Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7653-19

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Reclamante:	CLAUDIO PIMENTEL PÉREZ
Reclamado:	DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Defensoría Penal Pública, sobre información relativa a los procesos terminados mediante sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, por el delito de amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en los que compareció la institución recurrida, en particular, los datos de roles de identificación de procedimientos, copias de resoluciones y registros de audio, en períodos y zona geográfica que indica. Lo anterior, por cuanto la información reclamada, tratándose de las copias de actas de audiencia y sus respectivos registros de audio, contienen datos de carácter personal y sensible cuya titularidad pertenece a quienes detentaron la calidad de intervinientes en los procesos consultados, en calidad de víctimas o imputados; o bien, como testigos. En el caso de los datos sobre roles de tramitación, el acceso a dicha información, permite acceder a la mayor parte de los registros judiciales generados en la tramitación de los procedimientos, los que por su propia naturaleza, incorporan datos personales y sensibles relativos a los recién referidos intervinientes y eventuales testigos. En conformidad a lo anterior, el tratamiento de dicha información por parte del órgano requerido, debe efectuarse en conformidad a las normas prescritas en la ley N° 19.628, Sobre Protección a la Vida Privada; en particular a sus artículos 4°, 7° y 10°; en este entendido, la Defensoría Penal Pública, solo se encuentra autorizada para tratar y comunicar lo requerido, en la medida que dicho tratamiento cumpla con los fines para los cuales los datos personales fueron recolectados, según lo prescribe el artículo 9° inciso primero del citado cuerpo normativo; sin que sin que exista un interés público prevalente que justifique conferir acceso a la información reclamada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/17/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C6659-18
Jurisprudencia a:	C876-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:	Justicia; Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C7653-19   Entidad pública: Defensoría Penal Pública. Requirente: Claudio Pimentel Pérez. Ingreso Consejo: 12.11.2019. RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Defensoría Penal Pública, sobre información relativa a los procesos terminados mediante sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, por el delito de amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en los que compareció la institución recurrida, en particular, los datos de roles de identificación de procedimientos, copias de resoluciones y registros de audio, en períodos y zona geográfica que indica. Lo anterior, por cuanto la información reclamada, tratándose de las copias de actas de audiencia y sus respectivos registros de audio, contienen datos de carácter personal y sensible cuya titularidad pertenece a quienes detentaron la calidad de intervinientes en los procesos consultados, en calidad de víctimas o imputados; o bien, como testigos. En el caso de los datos sobre roles de tramitación, el acceso a dicha información, permite acceder a la mayor parte de los registros judiciales generados en la tramitación de los procedimientos, los que por su propia naturaleza, incorporan datos personales y sensibles relativos a los recién referidos intervinientes y eventuales testigos. En conformidad a lo anterior, el tratamiento de dicha información por parte del órgano requerido, debe efectuarse en conformidad a las normas prescritas en la ley N° 19.628, Sobre Protección a la Vida Privada; en particular a sus artículos 4°, 7° y 10°; en este entendido, la Defensoría Penal Pública, solo se encuentra autorizada para tratar y comunicar lo requerido, en la medida que dicho tratamiento cumpla con los fines para los cuales los datos personales fueron recolectados, según lo prescribe el artículo 9° inciso primero del citado cuerpo normativo; sin que sin que exista un interés público prevalente que justifique conferir acceso a la información reclamada. Aplica precedente de la decisión de amparo Rol C6659-18. En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C7653-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de octubre de 2019, don Claudio Pimentel Pérez requirió a la Defensoría Penal Pública, lo siguiente: "información de los procesos terminados por el delito de amenazas de muerte en contexto VIF en la Región Metropolitana, para los años 2017 y 2018, con indicación del rol y resoluciones, en las siguientes situaciones: 1- Sobreseimiento definitivo en período intermedio de investigación. (En este caso se solicita además copia de las grabaciones de audiencia en la que se decretó). 2-Sentencias absolutorias, ejecutoriadas". 