Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7898-19

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Reclamante:	ALVARO GONZALO BAHAMONDES PARDO
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de las hojas de vida de la Mayor de Ejercito consultada, de los años 2015 a 2018. Lo anterior, debido a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, y por haberse desestimado las alegaciones tanto del órgano como del tercero, por no haber sido justificadas ni acreditadas suficientemente. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que en nada se relacionen con el cumplimiento de la función pública desempeñada, así como los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a la funcionaria, y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, eventualmente contenidas en la hoja de vida requerida.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/28/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3046-17 C3047-17 C3244-17 C1241-18 C1366-18 C2010-17 C2089-17 C16-19 C174-19 C595-19 C2015-19
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	438-2020
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C7898-19   Entidad pública: Ejército de Chile Requirente: Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo Ingreso Consejo: 27.11.2019 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de las hojas de vida de la Mayor de Ejercito consultada, de los años 2015 a 2018. Lo anterior, debido a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, y por haberse desestimado las alegaciones tanto del órgano como del tercero, por no haber sido justificadas ni acreditadas suficientemente. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que en nada se relacionen con el cumplimiento de la función pública desempeñada, así como los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a la funcionaria, y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, eventualmente contenidas en la hoja de vida requerida. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C2010-17, C2089-17, C3046-17, C3047-17, C3244-17, C1241-18, C1366-18, C16-19, C174-19, C595-19 y C2015-19, entre otras. En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7898-19. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de octubre de 2019, don Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo solicitó al Ejército de Chile la siguiente información: "la hoja de vida de la Mayor de Ejercito Paola Jofré Valdivia, de los años 2015, 2016, 2017, 2018". 2) TRASLADO Y OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: El Ejército de Chile por medio de JEMGE DETLE (R) N° 1000/34742, de fecha 29 de octubre de 2019, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó a la funcionaria la solicitud y su derecho a la misma. Mediante presentación de fecha 4 de noviembre de 2019, el tercero interesado manifestó su oposición a la entrega de la información, señalando, en resumen, que la publicidad o conocimiento por terceros de su Hoja de Vida y de Calificaciones afecta directamente derechos personales, en particular tratándose de la esfera de su vida privada, en relación con la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. En efecto, afectaría el respeto y protección de su vida privada, por contener antecedentes específicos de índole particular concernientes a la carrera, conducta, cualidades y condiciones tanto personales como profesionales, antecedentes de salud y controles médicos realizados, entre otros aspectos del ámbito individual a considerar, desconociéndose la finalidad y/o uso que terceras personas podrían darles. Hace presente que las Hojas de Vida y de Calificaciones son documentos concebidos y destinados exclusivamente para un uso militar, siendo instrumentos esenciales del sistema de calificaciones y del proceso de selección del personal de las Fuerzas Armadas, tal como lo describe el Capítulo 111 del DFL (G) N° 1, de 1997, "Estatuto del Personal de las FF.AA.", y el artículo 24 de la Ley N° 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, por lo que corresponde otorgarles el tratamiento de documentos que el legislador ha contemplado como secretos, conforme a lo dispuesto en el artículo 436, N° 1, del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Lo anterior, en concordancia con el artículo 4 transitorio de la Carta Fundamental y el artículo 1 transitorio de la Ley N° 20.285. Por consiguiente, se configura además la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 5, del citado texto legal, criterio que ha sido acogido por la Excelentísima Corte Suprema mediante resolución pronunciada en Recurso de Queja Rol N° 24.118-2014, cuyo antecedente es el reclamo de ilegalidad Rol N° 3475-2014, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Indica que las Hojas de Vida registran anotaciones que permiten develar cómo el Ejército de Chile ha preparado y formado a su personal, siendo una fuente de información de inteligencia de especial interés, ya que sometidas a un estudio por especialistas militares de dicha área, es posible obtener no solo el perfil de un funcionario calificado, sino que a través del registro de las opiniones que reglamentariamente deben emitir y registrarse en las referidas Hojas de Vida por el calificador directo, calificador superior y los demás