Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C491-12

Reclamante:	JOSE FERNÁNDEZ PARODI
Reclamado:	COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, fundado en que habría recibido respuesta negativa a su solicitud de información sobre antecedentes relativos a los procesos de acreditación, de los años 2005 y 2009, de la carrera de Biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y antecedentes relativos al proceso de acreditación del año 2009 de la carrera de Ingeniería de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El Consejo acogió el amparo y ordenó la entrega de lo solicitado salvo en que no pueden aplicarse al informe de autoevaluación correspondiente a la carrera de Ingeniería de Transporte y a las observaciones al informe de los pares evaluadores, pues ambos documentos no fueron elaborados por la agencia acreditadora o los pares, sino que por la propia Universidad a la que corresponde la carrera.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/7/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C122-12 C538-12 C70-11 C184-10
Jurisprudencia a:	C538-12
Recursos relacionados:	1685-2012
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPAROS ROLES C491-12 Y C538-12 Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Requirente: José Fernández Parodi Ingreso Consejo: 02.04.2012 y 10.04.2012 En sesión ordinaria N° 362 de su Consejo Directivo, celebrada el 3 de agosto de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos Roles C491-12 y C538-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; lo que establece la Ley Nº 20.129, que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don José Fernández Parodi realizó dos solicitudes de información a la Comisión Nacional de Acreditación, en adelante también indistintamente CNA, según se detalla a continuación: a) Solicitud de información que dio origen al amparo Rol C491-12: El 11 de marzo de 2012 requirió a la CNA antecedentes relativos a los procesos de acreditación, de los años 2005 y 2009, de la carrera de Biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en adelante también PUCV. En específico, solicitó la siguiente información: i. Informe de autoevaluación. ii. Informe emitido por los pares evaluadores. iii. Observaciones al informe de los pares evaluadores. iv. Acuerdos de acreditación. b) Solicitud de información que dio origen al amparo Rol C538-12: El 21 de marzo de 2012 requirió a la CNA antecedentes relativos al proceso de acreditación del año 2009 de la carrera de Ingeniería de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En específico, solicitó la siguiente información: i. Informe de autoevaluación. ii. Informe emitido por los pares evaluadores. iii. Observaciones al informe de los pares evaluadores. iv. Acuerdos de acreditación. 2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: Mediante carta dirigida al Secretario Ejecutivo de la CNA, de 20 de marzo de 2012, el Pro Secretario General de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se opuso a la entrega de la información solicitada en el amparo Rol C491-12, atendido que dicha documentación tiene calidad de confidencial y no ha sido elaborada con fondos públicos, sino que con el presupuesto privado de dicha Universidad, por lo que la información le pertenece a dicha casa de estudios y no al organismo reclamado. 3) RESPUESTA: La CNA respondió ambos requerimientos, el 22 de marzo de 2012, señalando, para cada uno de los casos, lo siguiente: a) Respuesta a la solicitud que dio origen al amparo C491-12: Indicó que se deniega el acceso a la información requerida, por haber existido, en este caso, oposición del tercero interesado, para lo cual adjuntó a su respuesta copia de la carta de oposición del tercero. b) Respuesta a la solicitud que dio origen al amparo C538-12: Informa que no se podrá acceder a la solicitud de información atendido que el proceso de acreditación por el que se consulta corresponde a la agencia privada de acreditación Acredita CI, por lo que la información requerida no se encuentra en poder de la CNA. 4) AMPARO: Don José Fernández Parodi dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, el 2 y 10 de abril de 2012, respectivamente, fundado en que habría recibido respuesta negativa a su solicitud de información, por haber existido oposición de terceros en un caso (amparo Rol C491-12) y, en el otro, porque la información solicitada no está en poder del órgano requerido (amparo Rol C538-12). 