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DECISIÓN AMPARO ROL C8223-19</p>
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Entidad pública: Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).</p>
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Requirente: José Joaquín Suzuki Vidal.</p>
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Ingreso Consejo: 15.12.2019.</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ordenando informar, respecto de las querellas consultadas, los tribunales que las conocen y el RIT o RUC de cada una.</p>
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Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó suficientemente una afectación a la vida privada de los terceros, como asimismo, al debido cumplimiento de las funciones del servicio.</p>
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En efecto, la designación del RIT o RUC, la realizan los Tribunales de Justicia, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad que se encuentra consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos". Además, la publicidad de los procesos penales se encuentra consagrada en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.</p>
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Con todo, en caso de existir un riesgo de afectar la vida privada de las víctimas, los intervinientes, entre ellos el INDH, pueden solicitar al tribunal mantener en reserva la identidad de la víctima y omitir su identidad en el sistema. De ahí que, de no haberse solicitado en su oportunidad, se colige que el servicio ponderó dicha situación y no lo consideró necesario, a la luz de las circunstancias de cada caso en particular. Además, no sería coherente con los objetivos del Instituto, no requerir a los juzgados la reserva de identidad de las víctimas, para después, negar la entrega de los roles de las causas.</p>
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Se sigue lo resuelto en la decisión de amparo rol C2607-17.</p>
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En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C8223-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de noviembre de 2019, don José Joaquín Suzuki Vidal solicitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la siguiente información: "el listado de las 345 querellas interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos entre el 18 y 28 de octubre.</p>
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Solicito que el listado indique la fecha en que se interpuso la querella, el Tribunal donde se interpuso y que se indique el Rol Interno del Tribunal (RIT) o el Rol Único de la Causa (RUC) donde se interpuso la querella".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de resolución exenta N° 371, de 3 de diciembre de 2019, el órgano en síntesis, accedió parcialmente a lo solicitado, entregando una planilla Excel, donde se informa respecto de cada querella, la región, comuna, número de víctimas, institución a la que pertenecen las personas en contra de quienes se dirige la querella, y delito.</p>
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Sin embargo, se denegó la entrega de los RIT y RUC de las querellas, por las siguientes razones:</p>
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a) Dicha entrega permitiría conocer la identidad de las víctimas y detalles sobre los delitos sufridos, lo que involucraría revelar datos personales y sensibles de los interesados, como es el caso de sus estados de salud, en los términos definidos por el artículo 2°, letras f) y g) de la ley N° 19.628, con lo que se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285.</p>
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b) El INDH debe asegurar la confidencialidad de los datos que los afectados le entregan, porque si no actúa de este modo, estos no tendrían la confianza necesaria para acudir a la institución, con lo que se entorpecería el cumplimiento de la función de protección de los derechos humanos que la ley entrega al INDH. Por lo tanto, se configura la causal de reserva genérica del artículo 21 N° 1 de la ley N° 20.285.</p>
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c) La protección de datos personales rige de manera reforzada respecto de personas víctimas de tortura. Así, según dispone el artículo 13 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes "todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado".</p>
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d) Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, por ejemplo, en el caso J. versus Perú, sentencia de 27 de noviembre de 2013, estableciendo que "dada las violaciones alegadas en el presente caso, la reserva de la identidad de la presunta víctima es procedente y deberá ser respetada, tanto en el marco del presente proceso ante la Corte como respecto de las declaraciones o información que cualquiera de las partes haga pública sobre el caso. Asimismo, la Corte consideró que, debido a los hechos alegados en el presente caso, la reserva de la identidad de la presunta víctima no sólo implica la confidencialidad de su nombre, sino también de toda aquella información sensible que conste en el expediente sobre la alegada violencia sexual y cuya publicación pudiera afectar el derecho a la vida privada y la integridad personal de la presunta víctima". Al respecto, se ha de considerar que las querellas por las que se pregunta versan sobre diversos tipos de tortura, como por ejemplo los apremios ilegítimos y la tortura propiamente tal.</p>
