Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C8436-19

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Reclamante:	CATALINA GAETE SALGADO
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenado la entrega de los registros audiovisuales de las cámaras que portaban los funcionarios del grupo de operaciones policiales especiales durante sus labores de control del orden público en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, entre el 18 y el 31 de octubre de 2019. Con todo, en aplicación del principio de divisibilidad, el órgano deberá, en forma previa a la entrega de los registros requeridos, proteger los datos personales que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, y especialmente, las imágenes de personas que aparezcan en las videograbaciones, y particularmente, de niños, niñas y adolescentes; así como cualquier otro antecedente que haga identificable a cualquier persona. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, que obra en poder del organismo y respecto de la cual no se acreditaron suficientemente las causales de reserva o secreto alegadas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/24/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C7070-20 C7071-20 C8051-20 C8066-20 C8245-20 C8279-20 C8505-20 C163-21 C223-21 C975-21 C1673-21 C1675-21 C1676-21 C1677-21 C1678-21 C1753-21 C1782-21 C2311-21 C2742-21 C2745-21 C4108-21
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DECISIÓN AMPARO ROL C8436-19   Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Catalina Gaete Salgado Ingreso Consejo: 30.12.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenado la entrega de los registros audiovisuales de las cámaras que portaban los funcionarios del grupo de operaciones policiales especiales durante sus labores de control del orden público en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, entre el 18 y el 31 de octubre de 2019. Con todo, en aplicación del principio de divisibilidad, el órgano deberá, en forma previa a la entrega de los registros requeridos, proteger los datos personales que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, y especialmente, las imágenes de personas que aparezcan en las videograbaciones, y particularmente, de niños, niñas y adolescentes; así como cualquier otro antecedente que haga identificable a cualquier persona. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, que obra en poder del organismo y respecto de la cual no se acreditaron suficientemente las causales de reserva o secreto alegadas. En sesión ordinaria N° 1100 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8436-19. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de noviembre de 2019, doña Catalina Gaete Salgado solicitó a Carabineros de Chile acceso y copia de los siguientes documentos: "Registro audiovisual de las cámaras que portaban funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales durante sus labores de control del orden público en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, entre el 18 y el 31 de octubre de 2019. Adjuntar a esta solicitud un documento con información básica del registro audiovisual, incluyendo fecha, horas aproximadas, nombre y grado del funcionario que portaba la cámara". 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N°465, de fecha 20 de diciembre de 2019, Carabineros de Chile accedió parcialmente al requerimiento, adjuntando un archivo PDF denominado "Información del Registro audiovisual de cámaras corporales comprendidas entre los días 18 y 31 de octubre de 2019", de 29 de noviembre de 2019, suscrito por el Jefe de la Sección Operaciones e Informaciones. El referido documento contiene una tabla, con la siguiente información desagregada: Número, Fecha, Grado, nombre y apellido del funcionario, cantidad de videos y gigas. En cuanto a la primera parte del requerimiento, referida al registro audiovisual de las cámaras que portaban dichos funcionarios en el lugar y fechas indicadas en el requerimiento, se deniega su entrega por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, ya que, en síntesis, éstas muestran por defecto a personas y diferentes lugares y domicilios de la Región Metropolitana. Además, la solicitud versa sobre antecedentes protegidos por la Ley N°19.628, que en atención a la definición que realiza de "dato personal", pues indican que al relacionar las grabaciones con un domicilio o lugar específico, ya sea por sus características, y tras realizar una mera comparación, se podría asociar a personas concretas. Asimismo, el artículo 7° de la precitada ley prescribe que quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, en este caso, en un organismo público, están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en este campo. Así, no se puede entregar la información requerida ya que en ella constan datos personales, referidos, a lugares donde ocurrieron hechos de violencia y personas visibles. Por otro lado, esta Corporación ha establecido como criterio para efectos de verificar la procedencia o no de una causal de reserva, el órgano debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo acreditarse, una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en la especie se configura. A su turno, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con el articulo 7, N°5 del Reglamento de la citada ley. Lo anterior debido que la Ley N° 19.628, al regular materias que son objeto de reserva o secreto, debe entenderse que lo hace con el estatus de ley aprobada mediante quórum calificado, en virtud de la ficción creada por las disposiciones transitorias aludidas, quedando amparada en el secreto previsto en el articulo 21 N°5 de la Ley N°20.285. Por tanto, el órgano estaría impedido de realizar dicha