Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C8441-19

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Reclamante:	HÉCTOR RIVAL OYARZÚN
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Los Lagos, respecto de copia de una serie de antecedentes vinculados a la carta que consulta. Se ordena la entrega de copia de los antecedentes requeridos en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la letra a); numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; y numerales 5.2.1, 5.2.2, 7.1, 7.2 y 7.3 de la letra c), del número 1) de la parte expositiva del presente amparo, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder. Lo anterior, por tratarse de información que debe obrar en poder del órgano, respecto de la cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva relativa a la distracción indebida de los funcionarios, toda vez que no se acreditó fehacientemente la concurrencia de dicha causal. Se rechaza el amparo respecto de lo solicitado en el numeral 2.2 de la letra a), por su inexistencia; y en el numeral 3.1 del mismo literal, por tratarse de un reclamo sobre el contenido de la documentación y no una infracción a la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/23/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1336-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL   Entidad pública: Universidad de Los Lagos. Requirente: Héctor Rival Oyarzún. Ingreso Consejo: 29.12.2019 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Los Lagos, respecto de copia de una serie de antecedentes vinculados a la carta que consulta. Se ordena la entrega de copia de los antecedentes requeridos en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la letra a); numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; y numerales 5.2.1, 5.2.2, 7.1, 7.2 y 7.3 de la letra c), del número 1) de la parte expositiva del presente amparo, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder. Lo anterior, por tratarse de información que debe obrar en poder del órgano, respecto de la cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva relativa a la distracción indebida de los funcionarios, toda vez que no se acreditó fehacientemente la concurrencia de dicha causal. Se rechaza el amparo respecto de lo solicitado en el numeral 2.2 de la letra a), por su inexistencia; y en el numeral 3.1 del mismo literal, por tratarse de un reclamo sobre el contenido de la documentación y no una infracción a la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C8441-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Héctor Rival Oyarzún efectuó 3 solicitudes de información ante la Universidad de Los Lagos, en las cuales requirió lo siguiente: a) Solicitud de fecha 14 de noviembre de 2019, ingresada con el código 417, con relación a la carta entregada al Rector con fecha 30 de enero de 2017: 1. "En su párrafo primero la carta señala: ‘Estimado rector, junto con saludar cordialmente, escribo a usted con motivo de entregar antecedentes e información sobre el desempeño que ha tenido en su calidad de académico y ex Director del Departamento de Educación de esta universidad, el Sr. Héctor Rival Oyarzún’. 1.1. Acta de la reunión Consejo de Departamento de Educación en que se abordó el tema de la carta y cual fue el acuerdo sostenido en dicha reunión. Se debe tener presente que el artículo N°17 del Decreto Universitario N°4013, establece que es función de los Consejos de Departamento: aprobar el plan estratégico y operativo del departamento; controlar el cumplimiento de las normas reglamentarias y estatutarias de la universidad; y, evaluar el desempeño individual de los académicos al departamento en conformidad con la normativa vigente. Para lo cual, los consejos de departamentos tienen, de manera expresa, carácter resolutivo. 1.2. Copias de los cuadernos de correspondencia, tanto del Departamento de Educación, como de la Rectoría, en que conste fecha de entrega y recibo formal de la carta. Pues asumimos que el Sr. Rector no recibe cartas en contra de un académico, sin folio y sin consentimiento del respectivo consejo en el estacionamiento, como es lo que se ha filtrado respecto de este caso. Toda vez que las universidades son instituciones de derecho. 1.3. Informes o documento emanados de la Vicerrectoría Académica, o de otra autoridad superior, o subalterno, correspondiente al periodo en que serví como Director, en que se cuestione mi desempeño en dicho cargo, que sirva de base a la acusación que plantea mi sucesora. En el citado periodo, la Comisión Calificadora me calificó como EXCELENTE en el ámbito ‘gestión’. 