<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C8285-19</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Corporación Municipal de Maipú</p>
<p>
Requirente: Claudio Núñez Álvarez</p>
<p>
Ingreso Consejo: 17.12.2019</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Corporación Municipal de Maipú, sobre antecedentes de los certámenes para proveer los cargos de directores de establecimientos educaciones consultados.</p>
<p>
Se ordena entregar la siguiente información:</p>
<p>
i. El nombre de la empresa externa que estuvo a cargo de la evaluación psicolaboral del reclamante.</p>
<p>
ii. Copia los informes curriculares y psicolaborales elaborados por la consultora externa referidos al reclamante.</p>
<p>
iii. Copia del acta de la Comisión Calificadora referida a la postulación del reclamante al Cargo de director del Liceo Nacional de Maipú.</p>
<p>
iv. El nombre del ganador del concurso para proveer el cargo de director del Liceo Nacional de Maipú.</p>
<p>
Respecto de lo indicado en las letras i. y iv. anterior, por tratarse de información sujeta a la regla general de publicidad de los actos de la Administración del Estado; y respecto de lo ordenado en las letras ii. y iii., por corresponder a información personal del solicitante, respecto de la cual no se advierte la configuración de alguna causal de reserva, considerando que el órgano no presentó sus descargos en esta sede.</p>
<p>
Se hace presente que esta información deberá ser entregada, previa reserva de cualquier dato personal de contexto de personas distintas a la solicitante y, de manera presencial, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la instrucción general N° 10, dictada por esta Corporación.</p>
<p>
Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de nómina de postulantes elegibles para la dirección del Liceo Nacional de Maipú y copia del informe entregado por la empresa consultora con indicación de postulantes preseleccionados para el cargo de director del Liceo Bueras y Avaria; por ser información que ha sido expresamente reservada por una ley de quórum calificado, por tratarse de antecedentes cuya divulgación afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano en la adecuada operación del Sistema de Alta Dirección Pública, configurándose las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882.</p>
<p>
Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, relativo a la naturaleza de las evaluaciones o informes psicolaborales, por cuanto, a su juicio, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Agrega, que ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, debe ser protegida la reserva, salvo en lo que respecta al informe psicológico del propio solicitante.</p>
<p>
Hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien estima que se debe rechazar el amparo respecto del informe psicológico del propio solicitante, pues la ley no permite entregar las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas. Además, el acceso a dichos informes conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y por tratarse de un instrumento que contiene la apreciación de un experto.</p>
<p>
Se representa al órgano no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello, así como también, la falta de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8285-19.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de octubre de 2019, don Claudio Núñez Álvarez solicitó a la Corporación Municipal de Maipú, en relación a su participación en el "concurso público para cargo de Director en siete colegios CODEDUC en diciembre del año 2018", la siguiente información:</p>
<p>
a) "Nombre de la consultora externa que estuvo a cargo de evaluación psicolaboral.</p>
<p>
b) Copia del informe de mi postulación para CODEDUC, elaborado por dicha consultora, incluida la calificación asignada para uno o más colegios.</p>
<p>
c) Copia del informe de Comisión Calificadora de mi postulación al Liceo Nacional de Maipú, por ser a la única citación que recibí y a la que asistí.</p>
<p>
d) Copia de nómina con nombres de postulantes elegibles para la dirección del Liceo Nacional de Maipú, presentados por CODEDUC a Sra. Alcaldesa.</p>
<p>
e) Copia del informe realizado por consultora externa entregado a CODEDUC en diciembre 2018 con postulantes preseleccionados para dirección del Liceo Santiago Bueras y Avaria y sus respectivas calificaciones".</p>
<p>
2) PRORROGA DE PLAZO: El 28 y 29 de noviembre de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 17 de diciembre de 2019, don Claudio Núñez Álvarez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud, pese a que se le comunico una ampliación a fin de recabar los antecedentes.</p>
<p>
4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Municipal de Maipú, mediante Oficio E429, de 14 de enero de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.</p>
<p>
