseería los antecedentes solicitados, por lo que, no resultando posible efectuar el procedimiento de derivación contemplado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, habría cumplido con la obligación de informar, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 del mismo cuerpo normativo. 3) Que, en primer lugar, serán analizadas las alegaciones relativas a que el órgano no resulta competente para pronunciarse respecto a los antecedentes consultados, correspondientes a los roles de avalúo fiscal donde figuren como propietarios las distintas asociaciones de canalistas de las regiones consultadas. Sobre el particular, se hace presente que el SII en los descargos presentados con ocasión del amparo rol C2429-18, informó a este Consejo que: "cuenta con una Base Catastral de Bienes Raíces a nivel nacional, y los datos que se registran en ella son todos los necesarios para la identificación del predio, en cuanto a su catastro físico (terreno, construcciones, etc.), su catastro legal (propietario, ubicación, inscripción en el Conservador respectivo, etc.) y su catastro valorizado (avalúos de terrenos y construcciones, contribuciones, exenciones, etc.), pero la Base Catastral es una". Por lo anterior, no resulta procedente que el órgano requerido invoque el artículo 13 de la Ley de Transparencia, para sostener que no es competente para pronunciarse sobre la solicitud, por cuanto, la información requerida dice relación precisamente con los roles de avalúo fiscal de propiedades o bienes raíces, los que se asocian de manera directa con los antecedentes que componen la referida base catastral, debiendo rechazarse desde ya la alegación de incompetencia formulada por el Servicio. En este sentido, como manifiesta el reclamante al formular su amparo, se solicita la información que registra el SII, con independencia de si son efectivamente propietarios o no. 4) Que, además, el órgano requerido señaló que cumplió con su obligación de informar, de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia, norma legal que señala: "cuando la información esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impreso tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar." A su vez, la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en numeral 3.1, letra a), inciso final, prescribe que: "El órgano público no podrá utilizar este procedimiento cuando importe un entorpecimiento grave al ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ejemplo, se considerará que ello ocurre cuando el domicilio indicado en la solicitud se encuentre a una distancia considerable del lugar donde la información está a disposición del público y el peticionario deba invertir excesivo tiempo y recursos para trasladarse (...)". En este contexto, de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo, la respuesta del órgano requerido no se ajusta a lo prescrito en las normas citadas, lo anterior, por cuanto no se indica el lugar preciso en donde se encontraría lo requerido, sólo se remite a señalar que se trataría de información que estaría en poder de los Conservadores de Bienes Raíces del país, no describiendo tampoco la fuente de la información solicitada y a la que debería acceder el requirente para extraerla, por lo que serán desestimadas las alegaciones vinculadas a la aplicación en la especie de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. 5) Que, luego, corresponde efectuar el análisis respecto de las causales de reserva formalmente invocadas por el órgano reclamado. Sobre el particular, cabe acotar como punto de partida, que el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en: "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que, por ser de derecho estricto y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan corresponde al órgano desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11, letra c), de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran. 6) Que, a modo de contexto, se debe señalar que el proceso de tasación fiscal, sobre el que incide la información requerida, se realiza sobre la base de la normativa legal, definiciones técnicas y tablas de valores vigentes para efectos de la aplicación del impuesto territorial. A su vez, los antecedentes que conforman el respectivo proceso administrativo de tasación constan en registros que obran en poder del recurrido, en soportes denominados catastro técnico o físico, legal, gráfico y del valorado, de cada una de las propiedades del país. Según lo ha señalado el SII, en los descargos presentados en el amparo Rol C30-10: "(...) se ha entendido que el catastro técnico o físico contiene los datos objetivos sobre la superficie, forma, frente, fondo, ubicación, topografía, etc. del predio en cuestión; el catastro valorado dice relación con el avalúo del bien raíz a determinado período; el catastro gráfico contiene la información de carácter gráfico de los bienes raíces tanto agrícolas como no agrícolas; y, por último, el catastro legal incluye ciertos datos, tales como RUT y nombre del propietario". A su vez, dicha base de datos se conforma a partir de declaraciones obligatorias y voluntarias efectuadas por contribuyentes (Formulario N°2890 y N°2118) y de otras fuentes de información proveniente de organismos tales como municipalidades, SERVIU, Ministerio de Bienes Nacionales, instituciones bancarias, etc. Así, de lo señalado previamente, se concluye fundadamente, que la información requerida obra en poder del SII, con la finalidad de que dicho organismo pueda ejercer las potestades que le encomienda la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, que establece un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos. Lo anterior, no obsta a que sea el Conservador de Bienes Raíces quien tenga la potestad de otorgar certificados de inscripción de dominio vigente conforme con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, gestión que recae sobre antecedentes distintos a los solicitados en la petición que dio origen al presente amparo. 