2. Más adelante expresa la Prof. Soto: ‘De estos antecedentes que entrego por esta vía y otros en forma impresa, se encuentran acusaciones que podrían tener carácter de graves, por lo que -de así entenderlo Ud. Como máxima autoridad de la institución- podrían ameritar la orden de apertura de una investigación sumaria o bien un sumario administrativo’. Respecto de este párrafo, se pide a la Comisión de Transparencia entregar: 2.1. Copia de la notificación mediante la cual ya sea, la ex Directora del Departamento, el Rector, el Vicerrector Académico o el Director Jurídico procedieron a informarme de las acusaciones y supuesto mal desempeño que informa la carta. 2.2. Dado que se solicita una investigación sumaria o bien un sumario administrativo en mi contra, pido: copia de la notificación de los cargos; actas del sumario o investigación sumaria realizado a instancia de la Sra. Soto en mi contra; sanciones que se aplicaron, en caso que así se hubiere determinado; documento por el cual se notificó al afectado y a la Contraloría General de la República del resultado de la investigación. 2.3. Copia de las amonestaciones que habría recibido, en virtud de las acusaciones que formula la ex Directora. 2.4. Pese a las que, según ella, son graves acusaciones, solicitó mi recontratación para 2017 y 2018, solicito copias de los respectivos oficios. 3. Luego la ex Directora sostiene: ‘Adjunta antecedentes de reclamos de alumnos, fundados en una deficiente calidad de docencia, en las cuales el Sr. Héctor Rival Oyarzún, ejercía como docente’. Al respecto y dado lo vago que resulta lo afirmado, se solicita: 3.1. Copias de los supuestos reclamos de los alumnos, en que se especifique año, semestre, carrera y curso. 3.2. Copias de las notificaciones que la Sra. Carmen Soto me hizo llegar inmediatamente recibidos los reclamos, a objeto, de que estos fuesen subsanados y los alumnos atendidos debidamente. 3.3. Actas del Consejo de Departamento, en que se abordaron estos reclamos y las propuestas de mejoras sugeridas. 3.4. Documentos que den cuenta de las acciones que la Directora de Departamento o Jefes de Carrera realizaron, en aras del bien superior de los estudiantes. Detallando caso a caso, conforme a las obligaciones que el estatuto administrativo y la normativa institucional les impone. 4. A continuación, se refiere a: ‘Antecedentes de información de Jefes de Carrera de: Lengua Castellana, Historia y Geografía y Jefe de Carrera de Ed. Diferencial, en relación al desempeño del profesor Rival’. Al respecto solicito: 4.1. Copias de asignaturas, áreas temáticas, años y semestres en que se habría evidenciado el cuestionado desempeño. 4.2. Copia de Actas del Consejo de Departamento o de Escuela de Pedagogía en que fue abordado mi desempeño y acuerdos establecidos conmigo. 4.3. Copia de programas, materiales, evaluaciones u otros documentos que evidencien el mal desempeño aludido. 4.4. Documentos que informen de las estrategias implementadas por los mencionados Jefes de Carrera, tendiente a mejorar el hipotético mal desempeño en beneficio del bien superior de los alumnos, al que están obligados y mandatados. 5. Más adelante, la profesora Soto indica: ‘No elaboración de la nueva versión del programa de magister en Educación, del cual es jefe de programa y del cual ha pasado un año y medio del término de la versión anterior. (Adjunto respuesta a lo solicitado)’. Solicito copia: 5.1. Del Decreto por el cual se pone término al programa de Magister en Ciencias de la Educación. Esto debido a que doña Carmen Soto sostiene que ha pasado año y medio del término de la versión anterior. 5.2. La primera reunión para el rediseño, fue convocada el 11.04.2016 por el Dr. Roberto Canales, quien la presidió, reunión que contó con la presencia del VIP, Dr. Patrick Puigmal, los dos jefes de programa mencionados y las respectivas secretarias académicas. Se solicita: copia del Acta de dicha reunión, copias de las actas y jornadas de rediseño e informes de avance, actas de reuniones del Departamento de Educación y comunicaciones con la Dirección de Postgrado en el periodo comprendido entre 11.04.2016 y el 30.12.2018, que dan cuenta que tres profesores en forma sucesiva asumieron la responsabilidad del rediseño y que nunca fui yo. 6. La Profesora Soto me acusa de: ‘No haber ejecutado las labores tendientes a las dos ediciones comprometidas para el 2016 de la Revista Intersecciones Educativas del departamento, siendo subida a la web a fines de enero de 2017, sólo la correspondiente al primer semestre de 2016, gracias al gran apoyo y trabajo de los académicos Cristian Tejeda y Claudia Saldía, no respetando, además, la generación de orden de compras con fecha de noviembre de 2016’. Respeto de este punto solicito copias de: 6.1. Decreto Universitario N°3247 (09.11.2015), que designa al responsable de la revista y al equipo editor para el periodo noviembre de 2015 y noviembre de 2017. Responsable que por cierto no soy yo. 6.2. Actas y registro de asistencia del Consejo Editor de la Revista Intersecciones Educativas, de los periodos 2015 y 2016. 