A la fecha, no consta que la reclamada haya presentado sus descargos en esta sede.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de esta. No obstante, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, el cual vencía el día 27 de noviembre de 2019. Debido a lo anterior, este Consejo representará a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Municipal de Maipú, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción a la precitada disposición.</p>
<p>
2) Que, lo solicitado corresponde a información propia y de terceros generada en el marco de un concurso público para proveer el cargo de Director de Establecimientos Educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Educación de Maipú (CODEDUC). Por su parte, el amparo en análisis se funda en que el órgano requerido no dio respuesta a la solicitud de información.</p>
<p>
3) Que, en cuanto al marco normativo, es útil señalar que la información pedida se refiere a procesos concursable regulados por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican (en adelante Estatuto de Profesionales de la Educación). Con todo, tratándose de establecimiento educacionales dependientes de Corporaciones Municipales y no de Servicios Locales, no le resultan aplicables las modificaciones introducidas por la ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.</p>
<p>
4) Que, en relación con el mecanismo de selección directiva para proveer las vacantes de los cargos de director de establecimientos educacionales, el Estatuto de Profesionales de la Educación, en su artículo 32 bis, establece que "[e]l proceso de evaluación deberá considerar el apoyo de asesorías externas registradas en la Dirección Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de preseleccionar los candidatos que serán entrevistados por la comisión calificadora. Estas asesorías deberán ser elegidas por el miembro de la comisión calificadora del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la ley N° 19.882, o su representante y podrán ser financiadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Calidad y Equidad de la Educación. / Con posterioridad, la comisión calificadora deberá entrevistar a cada uno de los candidatos preseleccionados, proceso para el cual podrá contar con apoyo externo. Luego de ello, la comisión calificadora deberá presentar un informe con la nómina de los postulantes seleccionados. Dicha nómina contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos, los que serán presentados al sostenedor quien podrá nombrar a cualquiera de ellos o declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso".</p>
<p>
5) Que, en tal orden de ideas, se debe tener presente que la ley N° 20.955, de 20 de octubre de 2016, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, modificó entre otras disposiciones, el artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882, consagrando en materia de proceso de selección de Alta Dirección Pública el siguiente estatuto de publicidad de estos. Al respecto, el legislador estableció en su inciso 1°, que "[e]l proceso de selección y sus antecedentes tendrán el carácter de públicos, sin perjuicio de las reservas que expresamente establezca la ley", reconociendo, como regla general, la naturaleza pública de dichos procedimientos administrativos, sin perjuicio de las precisiones, excepciones y contra excepciones que la misma norma regula. A continuación, el legislador dispuso que una vez nombrado el alto directivo público o declarado desierto el concurso, serán públicos: a) los antecedentes curriculares de quien sea nombrado, debiendo resguardarse sus datos sensibles; y b) los puntajes finales de los candidatos incluidos en las nóminas a que se refieren los artículos quincuagésimo y quincuagésimo segundo de la ley, resguardándose la identidad de los mismos (inciso 2°). Consagró en materia de habeas data, que cada postulante, una vez finalizada su participación, tiene derecho a acceder a su propia información, señalando explícitamente que "podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación" (inciso 3°). No obstante, también declaró que siempre tendrán el carácter de confidencial: a) el nombre y otros atributos personales que permitan deducir la identidad de los candidatos; b) las referencias entregadas por terceros sobre los candidatos; c) los puntajes de los candidatos, excepto en los casos señalados en la letra b) del inciso segundo y el inciso tercero; d) las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas en selección de personal sobre los candidatos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso tercero; e) la nómina de candidatos." (inciso 4°).</p>
<p>
