Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C8295-19

Reclamante:	PABLO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, respecto de diversos antecedentes relacionados al oficio que menciona, a raíz de un proceso de fiscalización a la Cooperativa TASACOOP. Se ordena la entrega de copia de todos los documentos tenidos a la vista para la dictación del Ord. N°488, de todo lo obrado a partir de este Ord., de todos los documentos mencionados en dicho documento, de las posteriores fiscalizaciones realizadas, de la sentencia a esas fiscalizaciones, y de todo intercambio de actos y documentación, entre la fiscalizada y el Decoop (o Daes o Ministerio) desde 2016 a la fecha, debiendo tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como nombre de los socios de la cooperativa, números de cédula de identidad, correos electrónicos, entre otros. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del tercero, referidas a la afectación al privilegio deliberativo y a la distracción indebida de los funcionarios, por haber sido alegadas por la empresa y no por la Subsecretaría, y a los derechos económicos y comerciales, toda vez que dicha causal de reserva no ha sido acreditada fehacientemente, por cuanto los documentos requeridos constituyen antecedentes que forman parte de los procedimientos de fiscalización de la institución y a que el propio órgano mantiene publicado en su página web los balances y estados financieros de la cooperativa. En el evento de que alguno de los antecedentes no obre físicamente en poder de la Subsecretaría, cabe tener presente que dicha documentación se encuentra dentro de la órbita o esfera de control del órgano, conforme la normativa vigente, respecto de la cual cuenta con competencias legales para requerirla directamente a la cooperativa. Se rechaza el amparo respecto de copia de las multas y sanciones aplicadas a la empresa, y sus comprobantes de pago, en atención a que no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información es inexistente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/17/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C790-11 C1556-12 C4305-16 C1130-17 C7104-19 C7105-19 C457-10
Jurisprudencia a:	C462-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C8295-19   Entidad pública: Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Requirente: Pablo González Martínez. Ingreso Consejo: 18.12.2019. RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, respecto de diversos antecedentes relacionados al oficio que menciona, a raíz de un proceso de fiscalización a la Cooperativa TASACOOP. Se ordena la entrega de copia de todos los documentos tenidos a la vista para la dictación del Ord. N°488, de todo lo obrado a partir de este Ord., de todos los documentos mencionados en dicho documento, de las posteriores fiscalizaciones realizadas, de la sentencia a esas fiscalizaciones, y de todo intercambio de actos y documentación, entre la fiscalizada y el Decoop (o Daes o Ministerio) desde 2016 a la fecha, debiendo tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como nombre de los socios de la cooperativa, números de cédula de identidad, correos electrónicos, entre otros. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del tercero, referidas a la afectación al privilegio deliberativo y a la distracción indebida de los funcionarios, por haber sido alegadas por la empresa y no por la Subsecretaría, y a los derechos económicos y comerciales, toda vez que dicha causal de reserva no ha sido acreditada fehacientemente, por cuanto los documentos requeridos constituyen antecedentes que forman parte de los procedimientos de fiscalización de la institución y a que el propio órgano mantiene publicado en su página web los balances y estados financieros de la cooperativa. En el evento de que alguno de los antecedentes no obre físicamente en poder de la Subsecretaría, cabe tener presente que dicha documentación se encuentra dentro de la órbita o esfera de control del órgano, conforme la normativa vigente, respecto de la cual cuenta con competencias legales para requerirla directamente a la cooperativa. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos Roles C7104-19 y C7105-19. Se rechaza el amparo respecto de copia de las multas y sanciones aplicadas a la empresa, y sus comprobantes de pago, en atención a que no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información es inexistente. En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C8295-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N°12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N°19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N°13, de 2009 y N°20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N°20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de noviembre de 2019, don Pablo González Martínez requirió a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en relación con el Ord. N° 488 del 19 de enero de 2018, del Departamento de Cooperativas, lo siguiente: a) "Copia de todos los documentos tenidos a la vista para la dictación de este Ord. b) Copia de todo lo obrado a partir de este Ord. c) Copia de todos los documentos mencionados en este Ord.: Ingreso número 11-18691-17, copia de las actas de fiscalización del 23 y 24 de noviembre de 2017, copia del oficio 7757 del 20 de noviembre de 2017, copia de la respuesta de la fiscalizada a ese oficio. d) Copia de las multas y sanciones aplicadas a la fiscalizada. e) Copia de las posteriores fiscalizaciones realizadas. f) Copia de los pagos de multas aplicadas a la infractora. g) Copia de la sentencia a las fiscalizaciones. h) Copia de todo intercambio entre la Fiscalizada y el Decoop (o Daes o Ministerio). Desde 2016 a la fecha". 