6.3. Carta de fecha 11.08.2017, en que el Director Responsable de la Revista Intersecciones, reconoce por escrito mi compromiso y agradece mi aporte al desarrollo de la Revista en el periodo 2015-2016. 7. Luego, la ex Directora agrega nuevas acusaciones: ‘No haber realizado a septiembre de 2016, los compromisos con los académicos del Departamento de Educación. No haber realizado durante el periodo en que era director, la evaluación del plan de calidad del año 2015. Lo entregó con posterioridad a haber asumido yo el cargo. No haber elaborado a septiembre de 2016, el Plan de calidad del año 2016, tarea asumida por esta Dirección’. Respecto de estos juicios, solicito se hagan llegar copias de: 7.1. Las instrucciones de la Vicerrectoría Académica en torno a la materia. 7.2. Actas del Consejo de Departamento, con los acuerdos tomados en torno a la evaluación del Plan de calidad a que hace referencia. 7.3. Actas del Consejo Universitario e instrucciones de las Vicerrectorías Académicas y de Planificación en torno a los planes de calidad. 7.4. Amonestaciones y documentos que contengan reclamos, de parte de la Vicerrectoría Académica, respecto de las materias que la Sra. Soto denuncia. Cabe reiterar que en dicho periodo fui calificado EXCELENTE en gestión, no existiendo observación ni reclamo por mi gestión en dicho periodo, lo que ciertamente contradice las acusaciones aquí expuestas. Asumo que esta solicitud no trata materias genéricas ni dispersas, pues hace referencia a una carta que el Sr. Rector acogió. Espero que tampoco se argumente que la autora de la carta ya jubiló, pues entiendo que sigue trabajando en la universidad, su responsabilidad funcionaria aún no se extingue y no es responsabilidad mía que las autoridades superiores ocultaran esta carta por dos años, por lo que no se podrá argumentar que es una solicitud extemporánea. Por otra parte, tanto el Sr. Rector como los letrados Álvarez y Catalán, asumen plenamente la responsabilidad de los contenidos y a priori (sin investigarlos) los dan por ciertos, pues aparecen tanto las firmas de ellos como las iniciales de responsabilidad en oficios en lo que se adjunta la carta en comento al Sr. Contralor Regional e inclusive se hace referencia a ella en libelo entregado a la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, lo cual lleva a suponer que los profesionales individualizados, dan fe de su contenido y verificaron la información que ahora pido". b) Solicitud de fecha 15 de noviembre de 2019, ingresada con el código 418, con relación a la carta entregada al Rector con fecha 30 de enero de 2017 y los anexos que indica: 1. "Memo conductor, oficio u otro documento, a través del cual el Sr. Eduardo Risco hizo llegar las supuestas cartas de los alumnos a la ex Directora Soto. En este caso, se deberá adjuntar copia de los respectivos libros de correspondencia, con las firmas y fechas de despacho y recepción del documento requerido, tanto de la secretaria de la Carrera de Pedagogía en Lengua Castellana, como de la Secretaria del Departamento de Educación. 2. Se adjunte copia del documento (Memo u Oficio) mediante el cual la Directora de Departamento solicita estas cartas al profesor Risco. 3. Que se aclare mediante algún documento, la fecha a que corresponde la supuesta carta de alumnos que viene sin fecha, y se entregue copia del programa de asignatura reclamada, indicando su semestre y año. Lo contrario podría dejar la impresión que se trata de una acusación ‘al voleo’. 4. Que en conformidad con el Estatuto Administrativo y con la Ética Profesional, el Profesor Risco, en su calidad de Jefe de Carrera entregue documentos que den cuenta de cuales fueron los procedimientos administrativos que adoptó en cuanto recibió cada una de las supuestas cartas de reclamo de los estudiantes, entre otros: 5. Copia de las respuestas que entregó a los estudiantes frente a lo que ellos planteaban (solicito adjuntar copias). 6. Oficios o memorándum por los que informó al "profesor cuestionado" respecto de la inquietud manifestada por los estudiantes, indicando claramente las fechas en que efectuó esta gestión. 7. Copias de las respuestas que el profesor supuestamente cuestionado, hizo llegar luego de ser informado por el Jefe de Carrera, de la inquietud de los alumnos. 