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3) AMPARO: El 15 de diciembre de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial.</p>
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Al efecto, sostuvo en síntesis, que: "Yo solicité el listado de querellas presentadas por el INDH con su RUC y/o RIT y la institución me indicó (en un archivo Excel) la región que se interpuso, la comuna, la institución contra quien se dirige, el delito y la clasificación temática, más otras consideraciones. Agradezco el trabajo del INDH, pero yo necesito el RUC y RIT". Luego, en la parte final de su amparo refirió que: "Por último, el INDH señala que en la plantilla proporcionada en subsidio (...) viene el tribunal, pero solo se indica la comuna, no el tribunal de garantía correspondiente".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante oficio N° E634, de fecha 17 de enero de 2019, requiriendo que: (1°) refiérase a las alegaciones señaladas por el requirente en su amparo, respecto a que la plantilla proporcionada en subsidio, se encuentra incompleta; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) explique cómo lo reclamado afectaría los derechos de los terceros.</p>
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Posteriormente, por medio de ordinario N° 114, de 31 de enero de 2020, el órgano reiterando lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Desde el 18 al 28 de octubre de 2019 se presentaron 108 querellas, principalmente por diversas formas de tortura, como es el caso de los apremios ilegítimos, la violencia innecesaria o la tortura propiamente tal.</p>
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b) La especial protección para la víctima surge tanto del carácter degradante de las conductas descritas (vida privada de aquella), como del hecho que los sujetos activos son agentes del Estado, lo que genera un desequilibrio que hace concebir a la víctima un justo temor de sufrir represalias por su denuncia.</p>
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c) El hecho que el tribunal pueda decidir respecto de cuales antecedentes quedan a disposición del público constituye un motivo más para reforzar esta protección. En efecto, lo que hace el INDH al denegar los RIT y RUC de las causas, busca evitar que las mismas tengan mayor difusión.</p>
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d) Por lo tanto, no resulta procedente la entrega de los RIT y RUC de las querellas consultadas, por las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia, con la sola excepción de aquellas deducidas por homicidio.</p>
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e) Por último, el dato relativo al tribunal estaba incluido en versiones anteriores de la planilla. En la actual no se incluye para facilitar la lectura, no aumentando la cantidad de campos a considerar; sin embargo, al incluirse la comuna, se entrega la determinación del tribunal competente.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la falta de entrega del nombre de los tribunales y los respectivos RIT o RUC, relativos a las querellas interpuestas por el INDH, en el periodo consignado en el numeral 1°, de lo expositivo.</p>
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2) Que, en un primer orden de ideas, respecto de la entrega del nombre de los tribunales consultados, el órgano refirió que aquello se responde al haber informado la comuna respectiva, alegación que debe ser desestimada, toda vez que en la planilla entregada al requirente se aprecian comunas como Santiago, quien cuenta con varios Juzgados de Garantía. De esta manera, al no cumplirse con el tenor de lo solicitado, y al no evidenciarse además, circunstancias fácticas o causales de reserva que impidan la entrega de lo solicitado, es que se acogerá el amparo en esta parte, ordenando al INDH, informar el nombre de los tribunales solicitados previamente.</p>
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3) Que, por otra parte, en lo que atañe a los RIT o RUC de las querellas interpuestas por el órgano reclamado, el órgano alegó las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia, con excepción según señaló, de las querellas sobre homicidios. Por lo tanto, antes de analizar las referidas causales, el amparo en lo que dice relación con este último delito será acogido, atendido que el INDH no alegó causales de reserva a su respecto.</p>