6) Que, asimismo, el aludido artículo estableció que las precitadas normas "serán aplicables a todos aquellos procesos de selección en que la ley disponga la utilización del proceso de selección regulado por el Párrafo 3° del Título VI de la presente ley o en los que participe la Dirección Nacional del Servicio Civil o el Consejo de Alta Dirección Pública o sus representantes" (inciso 5°); y que, "en el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Consejo para la adecuada operación del Sistema de Alta Dirección Pública, se mantendrá, por el plazo de nueve años contado desde el inicio de cada proceso de selección, el carácter secreto o reservado de los antecedentes a que se refiere el inciso cuarto de este artículo" (inciso 6°). La ley N° 20.955, en lo que se refiere a la modificación de artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882, fue aprobada en su trámite legislativo por quórum calificado.</p>
<p>
7) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
8) Que, por tanto, respecto de lo pedido en la letra a), del numeral 1° de lo expositivo, se acogerá el amparo, ordenando su entrega al solicitante, por tratarse de información sujeta a la regla general de publicidad de los actos que obran en poder de la administración del Estado, establecida en el artículo 5° y 10° de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
9) Que, ahora bien, en lo atingente a lo pedido en la letra b), del numeral 1° de lo expositivo, debido a que esta ha sido formulada en términos amplios, este Consejo entiende que lo requerido corresponde a todos los informes que normalmente las empresas de asesoría externa elaboran en el marco de este tipo de certámenes, esto es, informe de evaluación curricular e informe de evaluación psicolaboral.</p>
<p>
10) Que, respecto de la evaluación curricular, cabe señalar que, por ejemplo, de acuerdo a las bases del concurso para el cargo de director del Liceo Nacional de Maipú (disponibles en https://www.directoresparachile.cl/Repositorio/PDFConcursos/mduc_25770_03092018_17752.pdf?director-establecimiento-municipal-liceo-nacional-de-maipu), ésta tiene por objeto identificar a aquellos candidatos que se acerquen en mayor medida a las funciones y competencias para ejercer el cargo, sobre la base de los antecedentes escritos presentados por los postulantes. De ese análisis se asignará una calificación, de conformidad a los criterios que allí se indica (7 a 6.5: sobresaliente; 6.4 a 6.0: muy bueno; 5.9 a 5.5: bueno; 5.4 a 5.0: aceptable; 4.9 a 4.0: insatisfactorio y 3.0: no relacionado), pasando a evaluación psicolaboral los postulantes mejor calificados.</p>
<p>
11) Que, en aquellos casos en que el titular de la evaluación curricular sea el propio solicitante, este Consejo en la decisión rol C468-20, resolvió que respecto de este tipo de antecedente resulta aplicable lo establecido en el inciso 3°, del artículo quincuagésimo quinto de la ley 19.882, que dispone que: "cada postulante podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación", ordenándose su entrega al requirente.</p>
<p>
12) Que, por su parte, en lo que se refiere al acceso al informe psicolaboral del propio requirente, a partir de la decisión rol C862-17, este Consejo ha resuelto que la citada disposición también es aplicable.</p>
<p>
13) Que, además, este Consejo ha sostenido que el titular de los datos personales sensibles y de toda la información contenida en el informe psicolaboral no es la empresa consultora que elaboró el informe, ni el órgano o servicio público que encargó su confección, sino la persona evaluada, y en tal sentido, el legislador en el artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882, no ha hecho otra cosa que explicitar que aquel tiene derecho a acceder al resultado de su evaluación, es decir, a las impresiones vertidas sobre él por el evaluador, y que se materializan o documentan en el informe entregado por la aludida empresa consultora. Ello toda vez que dicho informe, en su integridad, es un dato personal sensible del requirente, razón por la cual en los casos en que la información sea solicitada por el propio interesado, para él dichos datos jamás podrán tener el carácter de reservados.</p>
<p>
14) Que, al efecto, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol 9644-2017, de fecha 19 de abril de 2018, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Dirección Nacional del Servicio Civil en contra de la decisión Amparo C862-17 de este Consejo, señaló: "el reconocimiento que hace la ley de que los postulantes a los concursos tienen derecho a acceder a su propia información, desde que los datos que se contienen en ellos son datos personales sensibles según lo dispone el artículo 2°, letra g), la ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, respecto de los cuales surge la titularidad a que se refiere el artículo 12 de aquel texto legal. De esta forma, la expresión "resultado de su evaluación" no puede sino referirse al contenido mismo de los datos personales vertidos en dicho informe. (...). Por lo que el informe, en su integridad, es un dato personal sensible del requirente. Adicionalmente, la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia, se