intervinientes en el proceso de calificaciones, se puede extraer el tipo de especialistas con los que se van conformando las Unidades en las que ha prestado servicios una persona durante su carrera profesional, del mismo modo que a través de las anotaciones de mérito, particularmente en el concepto de preparación profesional, es posible conocer los cursos, instrucciones u operativos que las justifican y, en consecuencia, conocer determinadas capacidades o potencialidades de la Unidad y de determinado personal, todo de especial utilidad para construir perfiles del personal por terceros. Un número importante de las Unidades mantienen en el tiempo sus estructuras orgánicas y, un indicativo de las evoluciones que van experimentando se va viendo reflejado precisamente en los distintos períodos que comprenden las Hojas de Vida. Por las razones antes expuestas, constituye un contrasentido la posibilidad de dar la publicidad de estos documentos a terceros, con fines, motivaciones y usos que se ignoran. 3) RESPUESTA: El 15 de noviembre de 2019, a través de JEMGE DETLE (P) N° 6800/12171, el Ejército de Chile respondió al requerimiento de información indicando que la Hoja de Vida del Personal en servicio activo de la institución, tiene el carácter de reservado en conformidad a lo siguiente: El artículo 101 de la Carta Fundamental establece que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, concepto que hace suyo el artículo 1 de la Ley N° l8.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. La evaluación del cumplimiento de dicho mandato constitucional por parte del personal militar, su rendimiento y la capacidad para el ejercicio de sus funciones propias, se efectúa conforme lo dispone el artículo 24 del citado cuerpo legal, precisamente mediante los registros en las Hojas de Vida de cada personal de la institución, en las cuales en conformidad al artículo 79 del DFL N° 1, de 1998, quedan plasmadas cronológicamente sus actuaciones personales, las que inciden directamente; en su desempeño durante el periodo calificatorio correspondiente, así por evaluarse conductas que identifican aptitudes, habilidades y/o debilidades para la defensa y la seguridad nacional, es que el artículo 345 del Decreto Supremo (G) N°204, de 28 de mayo de 1969, "Reglamento Complementario del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", le confiere el carácter de reservado y/o confidencial a "todo tramite relacionado con las Hojas de Vida", lo cual es concordante con el artículo 436, N° 1, del Código de Justicia Militar, el cual ampara y protege mediante una causal de reserva a este tipo de documentación. En consecuencia dar publicidad al contenido de la Hoja de Vida de un Oficial en servicio activo, sin duda que afecta a la seguridad y la defensa nacional como expusiera el Ejército en sesión especial al Consejo Directivo de este Consejo, lo que configura la existencia de las causales de secreto o reserva en cuya virtud se puede denegar esta información, prevista y descrita en el artículo 21, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 8 y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Política de Chile. Por otra parte, hace presente que se aplicó el procedimiento legal establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ejerciendo la citada Oficial Jefe, en tiempo y forma, su derecho a oponerse a la entrega de su Hoja de Vida, razón por la cual con el solo mérito de dicha oposición y en conformidad al inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia, el Ejército queda impedido legalmente de proporcionar la Hoja de Vida requerida. 4) AMPARO: El 27 de noviembre de 2019, don Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio E18620, de 27 de diciembre de 2019, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (4°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, del tercero que se opuso a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6°) remita copia íntegra de las hojas de vida solicitadas. Mediante JEMGE DETLE A.J. (P) N° 6800/350, de fecha 13 de enero de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que las Hojas de Vida requeridas se refieren a una Mayor que se encuentra en servicio activo, por lo que pertenece a la Fuerza Terrestre, situación de especial sensibilidad desde el punto de vista de la inteligencia militar, razón por la cual el divulgar sus hojas de vida a un tercero significa poner en riesgo aspectos de esa naturaleza, toda vez que de su contenido se pueden obtener y/o estructurar datos relevantes para potenciales adversarios, tanto externos como para grupos delictuales organizados o de narcotráfico dentro del territorio nacional. Destaca que la Mayor se desempeña como Fiscal Militar del Segundo Juzgado Militar de Santiago, puesto de especial sensibilidad no solo para la Institución, sino que también para el correcto funcionamiento de la jurisdicción militar, dado que dicha labor, significa en materia civil, dictar todas las providencias de sustanciación y recibir todas las pruebas que se produzcan, hasta dejar la causa en estado de ser fallada, y en materia penal, instruir y substanciar todos los procesos, recogiendo y consignando todas las pruebas pertinentes, deteniendo a los inculpados y produciendo todos los elementos de convicción que sean del