<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C8113-19</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Subsecretaría de Justicia</p>
<p>
Requirente: Andrés Cerpa Navarrete</p>
<p>
Ingreso Consejo: 09.12.2019</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se rechaza el amparo en contra de la Subsecretaría de Justicia, respecto a entregar copia del proyecto de ley que permitirá que las personas con antecedentes penales puedan trabajar en la Administración Pública en grados profesionales y técnicos.</p>
<p>
Lo anterior, debido a que la entrega de dicha información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En efecto, divulgar información de naturaleza preliminar, a juicio de esta Corporación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la Subsecretaría de Justicia en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello claramente el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1090 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8113-19.</p>
<p>
VISTOS:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de noviembre de 2019, don Andrés Cerpa Navarrete solicitó a la Subsecretaría de Justicia la siguiente información: copia del proyecto de ley que permitirá que las personas con antecedentes penales puedan trabajar en la Administración Pública en grados profesionales y técnicos.</p>
<p>
2) RESPUESTA: El 27 de noviembre de 2019, la Subsecretaría de Justicia respondió a dicho requerimiento de información indicando que debido a que los proyectos de ley constituyen a antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una determinada resolución, se deniega la entrega de la información en virtud del artículo 21, N°1, letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
3) AMPARO: El 9 de diciembre de 2019, don Andrés Cerpa Navarrete dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la falta de respuesta. De acuerdo a lo señalado por el Sr. Subsecretario de Justicia: "considerando que los anteproyectos de ley constituyen - tal como su denominación lo indica - antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una determinada resolución, medida o política, que concluye con la presentación del mismo al congreso, por el presente oficio le informamos que, mientras esto no acontezca, estamos impedidos de hacer entrega del texto citado".</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de la Subsecretaría de Justicia , mediante Oficio N° E18894 de 28 de diciembre de 2019 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.</p>
<p>
Por medio de presentación Of. Ord. N°252, de fecha 13 de enero de 2020, el referido organismo junto con reiterar lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento, agregó que relación a lo solicitado en el numeral 1°, en cuanto a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que a juicio de esta institución, harían procedente la denegación de la información el artículo 8, inciso segundo de la Constitución Política de la República y artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. El organismo indica que ellos deben "Asesorar jurídicamente al Presidente de la República, cuando así lo solicite, para cuyo efecto podrá requerir informes a los Ministerios por orden del Presidente; efectuar, sin competencia resolutiva, la revisión técnico legal y de coherencia global de los Decretos Supremos; participar en la elaboración de la agenda legislativa del Gobierno y en la revisión y estudio de los anteproyectos respectivos, pudiendo proponer opciones legislativas al Presidente de la República, previa consulta con el Ministro del Interior; hacer el seguimiento de los proyectos de ley en trámite parlamentario, y llevar un archivo de las iniciativas legales en trámite y de su estado de avance". Por tanto, que la publicidad afectaría el privilegio deliberativo, en particular del Presidente de la República el que se traduce en la facultad de adoptar una decisión en cuanto al texto final de la iniciativa de reforma.</p>
<p>
Por otra parte y en relación a lo solicitado en el numeral 3°, es decir, el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo, se informa que actualmente el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través de su División Jurídico Legislativa, se encuentra analizando el borrador de anteproyecto de ley para la remisión de este al Presidente y la fecha de remisión de la misma tampoco se sabe por diversos factores que inciden en lo anterior, la fecha exacta pero se estima el primer semestre del año 2020. Finalmente adjuntan a sus descargos una serie de presentaciones en relación al amparo.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el objeto de la solicitud está dirigida a obtener información respecto a copia del proyecto de ley. Al efecto, el órgano reclamado señaló que la información está cubierta por la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
2) Que, la Subsecretaría de Justicia no hizo entrega del anteproyecto solicitado, toda vez que a su juicio procedería la aplicación de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b), que permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.</p>
<p>
3) Que, a partir de las decisiones pronunciadas en los amparos roles A12-09, A47-09 y A79-09, este Consejo ha sostenido reiteradamente que para configurar dicha hipótesis de secreto o reserva, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
<p>
4) Que, el anteproyecto, versaría sobre las alternativas que el Gobierno de Chile, por medio de la reclamada, estaría evaluando a fin de generar un proyecto en el cual se buscaría modificar la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la cual por medio de la Ley N°20.702, publicada con fecha 15 de octubre del año 2013, se limitó la prohibición de ingreso a la administración pública, luego en el año 2019 se realizó un nuevo anuncio en el cual se buscaría ampliar la mencionada normativa, para que las personas condenadas por simples delitos puedan trabajar en el sector público en cargos profesionales y técnicos, tanto a nivel central como municipal. Por tanto, tratan sobre antecedentes que servirían de base a una medida o política de la autoridad administrativa requerida. En cuanto al segundo requisito, divulgar información de naturaleza preliminar, a juicio de esta Corporación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la Subsecretaría de Justicia en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello claramente el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
5) Que a mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el espacio para el debate sobre los proyectos de ley está en el Congreso Nacional. De hecho, una de las características de los anteproyectos es el acceso restringido a éstos, aun dentro del Ejecutivo. Sólo conocen de ellos las personas u organismos a quienes el Presidente o el Ministro encargado de impulsarlos, estima pertinente dárselos a conocer. Incluso el destinatario final de un anteproyecto, si llega a transformarse en proyecto de ley (el Congreso Nacional), está excluido de conocerlo en esta etapa. Profundizando su razonamiento, dictaminando que el "conocimiento singular de un anteproyecto por un particular, sería una desconsideración con el Congreso, que es el destinatario final de los proyectos de ley. Una vez que el Gobierno decida el envío del anteproyecto, éste gozará de máxima publicidad. El texto irá acompañado de un mensaje en el que explicarán las razones que lo justifican. Los Ministros tendrán que concurrir al Congreso a dar explicaciones sobre el sentido y alcance de lo que se propone. Transformado en proyecto de ley, el Congreso se convierte en el foro privilegiado de discusión de las iniciativas legales. Por lo mismo, no tiene sentido iniciar una discusión previa a la que naturalmente debe darse en el Congreso". Concluyendo que para dicho Tribunal, "todo lo que tenga que ver con la publicidad, vía derecho de acceso, durante la etapa de preparación de los proyectos de ley o fase prelegislativa, afecta negativamente el ejercicio de la potestad legislativa del Presidente de la República". (Sentencia Rol N° 2246-12, de 13 de enero de 2013).</p>
<p>
6) Que en dicho contexto, se justifica plenamente la denegación de la información consultada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 b) de la Ley de Transparencia invocado por la Subsecretaría de Justicia. En consecuencia, se rechazará el amparo por las razones esgrimidas.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por don Andrés Cerpa Navarrete, en contra de la Subsecretaría de Justicia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Andrés Cerpa Navarrete, y al Sr. Subsecretario de la Subsecretaría de Justicia.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>