2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, el 18 de diciembre de 2019, mediante Ord. N° 10.873, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información solicitada por la oposición del tercero interesado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En su presentación, la empresa TASACOOP LTDA., se opuso a la entrega conforme a la causal de reserva del artículo 21 N°1, letras b) y c), y N°2 de la Ley de Transparencia, señalando que se trata de una gran cantidad de información, que dieron origen a decisiones administrativas, y que afecta los derechos comerciales de la empresa, haciendo mención a lo dispuesto en los artículos 20 f), y 46 de los Estatutos de la Cooperativa, 112 de la Ley General de Cooperativas, y que la información contiene datos personales al tenor de lo que establece la ley N° 19.628. 3) AMPARO: El 18 de diciembre de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud, en virtud de la oposición del tercero. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E474, de fecha 15 de enero de 2020, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones. Mediante Ord. N° 960, de 29 de enero de 2020, el órgano adjuntó un informe en el cual evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "En primer término, cabe destacar que, revisado todo el expediente de la Cooperativa, se ha constado la inexistencia de multas cursadas a la Cooperativa en comento, y en consecuencia tampoco obra en poder de esta Subsecretaría copias de comprobante de pago", en relación con lo requerido en las letras d) y f). Acto seguido, respecto del resto de la información solicitada, la Subsecretaría reiteró que quedó impedida de proporcionarla dada la oposición del tercero, informando que "En lo tocante a eventual concurrencia de alguna causal legal de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información reclamada, esta Subsecretaría no ha esgrimido ninguna causal de secreto o reserva, toda vez que, quien es el titular del derecho que se ve afectado con la entrega de la información, es el tercero involucrado que dedujo su oposición", haciendo mención a lo dispuesto en los artículos 58, 108 y 109 de la Ley General de Cooperativas, y manifestando que "el Departamento de Cooperativas de esta Subsecretaría, en cumplimiento de una obligación normativa en el marco de sus acciones de fiscalización, cuenta con los documentos solicitados, constituyendo incluso una infracción el no envío de aquella al referido Departamento, situación que no está en discusión". Luego, argumentó que dio traslado al tercero, por cuanto la información requerida contiene una gran cantidad de documentos de carácter contables, de tal especificidad que podría develar algunos aspectos de la situación actual de su patrimonio, y que a la fecha se encuentra en un proceso de fiscalización en curso, por lo que, de hacerse pública dicha información, podría afectar la preparación de su propia defensa, frente a alguna eventual sanción. Asimismo, señaló que los documentos aludidos contienen información relacionada con la identidad y otros datos personales de personas naturales y razón social de personas jurídicas con las cuales la cooperativa mantiene algún vínculo en el ejercicio de sus funciones, como boletas de honorarios y liquidaciones de remuneraciones. Finalmente, adjunta los documentos correspondientes al procedimiento de notificación al tercero y los datos de contacto del mismo. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero involucrado, esto es, a la empresa TASACOOP Ltda., mediante oficio N° E1768, de fecha 7 de febrero de 2020. Mediante presentación enviada por correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2020, el tercero reiteró su oposición, señalando en síntesis, que "Sostengo, primeramente, que el amparo indicado deberá ser desestimado, pues no cumple con los requisitos de formalización prevenidos en los artículos 24 de la Ley citada, y 43 de su Reglamento, ya que no señala claramente la infracción cometida ni los hechos que la configuran, desde que no refuta los fundamentos precisos de la respuesta que le proporcionó el organismo requerido, limitándose a señalar que la información le había sido denegada por oposición de un tercero", y reiterando las causales de reserva alegadas en su respuesta a la Subsecretaría. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a resolver el fondo, respecto de lo alegado por la empresa TASACOOP LTDA., en el sentido de que este amparo debiera ser rechazado por no manifestar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la denegación otorgada por la institución, a raíz de la oposición del tercero, respecto de la cual se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación. 