ha manifestado en este mismo sentido, estableciendo que el titular de los aludidos "informes psicolaborales" tiene derecho a acceder a su contenido. Por lo que, estando en presencia de una solicitud de datos propios del requirente, contenidos en un informe elaborado en el marco de los concursos a los que se presentó, el peticionario tiene derecho a conocer el contenido de los mismos, sin que ello ponga en riesgo ningún valor o principio" (considerando noveno). Acto seguido, agrega "al ser el titular de aquellos datos sensibles, quien solicita su entrega, no puede entenderse que respecto de él, rija la reserva o secreto, precisamente porque los datos son de su propiedad. Al titular de datos sensibles, le asiste el derecho de solicitarlos, y su entrega no puede ser rechazada, tal como lo ha expresado el Consejo para la Transparencia en la Decisión Amparo recurrida. Dicho derecho le asiste por cuánto es el solicitante el único titular de aquellos datos y el ente público, solo tiene el derecho al uso de aquella información para los efectos del proceso de selección, más no ha generado para sí derecho alguno sobre ellos, que importen una causal para excusar su entrega al requirente, por cuanto son datos única y exclusivamente de dominio del solicitante, sensibles para éste y privativos de su persona" (considerando undécimo); "Que, tal como ha razonado y resuelto correctamente el Consejo para la Transparencia mediante la Decisión Amparo recurrida, la información solicitada tiene el carácter de privativa del solicitante, por lo que respecto de éste no tiene el carácter de reservada o confidencial, estando facultado para solicitar y conocer el resultado de la pericia psicolaboral en las distintas áreas en que fue evaluado, sin que ello afecte de manera alguna los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección pública llevado por el Servicio Civil" (considerando duodécimo).</p>
<p>
15) Que, la anterior conclusión es compartida por el Tribunal Constitucional, quien precisamente conociendo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol 4785-18, presentado por la Dirección Nacional del Servicio Civil respecto de los artículos 5° inciso 2°, 21 N° 1° letra b) de la ley N° 20.285 y 2° letra g) de la ley N° 19.628, en el citado reclamo de ilegalidad Rol N° 9644-2017, rechazó dicho requerimiento y señaló en sentencia de fecha 12 de septiembre de 2019, que: "en el caso de marras es el propio postulante el que solicita conocer de sus antecedentes personales recabados en el proceso de selección antes mencionado, los cuales se encuentran protegidos especialmente por lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución. Así, esta Magistratura en reiterada jurisprudencia -con anterioridad incluso a la elevación expresa a nivel constitucional, en el recién mencionado precepto de la Carta Fundamental, del derecho a la protección de los datos personales y de la remisión efectuada al legislador, en relación a la forma y condiciones de su tratamiento y protección, efectuada por la ley de reforma N° 21.096, de 16 de junio de 2018- ha señalado que "El legislador ha definido la información relativa a la vida privada como datos sensibles y que, por ello, merecen especial protección. Así aparece en la Ley de Protección de la Vida Privado. Por el otro lado, se encuentran fuera del área protegida aquellos datos o aspectos que puedan generar repercusiones para la ordenación de la vida social y puedan afectar derechos de terceros o intereses legítimos de la comunidad. (STC 1.732 cc. 27 y 28, y en el mismo sentido, STC 1.990 c. 36". En consecuencia, "Las evaluaciones personales se encuentran comprendidas en la vida privada de las personas, pues contienen datos denominados sensibles. Así lo señala la Ley de Protección a la Vida Privada, la Ley que regula la Política Personal de los Funcionarios Públicos y así lo ha establecido el Consejo para la Transparencia. (STC 1.990 cc. 39 y 40).". En definitiva, podemos concluir que los antecedentes solicitados son públicos para su titular, quien tiene derecho, por lo tanto, a solicitar el informe psicolaboral elaborado en virtud de lo dispuesto en el artículo 55° incisos primero, tercero y cuarto letra d) de la Ley N° 19.882, manteniéndose la reserva únicamente respecto de terceros" (considerando vigésimo sexto).</p>
<p>
16) Que, en mérito de lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega del o los informes que contenga las evaluaciones curriculares y psicolaborales del solicitante, que en el marco de los certámenes consultados obren en poder de la reclamada.</p>
<p>
