Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7728-19

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Reclamante:	PABLO ROESSLER VERGARA
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega de la información requerida, referida al proceso de regularización extraordinaria, actualizada al 30 de septiembre de 2019, con excepción de aquella ya proporcionada en el Ord. N° 23.107, de fecha 13 de agosto de 2019. Lo anterior, por tratarse de información pública de competencia del órgano, respecto de cual se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de sus funcionarios.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/6/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C7728-19   Entidad pública: Subsecretaría del Interior Requirente: Pablo Roessler Vergara Ingreso Consejo: 18.11.2019 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega de la información requerida, referida al proceso de regularización extraordinaria, actualizada al 30 de septiembre de 2019, con excepción de aquella ya proporcionada en el Ord. N° 23.107, de fecha 13 de agosto de 2019. Lo anterior, por tratarse de información pública de competencia del órgano, respecto de cual se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de sus funcionarios. En sesión ordinaria N° 1084 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7728-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de octubre de 2019, don Pablo Roessler Vergara solicitó a la Subsecretaría del Interior la siguiente información: "Respecto al proceso de regularización extraordinaria, quisiera pedir información actualizada al 30 de septiembre de 2019, desde la entrega de las primeras visas (junio 2018): - Cantidad de personas inscritas en el proceso - Cantidad de personas con visa otorgada - Cantidad de personas con visa otorgada y estampada - Cantidad de personas con visa rechazada - Cantidad de visas aún en trámite. Tener el detalle según el país de nacimiento de las personas, y también por lugar de solicitud (ciudad). Por favor enviar información en un archivo Excel". 2) RESPUESTA: A través de Ord. N° 33.174, del 25 de octubre de 2019, la Subsecretaría del Interior respondió al requerimiento de información, indicando que la ley N° 20.285, permite acceder a información que, al momento de la solicitud, obre en poder del órgano de la Administración Pública requerido, y esté contenida en algún soporte, sin importar cuál sea éste, no obligando a los organismos públicos a generar, elaborar o producir información, sino a entregar la actualmente disponible. Señala, además, que múltiples solicitudes planteadas por el reclamante en términos similares, ya han sido respondidas por el Servicio, acompañando, a modo de ejemplo, el Oficio N° 23.107, de fecha 13 de agosto de 2019, que responde 9 requerimientos de acceso a la información pública. Igualmente, hace presente que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe el abuso del derecho, por cuanto, tiene como contrapartida la afectación del debido cumplimiento de la función pública, pues en tal supuesto se podría requerir a cualquier órgano información sin ningún tipo de limitaciones, torciendo con ello la finalidad y el espíritu del procedimiento de acceso a la información pública, cuyo propósito es que los ciudadanos puedan ejercer un control de las actuaciones de los órganos públicos sometidos a la Ley de Transparencia propendiendo con ello al debido cumplimiento de las funciones públicas. 3) AMPARO: El 18 de noviembre de 2019, don Pablo Roessler Vergara dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta negativa a la solicitud de información. Indica que se esgrime que ha solicitado reiteradamente información similar, pero como se puede ver en el documento de respuesta, solo una tiene relación directa con el tema solicitado (estado del proceso de regularización extraordinaria). Igualmente, aclara que dicha solicitud anterior relacionada directamente con el tema que se consulta se refería al estado del proceso de regularización extraordinaria para el 31 de junio de 2019 (sic), y la que fue rechazada en esta ocasión buscaba saber el estado de dicho proceso para 30 de septiembre de 2019. Todas las demás solicitudes tienen que ver con temas diferentes (montos en multas pagadas por personas migrantes, estimaciones de población, entre otras). La información solicitada responde a los resultados de un proceso de gran relevancia para la población migrante en el país, pues dice directa relación con sus posibilidades de permanecer en él, y es uno de los procesos más relevantes que ha llevado a cabo el Departamento de Extranjería y Migración en este Gobierno. Por lo mismo, resulta fundamental que el Ministerio del Interior cuente con los resultados de dicho proceso y pueda transparentarlos a la ciudadanía y la sociedad civil. Pedir información periódica es elemental para poder contar con datos fidedignos y actualizados, además de ser un derecho. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio E18481, de 26 de diciembre de 2019, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) refiérase a las alegaciones del reclamante, en el sentido de que se habría otorgado respuesta negativa a su requerimiento; (3°) se refiera a las eventuales circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en el evento de pretender otorgar respuesta y complementar la información de los meses de junio a septiembre de 2019, remítasela directamente a la parte recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Mediante Ord. N° 8, remitido con fecha 27 de enero de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, señaló que deniega el acceso a la información, en aplicación de la causal de reserva o secreto del artículo 21, número 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Indica que a través del Oficio N° 33.174, de 25 de octubre de 2019, ya individualizado, se le denegó la entrega de la información solicitada al reclamante, toda vez que ésta ya había sido respondida previamente en términos sustancialmente similares a la solicitud de acceso a la información que motivó el presente amparo, por configurarse la causal de denegación de distracción indebida. Agrega, además, que mediante el Oficio N° 23.107, de fecha 13 de agosto de 2019, respondió 9 solicitudes del reclamante y, específicamente, el punto N° 5 de cada una de ellas referente al proceso de regularización extraordinaria, en los mismos términos a la información solicitada y que motivó el presente amparo. A mayor abundamiento, menciona que el artículo 7°, del Reglamento de la Ley N° 20.285, establece que se entiende que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. En tal sentido, a su juicio, entregar la información solicitada por el reclamante