Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7659-19

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Reclamante:	CRISTIAN CAMILO CRUZ RIVERA
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, relativo al número de personas que han sido objeto de interceptación de sus comunicaciones por parte de cualquier entidad o dependencia del órgano reclamado, desagregada por año, calidad (civil o militar), precisando número de periodistas que han sido objeto de tales interceptaciones. Lo anterior, por cuanto, a su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las eventuales acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/28/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C235-11
Jurisprudencia a:	C5222-20 C5223-20 C5224-20 C5225-20 C5226-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C7659-19   Entidad pública: Ejército de Chile Requirente: Cristián Cruz Rivera. Ingreso Consejo: 12.11.2019 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, relativo al número de personas que han sido objeto de interceptación de sus comunicaciones por parte de cualquier entidad o dependencia del órgano reclamado, desagregada por año, calidad (civil o militar), precisando número de periodistas que han sido objeto de tales interceptaciones. Lo anterior, por cuanto, a su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las eventuales acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida. Aplica criterio sostenido en fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema. En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7659-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de septiembre de 2019, don Cristián Cruz Rivera solicitó al Ejército de Chile - en adelante también el "Ejército"- la siguiente información: "1°.- Solicito, por año, el número de personas que dentro del territorio nacional, en cualquier periodo desde el 1 de enero de 2005 a la fecha, han sido objeto de interceptación de sus comunicaciones por parte de cualquier entidad o dependencia del Ejército, ya sea de manera directa o valiéndose de la colaboración, cooperación o símil de terceras personas o compañías. 2°.- Solicito el nombre, a lo menos en caso que se aplique el principio de divisibilidad se me indique si se trata de uniformados o civiles, de quienes han sido objeto de esas interceptaciones señaladas en el numeral anterior. 3°.- Se me indique el número y nombre de todo periodista que fuese objeto de las interceptaciones referidas en el numeral 1°". 2) COMUNICACIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO PARA PRONUNCIARSE: El 15 de octubre de 2019, por medio de Carta N° 4945, el Ejército de Chile comunicó oportunamente al requirente, la prórroga de plazo para pronunciarse sobre la solicitud de acceso, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El 18 de octubre de 2019, el Ejército de Chile respondió al requerimiento de información mediante Oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/11412, de la misma fecha, respondió el requerimiento, indicado que el artículo 5° de la Ley N° 19.974, "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia" publicada el 02 de octubre de 2004 - más conocida como "Ley de Inteligencia" - considera a las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas entre los organismos integrantes del Sistema, como igualmente a las Unidades, departamentos o cualquier otra dependencia de las Fuerzas Armadas que realicen tareas de inteligencia. A su turno, el artículo 20 del cuerpo legal antes citado, define la función de inteligencia, comprendiendo en dicho ámbito, la inteligencia y la contrainteligencia. Por su parte, la citada Ley N° 19.974, en el Título V, "De los procedimientos especiales de obtención de información", señala y describe cuales son aquellos que permiten el acceso a antecedentes que se consideran necesarios para el debido cumplimiento de la misión específica en materia de inteligencia. A su turno, el artículo 24 de dicho cuerpo legal, señala cuales son los procedimientos especiales de obtención de información amparados y que autoriza la ley. Para emplear los procedimientos especiales señalados en los literales a) y d) del artículo 24, el articulo 25 exige recabar, en este caso a la Dirección de Inteligencia del Ejército, la correspondiente autorización judicial de un Ministro de la respectiva Corte de Apelaciones, conforme lo regula dicha disposición. La Dirección de Inteligencia del Ejército, cuando ha debido recurrir alguno de esos procedimientos especiales, ha dado estricto cumplimiento al mandato de los artículos 3° y 42 de la Ley de Inteligencia. Sin que importe reconocer o no la existencia de la información por la cual consulta - ya que una respuesta afirmativa o negativa, aun cuando sea con antecedentes genéricos- igualmente develaría procedimientos y/o actividades de esta naturaleza, o la ausencia de ellos, antecedentes que, en cualquier caso, y en conformidad a lo establecido por los artículos 38, 39 inciso 2° y 40 de la Ley de Inteligencia son secretos, los que al darlos a la publicidad pasarían a formar parte de fuentes abiertas y de especial utilidad para quienes puedan tener interés en afectar la defensa nacional y/o sus instituciones. Relacionado con lo anterior, cabe tener especialmente en cuenta, que el legislador en el inciso 2° del artículo 39 de la Ley de Inteligencia en forma expresa obliga a mantener el secreto sobre la existencia de la información, al