entrega por existir antecedentes que nuestro sistema jurídico califica de datos personales y sensibles. Agrega que en las grabaciones constan actos de violencia constitutivos de delitos altamente susceptible de ser conocido por el Ministerio Público, el cual, en uso de sus facultades, puede requerirlas, y razón de ello la Institución no puede contravenir lo dispuesto en la Ley N°19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, según lo prescrito en el artículo 8 inciso final. En el mismo tenor, los respaldos de las grabaciones son utilizadas como medios probatorios de ilícitos, requeridos en determinadas circunstancias por las diferentes Fiscalías del Ministerio Público u otros estamentos institucionales (Fiscalías administrativas de Carabineros), o extrainstitucional (PDI, Tribunales de Justicia), para esclarecer hechos que estuvieren siendo investigados, y si en la especie, la Institución entrega registros donde se aprecien personas interactuando bajo cualquier finalidad u objetivo, se estaría afectando la presunción de inocencia garantizada en múltiples cuerpos legales, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por defecto propio de la acción de grabar los operativos, se capturan imágenes de personas y domicilios, resultando aplicable la garantía constitucional del artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, en relación con la Ley N°19.628, en lo referente a cautelar los derechos de los titulares de las imágenes, los cuales al momento de la destrucción debería tenerse certeza de quien se trata, hecho que en la práctica y por la naturaleza de los registros se torna engorroso y no certero. Finalmente, realiza algunas consideraciones basadas en el Oficio N°2309, de 06 de marzo de 2017 por medio del cual esta Corporación realizó recomendaciones sobre la instalación de dispositivos de videovigilancia municipales 3) AMPARO: El 30 de diciembre de 2019, doña Catalina Gaete Salgado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa parcial a la solicitud de información. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N°E724, de 20 de enero de 2020, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señalar cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) precisar si obra en su poder la grabación solicitada; y, (4°) en caso de obrar en su poder: a) proceder a la conservación de la grabación hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; b) detallar si el segmento de grabación consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; c) en el evento de existir personas naturales identificables, indicar si el órgano que representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y, d) señalar si la grabación objeto del amparo fue remitida a un órgano diverso del que representa, por ejemplo, Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público. Mediante documento N°17, de fecha 24 de enero de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta, indicando que el registro de grabación fue denegado en atención a que lo solicitado tiene la calidad de reservado, por contener información de carácter de personal al mostrar por defecto personas y diferentes lugares y domicilios, de la Región Metropolitana e incluso grabaciones en que aparecen menores, configurándose la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. La solicitud versa sobre antecedentes protegidos por la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, pues al relacionar la grabación con un domicilio o lugar específico, ya sea por sus características, y tras realizar una mera comparación, se podría asociar a personas concretas. La legislación chilena no regula el derecho de imagen del individuo, no obstante, la Constitución Política de la República, dentro de las garantías constitucionales del artículo 19 N°4, señala que la Constitución "le asegura a todas las personas el derecho a la privacidad y la honra de la persona y su familia". A partir de esta norma los tribunales de justicia han dado origen al derecho a la imagen personal. Así, existen varias leyes que se conjugan en esta materia, en primer lugar la Ley de Prensa, que asegura el derecho a la libertad de información de los medios periodísticos. En segundo lugar las normas de protección de la imagen de las personas, consagradas constitucionalmente, y existen principios como la protección de menores que también deben ser considerados (por lo que no se puede exponer a menores en reportajes). Y por supuesto la Ley de Propiedad Intelectual, que implica que no puede utilizarse una fotografía o una filmación sin autorización del fotógrafo o camarógrafo que la registró, ya que en sí misma es una obra artística. Así, al estar en un lugar público indudablemente se está expuesto a que otros lo observen o fotografíen, pero esa fotografía y esa imagen no pueden ser utilizadas con objeto de darle crédito o que se pueda mal interpretar cuál es su tendencia, su afiliación o porqué se encuentra la persona desplazándose en la vía pública en ese momento o caso específico. Por tanto, si bien en principio es legal ser fotografiado a pesar de no haber dado el consentimiento previo en la medida que las fotografías sean tomadas en la vía pública, no en lugares privados, y que dichas fotografías se hayan tomado como registro con la intención de informar, la legalidad de las capturas en la vía pública es un asunto en general muy discutido. Por una parte, se ha sostenido por la jurisprudencia que cuando se trata de una persona que se desplaza en la vía pública su imagen estaría expuesta a la captación que podría hacerse por parte de terceros. Sin perjuicio de ello, también existe el derecho al honor, el cual conlleva desde el punto de vista constitucional la circunstancia de tener derecho