2) RESPUESTA: Mediante carta de 12 de noviembre de 2019, el órgano respondió el requerimiento de acceso, señaló que no posible otorgar acceso a acceso a los números de rol, resoluciones específicas de los casos en comento y registro de audio de audiencias en que se decreta el sobreseimiento definitivo, atendida la necesidad de protección de datos personales de sus representados. Sin perjuicio de lo indicado, la Defensoría Penal Pública entregó al peticionario, información de carácter estadístico, indicando número de casos tramitados, desagregados por forma de término y delito, para los años 2017 y 2018 en la Región Metropolitana. 3) AMPARO: Con fecha 12 de noviembre de 2019, don Claudio Pimentel Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Defensoría Penal Pública, fundado en la respuesta negativa otorgada a su requerimiento de acceso. Agregó, que. "La Defensoría Penal Pública debe entregar información solicitada por cuanto en la respuesta otorgada no consta que Defensoría Penal Pública haya realizado en tiempo y forma el procedimiento de oposición por p los titulares de la información, conforme lo establece la Ley sobre Acceso a la Información Pública, siendo dicho órgano responsable de su omisión y no el solicitante. En todo caso, dicho órgano no tiene facultad legal para subrogar la voluntad del titular de los datos. Además, la razón inespecífica señalada por la Defensoría Penal Pública para denegar la información solicitada no coincide con causal alguna en la Ley de Acceso a la Información pública, no fundamentando su actitud. Finalmente, el propio Código Procesal Penal establece que se pueden realizar consulta a expediente salvo que durante la investigación el tribunal restringiere el acceso para evitar que se afecte su normal substanciación o el principio de inocencia, siendo en todo caso, públicos transcurridos cinco años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación confirió traslado del amparo al Sr. Defensor Nacional, mediante oficio N° E18539, de fecha 26 de diciembre de 2019, para que formulara sus descargos y observaciones, solicitando especialmente: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; y, (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. El órgano reclamado, por medio de presentación de 14 de enero de 2020, evacuó sus descargos, señalando que la denegación de la información respecto a la entrega del Rol, resoluciones específicas de los casos en comento y registros de audios de audiencias en que se decreta el sobreseimiento definitivo, se fundamenta en la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al disponer que: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Lo anterior en concordancia con la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, la cual señala que datos personales, son los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. En el contexto señalado, al hacer entrega de la información solicitada, se estarían dando a conocer datos que hacen identificable a una persona, específicamente, a un representado de este servicio, quien a su vez tiene la calidad de imputado en una causa penal. Si bien, la información solicitada no identifica a la persona (salvo la sentencia y el audio que si lo hace), es de fácil acceso obtener los datos personales de nuestros imputados, es por ese motivo que como servicio se tomó la decisión de no entregar dicha información y así resguardar la identidad de las personas acusadas o imputadas por el delito de amenaza de muerte en el contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF). Ahora bien, como Servicio siempre nos encontramos llanos a disponer de la información solicitada por los ciudadanos, y en virtud de dicho principio, al señor Pimentel le entregamos datos de carácter estadístico, respecto a de delitos de amenazas de muerte en contexto VIF. Por otro lado, por considerar que la solicitud efectuada por el señor Pimentel, se refería a información que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, podía afectar derechos de terceros, se hicieron las averiguaciones de que valor tendría notificar a cada uno de nuestros imputados, que según la información entregada corresponde a un universo para el año 2017 de 1.175 causa - imputado; y para el año 2018 de 1.012, por lo que por un tema de ahorro de recursos fiscales, se decidió no enviar dichas cartas certificadas, ya que el costo ascendería aproximadamente a $3.000.000, más el costo de hora/persona, que significa tener a un funcionario (a), dedicado (a) a revisar el sistema, buscar la dirección, redactar la carta y enviarla por correo, notificando a los terceros involucrados. En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, y en consideración de los antecedentes acompañados que dan cuenta que la Defensoría Penal Pública sí entregó los datos que obraban en su poder al recurrente de las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de acceso a la información consultado, y que atendida al alto costo que requería este servicio para solicitar la oposición del tercero cuyos derechos podían verse afectados con la entrega de los antecedentes requeridos, la Defensoría se vio impedida de poder acceder a la entrega de los Rol, sentencias y audios. Atendido todo lo señalado, solicita se rechace el amparo por denegación de acceso a la información deducido por don Claudio Pimentel Pérez. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa otorgada al requerimiento de información, singularizado en el numeral 1° de la parte expositiva; respecto al cual la Defensoría Penal Pública entregó únicamente datos de carácter estadístico sobre la materia consultada, denegando el acceso a información sobre roles tramitación de dichos procesos terminados por el delito de amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar, en los que intervino el órgano recurrido en el período y zona geográfica consultada, copias de resoluciones y sus respectivos registros de audio (en los casos de término por sobreseimiento definitivo), invocando la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, vinculando dicha causal de reserva al contenido de la Ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada. 2) Que, en primer término, corresponde determinar la naturaleza jurídica de la información reclamada en el amparo. En este sentido, cabe tener a la vista la definición de "datos personales" prevista en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628 ya citada, que los define como "todo dato relativo a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables"; a su vez, el artículo 2°, letra g) del mismo cuerpo normativo, define como "datos sensibles", "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". En este contexto, la información reclamada en el amparo, relativa a roles de tramitación de los respectivos procedimientos judiciales, permite al recurrente acceder a la identidad de los intervinientes en el proceso, en calidad de víctima o imputado. De la definición referida del artículo 2°, letra f) de la ley N° 19.628, es posible establecer que el dato sobre la identidad de una persona, vinculada ésta a su situación procesal, en calidad de víctima, imputado o incluso eventual testigo, constituye un dato personal. Sumado a lo anterior, cabe tener en especial consideración, que la información específica sobre el número de rol de un proceso en particular, permite el acceso a las actas de audiencias y copias de escritos generados en el curso de la tramitación de éste, que se encuentran alojadas en portal electrónico del Poder Judicial (a título meramente ejemplar: actas de audiencias de control de detención en flagrancia por delito de amenazas en contexto VIF, requerimientos en procedimiento simplificado por parte del Ministerio Público al respectivo tribunal de garantía, solicitudes de audiencias de formalización, etc.) las que por su naturaleza, deben necesariamente contener el domicilio del imputado, y otros datos personales de identificación directa, tales como edad, nacionalidad, número de cédula de identidad, y domicilio; otros datos personales, como ocupación, oficio, estado civil; la identidad de la víctima, datos de identificación de ésta; nombres y datos de identificación de testigos; y la descripción del hecho que dio origen a la persecución penal, misma información que contienen los registros de audio relativos a las actas, los que además pueden contener datos relativos a menores de edad. En términos más específicos, la información reclamada en el amparo, se refiere a datos personales relativos a la identidad de personas naturales que participaron en calidad de intervinientes o testigos; y otros datos personales, tales como número de cédula de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, etc., domicilio, además de permitir el acceso a la narración circunstanciada de los hechos que, en la respectiva oportunidad procesal, motivaron el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que puede dar cuenta de información de carácter sensible, vinculada con hábitos, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual de los respectivos titulares de los datos. 3) Que, en conformidad a lo anterior, se debe tener presente que nuestra legislación contempla un régimen de protección de datos personales, que ha sido consagrado a nivel constitucional, a partir de la reforma al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, introducida por la ley N° 21.096, de 16 de junio de 2018. En forma previa a dicha reforma, se encontraba vigente la protección normativa con rango legal a través de las disposiciones de la ley N° 19.628. En conformidad a lo razonado, la información sobre roles de procesos en los que intervino la Defensoría Penal Pública, que terminaron con la dictación de una sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo, en relación a la eventual comisión de delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, permite indubitadamente asociar dicha información no solo a la