17) Que, en cuanto a lo pedido en la letra c), del numeral 1° de lo expositivo, además de tratarse de información pública de acuerdo con los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido invariablemente que procede la publicidad de antecedentes en procesaos concursales en los casos en que el requerimiento busque el acceso a información propia. Lo anterior, por cuanto aquello constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales, que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En consecuencia, se acogerá el amparo en este punto, ordenando entrega al reclamante copia del informe de la Comisión Calificadora del certamen para proveer el cargo de director del Liceo Nacional de Maipú, referida a su postulación.</p>
<p>
18) Que, ahora bien, respecto de lo solicitado en las letras d) y e), del numeral 1° de lo expositivo, esto es, nómina de postulantes elegibles para la dirección del Liceo Nacional de Maipú presentada a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Municipal (en su calidad de Sostenedora del establecimiento a que se refiere el concurso), y copia del informe entregado por la empresa consultora a la reclamada con indicación de postulantes preseleccionados para el cargo de director del Liceo Bueras y Avaria; se debe tener presente lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo quincuagésimo quinto de la ley 19.882, que señala en los literales d) y e), que siempre serán reservadas las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas en selección de personal sobre los candidatos (sin perjuicio de lo señalado en lo atingente al acceso a información propia) y la nómina de candidatos. De ahí que, tal como se razonó en la decisión acumulada rol C5894-18 y C5895-18, donde también se reservó información consignada en el referido inciso 4°, lo pedido en esta parte "corresponde a una de aquellas que ha sido expresamente reservada por una ley de quórum calificado, por tratarse de antecedentes cuya divulgación afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano en la adecuada operación del Sistema de Alta Dirección Pública, en la especie, se configuran las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N ° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882". A su turno, este Consejo en la decisión de amparo rol C4305-18, sobre esta misma materia, precisó lo siguiente: "el artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882 -aplicable a procesos de selección de Alta Dirección Pública como el consultado- dispuso que, entre otros antecedentes, siempre tendrá el carácter de confidencial: ‘(...) a) el nombre y otros atributos personales que permitan deducir la identidad de los candidatos (...)’. En el mismo sentido el inciso final del mencionado precepto previene que ‘La Dirección Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un resumen ejecutivo de los procesos de selección y de la historia curricular de los candidatos entrevistados, por el Consejo o por los Comités respectivos, sin que de éste pueda inferirse la identidad de los postulantes". Luego se indicó que: "lo señalado precedentemente se aviene con lo razonado por este Consejo a partir de la decisión C91-10 reservando la identidad de aquellos postulantes que no fueron seleccionados para un determinado cargo, fundado en que "la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa". Por lo tanto, el amparo en estos literales será rechazado. Con todo, aplicando el principio de divisibilidad, la única información que se podría entregar del listado pedido en la letra d), es el nombre del ganador del concurso, de no haber sido declarado desierto el certamen.</p>
<p>
19) Que, en consecuencia, se acogerá parcialmente el amparo en análisis, en virtud de los argumentos expuestos precedentemente. Se hace presente que en el evento que la información a entregar se encuentren ciertos datos personales de contexto de personas distintas a la solicitante -tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. De igual forma, se hace presente que la información deberá ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por la solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la instrucción general N° 10, dictada por esta Corporación. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano lo solicitado, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la citada instrucción general.</p>
<p>
20) Que, por último, este Consejo estima necesario hacer presente al órgano reclamado que la circunstancia de no evacuar descargos constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública. Por lo anterior, se le recomienda que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de las circunstancias ya descritas.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Claudio Núñez Álvarez en contra de la Corporación Municipal de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Municipal de Maipú, lo siguiente:</p>
<p>
a) Hacer entrega al reclamante de:</p>
<p>
i. El nombre de la empresa externa que estuvo a cargo de la evaluación psicolaboral del reclamante.</p>
<p>
ii. Copia los informes curriculares y psicolaborales elaborados por la consultora externa en los aludidos certámenes, referidos al reclamante.</p>