caso. Destaca que las Hojas de Vida, son un instrumento administrativo para evaluar al personal en toda su dimensión profesional y personal. Razón de ello, es que del contenido de dicha documentación es posible obtener el arma, especialidad y destinaciones no solo de quien pertenece la Hoja de Vida sino de cada uno de los superiores y calificadores que intervienen, las capacidades militares, estructuras organizacionales, modificaciones que van experimentando las Unidades, refuerzo operacional de las mismas, funciones, supresión, traslados, tipo de armamento con que cuenta, etc. Se suma a lo anterior, los perfiles personales y profesionales que se van develando a través de los distintos periodos de calificación, todo lo cual es de especial interés conocer para los acercamientos y/o reclutamientos que directa o indirectamente procuran realizar grupos interesados, (manejo profesional de armas, conducción especializada de vehículos en situaciones de alto riesgo, manejo de explosivos, conocimiento de telecomunicaciones, medidas evasivas, operaciones nocturnas, etc...), entendiendo que, la oficial por la cual se consulta, se desempeña en un puesto de relevancia para el Ejército, unidad y cargo que se señaló, asociando a estos puestos, conocimientos del tipo de armamento, sistema de armas, estrategia militar y táctica empleada por el Ejército, tanto para su entrenamiento, como para eventuales conflictos armados, los que en definitiva, deben mantenerse en reserva para que el personal no sea objeto de eventuales acercamientos o coerciones por grupos ajenos a la Institución. Estos documentos son reservados para todos los integrantes de la Institución, salvo el calificador directo, superior o responsable de administrarla, de modo tal que aparece un contrasentido que pierdan esa naturaleza para con personas ajenas a la misma. Las Hojas de Vida forman parte de un proceso reglado y reservado de calificaciones y selección, según lo establece el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y el artículo 79 del Decreto con Fuerza de Ley (G) N° 1, de 1997, "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas". La Institución ha sido reiterativa en alertar a esta Corporación que con la entrega de las Hojas de Vida se pierde el resguardo necesario de estas, y de la información que contienen o es posible extraer, ya que el Ejército se encuentra impedido de conocer el motivo de su petición, así como el uso y destino que se les puede dar. Sin duda, que la entrega y circulación, sin control, de las Hojas de Vida del personal de la Institución, preocupa seriamente al Ejército de Chile, como lo ha expuesto por escrito y verbalmente en ocasiones anteriores; constituye un riesgo cierto y latente que responsablemente no admite esperar que se produzca o se constate efectivamente el daño que puede ocasionar o que ya se puede estar produciendo con la múltiple entrega de Hojas de Vida. Conforme a los argumentos antes expuestos, no es posible acceder a proporcionar dicha documentación, debiendo considerarse este tipo de documentación referente al personal militar activo, su calidad de secreta, concurriendo las causales de secreto y reserva de los artículos 20, inciso 2°, y 21, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia. Respecto de la afectación de los derechos del tercero, señala que le corresponde fundamentar de forma personal su oposición, ejerciendo su derecho consagrado en el artículo 20 de la ley 20.285, indicando la manera como estima que con la publicidad de la información requerida se verían afectados sus derechos personales y de los cuales es titular. Además, el Ejército se encuentra impedido de evaluar los argumentos expuestos por el tercero, en conformidad a lo dispuesto por la Instrucción General N° 10, acápite 2.4, que señala que deducida la oposición en tiempo y forma junto con quedar el órgano requerido impedido de proporcionar la documentación solicitada, "no le corresponderá analizar la pertinencia o calidad de la fundamentación de la negativa del tercero". En consecuencia, el Ejército se ciñó al procedimiento legal y a las instrucciones impartidas por este Consejo, por lo que la no entrega de la información no obedece a una voluntad del Ejército, sino que, al cumplimiento de la ley, motivo por el cual, mal podría sostenerse que la Institución ha denegado la información. Informa que mediante documento JEMGE DETLE (R) N° 1000/34742, de 29 de octubre de 2019, enviado al correo electrónico del Segundo Juzgado Militar de Santiago, el Ejército comunicó a la Mayor el ingreso de la solicitud a fin de que ejerciera la facultad que le asiste de oponerse. Posteriormente, recibida la carta de oposición ejercida por la Oficial Jefe, ella manifiesta su oposición a la entrega de los antecedentes requeridos, por los motivos que ahí se indican. Por último, manifiesta que las referidas Hojas de Vida quedan a disposición del Consejo, para su exhibición. Luego, a solicitud de este Consejo, el órgano complementó sus descargos, a través de correo electrónico de fecha 22 de enero de 2020, remitiendo los documentos que dan cuenta del traslado al tercero y la oposición que aquella manifestó a la entrega de la información. 