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación ambos amparos, trasladándolos mediante Oficios Nºs 1.309, de 18 de abril de 2012, y 1.573, de 9 de mayo de 2012, respectivamente, al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación. Dicha Comisión formuló sendos descargos y observaciones, conforme se detalla a continuación: a) Descargos y observaciones al amparo Rol C491-12: Mediante Oficio Nº Dp0301MG136212, de 11 de mayo de 2012, el Secretario Ejecutivo de la CNA evacuó sus descargos y observaciones respecto del amparo Rol C491-12, señalando lo siguiente: i. La información solicitada contiene antecedentes emanados y referidos a la carrera de Biólogo de la PUCV, cuya entrega, y de conformidad a lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, puede lesionar derechos de dicha institución, ya que, por ejemplo, el informe de autoevaluación contiene, entre otras, información de tipo económica y la descripción del proyecto académico. ii. En mérito de lo anterior, se procedió a comunicar la solicitud de información de la especie, a la referida Universidad, a fin de que ésta pudiera ejercer el señalado derecho de oposición, consagrado en el citado artículo 20. En efecto, la PUCV, el 20 de marzo de 2012, remitió carta manifestando su oposición a la entrega de la información requerida, puesto que ésta tiene el carácter de confidencial y no ha sido elaborada con fondos públicos. iii. En consecuencia, la CNA quedó impedida de acceder al requerimiento de información del solicitante, lo cual fue informado a éste en respuesta de 22 de marzo de 2012. iv. Finalmente, indica que remite a este Consejo los antecedentes relativos a los procesos de acreditación correspondiente a los años 2005 y 2009 de la carrera de Biólogo de la PUCV. b) Descargos y observaciones al amparo Rol C538-12: Mediante Oficio Nº Dp0301MG138112, de 29 de mayo de 2012, el Secretario Ejecutivo de la CNA evacuó sus descargos y observaciones respecto del amparo Rol C538-12, señalando lo siguiente: i. La CNA no tiene en su poder la información solicitada, ya que, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 20.129, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, corresponde a las Agencias Acreditadoras –personas jurídicas de derecho privado– certificar la calidad de las carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado, magíster y especialidades en el área de la salud, impartidas por las diferentes casas de estudios superiores. ii. Por su parte, el artículo 31 de la citada ley señala que sólo en los casos en que no exista ninguna Agencia de Acreditación autorizada para acreditar carreras profesionales o técnicas o programas de pregrado en una determinada área del conocimiento, corresponderá a la CNA desarrollar directamente tales procesos de acreditación. iii. Asimismo, de acuerdo al artículo 34 del mencionado cuerpo legal, corresponde a la CNA autorizar y supervisar el adecuado funcionamiento de las Agencias de Acreditación, efectuando la supervisión en base a evaluaciones selectivas, determinadas aleatoriamente. iv. Agrega que en caso de existir una Agencia de Acreditación autorizada para operar al efecto, los procesos de acreditación que ésta conoce y resuelve se realizan en base a un contrato de derecho privado, cuyos antecedentes que emanan en virtud del mismo forman parte de esa relación contractual. Las Agencias Acreditadoras sólo tienen la obligación de enviar el acuerdo que contenga la decisión final a la CNA, y ésta sólo puede acceder al resto de la información en la medida que se haya contemplado dentro del plan de supervisión de manera expresa. v. Dentro del área de tecnología, definido por la CNA, se encuentra la carrera de Ingeniería en Transporte, y actualmente el ente competente para conocer de la acreditación de carreras como la señalada, es la Agencia Acreditadora Acredita CI, autorizada para operar en virtud del Acuerdo de Autorización de Agencias Nº 6 CNA, de 14 de mayo de 2008. vi. En consecuencia, habiéndose desarrollado por un ente privado la acreditación de la carrera de Ingeniería en Transporte impartida por la PUCV, los antecedentes solicitados en el amparo de la especie no obran en poder de la CNA. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, en relación con el amparo Rol C491-12, mediante Oficio Nº 1.308, de 18 de abril de 2012, notificó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su calidad de tercero interesado en el presente procedimiento, a fin de que presentara sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Mediante presentación de 7 de mayo de 2012, el Pro Secretario General de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, evacuó sus descargos y observaciones al amparo Rol C491-12, señalando lo siguiente: a) La Ley Nº 20.129 estableció el llamado Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, a través del cual se pretende desarrollar una función –la que principalmente es llevada a cabo por la Comisión Nacional de Acreditación– que persiga el mejoramiento de los estándares de la educación superior en Chile