<p>
iii. Copia del acta de la Comisión Calificadora referida a la postulación del reclamante al Cargo de director del Liceo Nacional de Maipú.</p>
<p>
iv. El nombre del ganador del concurso para proveer el cargo de director del Liceo Nacional de Maipú.</p>
<p>
La información indicada en los numerales ii. y iii., deberá ser entregada, previa reserva de cualquier dato personal de contexto de personas distintas a la solicitante -tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628; y, de manera presencial, verificando que sea retirada por la solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la instrucción general N° 10, dictada por esta Corporación.</p>
<p>
Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano lo solicitado, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la citada instrucción general.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Rechazar el amparo en lo que se refiere a la entrega de nómina de postulantes elegibles para la dirección del Liceo Nacional de Maipú presentada a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Municipal (en su calidad de Sostenedora del establecimiento a que se refiere el concurso), y copia del informe entregado por la empresa consultora a la reclamada con indicación de postulantes preseleccionados para el cargo de director del Liceo Bueras y Avaria, por ser información que ha sido expresamente reservada por una ley de quórum calificado, por tratarse de antecedentes cuya divulgación afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano en la adecuada operación del Sistema de Alta Dirección Pública, configurándose las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882.</p>
<p>
IV. Representar a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Municipal de Maipú:</p>
<p>
a) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, al no haber evacuado respuesta al presente requerimiento dentro del plazo legal.</p>
<p>
b) Su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, especialmente respecto de la falta de respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 y a los principios de facilitación, oportunidad y responsabilidad, previstos en el artículo 11, literales f), h) y j), respectivamente, de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.</p>
<p>
V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Núñez Álvarez y a la Sra. Alcaldesa y Presidenta de la Corporación Municipal de Maipú.</p>
<p>
VOTO CONCURRENTE</p>
<p>
La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quien respecto de la naturaleza de los informes psicolaborales elaborados en el marco de un concurso para proveer un cargo público, es menester hacer presente lo siguiente:</p>
<p>
1) Que, cualquier análisis psicológico es un acto interpretativo, que depende significativamente de quien lo realiza, y que pese a sus posibles y conocidos errores descriptivos, puede ser útil para disminuir el margen de error a nivel agregado en la contratación.</p>
<p>
2) Que, sin embargo, esta evaluación se da en el marco de una relación profesional cubierta legalmente por el secreto profesional, y es realizada en base a cierta información proporcionada por el propio "evaluado" bajo el encuadre de la confidencialidad. El evaluado consiente en que dicha opinión sea conocida por el evaluador y el equipo de selección de personal, y en ningún caso por terceros.</p>
<p>
3) Que, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, además de opiniones profesionales más o menos acertadas, pero con pretensión de exactitud, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Asimismo, podría llegar a ser un acto constitutivo de delito (246 Código Penal, entre otros), por parte de quien divulgue la información, situación que este Consejo no puede amparar, en ausencia de consentimiento del evaluado.</p>
<p>
4) Que, esta situación debe ser considerada de un valor tal, que su protección incluso se impondrá sobre el bien jurídico de la publicidad de los antecedentes generados en el marco de un procedimiento administrativo que tiene por objeto dotar al organismo de personal idóneo para el ejercicio de un cargo público, y que bajo circunstancias ordinarias, correspondería a información pública, escrutable y sujeta a control social de la ciudadanía.</p>
<p>
5) Que, ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, a su juicio, debe ser protegida la reserva, salvo en lo que respecta al informe psicológico del propio solicitante.</p>
<p>
VOTO DISIDENTE:</p>
<p>
La presente decisión fue acordada con el voto en contra del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado entre los considerandos 11) y 14), ambos inclusive, de la presente decisión, respecto de los informes psicolaborales del peticionario, estimando que el amparo debe rechazarse en este punto, por las siguientes razones:</p>
<p>