identidad, datos de identificación directa y otros datos personales de quienes detentaron la calidad de imputado en los respectivos procesos penales, sino que también de todos aquellos de quienes intervinieron en calidad de víctimas y testigos; adicionalmente, dichos datos pueden referirse a menores de edad, que pudieron ser parte en alguna calidad procesal, en los diversos procesos consultados. A mayor abundamiento, las copias de los registros de audiencia, ya sea como acta o en formato de audio, atendido el tipo de delito referido en el requerimiento de acceso, pueden contener la descripción de hechos que resultan vinculados a la esfera más íntima de privacidad de quienes comparecen en las respectivas audiencias en calidad de víctimas o imputados, y que dan cuenta de hábitos personales o la vida sexual de sus respectivos titulares. En conformidad a lo anterior, y tal como se razonó en la decisión Rol C6659-18, se comparte lo señalado por el órgano recurrido, en orden a que la información reclamada en el amparo, contiene información que constituyen datos personales y sensibles a la luz de lo dispuesto en ley N° 19.628 (actas de audiencia y registros de audio); y, que permiten acceder a datos personales de personas determinables, en el caso de roles de tramitación de los respectivos procesos, pudiendo incluso estar referida a datos de menores de edad. Luego, la divulgación de dicha información, afectaría los derechos de los titulares de la información, lo anterior, por cuanto la información reclamada en el amparo obra en poder de la Defensoría Penal Pública , con los únicos fines señalados en artículo 2° de la ley N° 19.718, que "Crea la Defensoría Penal Pública", esto es, la de "proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado.", configurándose en la especie, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 numeral 2° de la Ley de Transparencia, en relación a las normas citadas de la Ley N° 19.628, estimando que la divulgación de la información de roles de procesos y copias de registros de audios de audiencia, afecta en modo presente, probable y específicos los derechos de los titulares de los datos, implicando no sólo una intromisión a la vida privada de los intervinientes y eventualmente testigos cuya individualización se puede determinar con precisión a través de los datos requeridos por el recurrente, sino que además dicha intromisión sería injustificada, lo que viene determinado por dos factores: la entrega de información en sede de acceso a la información "se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley" (artículo 17 Ley de Transparencia), por lo que, efectuada la entrega material de la información los titulares de los datos personales se verían despojados de todos los derechos y garantías que le son otorgadas por la Ley N° 19.628, en particular aquellos contemplados en el artículo 12, que permite al titular requerir al responsable del banco de datos la modificación, cancelación, bloqueo o eliminación de las bases de datos de toda aquella información que se encuentra caduca o carece de fundamento legal, lo que supone una afectación al núcleo central del derecho a la protección de datos, esto es, la autodeterminación informativa, lo que resulta especialmente relevante atendido que vincular la calidad de imputado o víctima en el sistema penal a una persona determinada, en el ámbito de delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, incorpora implícitamente un severo juicio de reproche hacia quien detentó la referida calidad procesal, que no es asimilable a otras categorías de datos personales de carácter neutro (como podría ser a título meramente ejemplar, los datos sobre edad, fecha de nacimiento, etc.), lo que resulta aún más lesivo en el entendido que se dictó sentencia que sobreseyó definitivamente el proceso, o bien, sentencia que absolvió de los cargos; y adicionalmente, un evidente efecto de victimización secundaria, en el caso de quienes comparecieron en calidad de víctimas en los respectivos procesos penales; a su vez, no se advierte el interés público que justifique dicha intromisión, que habilite para afectar la privacidad de los titulares de los datos requeridos. 4) Que, desde la perspectiva de la protección de los datos personales, conforme mandata el artículo 9° del citado texto legal, éstos "deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". A este respecto cabe hacer presente que el texto de las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, en su apartado 4.2 a. establece: "La referida finalidad en el caso de órganos de la Administración del Estado estará determinada en función de las materias propias de su competencia. Por ejemplo, un órgano que tenga competencia para otorgar subsidios podrá tratar los datos personales de los postulantes y de los beneficiarios que digan relación con los requisitos necesarios para la obtención de dicho beneficio con ese único objetivo". En este contexto, conferir acceso a la nómina de roles y registros de audio reclamados en el amparo, excede el margen de las funciones públicas encomendadas a la Defensoría Penal Pública, en el artículo 2° de la ley N° 19.718, previamente citado. 