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DECISIÓN AMPARO ROL C7720-19</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
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Requirente: Javiera Campos Vera</p>
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Ingreso Consejo: 18.11.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ordenando la entrega de información desagregada sobre todas las detenciones efectuadas por ese órgano, entre el 18 y el 27 de octubre de 2019, que contemple los siguientes datos: sexo del/la detenido/a; edad del/la detenido/a; fecha de la detención; causa de detención; dónde fue derivado el/la detenido/a; rol y tribunal (en caso de control de detención).</p>
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Lo anterior, por cuanto la información proporcionada no corresponde a lo requerido, toda vez que no es información desagregada o parametrizada que respecto de cada detención informada se indiquen los datos pedidos sino información sobre las detenciones consultadas, clasificada según los criterios consultados.</p>
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Asimismo, se desestima la causal de reserva de distracción indebida invocada por la PDI, por no haber sido acreditada suficientemente en esta sede. En efecto, el órgano justificó su procedencia únicamente en la alegaciones genéricas sobre el carácter "elevado" del volumen de la información, que en Centro Nacional de Análisis Criminal tan solo 6 funcionarios están abocados a la extracción de información, sin dar cuenta de la cantidad de tiempo que la atención de la solicitud podría significar ni cómo dicha dedicación implicaría un tiempo excesivo.</p>
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En sesión ordinaria N° 1112 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7720-19.</p>
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VISTOS:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de octubre de 2019, doña Javiera Campos Vera solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante e indistintamente PDI), la siguiente información:</p>
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a) Por medio de requerimiento folio N° AD010T0008480: Solicitó "el detalle de todos los detenidos, en todo el país, a causa de los hechos represivos entre el 18 de octubre al 27 de octubre del 2019". Lo anterior, "con el siguiente detalle: sexo del/la detenido/a, edad del/la detenido/a, fecha de la detención, causa de detención (en detalle: qué tipo de delito, en qué ley y artículo están estipulados), quién detuvo a la persona (Carabineros, PDI, Fuerzas Especiales de Carabineros, Fuerzas Especiales de PDI, detención ilegal de FF.AA. o Si fue detenido por FF.AA. y derivado a Carabineros), dónde fue derivado el/la detenido/a (a su casa, a control de detención, a comisarías, brigadas y/o cuarteles de la PDI, etc. Detallar lugar y fecha), si hay control de detención indicar el rol y tribunal".</p>
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b) Por medio de requerimiento folio N° AD010T0008481: "Indicar si la PDI ha dispuesto sus recintos, comisarías, cuarteles y/o brigadas para la detención de personas en todo Chile durante el 18 de octubre al 27 de octubre del 2019. Indicar qué recinto, dónde está ubicado (dirección, comuna y Región), cuánta gente estuvo detenida por día, motivos de la detención, quién detuvo a dicha gente (Carabineros, PDI o fueron derivados por Militares) y qué sucedió con esa gente (indicar si quedo en libertad o pasó a control de detención)".</p>
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2) RESPUESTA: El 14 de noviembre de 2019, la Policía de Investigaciones de Chile dio respuesta a dichos requerimientos de información indicando, en resumen, que en cuanto a lo pedido en la solicitud AD010T0008480 y segunda parte de la solicitud AD010T0008481, adjunta la estadística solicitada elaborada por el Centro Nacional de Análisis Criminal. Indica que las estadísticas corresponden a las personas detenidas por la PDI. En particular, adjunta planilla con el detalle estadístico de los detenidos por sexo, fecha, destino de los detenidos, edad y por delito.</p>
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Respecto, a si la PDI, ha dispuesto en sus recintos, comisarías, cuarteles y/o brigadas para la detención de personas en todo Chile durante el 18 al 27 de octubre del 2019, informa que, en el período señalado, las personas detenidas permanecieron en Cuarteles permanentes y que no se dispuso la instalación de Cuarteles de carácter transitorio.</p>