2) Que, respecto del fondo, el presente amparo, se funda en la respuesta negativa por parte de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversos antecedentes relacionados al oficio que menciona, a raíz de un proceso de fiscalización a la Cooperativa TASACOOP. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información en virtud de la oposición del tercero, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. 3) Que, en primer lugar, a modo de contexto, conviene tener presente lo dispuesto en la Ley General de Cooperativas, contenida en el decreto con fuerza ley N° 5, de 2003, de Economía, la cual dispone en su artículo 109 que corresponderá al Departamento de Cooperativas "(...) la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica (...). Para los efectos de esta ley, se entenderá por cooperativas de importancia económica, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas abiertas de vivienda y además". Luego, según la información obtenida de la web institucional de la Subsecretaría, en https://tramites.economia.gob.cl/Organizacion/Details/3602, se indica que la cooperativa en comento es de importancia económica. 4) Que, en segundo lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 5) Que, en tercer lugar, con relación a lo requerido en las letras d) y f), esto es, copia de las multas y sanciones aplicadas a la cooperativa y copia de los pagos de multas aplicadas a la infractora, con ocasión de sus descargos, el órgano informó que habiendo revisado todo el expediente correspondiente a TASACOOP, se ha constatado la inexistencia de multas cursadas a la empresa, y en consecuencia tampoco obra en poder de la Subsecretaría copias de comprobante de pago. Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte, por no obrar en poder de la Subsecretaría, la información pedida por el reclamante. 6) Que, en cuarto lugar, respecto de lo solicitado en los literales a), b), c), e), g) y h), el órgano denegó la entrega de la información requerida por cuanto dio aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el cual dispone que "Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, (...) deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que le asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados (...) Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo". En el presente caso, la empresa TASACOOP LTDA., se opuso a la entrega de la información, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°, letras b) y c), y N°2 de la Ley de Transparencia, quedando la institución impedida de proporcionar la documentación. 7) Que, en primer término, con relación a la oposición fundada en las letras b) y c) del N°1, del artículo 21 de la citada ley, cabe tener presente que dichas causales de reserva sólo pueden ser alegadas por el órgano reclamado y no por el tercero, en el sentido de que se podrá denegar la entrega de la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido" (énfasis agregado), debiendo desestimarse de plano dichas alegaciones, por improcedentes. 8) Que, en segundo término, el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia establece que los órganos podrán denegar la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de (...) derechos de carácter comercial o económico". Al respecto, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). 9) Que, en la especie, si bien el órgano señaló que la publicidad de la información afecta los derechos comerciales de la empresa, se limitó a referirse a las obligaciones que pesan sobre los socios, directores y asesores, consignadas en los estatutos de la cooperativa, y de los funcionarios del Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría, conforme lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General de Cooperativas, cabe tener presente que se trata de información de carácter público, por cuanto no se ha acreditado la concurrencia de los criterios fijados por este Consejo. 10) Que, en efecto, los estatutos aludidos por la empresa, en ningún caso, constituyen causales de reserva, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, ni se corresponde con ninguna de las causales enumeradas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, toda vez que se refieren a obligaciones que dichos estatutos encomiendan únicamente a sus socios, directores, trabajadores o asesores. Por su lado, el artículo 112 de la Ley General de Cooperativas, al disponer que "Los funcionarios del Departamento de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún Poder del Estado", constituye un deber de reserva de los funcionarios respecto de los documentos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus labores y tampoco constituye una causal de reserva. 11) Que, luego, el tercero no ha acreditado de ninguna manera, que la información requerida sea secreta, o que tenga un valor comercial u otorgar una ventaja competitiva por ser secreta, debiendo desestimarse sus alegaciones. En efecto, la propia ley general de cooperativas, en su artículo 108, letra i), establece que corresponderá al Departamento de Cooperativas "Requerir de las cooperativas que proporcionen, por las vías que el Departamento señale, suficiente y oportuna información a los socios y al público sobre su situación jurídica, económica, financiera y patrimonial" (énfasis agregado). A mayor abundamiento, en la propia página web de la Subsecretaría, es posible encontrar información contable de la reclamada. En efecto, en el link a la página web https://tramites.economia.gob.cl/PublicacionFinanciera/Details/3602, es posible acceder a diversa información financiera de TASACOOP LTDA., como sus balances y estados financieros, incluyendo sus márgenes de utilidad o pérdida. 