8. Actas, tanto del Consejo de Carrera, como de los acuerdos logrados con el docente, tendientes a superar las supuestas deficiencias en la actividad curricular. 9. Actas en que conste el seguimiento que el profesor Risco hizo, al plan de mejora establecido luego del reclamo de los alumnos. 10. Se solicita al Profesor Risco hacer llegar copias de: Los programas de curso señalando cuales fueron las unidades didácticas cuestionadas o que merecieron reparo alguno; copia de los materiales de clase y de las evaluaciones que habrían sido objetadas. 11. Documentos en que el profesor Risco, informe a alguna autoridad respecto de la situación y de su propio punto de vista frente a lo planteado por los alumnos (más allá de ser un pasador de cartas), ya sea, al director de docencia, al director escuela de pedagogía, al vicerrector u otro en el momento en que recibió los reclamos. Es importante precisar esto y las fechas pues si entrega la información cuando los alumnos ya egresaron, pudiera ser acusado de negligencia o abandono de deberes inherentes al cargo y a lo contemplado en la legislación, para este tipo de institución. 12. Finalmente, que entregue los protocolos y pautas de evaluación, en que como jefe de carrera verificó si era efectivo lo que planteaban los estudiantes, y si fuera pertinente, copia de los protocolos con los que supervisó la mejora en su calidad de Jefe de Carrera, que como reitero, va más allá de ser un presentador de quejas y pasador de supuestas cartas de alumnos. Se espera que todo lo solicitado corresponda a las fechas de las supuestas ‘misivas de los estudiantes’". c) Solicitud de fecha 17 de noviembre de 2019, ingresada con el código 419, con relación a la misma carta entregada al Rector, complementando el requerimiento código 417, respecto de lo pedido en los numerales 5, 6 y 7: 5. "Con la finalidad de que esta Comisión tenga una mejor comprensión del punto, me parece necesario contextualizar y decir que: Fui Jefe del Programa de Magister en Ciencias de la Educación entre agosto de 2012 y mayo del 2018; el nuevo Programa de Magister en Educación, fue una iniciativa nueva, surgida de la fusión del Magister en Educación y TIC y del Magíster en Ciencias de la Educación. De manera que no es el rediseño del Magister que yo dirigía. Es otro Magíster y ninguno de los dos Jefes de Programa asumió la responsabilidad del rediseño. Solicito copia: 5.1. De las citaciones a reunión del rediseño, donde queda en evidencia quién era el responsable. 5.2. De las convocatorias a validación del perfil del nuevo programa, en que se acredite quien convocaba y quien presidía.(No era yo por cierto), se citó a validación del perfil en dos momentos: 5.2.1. Validación con el medio: Se convocó a actores relevantes, tales como directores de centros escolares. Aquí pido: se adjunte las actas, pues eso deja en evidencia que la Sra. Soto falta a la verdad, las actas dicen quién era el responsable. 5.2.2. Validación de expertos: Con el Dr. Cesar Arboleda, de Colombia y el Dr. Marcelo Ríoseco, de la UCM, en el Hotel Casino de Osorno. Solicito adjuntar: Registros de asistencia, actas y conclusiones, copias de las invitaciones a los expertos. (Esto aclarará quién era responsable de la actividad (y no era yo). 6. Para contextualizar este requerimiento considero pertinente señalar que existe un decreto, que ya fue solicitado, en que se designan los miembros del Consejo Editor, las horas de dedicación y la función de cada uno, como también el tiempo de permanencia en el cargo. Se debe tener en consideración que desde que se recepciona un artículo, hasta el pre print, transcurre un año (6 meses desde que se valora la admisibilidad y es evaluado por los dos expertos externos, y seis meses de revisiones mejoras, segundas redacciones, hasta el pre print). Decir que una edición salió gracias al trabajo de dos profesores, es una falta de respeto a todo el equipo editor, del cual no formaba parte el Sr. Tejeda, quien fue contratado el segundo semestre de 2016. Complementando el requerimiento contenido en el folio N°417, solicito copias de: 6.1. El Decreto de nombramiento y contratación del Profesor Cristian Tejeda. 6.2. De las licencias médicas (interesa los periodos, no la patología), permisos administrativos y comisiones de servicio de la Profesora Claudia Saldía. 