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3) AMPARO: El 18 de noviembre de 2019, doña Javiera Campos Vera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, el reclamante alegó que "se solicitó información en detalle, de forma desagregada y anonimizada. Se dio la información agregada y sin el detalle pedido".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio E18533, de 26 de diciembre de 2019, solicitando que: (1°) se refiera a las alegaciones señaladas por la requirente en su amparo, respecto a que la información entregada a las solicitudes AD010T0008480 y AD010T0008481, no se proporcionó con el detalle solicitado; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en el evento que a través de sus descargos desee complementar la respuesta otorgada a las solicitudes, se solicita el envío de los antecedentes a la recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar el posible cierre del presente amparo a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).</p>
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Por medio de Ord. N° 69, de 14 de enero de 2020, la PDI presentó sus descargos en esta sede, señalando, en síntesis, que el reclamo se encuentra circunscrito a la respuesta entregada al requerimiento N° AD010T0008480.</p>
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Asimismo, indica que el cuadro estadístico que elaboró especialmente el Centro Nacional de Análisis Criminal para la requirente contiene todos los datos solicitados, esto es: sexo de los detenidos, fecha de su detención, el destino de los detenidos, rango etario y el delito que generó su detención. De esta forma, la información fue proporcionada en los términos pedidos, sin que sea posible gestionarse de otra forma que la que fue remitida.</p>
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Agrega que si se pretendiese que esta Institución, elaborase la estadística para dar satisfacción a los especiales requerimientos de la peticionaria, ello necesariamente implicaría una distracción en el eficiente uso de los recursos de este organismo, por la cantidad de datos que habría que procesar por cada una de las hipótesis requeridas, lo cual resulta lesivo para los intereses de la Institución y que configuraría la causal de denegación del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico de fecha 28 de enero de 2020, este Consejo solicitó a la PDI complementar sus descargos, en orden a: (1°) indique cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (2°) se refiera específicamente al volumen de la información reclamada, la cantidad de tiempo y funcionarios que deberían destinarse a recopilar y elaborar dicha información.</p>
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Al efecto, en presentación de fecha 30 de enero del presente año, la PDI dio respuesta a la antedicha gestión oficiosa señalando, en resumen, que tal como se indicó anteriormente la información entregada contiene los datos pedidos por la peticionaria.</p>
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Con todo, es no posible gestionar y formular una estadística que contemple y efectúe un análisis caso a caso de los acontecimientos consultados, ya que "la cantidad de datos que deben ser revisados para ser extraídos es de un volumen considerable, por ejemplo: robo en lugar habitado son 619 casos, receptación 350, arresto por alimentos devengados 192".</p>
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En ese orden de ideas, sí bien el Centro Nacional de Análisis Criminal, se encuentra conformado por 41 funcionarios, "tan solo son 6 funcionarios que están abocados a la extracción de información y no solo para dar cumplimiento a los requerimientos de información al amparo de la ley N° 20.285", sino que también están destinados a cumplir requerimientos institucionales estadísticos, apoyar investigaciones penales en curso y elaborar estadística para organismos extrainstitucionales.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se encuentra circunscrito a la solicitud de acceso consignada en la letra a) del numeral 1° de lo expositivo, esto es, a información sobre las personas detenidas entre el 18 y el 27 de octubre de 2019, específicamente, información desagregada que contemple los siguientes datos: "sexo del/la detenido/a, edad del/la detenido/a, fecha de la detención, causa de detención (en detalle: qué tipo de delito, en qué ley y artículo están estipulados), quién detuvo a la persona (Carabineros, PDI, Fuerzas Especiales de Carabineros, Fuerzas Especiales de PDI, detención ilegal de FF.AA. o Si fue detenido por FF.AA. y derivado a Carabineros), dónde fue derivado el/la detenido/a (a su casa, a control de detención, a comisarías, brigadas y/o cuarteles de la PDI, etc. Detallar lugar y fecha), si hay control de detención indicar el rol y tribunal". Por su parte, la reclamación en análisis se funda en que la información entregada no corresponde a la solicitada, pues se trata de información agregada, sin el detalle pedido.</p>