igual que sobre su contenido. La vulneración del secreto, hace incurrir a quien consintiere en ello en el delito tipificado y sancionado expresamente por el artículo 43 de la Ley de Inteligencia y por el artículo 255 del Código de Justicia Militar. Consultado el Director de Inteligencia del Ejército respecto a la presente solicitud de información pública, ha emitido pronunciamiento en los términos antes señalados ratificando la ilegalidad de entregar acceso a lo requerido, a menos que dicho requerimiento sea efectuado por la Cámara de Diputados o el Senado, los Tribunales de Justicia, el Fiscal Nacional o la Contraloría General de la República, en uso de sus respectivas facultades, información que siempre y en cualquier caso, debe ser proporcionada por intermedio de los Ministros de Interior, de Defensa y del Director de la Agenda Nacional de Inteligencia. (Art. 39) Igualmente, y conforme lo establece expresamente el inciso 2° del artículo 39 de la Ley de Transparencia, esas autoridades y funcionarios están obligados a mantener el secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios. Finalmente, las características y naturaleza de la información solicitada y las consecuencias de hecho y legales de su difusión, hacen improcedente aplicar en este caso el principio de divisibilidad. Consecuentemente con lo antes expuesto, se configura legalmente en la especie las causales de denegación previstas y descritas por el artículo 21 N° s 3 y 21 N° 5 de la ley N° 20.285, "Ley de Transparencia", en relación con los artículos citados de la Ley de Inteligencia y el artículo 255 del Código de Justicia Militar, posición que es concordante, además, con lo razonado por el Consejo para la Transparencia en la decisión de amparo rol C235-11, a través de la cual se le reconoce el carácter de reservado a los informes elaborados por la DIPOLCAR, en cuanto a sus funciones de inteligencia policial. 4) AMPARO: El 12 de noviembre de 2019, don Cristián Cruz Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa otorgada a su solicitud. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio N° E18548, de 26 de diciembre de 2019, solicitando especialmente que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; y, (3°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional. Mediante Oficio JEMGE DETLE AJ (P) 6800/466/CPLT de fecha 15 de enero de 2020 el Ejército evacuó sus descargos, señalando lo siguiente: 1. Reitera el tenor de la respuesta reclamada en el amparo, precisando que, respecto de la materia objeto de la solicitud de información, se solicitó informe al Director de Inteligencia del Ejército, quien a través del Oficio DINE AS JUR (R) N° 1000/30913/ JEMGE DETLE, de 30 de septiembre de 2019 informó que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 y 5 de la ley 20.285, en concordancia con el artículo 8° de la Constitución Política de la República, no es legalmente posible entregar la información requerida. 2. En conformidad a lo anterior, es necesario, primeramente, tener presente que la Ley N° 19.974 "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia" establece en su Título V procedimientos especiales de obtención de información, que detalla en el artículo 24, el cual en su letra a) contempla "La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas". Para efectuar tales intervenciones es necesario que los Directores de Inteligencia soliciten autorización judicial para efectuarlas, autorización que es otorgada por un ministro de Corte de Apelaciones en los términos dispuestos en el artículo 25 de la citada Ley. 3. Conforme a lo establecido en el artículo 5° de la misma Ley, en lo que respecta al Ejército, es su Dirección de Inteligencia la que forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado y, por lo mismo, la única que puede, con la autorización previa de un Ministro de Corte de Apelaciones, efectuar este tipo de interceptaciones o alguno de los procedimientos especiales contemplados en el artículo 24 antes citado. 4. Bajo el Título VII de la Ley N° 19.974, "De la Obligación de Guardar Secreto", se establece primeramente que se consideran secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o su personal, incluso se dispone que los funcionarios que hubieren tomado conocimiento de estos antecedentes, están obligados a mantener el carácter de secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios. Incluso más, el artículo 40 de la Ley obliga a guardar secreto a personas que sin ser funcionarios de los organismos de inteligencia tomen conocimiento de la ejecución de procedimientos especiales de obtención de información, de los antecedentes que las justifiquen y de las resoluciones judiciales que se dicten al efecto. La vulneración de este deber de guardar reserva o secreto, que como se ha dicho es "para todos los efectos legales", constituye el tipo penal contemplado en el artículo 43 de la misma Ley y, eventualmente, el previsto por el artículo 255 del Código de Justicia Militar. 5. De esta manera, dada la amplitud de la reserva o secreto de los antecedentes, informaciones y registros, tanto de su existencia como contenido y, además, para todos los efectos legales, hace absolutamente inaplicable el principio de la divisibilidad, más aun cuando la vulneración de este deber constituye delito. A este respecto, además, es interesante lo analizado en el considerando décimo del fallo sobre Reclamo de Ilegalidad Rol N° 891-2011 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca que, en una situación fáctica de la misma índole señala "... se trata de datos e informaciones que una ley de quórum calificado ha declarado reservados o secretos, al tratarse de la producción de inteligencia, circunstancia que produce utilidad o interés para la comunidad nacional ...". 