Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C8433-19

Reclamante:	ALEJANDRO CARTAJENA VIDAL
Reclamado:	SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE ARICA – PARINACOTA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, respecto de copia del informe jurídico que se consulta. Lo anterior, por tratarse de un antecedente previo a la adopción de una resolución, medida o política, cuya entrega puede afectar el privilegio deliberativo y el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, toda vez que el procedimiento sobre arrendamiento de un inmueble fiscal, aún se encuentra pendiente. Sin perjuicio de lo resuelto, se recomienda a la SEREMI que, de haber concluido el proceso deliberativo en cuestión, haga entrega al peticionario del informe consultado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/17/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C95-09 C759-15 C79-20
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C8433-19   Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota. Requirente: Alejandro Cartajena Vidal. Ingreso Consejo: 28.12.2019 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, respecto de copia del informe jurídico que se consulta. Lo anterior, por tratarse de un antecedente previo a la adopción de una resolución, medida o política, cuya entrega puede afectar el privilegio deliberativo y el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, toda vez que el procedimiento sobre arrendamiento de un inmueble fiscal, aún se encuentra pendiente. Sin perjuicio de lo resuelto, se recomienda a la SEREMI que, de haber concluido el proceso deliberativo en cuestión, haga entrega al peticionario del informe consultado. En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8433-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de diciembre de 2019, don Alejandro Cartajena Vidal requirió a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, lo siguiente: "Solicito respetuosamente a usted, Informe jurídico N° 62 del 26 de Diciembre del 2018 que dice relación con ocupación y/o arriendo del terreno lote A-1 el Buitre a ASOCAPEC". 2) RESPUESTA: El 27 de diciembre de 2019, mediante Resolución Exenta N° E-52331, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota respondió a dicho requerimiento, denegando la entrega de la información solicitada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 28 de diciembre de 2019, don Alejandro Cartajena Vidal dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Asimismo, alegó que "indicaron que se acogen a la ley de secreto o reserva 20.285 justificando su decisión indicando que los antecedentes solicitados son previos a la adopción de una resolución o medida que aún no se dicta, sin embargo puedo indicar que el documento solicitado hace referencia a una resolución que ya se tomó respecto de un arriendo a una Asoc. Gremial el año 2011, bajo la res. n° 1405 de diciembre del 2011, por tanto la deliberación ya fue tomada y no correspondería la respuesta entregada". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante oficio N° E845, de 21 de enero de 2020, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones. Mediante Oficio SE15 N° 560/2020, de 4 de febrero de 2020, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, denegando la entrega de la información conforme al artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, agregó que "el requerimiento de don Alejandro Cartajena Vidal se refiere al informe jurídico N°62 de fecha 26 de diciembre de 2018, que dice relación con la procedencia del cobro de indemnización por uso ilegal del inmueble. En efecto, en dicho informe, la encargada jurídica de esta Secretaría Regional analiza la pertinencia del cobro por concepto de indemnización por rentas ocupacionales (...) esta Secretaría Regional mantiene su postura en cuanto a los fundamentos esgrimidos para dictar el rechazo de la solicitud presentada por el reclamante, por cuanto el mencionado informe N° 62 se refiere a una comunicación interna entre las encargadas de las Unidades Jurídica y Bienes, sin que, a la fecha de la solicitud, se haya dictado el acto administrativo correspondiente, de manera que no se había tomado la decisión por parte de la Seremi de la época de adoptar o no las medidas señaladas en dicho informe. La divulgación de información previa a una resolución afecta, sin duda, al funcionamiento del servicio, toda vez que se trata de un informe que no ha sido acatado por la autoridad, de manera que la entrega del mismo podría generar falsos supuestos tanto para el requirente como para cualquier tercero interesado, por cuanto, al no tener administración formal, el inmueble comprometido se encuentra disponible para la administración del Estado. En tal sentido, cabe informar a usted que las funciones que desarrolla el Ministerio de Bienes Nacionales -y esta Secretaría Regional en particular- son las de reconocer, administrar y gestionar el patrimonio fiscal, regularizar la pequeña propiedad raíz particular, mantener el catastro gráfico de la propiedad fiscal actualizado y la coordinación con otras entidades del Estado en materias territoriales, valorando fuertemente el patrimonio natural e histórico de nuestro país". Acto seguido, agregó que "A este respecto, la legislación establece que las decisiones que se refieran