6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: Mediante Oficio E1017, de fecha 27 de enero de 2020, esta Corporación confirió traslado al tercero interesado comunicado por el órgano reclamado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y en el artículo 47 del Reglamento de dicha ley, a fin de que presente sus descargos u observaciones. Por medio de presentación de fecha 30 de enero de 2020, el tercero realizó descargos, en los que solicita se deniegue el acceso a la información, reiterando los argumentos manifestados ante el órgano reclamado, los que se encuentran reproducidos en el segundo numeral de esta parte expositiva. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega de la información requerida, consistente en las hojas de vida de los años 2015 a 2018 de la Mayor de Ejercito en servicio activo que indica, solicitud que fue denegada por el Ejercito en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 21, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia. Por su parte, la tercera interesada, se opone a la entrega de la información invocando las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, se debe mencionar que el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en: "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, en segundo lugar, en cuanto a las hojas de vida de los funcionarios públicos, se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo roles C2010-17, C2089-17, C3046-17 y C3047-17, C3244-17, C1241-18, C1366-18, C16-19, C174-19, C595-19 y C2015-19, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas: "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate". 4) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que, atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones de sueldo, viáticos y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto, y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma. 5) Que, en cuanto a las causales de reserva alegadas por el órgano, esto es, aquellas prescritas en el artículo 21, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436, N° 1 ,del Código de Justicia Militar, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, y por el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política de la República- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. 6) Que, en la especie, el Ejército de Chile ha argumentado que la Mayor referida en la solicitud pertenece a la Fuerza Terrestre por lo que divulgar sus hojas de vida significa poner en riesgo aspectos de inteligencia militar, ya que de ellas se pueden obtener datos relevantes para potenciales adversarios, destacando que la Mayor se desempeña como Fiscal Militar del Segundo Juzgado Militar de Santiago, puesto de especial sensibilidad para la Institución y para el funcionamiento de la jurisdicción militar, dado que, en materia civil, dicta las providencias de sustanciación y recibe las pruebas, hasta dejar la causa en estado de fallarse, y en materia penal, instruye y substancia los procesos, recogiendo y consignando las pruebas, deteniendo a los inculpados y produciendo los elementos de convicción. Indica que del contenido de las hojas de vida es posible obtener el arma, especialidad y destinaciones no solo de quien pertenece, sino de cada uno de los superiores y calificadores que intervienen, las capacidades militares, estructuras organizacionales, modificaciones de las unidades, refuerzo operacional de las mismas, funciones, supresión, traslados, tipo de armamento con que cuenta, etc. Así, los perfiles son de interés para los acercamientos que directa o indirectamente procuran realizar grupos interesados, entendiendo que, la funcionaria consultada, se desempeña en un puesto de relevancia para el Ejército, asociando a estos puestos, conocimientos del tipo de armamento, sistema de armas, estrategia militar y táctica empleada, tanto para su entrenamiento, como para eventuales conflictos armados, los que en definitiva, deben mantenerse en reserva para que el personal no sea objeto de acercamientos o coerciones por grupos ajenos a la Institución. 7) Que, como es posible apreciar, el Ejercito ha realizado, por una parte, alegaciones genéricas sobre la materia y eventuales afectaciones a la inteligencia militar que podrían desprenderse del conocimiento de las hojas de vida consultadas, y por otra, se ha referido a la función específica que desarrolla la Mayor en cuestión, pero sin explicar en modo alguno de qué manera se pueden ver afectadas dichas labores jurisdiccionales al conocerse los antecedentes contenidos en sus hojas de vida, más aún, si se considera, como más adelante se explicará, que existen determinados antecedentes que deben mantenerse en reserva, en virtud del principio de divisibilidad. En conclusión, no ha acreditado de qué modo concreto ni específico la entrega de los datos requeridos puede afectar los bienes jurídicos cautelados por las causales esgrimidas, esto es, el debido funcionamiento del órgano o la seguridad de la Nación. 8) Que, en la especie, la información reclamada ha sido elaborada con presupuesto público, y ha debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el Ejército de Chile en los procesos calificatorios de la funcionaria en cuestión, y, además, obra en poder de un órgano de la Administración del Estado. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de las hojas de vida pedidas pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos del tercero, máxime si se considera que se trata de antecedentes que son esencialmente públicos, toda vez que, como el propio tercero y el órgano han señalado, contiene información sobre las actuaciones y desempeño del personal, en su calidad de funcionario del Ejército, antecedentes curriculares y profesionales, capacitaciones, así como otros antecedentes a considerar para sus evaluaciones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N° 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, el cual establece que: "El desempeño del personal se evaluará, anualmente, a través de un sistema de calificaciones que considerará el rendimiento y la capacidad para el ejercicio de sus funciones, basándose para ello en los conceptos contenidos en las correspondientes hojas de vida" (énfasis agregado). 9) Que, por su lado, respecto de las normas contenidas en diversos reglamentos, teniendo en consideración el Principio de la jerarquía normativa de las normas legales, cabe tener presente que dicha reglamentación solo resulta aplicable al personal institucional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 204, del año 1969, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento Complementario del D.F.L. N° 1 de 1968 Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, y los deberes militares consagrados en el Decreto Supremo N° 1445, de 1951, del mismo Ministerio, que establece el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, y en ningún caso constituyen causales de reserva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, y el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política de la República. Luego, el artículo 255 del Código de Justicia Militar establece que: "Será castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, el que, sin alcanzar a cometer traición, divulgue en todo o parte, entregue o comunique a personas no autorizadas para ello, planos, mapas, documentos o escritos secretos que interesen a la defensa nacional o seguridad de la República; o comunique o divulgue datos o noticias extraídos de dichos planos, mapas, documentos o escritos; siempre que le hubieren sido confiados o de ellos hubiere tomado conocimiento por razón de su estado, profesión o de un una misión gubernativa, o con motivo de las funciones que ejerza o haya ejercido anteriormente", al referirse a planos, mapas, documentos o escritos secretos que interesen a la defensa nacional o seguridad de la República, resulta plausible sostener que, en ningún caso, alcanza a cubrir las hojas de vida de los funcionarios institucionales, toda vez que el órgano, ni en su respuesta ni en sus descargos, ha señalado argumento alguno que permita acreditar dicha calidad, o configurar el tipo penal descrito en la norma. 10) Que, por su parte, la Mayor en cuestión, ha alegado la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, ya que la entrega de la información afectaría el respeto y protección de su vida privada, por contener antecedentes específicos de índole particular concernientes a la carrera, conducta, cualidades y condiciones tanto personales como profesionales, antecedentes de salud y controles médicos realizados, entre otros aspectos del ámbito individual a considerar, desconociéndose la finalidad o uso que terceras personas podrían darles. Sin embargo, teniendo en cuenta lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo no advierte de qué forma la divulgación de las hojas de vida y calificaciones de funcionarios públicos pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos de éstos, en los términos de la mentada causal de reserva legal, máxime si se considera que se trata de antecedentes -que como se señaló- son esencialmente públicos. Razón por la cual, se descartará la configuración de la causal alegada, así como también, la del número 5, del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por fundarse en iguales argumentos a los invocados por el órgano. 11) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del Ejército, y habiéndose desestimado las alegaciones tanto del órgano como del tercero, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de copia de las hojas de vida de la Mayor señalada. Sin perjuicio de lo anterior, se deberán tarjar todos los datos personales de contexto contenidos en éstas, que en nada se relacionen con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía de la funcionaria, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haberla afectado, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628. Asimismo, de ser ello pertinente, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Todo lo cual se realiza en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de las hojas de vida de la Mayor de Ejercito Paola Jofré Valdivia, de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Lo anterior, tarjando previamente de aquellas, todos aquellos datos personales de contexto contenidos en éstas, que en nada se relacionen con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía de la funcionaria, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios, y de ser pertinente, las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y a la tercera interesada. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.