1) Que, un informe psicolaboral es la evaluación que un psicólogo realiza respecto de las características y habilidades de una persona que le permiten proyectar su idoneidad para desempeñar un determinado trabajo o cargo. Si bien esta evaluación se basa en información que la propia persona entrevistada revela y que puede versar sobre aspectos de su vida íntima, las valoraciones que realiza el psicólogo y la conclusión a la que arriba no son datos personales del entrevistado sino una opinión subjetiva de aquél sobre la habilidad o competencia que éste tendría para desenvolverse con éxito en ciertas tareas y circunstancias. En efecto, más allá de los parámetros objetivos que pueden haber arrojado los test aplicados, las entrevistas personales y la evaluación final tienen un componente subjetivo en correlato con la experiencia del entrevistador.</p>
<p>
2) Que, en consecuencia, la información contenida en el informe psicológico no es de aquellas "que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como ( ... ) los estados de salud físicos o psíquicos (...)", que según el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, configuran los datos personales sensibles, pues en ellos no se trata de evaluar el estado de salud psíquico de una persona sino su idoneidad laboral a través de un juicio de un profesional experto.</p>
<p>
3) Que, dicho lo anterior, respecto de los informes psicolaborales cuyo acceso se solicita, es aplicable el criterio desarrollado por este Consejo, entre otras, en las decisiones Roles C1556-12, C419-14 y C1977-14, conforme a los cuales se ha resuelto reservar tal información tanto para la persona a la que se refiere como para terceros que la han solicitado.</p>
<p>
4) Que, en efecto, todo aquello que el profesional informante predica en su informe psicolaboral respecto de la persona entrevistada, particularmente la evaluación psicológica y de atributos, y la conclusión, corresponden a opiniones emitidas sobre la base de atributos previamente definidos por un mandante que desea reclutar personal que posea ciertas habilidades. Estas opiniones constituyen un juicio de expertos, esencialmente subjetivos y, por ende, difícilmente objetivables, cuya difusión podrá generar cuestionamientos al sistema de selección que expresen la insatisfacción de quienes no han sido seleccionados y que serían difíciles de zanjar. Por otra parte, ante la eventual difusión de su informe, el profesional podría inhibirse de expresar opiniones claras y asertivas, que redundarla en un deterioro de la utilidad esperada de esta herramienta como mecanismo eficaz para reclutar personal.</p>
<p>
5) Que, resulta lógico que la ley N° 20.955, con la finalidad de perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalecer la Dirección Nacional del Servicio Civil, modificara el artículo 55 de la ley N° 19.882 y declarara expresamente secretas o reservadas "las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas en la selección de personal sobre los candidatos", que no es sino el juicio de experto que se contiene en el informe psicolaboral solicitado. Sin perjuicio de ello, el propio legislador consideró pertinente la entrega del resultado de la evaluación según lo expresamente señalado en el inciso 3° del mismo artículo.</p>
<p>
6) Que, el sentido y alcance que debe darse al término "resultado" es distinto al contenido del informe psicolaboral en su totalidad. En efecto, el vocablo "resultado" está definido por la Academia de la Lengua Española como el "efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación", con lo cual se restringe la posibilidad de acceder a todo el informe y es consistente con la norma señalada anteriormente que extiende la reserva a las opiniones expertas y evaluaciones emitidas, pues de lo contrario el legislador no hubiera realizado dicha distinción.</p>
<p>
7) Que, lo anterior es consistente con lo señalado por este disidente en decisiones previas, en cuanto a que el acceso a los informes psicolaborales de los participantes en un concurso, así como el del propio solicitante, conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, situación que el legislador expresamente reconoce en los incisos 4°, 5° y 6° del artículo 55 de la ley N° 19.882, para los procesos de selección de personal a los que se les aplica el párrafo 3° del Título VI de la misma ley o en los que participe la DNSC o el Consejo de Alta Dirección Pública o sus representantes. Lo que, en definitiva, justifica la decisión de reserva adoptada.</p>
<p>
8) Que, en consecuencia, para este disidente se debe rechazar el amparo respecto del informe psicológico del requirente, por resultar aplicables las hipótesis de reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 y 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última con relación al inciso 4°, letra d), del artículo 55 de la ley N° 19.882.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>