5) Que, en conformidad a lo razonado, el tratamiento de la información reclamada en el amparo; por dar cuenta de datos personales y sensibles de terceros identificados o identificables, debe efectuarse dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4°, 7°, 9° y 10° de la ley N° 19.628; razonamiento que se ajusta plenamente a la garantía constitucional, establecida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas la protección de sus datos personales; y, que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley; resultando aplicable en la especie, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, vinculada a las referidas normas de la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada; sin que sea necesario para llegar a esta conclusión, en el caso en particular, la realización del procedimiento de notificación a terceros regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, como lo indica el recurrente en su amparo. 6) Que, adicionalmente, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 7° Código Procesal Penal, al definir la calidad de imputado, establece que "Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado en un hecho punible podrán hacerse valer desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa hasta la completa ejecución de la sentencia". Lo anterior reviste especial relevancia, desde la óptica de que el objeto del requerimiento de acceso, se refiere en parte a información concerniente a imputados que obtuvieron en su favor, una sentencia absolutoria; o bien, se declaró el sobreseimiento definitivo del procedimiento penal por alguna de las causales contempladas en el artículo 250 del Código Procesal Penal, lo que consolida respecto a dichos terceros su presunción de inocencia, principio que forma parte del derecho al debido proceso, como lo establece el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, formando parte del bloque constitucional de derechos en virtud del mandato del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, y que se incluyó en el artículo 4° del Código Procesal Penal, el cual dispone "Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme." En este contexto, el potencial de afectación a los derechos de los titulares de los datos, se ve aumentado con la divulgación de la información reclamada en el amparo. 7) Que, respecto a lo señalado por la parte recurrente, en orden a que "el propio Código Procesal Penal establece que se pueden realizar consulta a expediente salvo que durante la investigación el tribunal restringiere el acceso para evitar que se afecte su normal substanciación o el principio de inocencia, siendo en todo caso, públicos transcurridos cinco años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos" cabe consignar que efectivamente el principio de publicidad en las actuaciones judiciales, si bien no se encuentra expresamente establecido en nuestra Carta Fundamental, forma también parte de la garantía judicial del debido proceso. Cumple la citada garantía un objetivo institucional y de interés general, relacionado con la confianza en el Estado de Derecho y en los órganos jurisdiccionales. No obstante lo señalado, ello no es incompatible con las normas de Protección de Datos Personales. En efecto, si bien los procesos judiciales se tramitan en procedimientos de carácter público, y las sentencias emanadas de éstos se mantienen disponibles en el sitio web del Poder Judicial o en los registros del Archivo Judicial; para acceder particularmente a los hitos de un proceso penal específico y al contenido íntegro de la respectiva sentencia, sus actas escritos y registros documentales, el interesado debe necesariamente conocer en forma previa el rol y tribunal en donde se tramita la causa penal de su interés; o bien, el nombre del procesado asociado a un tribunal en particular. De este modo, no existe una manera de acceder genéricamente a la información, de la forma pretendida por el requirente, sin conocer en forma previa los datos de entrada recién señalados. En conformidad a lo anterior, el sistema judicial cumple con los estándares necesarios para hacer efectivas las garantías procesales del debido proceso, manteniendo un debido estándar de protección de datos personales, el que debe ser igualitario entre quienes cuentan con defensa penal pública entregada por el Estado, y quienes tienen la posibilidad de acceder a defensa jurídica privada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio Pimentel Pérez en contra de la Defensoría Penal Pública, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Claudio Pimentel Pérez y al Sr. Defensor Nacional. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Javier Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.