7. Puesto que la aprobación de los planes de calidad, estratégico u operativos (o como sea que se les denomine a través del tiempo), corresponde a una función propia del Consejo de Departamento (DU. 4013, art.17) y no a una responsabilidad unipersonal de su Director (DU. 4013, art.9), teniendo para tal efecto el Consejo de Departamento (y no el director) facultades "resolutivas" en dichas materias (DU. 4013, art.17), solicito, para complementar el requerimiento N°417: 7.1. Copias de las Actas del Consejo de Departamento de Educación de los años 2015 y 2016 en que se consigne los acuerdos en torno a la elaboración y evaluación de los Planes de Calidad aludidos, en que se exprese los productos y los acuerdos. Dichas Actas deberán contar con la firma del Secretario/a Académico del Departamento, quien es el ministro de fe y a la vez encargado de las Actas. 7.2. Copias de Actas de las Reuniones Ampliadas de Departamento, correspondiente a los años 2015 y 2016 en que se abordó la elaboración y evaluación de los Planes de Calidad, entendiendo que en dicha tarea participa "todo" el Departamento a través de "Comisiones por Área", en que se consignen los productos y los acuerdos. Para precisar mejor, cabe señalar que en una de estas reuniones se contó con la presencia del Rector y en otra con la de un delegado del Sr. Vicerrector de Planificación, que en este caso fue el académico, Sr. René Reyes Irigoyen, en calidad de asesor en planificación, conforme las orientaciones dadas por las altas autoridades en la materia. Dichas Actas deberán contar con la firma del Secretario/a Académico del Departamento, quien es el ministro de fe y a la vez encargado de las Actas. 7.3. Copias de las Actas y registros de asistencia, con los acuerdos y los productos generados en las tres Jornadas que realizó el Departamento de Educación bajo mi gestión, en torno a las materias aludidas por la Sra. Soto y que corresponden a las Jornadas de trabajo efectuadas en: el recinto que posee la Universidad de Los Lagos en la Localidad de Cascadas, el recinto del ITR y la Casa de Retiros Betania. Dichas Actas deberán contar con la firma del Secretario/a Académico del Departamento, quien es el ministro de fe y a la vez encargado de las Actas. 7.4. Actas de las Reuniones del Consejo Universitario correspondiente a 2015 y 2016 en que tanto los Vicerrectores Académico y de Planificación, entregan orientaciones en torno a la materia objeto de este requerimiento". 2) RESPUESTA: El 12 de diciembre de 2019, mediante Memo N° 142/2019, la Universidad de Los Lagos respondió a dicho requerimiento, entregando copia de 4 cartas de reclamo, decretos de contratación, decreto que aprueba integrantes del Consejo Editorial, Acta N°08/2016 del Consejo Universitario, 2 oficios Ord. emitidos por el Sr. Risco, Programa de asignatura Psicología del Aprendizaje, registros de comisiones de servicio, licencias médicas y permisos administrativos de la Académica Sra. Saldía. Con relación al resto de la información requerida, el órgano denegó la entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que "la información restante no puede ser proporcionada, debido al alto volumen de antecedentes que en su totalidad han sido requeridos, precisando además su carácter genérico y disperso, que en algunos casos exige la búsqueda exhaustiva durante 4 períodos (2015-2018) de documentos que no cuentan con precisión del Acto Administrativo que se trata y fecha de emisión del mismo, implicando para su recopilación la compleja coordinación y trabajo simultáneo de múltiples instancias académicas (...)". Luego, la Universidad indicó que "se consigna la inexistencia de proceso disciplinario originado producto de los motivos expuestos por el requirente y antecedentes asociados a rediseño del Magister en Ciencias de la Educación, debido a que se encuentra en proceso de elaboración un nuevo Programa", haciendo mención a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, respecto de que la información debe obrar en poder del órgano, y agregando que "no es posible la entrega de documentos inexistentes en los sistemas y registros institucionales, o bien, efectuar aclaraciones, como es posible observar en ciertos casos". 3) AMPARO: El 29 de diciembre de 2019, don Héctor Rival Oyarzún dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Los Lagos, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud. Asimismo, alegó que "En relación a las tres solicitudes de información 417-418-419, solo se atiende parcialmente lo requerido. Falta información fundamental, relacionada con diversas acusaciones, reclamos e imputaciones, las cuales no han sido probadas, razón por la que resulta esencial se haga llegar la documentación requerida, o bien señalar expresamente que los documentos no existen para cada uno de los casos. Se adjunta dos cartas de supuestas estudiantes de educación diferencial fechadas el 2017, las que vienen sin firma responsable. Se adjunta dos cartas de supuestos estudiantes de pedagogía en lengua castellana, una sin fecha y la otra con fecha confusa". Acto seguido, manifestando su opinión respecto de ciertos sucesos que indica, reclamó que "Dado lo señalado, resulta insostenible que ahora no puedan entregar la información que oportunamente y conforme al mandato que tienen las instituciones del estado no investigaron en su momento. Solicito se entregue cada uno de los documentos que solicito o bien se consigne, para cada caso, en forma individual, que la información no existe". 