7) Que, luego, abordando las causales de reserva o secreto invocadas por el órgano, se debe hacer presente que aquella contemplada en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, a juicio de este, se funda en el hecho de implicar la entrega de la información la divulgación a un tercero de antecedentes relativos al patrimonio y al nombre de personas naturales determinadas y claramente identificadas, cuestión que en el presente caso no resulta efectiva, por cuanto, la solicitud dice relación con personas jurídicas, como lo son las asociaciones de canalistas, respecto de las cuales el Servicio de Impuestos Internos solo ha enunciado que la publicidad de la información puede afectar sus derechos de carácter comercial o económico, lo que no fue explicado ni acreditado de manera debida. En este sentido, conviene tener presente lo sostenido por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia recaída en causa Rol N° 5021-2012, la que, confirmando la decisión de amparo Rol C216-12, razonó: "Que en cuanto al argumento que podría afectar derechos de terceros, en realidad el posible tercero involucrado era una persona jurídica, establecimiento educacional, por lo que no cabe a su respecto invocar la Ley 19.628, sobre Protección de Datos Personales". En la mencionada decisión, por lo demás, se razonó que un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información, no reuniéndose, por ende, los elementos constitutivos de la afectación invocada, esto es, ser una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a un derecho determinado, lo que igualmente se observa en este caso. 8) Que, en este sentido, se debe destacar que la divulgación de la información en comento envuelve un interés público que justifica su entrega, lo que se refleja, por ejemplo, en que el artículo 122 del Código de Aguas dispone que corresponde a la Dirección General de Aguas llevar un Catastro Público de Aguas, en el que constará toda la información que tenga relación con ellas, el que debe estar constituido por los archivos, registros e inventarios que un reglamento especial establezca, en el que se consignarán todos los datos, actos y antecedentes que digan relación con el recurso, con las obras de desarrollo del mismo, con los derechos de aprovechamiento, con los derechos reales constituidos sobre éstos y con las obras construidas o que se construyan para ejercerlos. A su vez, el mencionado reglamento, establece en su artículo 4 que: "El Catastro Público de Aguas es público en lo referente a la individualización de todos los antecedentes que existan consignados en él. La Dirección, a través de su Centro de Información de Recursos Hídricos, estará obligada a entregar, a petición del titular o de cualquier persona, copia de las inscripciones que tenga en los Registros, Archivos e Inventarios, así como de certificados de tales inscripciones (...)". Por su parte, tratándose de las asociaciones de canalistas, el reglamento determina, en su artículo 10, que: "La inscripción de las Asociaciones de Canalistas contendrá las siguientes menciones: 1. Nombre y domicilio de la Asociación de Canalistas; 2. Nombre del cauce o fuente natural de donde deriva sus derechos de aprovechamiento; 3. Canal o canales sometidos a su jurisdicción; 4. Derechos de aprovechamiento, y sus características, del canal en el cauce o fuente natural, los que deberán estar expresados en acciones y en volumen por unidad de tiempo; 5. Notaría y fecha de la escritura de constitución; 6. División de los derechos de aprovechamiento entre los accionistas, expresados en acciones y en volumen por unidad de tiempo; 7. Decreto aprobatorio y fecha de su publicación; 8. Resolución del Director General de Aguas que ordena el registro de la asociación de canalistas; 9. Fojas, número y año de la inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo; 10. Juzgado, número de rol de la causa y fecha de la sentencia, si la existencia de la Asociación fue declarada judicialmente". Lo anterior, refleja el interés público que reviste la información referida a entidades como las asociaciones de canalistas, aclarando a su vez que la información requerida no se encontraría en poder de la Dirección General de Aguas, sino del SII, como ya explicamos. 9) Que, en relación al secreto tributario contenido en el artículo 35, inciso segundo, del Código Tributario -en relación con el artículo 21, N° 5, de la Ley de Trasparencia-, a juicio de esta Corporación, no resulta aplicable en la especie, en atención a que aquella información que fue estimada de carácter público, según lo razonado precedentemente, no se refiere a la cuantía o fuente de las rentas, ni a las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias. Cabe hacer presente que en diversas decisiones como la A54-09, A89-09 o la A117-09, esta Corporación ha acordado que la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico que, en tal carácter, debe ser interpretada de manera restrictiva, lo cual significa que no puede extenderse a documentos distintos a los contemplados en dicho artículo. Al efecto, se concluye que en los antecedentes cuya publicidad se está solicitando, no se encuentra información que puede ser razonablemente estimada como renta de los contribuyentes. Asimismo, al tratarse de información que no está asociada a persona natural determina o determinable, a juicio de este Consejo, no existe infracción del secreto tributario, pues no se dan a conocer los elementos básicos que permitirían acceder a los ingresos de los contribuyentes, a la fuente de aquellos, ni a la determinación de sus cargas impositivas, razón por la cual, se desestimará la alegación del Servicio de Impuestos Internos. 10) Que, por lo razonado anteriormente, tratándose de información que obra en poder del órgano y desestimándose la configuración de las causales de secreto o reserva alegadas, se acogerá el presente amparo y se requerirá al órgano la entrega de la información correspondiente a los roles de avalúo fiscal donde figuren como propietarios las distintas asociaciones de canalistas de las regiones indicadas. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Héctor Triviños Araneda en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de los roles de avalúo fiscal donde figuren como propietario (según sus registros, bases de datos, y documentación pertinente) las distintas asociaciones de canalistas de las regiones IV, V, RM, VI, VII, VIII, XVI y IX. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Triviños Araneda y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.