distrae a los funcionarios en dos sentidos: a) generar y procesar información que no está actualmente disponible y b) satisfacer la gran cantidad de solicitudes similares presentadas por el reclamante en un tiempo acotado. Precisa que el Ministerio no tiene la obligación legal ni reglamentaria de llevar un registro al tenor de lo solicitado, ya que la información solicitada no se refiere solo al acopio o reunión de datos, sino que para satisfacer el requerimiento del solicitante es necesario realizar un análisis exhaustivo de la información, así como la sistematización y actualización de un gran número de antecedentes, lo que claramente supone una labor que distraería indebidamente a los funcionarios de la Subsecretaría, viendo interrumpidas sus funciones principales. Asimismo, señala que el requerimiento tiene el carácter de abusivo en atención a que se trata de una solicitud sustancialmente similar a otras, las cuales han sido deducidas en periodos acotados de tiempo. Advierte que, si bien la ley N° 20.285 permite acceder a información que, al momento de la solicitud, obre en poder del órgano de la administración requerido y contenida en algún soporte, sin importar cuál sea éste, no obliga a los organismos públicos a generar, elaborar o producir información, sino a entregar la actualmente disponible, lo cual no ocurre en la especie. Por lo expuesto, concluye que al develar la información solicitada distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, configurándose en consecuencia la causal de reserva invocada del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285, razón por la cual el presente amparo debe ser rechazado en todas sus partes. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información solicitada por el requirente, referida a distintos datos estadísticos relativos a migración, y en específico, a un proceso de regularización extraordinaria, la que fue denegada por el órgano, invocando la causal de distracción indebida de sus funcionarios, y haciendo presente que el reclamante ha efectuado distintas solicitudes asociadas a la misma materia, abusando del derecho de acceso a la información pública. 2) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21, número 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas. 3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 4) Que, a fin de ponderar en concreto la causal de reserva expuesta, resulta procedente atender -especialmente- a la naturaleza y origen de la información solicitada, resultando pertinente hacer presente lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en Chile - en adelante D.L. N° 1.094-, particularmente, en su artículo 6 inciso primero dispone que "El otorgamiento y prórroga de las autorizaciones de turismo y de las visaciones a los extranjeros en Chile será resuelto por el Ministerio del Interior, a excepción de aquellas correspondientes a las calidades de residente oficial, la que será otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores". Por su parte, el artículo 91 del cuerpo legal citado, prescribe que corresponderá al Ministerio del Interior ejercer, entre otras, las siguientes atribuciones, "Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros" (N° 5), y "Disponer la regularización de la permanencia de los extranjeros que hubieren ingresado o residan en Chile irregularmente u ordenar su salida o expulsión" (N° 8). 5) Que, en atención al marco normativo antes descrito, la naturaleza, origen y periodo de la información requerida, ésta debiera encontrarse debidamente sistematizada en el órgano reclamado. De esta forma, el hecho de elaborarla, más que provocar una distracción indebida de sus funciones, es de aquellas actividades que -precisamente- permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de sus funciones públicas, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3, el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado. 6) Que, por otra parte, y como se observa de lo detallado en la parte expositiva de esta decisión, la Subsecretaría al invocar la causal, no manifestó los argumentos o presupuestos que supondrían su configuración, limitándose, por una parte, a realizar alegaciones generales, y por otra, a referirse y acreditar el ingreso y respuesta de otras solicitudes vinculadas a la materia, pero en ninguna de estas dos hipótesis ha satisfecho los parámetros que, como antes explicamos, resultan necesarios para la configuración de la causal. En efecto, el órgano no ha dado luces del volumen de antecedentes estimados que demandaría atender la solicitud, ni tampoco ha expresado la inversión de recursos humanos y materiales necesaria para las tareas de búsqueda, sistematización y entrega de la información. Por el contrario, la Subsecretaría ha manifestado haber proporcionado parte de la información requerida, por lo que, los esfuerzos que hoy demandaría la solicitud sólo serían los necesarios para la actualización y complementación de los antecedentes hasta la fecha requerida. De esta manera, resulta solo procedente tener por entrega la información que ya fue proporcionada al solicitante por medio del Ord. N° 23.107, de fecha 13 de agosto de 2019, pero no por configurada la causal de reserva o secreto alegada. 7) Que, atendido el contexto normativo descrito, y lo razonado precedentemente, se descartará la concurrencia, para el caso, de la causal de excepción alegada por el órgano reclamado, por lo que, se acogerá el amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, y que no haya sido proporcionada a través del mencionado Ord. N 23.107, lo anterior, por tratarse de información pública, que se encuentra en poder del órgano, cuya entrega no afecta el debido cumplimiento de sus funciones, rechazándose, consecuencialmente, las alegaciones referidas al abuso del derecho de acceso a la información pública. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Pablo Roessler Vergara en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante, respecto del proceso de regularización extraordinaria, la siguiente información, en el formato requerido, actualizada al 30 de septiembre de 2019, desde la entrega de las primeras visas (junio 2018), con excepción de aquella proporcionada en el Ord. N° 23.107: i. Cantidad de personas inscritas en el proceso ii. Cantidad de personas con visa otorgada iii. Cantidad de personas con visa otorgada y estampada iv. Cantidad de personas con visa rechazada v. Cantidad de visas aún en trámite. Tener el detalle según el país de nacimiento de las personas, y también por lugar de solicitud (ciudad). b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Roessler Vergara y al Sr. Subsecretario del Interior. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.