4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante oficio N° E678, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al reclamante subsanar su amparo, en el sentido de aclarar la infracción cometida por el órgano, detallando qué información de la requerida no le fue entregada, y acompañar copia íntegra de la respuesta entregada por la institución. Mediante correo electrónico de fecha 26 de enero de 2020, el reclamante subsanó su amparo, detallando los 22 documentos que no le fueron entregados en la solicitud código 417, los 11 que reclama respecto de la petición 418, y los 6 que consultó en el requerimiento 419, adjuntando copia de la carta enviada por doña Carmen Soto al Rector de la Universidad de Los Lagos, de la respuesta de la institución, y de las 3 solicitudes de información. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E1829, de fecha 10 de febrero de 2020, confirió traslado al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos, notificando el reclamo y solicitando que presente sus descargos u observaciones. Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 27 de febrero de 2020, se concedió a la Universidad un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos. No obstante lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que el órgano se haya pronunciado en los términos referidos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de Universidad de Los Lagos, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de una serie de antecedentes vinculados a la carta que señala. Al respecto, el órgano entregó copia de cartas de reclamo, decretos de contratación, decreto que aprueba integrantes del Consejo Editorial, Acta N°08/2016 del Consejo Universitario, oficios Ord. emitidos por el Sr. Risco, Programa de asignatura Psicología del Aprendizaje, registros de comisiones de servicio, licencias médicas y permisos administrativos de la Académica Sra. Saldía, señalando la inexistencia del proceso disciplinario originado producto de los motivos expuestos por el requirente y de antecedentes asociados a rediseño del Magister en Ciencias de la Educación, denegando la entrega del resto de la información requerida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, de lo señalado por el solicitante en su amparo, y de lo especificado en la subsanación del reclamo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Héctor Rival Oyarzún, en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la letra a); numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; y numerales 5.2.1, 5.2.2, 7.1, 7.2 y 7.3 de la letra c), de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva. 3) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 4) Que, en segundo lugar, respecto de lo requerido en el numeral 2.2 de la letra a), esto es, respecto del procedimiento sumario que se solicitó, copia de la notificación de los cargos; actas del sumario o investigación sumaria realizado en mi contra; sanciones que se aplicaron, en caso que así se hubiere determinado; documento por el cual se notificó al afectado y a la Contraloría General de la República del resultado de la investigación, el órgano informó en su respuesta que no existe ningún proceso disciplinario originado producto de los motivos expuestos. Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte, por no obrar en poder de la Universidad, la información pedida por el reclamante. 5) Que, en tercer lugar, con relación a lo pedido en el numeral 2.4 de la letra a), esto es, copias de los oficios por los cuales doña Carmen Soto solicitó la recontratación del Sr. Rival para los años 2017 y 2018, el órgano remitió copia de los respectivos decretos que prorrogaron la contratación del solicitante, y no de los oficios por los cuales la profesional aludida requirió dicha renovación. En consecuencia, este Consejo acogerá el amparo respecto de esta parte, ordenando la entrega de los oficios consultados, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. 