y que las instituciones de educación superior estén efectivamente en condiciones de otorgar las prestaciones en las condiciones que ellos mismos señalan en su propia publicidad, o en sus respectivos instrumentos fundantes. b) Respecto de las entidades privadas de educación superior, indica que la información y documentación que de ellas emane no se rige por el principio de publicidad consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política y plasmado en la Ley de Transparencia, sino que la regla general está constituida por la reserva y confidencialidad, de acuerdo a lo prescrito por los Nºs 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución y la Ley Nº 19.628, siendo la publicidad una excepción que debe estar consagrada de manera expresa en la legislación. c) Por otra parte, de la lectura de la Ley de Transparencia se puede advertir que la publicidad de toda aquella información que tiene como origen un órgano de la Administración del Estado o que, emanando de un particular, haya sido generada con fondos públicos, ya que, de lo contrario, la información continúa rigiéndose por el principio de privacidad. Por lo tanto, no es suficiente que la Administración tenga en su poder la información, sino que la misma debe tener un origen público. d) En relación con el informe emitido por los pares evaluadores, señala que en la Ley Nº 20.129 dicho informe es una figura que sólo se contempla a propósito de la acreditación institucional, por lo que se debe concluir que es a dicho tipo de acreditación a la que va dirigida la pretensión del solicitante. e) Asimismo, y sin perjuicio de la publicidad establecida en el artículo 47 de la Ley, de acuerdo al cual la CNA deberá hacer públicos las actas y estudios que realicen las agencias acreditadoras y los pares evaluadores en el ejercicio de sus funciones, señala que dicha publicidad debe relativizarse, no permitiendo que cualquier tercero pueda acceder a información relevante, confidencial y secreta. Agrega que el artículo 7º, inciso 15, de la Ley N° 20.129, establece expresamente una obligación de reserva para todos los miembros de la CNA, lo que demuestra que la publicidad a que alude el artículo 47 de la Ley Nº 20.129 regirá sólo en la medida que no haya una oposición del afectado a la publicación de tal información. f) En cuanto al informe de autoevaluación, formula idénticos reparos que en el caso del informe emitido por los pares evaluadores, toda vez que se trata de información de carácter reservada y se encuentra protegida por la garantía de la intimidad y privacidad reconocida en el artículo 19 N° 4 de nuestra Constitución. Agrega, finalmente, que su representada, no teniendo el carácter de institución pública, no está obligada a revelar la información que ella estime relevante y de importancia, a menos que una ley la obligue o, en el presente caso, que tal información haya sido elaborada con presupuesto público, lo que en la especie no ocurre. <h3> CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, atendiendo a que los amparos Roles C491-12 y C538-12 recaen en solicitudes de información de similar naturaleza y tienen idéntico requirente y órgano de la Administración requerido este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumularlos y resolverlos en conjunto, dando aplicación al principio de economía procedimental establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880. 2) Que, a modo de contexto, es pertinente reseñar someramente la normativa aplicable al sistema de acreditación de las instituciones de educación superior desde la Ley Nº 20.129, de 2009, que regula el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: a) El proceso de acreditación es, en general, de carácter voluntario, y tiene por objeto, en lo que interesa a este caso, certificar la calidad de las carreras ofrecidas en función de los propósitos declarados por la institución que la imparte, de los estándares nacionales e internacionales de cada profesión o disciplina y del respectivo proyecto de desarrollo académico. Uno de los tipos de acreditación regulados es el de carreras y programas de pregrado (artículos 26 a 43), correspondiéndole verificar su calidad a la Comisión Nacional de Acreditación o CNA (artículo 6º). b) Hasta 2009 la acreditación de carreras estaba a cargo de la Comisión de Evaluación de Calidad de Programas de Pregrado, mediante un procedimiento que consideraba una evaluación interna, una evaluación externa y un pronunciamiento de acreditación de la propia Comisión. A partir de la Ley N° 20.129 la regla general es que la acreditación de carreras sea realizada por instituciones privadas denominadas agencias acreditadoras. Sólo cuando no exista una agencia autorizada para acreditar carreras en una determinada área del