a la administración de un inmueble fiscal deberán ser expuestas en un comité técnico evaluador. De esta forma, la entrega de información previa a la adopción definitiva de la decisión puede afectar el debido cumplimiento de las labores del Servicio, toda vez que las sugerencias esgrimidas en cada informe podrían ser consideradas como un pronunciamiento oficial por parte de los requirente, afectando especialmente la facultad de administración de este Servicio, así como también la obligación de brindar seguridad jurídica, por cuanto se trata de un expediente de arriendo que no ha concluido, y por tanto, no cuenta con los antecedentes necesarios para poder divulgarse", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C12-09, C79-09 y C95-09, y agregando que, sobre el estado actual del procedimiento, aún se encuentra en trámite a la espera de una respuesta de la DOM respecto de la subdivisión del inmueble, y que no se puede señalar una fecha de término aproximada, toda vez que existen trámites que deben ser derivados a otros organismos, y adjuntando copia del oficio reclamado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia del informe jurídico que indica. Al respecto, el órgano denegó la entrega de dicha información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, en segundo lugar, respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información consultada, cabe señalar que ésta permite denegar la información que se solicite, cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, "se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios". 4) Que, en las decisiones de los amparos rol A12-09, A47-09, C759-15, C79-20, entre otras, este Consejo ha sostenido reiteradamente que para configurar dicha hipótesis de secreto o reserva, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 5) Que, con relación al primero de los requisitos, cabe tener presente que, según lo expuesto por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, el documento requerido servirá de fundamento para la resolución que dicte el órgano, de conformidad a las normas contempladas en los artículos 66 y siguientes del D.L. N° 1939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, actual Ministerio de Bienes Nacionales. Así las cosas, resulta plausible concluir que la petición se refiere a un antecedente relacionado directa y específicamente con la faculta del órgano reclamado de administrar bienes fiscales, cuya resolución, a la época de la solicitud, no estaba completamente definido, según lo expuesto por la SEREMI. 6) Que, luego, respecto del segundo requisito, vale tener en consideración que la divulgación preliminar del informe requerido, supone afectar las funciones regulares de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales en su análisis, pudiéndole restar margen de discrecionalidad en la toma de decisiones sobre este tema, en el ejercicio de la facultad consignada en los artículos 1 y 66 del citado decreto. En dicho contexto, resultan plausibles las alegaciones del órgano, en el sentido de que las sugerencias esgrimidas en cada informe podrían ser consideradas como un pronunciamiento oficial por parte de la institución, afectando con ello la seguridad o certeza jurídica, en el evento de que se tomara una decisión distinta de la recomendada en el informe, por cuanto se trata de un expediente de arriendo que no ha concluido, a diferencia de lo señalado por el reclamante, y por tanto, se trata de antecedentes que aún no pueden ser divulgados, razón por la cual no es posible entregar lo requerido sin producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido funcionamiento de la SEREMI, que, por su parte, tiene asignadas por ley las facultades de adquisición, administración y disposición sobre los bienes del Estado o fiscales que corresponden al Presidente de la República. 7) Que, en virtud de lo expuesto, la publicidad o divulgación de información que servirá de fundamento o de base para la adopción de una resolución, medida o política específica a implementar, dentro de las competencias del órgano reclamado, en forma previa, generará la afectación alegada en relación con el debido cumplimiento de sus funciones, debiendo adoptarse los resguardos necesarios para evitar que dichos antecedentes sean divulgados en forma previa, motivo por el cual el presente amparo no podrá prosperar. A juicio de este Consejo, la divulgación de la documentación solicitada, de manera previa a la adopción de una medida o política, supone inmiscuirse en el ámbito de las decisiones que le competen, afectando de manera evidente el principio deliberativo del mismo, sin perjuicio que una vez adoptada la decisión, esos antecedentes sean públicos. 8) Que, en consecuencia, habiéndose cumplido los requisitos exigidos para verificar la hipótesis contemplada en la causal de reserva señalada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. 9) Que, finalmente, se recomienda a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota que, de haber concluido el proceso deliberativo en cuestión, haga entrega al peticionario del informe consultado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por don Alejandro Cartajena Vidal en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Cartajena Vidal y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.