a la propia imagen, y el uso que se le dé a esa imagen, indudablemente, tiene que ser objeto de protección por parte de los Tribunales de Justicia. En segundo lugar debe tenerse en consideración el propósito para el cual se realiza la grabación o fotografía. En este caso se trata de procedimientos policiales ya sea de control del orden público o de naturaleza investigativa, teniendo la grabación el exclusivo propósito de colaborar con el proceso investigativo o eventualmente con la labor jurisdiccional, como, asimismo, cautelar el debido cumplimiento de la normativa Institucional en el desarrollo de tales procedimientos. La entrega de tal información podría importar una clara afectación de los derechos de terceros pues o se censura la totalidad de las imágenes correspondientes a las diversas personas que en la filmación o fotografía aparezcan, de modo de garantizar su privacidad y honra, en los términos constitucionales, haciendo irrelevante la entrega de dicha información, o se le expone públicamente a que su imagen sea usada de forma indebida, lo que importaría una clara contravención a la normativa jurídica vigente. Por otra parte, para asegurar y respetar los derechos de los titulares de las imágenes captadas al pleno ejercicio de los derechos establecidos en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, sería preciso que constara con claridad quien es el titular de esos datos y que el mismo aparece en una filmación o fotografía, situación que es desconocida para Carabineros de Chile al momento de efectuar tales grabaciones. De lo anterior, se colige que resulta imposible dar cumplimiento a lo requerido sin exponer a Carabineros de Chile a incurrir en una infracción a las normas que regulan el derecho a la privacidad de las personas, a la protección de menores e incluso, de la identidad de los imputados de un determinado hecho delictivo. Sobre la materia, hace presente lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en Recurso de Protección Rol N°2506-2009, que cita al efecto. A su vez el órgano hace alusión al oficio N° 2309, de fecha 6 de marzo de 2017 dictado por esta Corporación por medio de la cual hace recomendaciones respecto a la instalación de dispositivos de video vigilancia por parte de las municipalidades. En el punto I.2 se indica "La imagen de las personas constituye un dato personal protegido por la ley. La ley dispone que dato personal es todo aquel relativo a "cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", por tanto señala que dentro de los elementos de la definición de dato personal hay tres presupuestos que deben acreditarse: 1) Debe tratarse de información relativa a la persona; 2) Debe tratarse de información que permita identificar al titular; y 3) El titular de un dato personal solo puede ser una persona natural. Es así como este grado de identificabilidad es como indica el órgano precisamente lo que explica su utilidad en fines de prevención del delito o persecución penal. Finalmente, el reclamado señala que estaría impedido de la entrega de lo solicitado por la existencia de una contravención de normas expresas que establecen el secreto respecto de lo solicitado teniendo en vista el objetivo de las grabaciones- medios probatorios de ilícitos- los cuales constan de 31 videos con 189 minutos de duración aproximada en el cual aparecen adultos, menores y domicilios particulares no poseyendo la entidad la tecnología para difuminar los rostros u otros elementos de las grabaciones. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo se circunscribe a la denegación del registro audiovisual de las cámaras que portaban funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales durante sus labores de control del orden público en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, entre el 18 y el 31 de octubre de 2019. Al efecto, Carabineros de Chile denegó la entrega de lo requerido por aplicación de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia y artículo 21 N°5 de la citada Ley, en relación con lo prescrito en el artículo 7° de la Ley N°19.628. 2) Que, en un primer orden de ideas, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece categóricamente que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia A su turno, conforme lo dispuesto en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley N°20.285, se comprende dentro del concepto de "documentos": "Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquéllos" (énfasis agregado). 3) Que, en base al referido marco normativo, las imágenes captadas a través de dispositivos de video grabación o cámaras de video portátiles por parte de Carabineros de Chile en cumplimiento de funciones destinadas a la mantención y resguardo del orden público, y en general, que desarrollen actividades de policía en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, constituyen, en principio, información pública. 4) Que, establecido lo anterior, luego el registro que fuere requerido constituye, en principio, información pública. No obstante ello, según ha expuesto Carabineros de Chile, dentro de los registros se incluyen imágenes de personas naturales y particularmente, de menores de edad, así como de domicilios particulares, por lo que la información requerida incluye datos personales. Sobre el particular, se debe hacer presente que según lo prescrito en el artículo 4° de la Ley N°19.628: «el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello». Al efecto, atendido el contexto en que dichas imágenes fueren capturadas, y la cantidad de terceros involucrados, no consta en la especie el consentimiento expreso de los titulares para su tratamiento. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, cabe hacer presente el principio de divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda (artículo 11 literal e) de la Ley de Transparencia). 5) Que, en esta línea de razonamiento, resulta pertinente indicar que esta Corporación, mediante Oficio N°001828, de fecha 28 de noviembre de 2019, formuló diversos requerimientos a la Institución reclamada, en lo relativo a la conservación y acceso a los registros de dispositivos videograbación, utilizadas en el contexto de operativos policiales. En dicha instancia, se hizo presente que, "(...) conforme ya lo señalara este Consejo, mediante oficio N° 1706, de 25 de octubre de 2019, incluso encontrándose vigente estado de excepción constitucional, el derecho de acceso a la información pública por parte de cualquier persona, en conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.285, permanece completamente vigente, pudiendo solicitarse la información contenida en cualquier formato o soporte". 6) Que, para efectos de velar por el cumplimiento y resguardo de los bienes jurídicos protegidos, esta Corporación, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 33, literal d), de la Ley de Transparencia, mediante Oficio N°001828, de 2019, requirió a Carabineros de Chile y a aquellas otras instituciones encargadas de la mantención y control del público, y en general, que desarrollen actividades de policía en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, que tratándose de imágenes captadas por dispositivos de videograbación y cámaras fotográficas portátiles y a efectos de asegurar un adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se adopten ciertas medidas como es el asegurar y respetar el legítimo ejercicio del derecho de acceso a la información pública: "a) se deberá asegurar y respetar el legítimo ejercicio del derecho de acceso a la información, respecto de cualquier documento o soporte informático, en el que se contengan los registros captados por funcionarios policiales, en formato de videograbación o por cámaras fotográficas portátiles, como en cualquier otro formato en el que se contengan. Para estos efectos, se deberá otorgar todas las facilidades para que, cualquier persona pueda requerir acceso a soportes videográficos que obren en poder de las instituciones competentes, conforme al principio de facilitación, establecido en el literal f), del artículo 11 de la Ley de Transparencia" y "b) Asegurar y respetar los derechos de los titulares de las imágenes captadas. Se deberá garantizar a los titulares de datos personales, en particular a las personas cuyas imágenes hayan sido captadas, el ejercicio de los derechos contemplados en la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, consistentes en el acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales en cuestión". 7) Que, de acuerdo a la información entregada por Carabineros, este señaló, genéricamente, que "no posee la tecnología para difuminar los rostros u otros elementos de las grabaciones" (31 videos con 189 minutos de duración aproximada). Por lo expuesto, frente a una eventual imposibilidad del organismo de reconocer a quienes aparecen en las videograbaciones efectuadas por parte de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones , y en aras de garantizar el derecho de protección de datos personales de los titulares, ponderado con el derecho de acceso a información pública que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado, la Institución, sin perjuicio de lo anterior, deberá adoptar las medidas respectivas en orden a garantizar la protección de la identidad de todas aquellas personas que aparezcan en la citada grabación así como cualquier otro registro que sea considerado un dato personal. 8) Que, por lo razonado precedentemente, se acogerá el presente amparo, y se ordenará la entrega de los registros requeridos, ya que se trata de información que obra en poder del órgano requerido, registrada en cumplimiento de funciones públicas, en el contexto de un estado de excepción constitucional, por lo que reviste especial interés público dotar de altos estándares de transparencia a las actuaciones de los funcionarios policiales en el período que fueren requeridas, conforme fuere señalado por este Consejo en el citado Oficio N°001828, de 2019. Con todo, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal, el órgano deberá, en forma previa a la entrega de los registros requeridos, proteger los datos personales que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, y especialmente, las imágenes de personas que aparezcan en las videograbaciones, y particularmente, de niños, niñas y adolescentes; así como cualquier otro antecedente que haga identificable a cualquier persona. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Catalina Gaete Salgado, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir Sr. General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente; a) Entregar a la reclamante copia del registro audiovisual de las cámaras que portaban funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales durante sus labores de control del orden público en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, entre el 18 y el 31 de octubre de 2019. Con todo, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal, el órgano deberá, en forma previa a la entrega de los registros requeridos, proteger los datos personales que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, y especialmente, las imágenes de personas que aparezcan en las videograbaciones, y particularmente, de niños, niñas y adolescentes; así como cualquier otro antecedente que haga identificable a cualquier persona. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Catalina Gaete Salgado; y, al Sr. General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.