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4) Que, en lo que concierne al resto de las querellas, para ponderar las causales de reserva antes señaladas, cabe tener presente el marco normativo aplicable a la publicidad de los expedientes judiciales en materia penal, dentro del cual se encuentran lógicamente los medios para identificarlos, como ocurre por ejemplo, con el rol de cada causa. En este orden de ideas, la designación de un RIT o RUC a las respectivas causas penales, la realizan los Tribunales de Justicia, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad, que se encuentra consagrado en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos". Esta es, en consecuencia, la premisa legal que aplica sobre la materia consultada, en tanto la designación de un número para identificar una causa judicial, constituye una actuación del tribunal correspondiente. Luego, con este antecedentes, nos permite como sociedad materializar una garantía que incluso se encuentra reconocida en tratados internacionales, tal como ocurre en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos.</p>
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5) Que, en efecto, el artículo 8° N° 5, de la Convención Americana, en lo que atañe a las Garantías Judiciales, establece que: "El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia". A su turno, el artículo 14 del citado Pacto establece que: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente (...). En este mismo sentido, en el ámbito de la legislación nacional, el artículo 1° del Código Procesal Penal, dispone que: "Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público". Lo anterior, se basa en que la publicidad como base de la función jurisdiccional garantiza una mejor administración de justicia, ya que permite a la ciudadanía en general, y a las partes en particular, controlar la actuación de los tribunales, velando por la transparencia y corrección de sus actuaciones. Desde este punto de vista, para dar inicio a dicha publicidad en necesario poder en primer lugar, identificarla, siendo esencial para ello el conocimiento del rol interno de la causa judicial. Es por esta razón, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 22 de noviembre de 2005, sobre Caso Palamara Iribaren versus Chile, señaló que la publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la necesidad de transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen.</p>
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6) Que, con todo, la normativa antes citada, desde luego admite excepciones, como el honor o la intimidad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio. Sin embargo, el llamado a aplicar reservas en los respectivos procesos son los mismos Tribunales, tal como dispone la Excma. Corte Suprema, en el artículo 37 de su Compendio de Autos Acordados, particularmente, en su Capítulo Décimo Sexto, sobre las normas de tramitación: "Publicidad de las Actuaciones. Las actuaciones que se realicen ante el Juzgado de Garantía, por la naturaleza del nuevo sistema procesal penal, son públicas (artículo 1° del Código Procesal Penal, artículo 8 N° 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), sin perjuicio que el tribunal pueda disponer, a petición del fiscal o de otro interviniente, su reserva, lo que sólo corresponderá acoger cuando la gravedad de los antecedentes o sus circunstancias lo hagan aconsejable". Lo anterior, se puede ver reflejado en la causal penal RIT 3854-2019, ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, donde el INDH es uno de los querellantes según se informa en el sistema informático, en que el juez proveyó entre otras cosas, que: "Atendida la gravedad de los hechos denunciados, como se pide, manténgase en reserva la identidad de la víctima y omítase su identidad en el sistema siagj".</p>
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7) Que, por lo tanto, cuando la naturaleza del delito lo amerita, es el mismo INDH quien solicita a los distintos tribunales las reservas respectivas. En este contexto, el artículo 2°, de la ley 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dispone que el Instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile. Luego, en virtud de esa función, el artículo 3° número 5 de la misma ley, establece que le corresponde deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia, entre otras, las querellas por los delitos que ahí se consignan. De ahí que, en protección de los derechos humanos, no solo debe deducir las respectivas acciones judiciales, sino además, proteger a las víctimas, tutela que naturalmente se extiende a la necesidad -si así lo considera necesario el INDH- de solicitar las respectivas reservas de identidad a los tribunales respectivos. Por lo tanto, partiendo sobre la base de que, si la víctima necesitaba la referida reserva, el órgano reclamado en cumplimiento de sus propias funciones, debió solicitar al juzgado la reserva respectiva. Luego, si no lo requirió, se colige que el servicio ponderó dicha situación y no lo consideró necesario, a la luz de las circunstancias de cada caso en particular. Además, no sería coherente con los objetivos del Instituto y de su propio actuar, no requerir a los juzgados la reserva de la identidad de las víctimas, para después, negar la entrega de los roles de las causas.</p>