conocimiento, y a solicitud de la institución de educación superior respectiva, corresponderá a la CNA desarrollar directamente tales procesos de acreditación (artículo 31, en relación con el artículo 8°, letra d). La CNA debe autorizar y supervisar el funcionamiento de tales agencias mediante evaluaciones selectivas y aleatorias (artículos 34 a 38). c) La CNA debe mantener un sistema de información pública que contenga las decisiones que adopte en relación con la acreditación y “hacer públicos y mantener el acceso público a los informes, actas y estudios que realicen las agencias acreditadoras y los pares evaluadores en el ejercicio de sus funciones”, manteniendo también un registro público de las carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado y posgrado y los programas de especialidad en el área de la salud, acreditados en conformidad a la ley. El artículo 48 establece que todas las instituciones de educación superior están obligadas a incorporar en su publicidad información que dé cuenta de su participación en el proceso de acreditación. 3) Que, precisado lo anterior, es menester pronunciarse, en primer lugar, en relación con la información relativa al proceso de acreditación de la carrera de Biólogo de la PUCV, de los años 2005 y 2009, cuya solicitud dio origen al amparo Rol C491-12, respecto de la cual la CNA ha reconocido que la información obra en su poder, habiendo denegando la entrega de la misma fundado exclusivamente en la oposición del tercero interesado. En efecto, junto a sus descargos la CNA ha acompañado a este Consejo, entre otros, los siguientes antecedentes referidos al proceso de acreditación de la carrera de Biólogo de la PUCV: a) Informe de autoevaluación (sólo respecto del proceso de acreditación del año 2009). b) Informe emitido por los pares evaluadores (respecto del proceso de evaluación tanto del año 2005 como 2009). c) Observaciones al informe de los pares evaluadores (respecto del proceso de evaluación tanto del año 2005 como 2009). d) Acuerdo de acreditación Nº 190, de 4 de enero de 2005, que acreditó a la carrera de Biólogo de la PUCV, por un plazo de 2 años, que culminó el 4 de enero de 2007. e) Acuerdo de Acreditación Nº 67, de 14 de octubre de 2009, que acordó no acreditar la carrera en cuestión, por no cumplir con los criterios de evaluación definidos para la acreditación. 4) Que, los antecedentes solicitados en el amparo en análisis corresponden a información que obra en poder de la CNA, en su calidad de órgano encargado de la acreditación que se consulta, y, al mismo tiempo, cada uno de dichos documentos han servido de sustento y fundamento de los acuerdos en virtud de los cuales otorgó la acreditación, en el primer caso, y la rechazó, en el segundo, pues su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la base sobre la cual se dictaron dichos actos administrativos, en tanto aquéllos dan cuenta del cumplimiento o incumplimiento de los elementos y requisitos ponderados por la misma CNA para otorgar (año 2005) y denegar (año 2009) la acreditación a la carrera en cuestión. Por tanto, atendido lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de Transparencia y el artículo 3º, letra g), de su Reglamento, los antecedentes requeridos constituyen el sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos que resolvieron los respectivos procesos de acreditación iniciados por la PUCV los años 2005 y 2009, de manera que, teniendo los acuerdos de acreditación de la CNA la naturaleza de información pública, por expresa disposición de la ley (artículo 8º letra e, en relación con el artículo 47 de la Ley Nº 20.129), su complemento directo posee, en principio, el mismo carácter. 5) Que, sobre el particular, conviene tener presente que este Consejo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C184-10, C70-11 y C122-12 se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, tanto institucional como de carrera, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. Tal criterio fue refrendado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 22 de septiembre de 2011, recaída sobre el reclamo de ilegalidad Rol 2742-2011, en cuya virtud se señaló que “…la decisión que el reclamante impugna no es de aquéllas que afecten del debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad o el interés nacional, causales éstas en cuya virtud se debe limitar el derecho de acceso a la información en conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 20.285, pues fluye de los antecedentes cuya entrega se ha solicitado, que se trata de aquellos necesarios para obtener la acreditación que espera del órgano público correspondiente. En efecto, no se advierte de qué modo se ha podido vulnerar los derechos de la reclamante, desde que ésta se ha sometido al proceso de acreditación, por el que necesariamente ha debido proporcionar antecedentes que en caso alguno comprometen los bienes jurídicos que la referida disposición cautela, limitando sólo en esos casos el acceso a la información”. 