12) Que, asimismo, la citada ley dispone en su artículo 109 que corresponderá al Departamento de Cooperativas "(...) la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica (...)". En dicho contexto, el artículo 8° de la Carta Fundamental, no sólo declara públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sino también sus fundamentos y procedimientos, siendo precisamente en este último aspecto en donde se inserta la información requerida, en la medida que forma parte de los procedimientos administrativos de fiscalización que efectúa la Subsecretaría. Además, se debe tener en cuenta que el artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone entre otras cosas, que es pública la información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Desde este punto de vista, la información en comento es susceptible de ser requerida por Ley de Transparencia, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan configurarse en la especie, lo que no ha ocurrido, en la especie. 13) Que, por su parte, el órgano manifestó que la información requerida podría afectar la preparación de la propia defensa de la cooperativa en el procedimiento de fiscalización, o que dichos antecedentes contienen la identidad y otros datos personales de personas naturales y razón social de personas jurídicas con las cuales la cooperativa mantiene algún vínculo en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, cabe tener presente que se trata de alegaciones que no han sido efectuadas ni acreditadas por TASACOOP LTDA., ni en su presentación ante el órgano ni ante este Consejo, por lo que deberán desestimarse. 14) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, tratándose de información que obra en poder del órgano, y habiéndose desestimado las alegaciones del tercero conforme lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letras b) y c), y N°2 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información requerida en esta parte, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como nombre de los socios de la cooperativa, números de cédula de identidad, teléfonos, domicilios particulares, casillas de correos electrónicos, entre otros, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley. 15) Que, finalmente, en el evento de que alguno de los documentos requeridos no obre en poder del órgano, cabe tener presente que este Consejo, a partir de las decisiones recaídas en las decisiones de amparo Roles C457-10, C790-11, C1556-12, C4305-16, C1130-17, C7104-19 y C7105-19, entre otras, ha sostenido que la interpretación de la expresión "obrar en poder", prevista en el artículo 5, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que el órgano mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición. Dicho criterio ha sido ratificado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en las sentencias recaídas en los reclamos de Ilegalidad interpuestos en los Roles N° 9.294-2014, N° 9.103-2015, N° 11.118-2015 y N° 4.865-2017. Por lo expuesto, en caso de que una parte de la documentación reclamada no se encontrara físicamente en dependencias de la Subsecretaría, en la especie, ésta obra dentro de su esfera u órbita de control de conformidad a lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Ley General de Cooperativas, y, por lo tanto, está a su disposición, encontrándose habilitada la institución para solicitar dichos antecedentes directamente a TASACOOP LTDA. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Pablo González Martínez en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, lo siguiente: a) Entregar al solicitante copia de todos los documentos tenidos a la vista para la dictación del Ord. N°488; copia de todo lo obrado a partir de este Ord.; copia de todos los documentos mencionados en dicho documento, tales como Ingreso N° 11-18691-17, copia de las actas de fiscalización del 23 y 24 de noviembre de 2017, copia del oficio 7757 del 20 de noviembre de 2017, copia de la respuesta de la fiscalizada a ese oficio; copia de las posteriores fiscalizaciones realizadas; copia de la sentencia a las fiscalizaciones; y copia de todo intercambio de actos y documentación, entre la fiscalizada y el Decoop (o Daes o Ministerio) desde 2016 a la fecha, debiendo tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como nombre de los socios de la cooperativa, números de cédula de identidad, teléfonos, domicilios particulares, correos electrónicos, entre otros, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de lo requerido en las letras d) y f), por tratarse de información inexistente. IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo González Martínez, al Sr. Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y a TASACOOP LTDA., en su calidad de tercero. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.