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8) Que, asimismo, se debe tener presente lo razonado en la decisión de amparo rol C2607-17, donde se señaló que: "respecto de la alegación de la reclamada en cuanto a que con la entrega de lo solicitado se afectarían los derechos de las personas vinculadas a las acciones penales, por lo que se vulneraría el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, cabe señalar que con la entrega de la información solicitada no se ésta entregando los nombres de los querellados por parte del SII, sino que solamente datos de individualización de dichas querellas. Sin perjuicio de lo señalado, si se dispone del RIT, del RUC, del tribunal y del tipo de causa, cualquier persona puede consultar en el sitio web del Poder Judicial sobre el estado de una causa penal, no significando ello una vulneración a la esfera de la vida privada de las personas que pudieran aparecer involucradas en éstas". En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto, al no advertirse una afectación a la vida privada en la forma alegada, se desestimará la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.</p>
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9) Que, por otra parte, tampoco se puede estimar que al informar los roles de las querellas, se desincentivaría a las víctimas a acudir ante el órgano reclamado y con ello, afectar el debido cumplimiento de sus funciones, por cuanto si la naturaleza de los hechos lo aconsejan, el INDH puede solicitar al juzgado respectivo la reserva de identidad de la víctima, tal como se precisó en los considerandos anteriores. Además, cabe tener presente que las funciones del órgano referente a deducir querellas, no se ejerce en representación de la víctima, respecto de quien no necesita el órgano habilitación o autorización, puesto que el INDH posee un título legal que lo habilita para aquello. En efecto, la legitimación activa para comparecer en calidad de interviniente, está dada por la ley N° 20.405 que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos que tiene por objeto la promoción y protección de los Derechos Humanos, y que en su artículo 3 N° 5 la faculta para deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia. Por lo tanto, se desestimará la causal de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia.</p>
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10) Que, en otro orden de ideas, conocer la información solicitada, permite también ejercer control sobre el modo en que la entidad reclamada, esto es, el INDH, ha ejercido la facultad establecida en el artículo 3 N° 5 de la ley N° 20.405, descrita en la considerando 7°, precedente. En efecto, la denegación de hacer entrega de los roles de las querellas consultadas, no haría otra cosa que inhibir o coartar a la sociedad de su derecho a determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones legales del órgano reclamado. En tal sentido, la Exma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 10.474-2013, en su considerando 6° (criterio reiterado en la sentencia de la mima Corte, en causa Rol N° 6663-2012), "el ciudadano, (...) tiene el derecho a conocer la eficiencia y eficacia con que dicho órgano público cumple sus funciones. Efectivamente, la información solicitada y concedida parcialmente por el Consejo para la Transparencia se inserta en el derecho a conocer cómo cumple la Superintendencia su deber legal de fiscalizar a las empresas bancarias y financieras conformadas por agentes privados (...) el acceso a la información pública ha llegado a conformar con motivo de la evolución legislativa e institucional descrita en el considerando quinto precedente, una forma de control ciudadano para que la actuación de los órganos públicos, la confianza y fe pública que se deposita en el cumplimiento de sus obligaciones legales sean efectivamente legitimadas desde el punto de vista de lo que es una sociedad democrática".</p>
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11) Que, a mayor abundamiento, al ingresar a la web del poder judicial, es posible acceder a algunas causas penales en que el INDH interviene como querellante en las fechas consultadas, al buscar por el nombre de su representante legal.</p>
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12) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don José Joaquín Suzuki Vidal en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que:</p>
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a) Entregue al solicitante la información consistente en el listado de las querellas interpuestas por el servicio entre el 18 y 28 de octubre de 2019, precisando el Tribunal donde se interpuso y el Rol Interno del Tribunal (RIT) o el Rol Único de la Causa (RUC).</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don José Joaquín Suzuki Vidal y al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>