6) Que, en efecto, resulta relevante conocer los antecedentes que se han tenido a la vista para acreditar una carrera (fortalezas, debilidades y planes de mejoramiento para subsanar estas últimas) pues, a través de ellas, se forma a los profesionales y técnicos del país. Tal información es esencial para los estudiantes actuales y potenciales y para la sociedad en general, particularmente atendido el volumen de recursos invertidos en la educación superior por el Estado y las familias. Tal como lo indicó la decisión de amparo Rol C122-12, “….el conocimiento del estado actual de las condiciones de un plantel de estudios –en todos sus niveles–, permite a los usuarios de tales servicios contar con elementos de juicio suficientes para adoptar la decisión de optar por uno u otro, al mismo tiempo que genera los incentivos necesarios para mantener y elevar los estándares de calidad de la oferta educacional”. 7) Que, en consecuencia, constituyendo los antecedentes requeridos información de carácter pública, y no advirtiéndose de la revisión efectuada por este Consejo a los antecedentes proporcionados por la CNA que la divulgación de los mismos pueda configurar la afectación de los derechos que le asisten a la Universidad oponente, ni observándose tampoco la configuración de alguna causal de secreto o reserva que releve al organismo reclamado de su obligación de entregarla, se acogerá el presente amparo, requiriéndose a la CNA entregar al solicitante la información requerida en los numerales i., ii. y iii. del literal a) del punto 1) de lo expositivo, que dio origen al amparo Rol C491-12, esto es, los informe de autoevaluación, los informes emitidos por los pares evaluadores, y las observaciones a los informes de los pares evaluadores, evacuados en los procesos de acreditación, de los años 2005 y 2009, de la carrera de Biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 8) Que, con todo, respecto de los acuerdos de acreditación solicitados, indicados en los literales d) y e) del considerando 3° anterior, este Consejo ha constatado que los mismos se encuentran disponibles en el sitio web de la CNA, en el enlace http://www.cnachile.cl/oirs/resultados-de-acreditacion/, razón por la cual deberá entenderse que tales acuerdos se encuentra permanentemente a disposición del público, debiendo darse aplicación, en la especie, a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de ello, se acogerá el amparo en esta parte, sólo en cuanto la CNA no informó de ello en su respuesta, entendiéndose respondida la solicitud en lo pertinente, con la notificación de la presente decisión. 9) Que, por otra parte, respecto de los antecedentes relacionados con la acreditación de la carrera de Ingeniería de Transportes de la PUCV (amparo Rol C538-12) el órgano reclamado señaló no poseer dicha información, según ya se expuso en la parte expositiva de la presente decisión, pues en este proceso la agencia acreditadora fue Acredita CI no interviniendo en él la CNA, lo que corroboró este Consejo mediante la revisión del sitio electrónico de la CNA http://www.cnachile.cl/oirs/resultados-de-acreditacion/. En efecto, en dicho enlace consta que la Agencia Acreditadora Acredita CI, mediante Acuerdo N° 30, de 13 de noviembre de 2009, acreditó esta carrera por el plazo de 3 años, que culmina el 13 de noviembre de 2013. 10) Que, sin embargo, el art. 47, inciso 2°, de la Ley N° 20.129, exige a la CNA “…hacer públicos y mantener el acceso público a los informes, actas y estudios que realicen las agencias acreditadoras y los pares evaluadores en el ejercicio de sus funciones”. Por este motivo la CNA debe arbitrar las medidas para que estos documentos sean accesibles para los ciudadanos, en este caso, el informe emitido por los pares evaluadores y el acuerdo de acreditación, respecto a los cuales deberá, entonces, acogerse este amparo y rechazarse la alegación del organismo, pues la Ley le encarga hacer accesibles estos documentos. Cabe señalar que, además, el artículo 8° f) del Reglamento de las Agencias de Acreditación, aprobado por la CNA, dispone que aquéllas deben remitir a este organismo “…copia de todos los juicios de acreditación de carreras y programas que adopte, simultáneamente a su comunicación a las instituciones…”, y añade en el literal g) que las agencias deben mantener “…una página web con información actualizada de la agencia, sus miembros, pares, procedimientos, monto de los aranceles, criterios de evaluación y juicios de acreditación” (el destacado es nuestro). Siendo así, no cabía dar traslado de la solicitud del acuerdo a la Universidad, pues ya estaba publicado en internet, tanto en el sitio web de la CNA como en el de la propia agencia acreditadora . Por la misma razón la CNA debería haber respondido esta parte de la solicitud conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia, esto es, señalando que la información estaba disponible en los sitios web ya mencionados. Con todo, este Consejo aplicará esta disposición dando por entregada esta información con la comunicación de los links respectivos al solicitante, mediante la notificación de la presente decisión. 