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2) Que, al efecto, la PDI sostuvo en esta sede que la información entregada cumple con la solicitud de información, por cuanto contiene todos los datos solicitados, sin que sea posible gestionarse de otra forma que la que fue remitida, por cuanto ello configuraría la causal de secreto del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, en cuanto al fondo de la controversia planteada, cabe tener presente que según el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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4) Que, de la revisión de los antecedentes proporcionados por la PDI en su respuesta a la solicitud, se acredita que el órgano hizo entrega de información estadística sobre las detenciones realizadas por dicho órgano policial, en el periodo consultado, agrupada por sexo de los detenidos, fecha de su detención, el destino de los detenidos, rango etario y el delito que generó su detención. Luego, dicha información corresponde a datos clasificados por cada uno de los criterios consultados, mas no a información desagregada sobre las detenciones consultada que comprenda -respecto de cada detención informada-, de forma parametrizada, cada uno de los datos pedidos. En tal orden de ideas, a juicio de este Consejo, la información proporcionada por el órgano no corresponde en estricto sentido a los datos consultados en el requerimiento, razón por la cual se desestimarán las alegaciones del órgano en este punto.</p>
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5) Que, por tanto, procede que este Consejo analice, si en la especie, la recolección o acopio de los datos pedidos, en la forma solicitada, genera una afectación a las funciones del órgano en los términos previstos por el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, conforme a las alegaciones de la PDI.</p>
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6) Que, el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
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7) Que, en cuanto a la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que suponen la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.</p>
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8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".</p>
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9) Que, así las cosas, a juicio de este Consejo, las argumentaciones expuestas por el organismo no resultan suficientes para acreditar la causal de reserva de distracción indebida. En efecto, la PDI se ha limitado a señalar genéricamente que la cantidad de datos que deben ser revisados para ser extraídos "es de un volumen considerable" -pese a que en la respuesta entregada consigna 1956 detenidos- y que, de los 41 funcionarios del Centro Nacional de Análisis Criminal, tan solo son 6 están abocados a la extracción de información y no solo para dar cumplimiento a los requerimientos de la ley N° 20.285. No obstante, no dio cuenta la cantidad de tiempo que la atención de la solicitud podría significar ni cómo dicha dedicación implicaría un tiempo excesivo considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a la solicitud de la reclamante en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas.</p>
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10) Que, en virtud de lo anterior, se estima que la PDI puede cumplir con la entrega de la información reclamada, sin afectar el debido cumplimiento de sus funciones, según los estándares establecidos por esta Corporación, desechándose la alegación de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia; razón por la cual, se acogerá el presente amparo, y se ordenará al órgano entregar, en el plazo que se indicará, información desagregada sobre todas las detenciones efectuadas por este, entre el 18 y el 27 de octubre de 2019, que contemple los siguientes datos: sexo del/la detenido/a; edad del/la detenido/a; fecha de la detención; causa de detención; dónde fue derivado el/la detenido/a; rol y tribunal (en caso de control de detención). Se hace presente que no se ordenará la entrega del dato "quién detuvo a la persona (Carabineros, PDI, Fuerzas Especiales de Carabineros, Fuerzas Especiales de PDI, detención ilegal de FF.AA. o Si fue detenido por FF.AA. y derivado a Carabineros)", por cuanto se entiende que los antecedentes que se proporcionen corresponden únicamente a aquellas detenciones efectuadas por la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Javiera Campos Vera, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de información desagregada sobre todas las detenciones efectuadas por la PDI, entre el 18 y el 27 de octubre de 2019, que contemple los siguientes datos: sexo del/la detenido/a; edad del/la detenido/a; fecha de la detención; causa de detención; dónde fue derivado el/la detenido/a; rol y tribunal (en caso de control de detención).</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Javiera Campos Vera, y al Sr Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>