6) Que, en cuarto lugar, sobre lo solicitado en el numeral 3.1 del mismo literal, esto es, copias de los supuestos reclamos de los alumnos, en que se especifique año, semestre, carrera y curso, el órgano entregó copia de 4 cartas de reclamos emitidas por estudiantes de la carrera de Educación Diferencial y de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. No obstante lo anterior, en su amparo, el solicitante reclama por la falta de fechas o firmas de dichas comunicaciones. En dicho contexto, cabe tener presente que el reclamo se refiere más bien al contenido, formalidades o mérito de las cartas entregadas, que a una infracción a la Ley de Transparencia, lo que escapa al ámbito de competencia de esta institución. En consecuencia, se rechazará el amparo respecto de este punto. 7) Que, en quinto lugar, a lo consultado en los numerales 5.1 y 5.2 de la letra a), y numerales 5.2.1 y 5.2.2, de la letra c), esto es, copia del Decreto por el cual se pone término al programa de Magister en Ciencias de la Educación, debido a que doña Carmen Soto sostiene que ha pasado año y medio del término de la versión anterior; copia del Acta de la primera reunión para el rediseño del Magister, convocada el 11 de abril de 2016 por el Dr. Roberto Canales, y que contó con la presencia de los profesionales que indica, copias de las actas y jornadas de rediseño e informes de avance, actas de reuniones del Departamento de Educación y comunicaciones con la Dirección de Postgrado en el periodo comprendido entre 11.04.2016 y el 30.12.2018; copia de las actas por medio de las cuales se convocó a actores relevantes, tales como directores de centros escolares para efectos de realizar validación con el medio; y copia de registros de asistencia, actas y conclusiones, copias de las invitaciones a los expertos para efectos de validación de expertos, el órgano manifestó que no existen antecedentes asociados al rediseño del Magister en Ciencias de la Educación, debido a que se encuentra en proceso de elaboración un nuevo Programa. Al respecto, cabe tener presente que lo informado por la Universidad no tiene relación con lo solicitado, toda vez que hace referencia a lo que ocurre, en la actualidad o en el último período, con el Magister aludido, mientras que el decreto, registros y actas consultadas se remiten a eventuales circunstancias ocurridas hace varios años atrás. En consecuencia, este Consejo procederá a acoger el amparo, respecto de esta parte, ordenando la entrega de lo requerido, o en su defecto, señalar expresamente, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder. 8) Que, en sexto lugar, respecto de lo pedido en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la letra a); numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; y numerales 7.1, 7.2 y 7.3 de la letra c), el órgano denegó su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 9) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 10) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 11) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 12) Que, en el presente caso, el órgano se limitó a señalar que se trataba de un alto volumen de antecedentes, que abarca 4 años, y que su recopilación implica una compleja coordinación, sin indicar la cantidad de funcionarios necesarios para recabar la información, la cantidad de horas hombre o jornadas de trabajo que aquello requiere, y la cantidad de documentos que comprende o abarca la solicitud. Asimismo, el Servicio no especificó la forma ni el lugar en que dicha documentación se mantiene almacenada, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y teniendo en consideración que la información faltante, si bien se trata de diversos requerimientos, se refiere a actas, memos, oficios, documentos o informes específicamente referidos, por lo que este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 13) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada en esta parte, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARECIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Héctor Rival Oyarzún en contra de la Universidad de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de los antecedentes requeridos en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la letra a); numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; y numerales 5.2.1, 5.2.2, 7.1, 7.2 y 7.3 de la letra c), del número 1) de la parte expositiva del presente amparo, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de lo solicitado en el numeral 2.2 de la letra a), por su inexistencia; y en el numeral 3.1 del mismo literal, por tratarse de un reclamo sobre el contenido de la documentación entregada y no una infracción a la Ley de Transparencia. IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Rival Oyarzún y al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.