11) Que, sin embargo, el art. 47, inciso 2°, de la Ley N° 20.129 y lo razonado en el considerando anterior no pueden aplicarse al informe de autoevaluación correspondiente a la carrera de Ingeniería de Transporte y a las observaciones al informe de los pares evaluadores, pues ambos documentos no fueron elaborados por la agencia acreditadora o los pares, sino que por la propia Universidad a la que corresponde la carrera. Por ello, en esta parte se rechazará el amparo. 12) Que, por último, preocupa a este Consejo que antecedentes como el informe de autoevaluación y las observaciones al informe de los pares evaluadores no obren ni deban obrar necesariamente en poder de la Comisión Nacional de Acreditación, pues ello impide a esta Corporación resolver sobre su publicidad e imposibilita que se realice el necesario control social respecto a parte sustantiva de los procedimientos y criterios a los que se someten tales acreditaciones, no obstante exista un relevante interés público en acceder a la información concerniente a ellas, tal como sostienen los considerandos 5º y 6º de la presente decisión. Comparando los dos casos acumulados en esta decisión queda de manifiesto que aunque las agencias acreditadoras sean sujetos privados, cumplen una función pública clásica, al punto que la misma es, en algunos casos, desarrollada por la CNA, y que los acuerdos de acreditación que adoptan las agencias acreditadoras se materializan bajo la forma típica de los actos administrativos. Por este motivo, y conforme a las atribuciones conferidas a este Consejo por los literales e) y f) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, este Consejo: a) Recomendará al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación que adopte todas las medidas que estime pertinentes para permitir el acceso a los antecedentes que sirven de fundamento al otorgamiento o denegación de una determinada acreditación, sea que el organismo encargado haya sido una Agencia Acreditadora o la propia CNA, y particularmente cuando respecto de ellas existan solicitudes de acceso a la información. b) Propondrá al Presidente de la República, a través del Ministro de Educación, perfeccionar las disposiciones que regulan los procesos de acreditación a los que se ha hecho mención en esta decisión, de modo de asegurar la debida transparencia en los mismos y el acceso a la información a los que éstos se refieran. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger totalmente el amparo Rol C491-12 y, parcialmente, el amparo Rol C538-12, ambos interpuestos por don José Fernández Parodi, en contra de la Comisión Nacional de Acreditación. II. Requerir al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación que: a) Entregue al solicitante los siguientes antecedentes relativos a la acreditación de la carrera de Biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, correspondiente a los años 2005 y 2009: i. Informe de autoevaluación, correspondiente a cada uno de dichos procesos de acreditación. ii. Informe emitido por los pares evaluadores, correspondiente a cada uno de dichos procesos de acreditación. iii. Observaciones al informe emitido por los pares evaluadores, correspondientes a cada uno de dichos procesos de acreditación. b) Entregue al solicitante el informe emitido por los pares evaluadores en el proceso de acreditación 2009 de la carrera de Ingeniería de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El acuerdo de acreditación, en tanto, se dará por entregado conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia. c) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Disponer se despache oficio al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación y al Sr. Ministro de Educación, en los términos dispuestos por el considerando 12° de la presente decisión. IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don José Fernández Parodi, al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación y al Sr. Pro Secretario General de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su calidad de representante del tercero involucrado en este procedimiento. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.