6. En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el Art, 21 N° 3 y 5 de la Ley N° 20.285, lo dispuesto en la Ley de Inteligencia del Estado, en el artículo 255 del Código de Justicia Militar y lo informado mediante el oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/11412 de 18 de octubre de 2019, se solicita tener por contestado el amparo, aceptar los descargos expuestos rechazando totalmente el amparo deducido por el Sr. Cristian Cruz Rivera. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa otorgada a la solicitud de información, transcrita en el numeral 1° de lo expositivo. Al respecto, el órgano denegó su entrega, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 y 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, a modo de contexto, la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (...)" (artículo 4°). Dicho sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico". 4) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios". 5) Que, complementando lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. 6) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. 7) Que, a juicio de este Consejo, sin perjuicio de que la información reclamada en el amparo tiene carácter estadístico, atendida la materia específicamente consultada y la desagregación en la que se requiere, forma parte de aquellas materias que la referida norma resguarda en forma específica, por tratarse directamente del eventual ejercicio de actividades de inteligencia; en conformidad a lo indicado, el solo pronunciarse sobre lo requerido obliga necesariamente a la reclamada a divulgar si dispone o no de antecedentes sobre interceptaciones de comunicaciones sobre el grupo de personas consultada, lo que implica la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con las actividades de inteligencia del Ejército de Chile, por cuanto supondría facilitar o alertar sobre el actuar de dicho organismo, todo lo cual supone divulgar aspectos cubiertos por la reserva dispuesta en el artículo 38 del cuerpo legal citado, dado que dicha hipótesis protege los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de ese organismo. En efecto, obligar a la reclamada a reconocer que ha procedido o no a ejecutar a ejecutar determinadas acciones, para luego, divulgar dicha información, a juicio de este Consejo, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 y en su eventualidad se entorpecería las eventuales acciones de inteligencia sobre las materias relacionadas- bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República. 8) Que, no obstante cabe hacer presente que, a juicio de este Consejo, existe un legítimo interés en conocer la información relativa a la cantidad y tipo de personas que han sido objeto de interceptación de sus comunicaciones por parte del Ejército de Chile. Sin embargo, la Ley de Transparencia no es la vía idónea para ejercer dicho control social, sino que este se manifiesta a través de las autorizaciones judiciales que deben ser recabadas por la institución castrense, para desplegar el tipo de actividades consultadas, en conformidad al procedimiento dispuesto en los artículos 24 a 29 de la ley citada ley N° 19.974. 9) Que, en virtud de lo razonado en los considerandos precedentes, se estima que concurre en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. En conformidad a lo anterior, se estima inoficioso pronunciarse sobre la causal de reserva del artículo 21 N° 3, también alegada por el órgano recurrido en el procedimiento. 10) Que, finalmente, se hace presente que el razonamiento efectuado por este Consejo en el presente acuerdo, va en conformidad a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en fallo rol N° 29.507-2019, de 14 de julio de 2020, que acogió recurso de queja, declarando como reservada información estadística que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia. El considerando 11° del referido fallo, señala que, "esos datos corresponden a registros, antecedentes e informaciones que obran en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia, esto es, de un organismo que forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, y que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia, es decir, aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de contrainteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. De este modo, su revelación supondría, indudablemente, un debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado, en tanto permitiría hacer públicos aspectos sensibles y relevantes de la labor que le ha sido encomendada, poniendo de manifiesto aspectos de su labor que podrían ser explotados en labores de contrainteligencia, pues podría permitir a un analista debidamente entrenado inferir debilidades, flaquezas o fragilidades de la labor realizada por la Agencia Nacional de Inteligencia". EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Cristián Cruz Rivera en contra del Ejército de Chile, por estimar concurrente la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Cruz Rivera y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.