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DECISIÓN AMPARO ROL C24-20</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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Requirente: Alejandro López Marín.</p>
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Ingreso Consejo: 02.01.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo contra la Policía de Investigaciones, sólo en cuanto no se derivó el requerimiento relativo a obtener información que se indica sobre instalación de cámaras con tecnología de reconocimiento facial en la ciudad de Santiago, al órgano competente para pronunciarse sobre dicha materia.</p>
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Lo anterior, por cuanto tras haberse agotado las gestiones de búsqueda de la información por parte de la reclamada, no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.</p>
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Se deriva la presente solicitud a la Intendencia Región Metropolitana, para que dicho órgano se pronuncie sobre el requerimiento. Lo anterior, conforme el principio de facilitación.</p>
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En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C24-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de diciembre de 2019, don Alejandro López Marín solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile la siguiente información: "En virtud del anuncio por parte del Intendente sobre la instalación de cámaras con tecnología de reconocimiento facial:</p>
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1) Solicito hacer envío de las ubicaciones exactas de todas las cámaras que cuentan con esta tecnología en la ciudad de Santiago.</p>
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2) Marca y modelo de las cámaras.</p>
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3) Empresa proveedora de este producto y empresa encargada de la instalación.</p>
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4) En caso de que exista, un documento que detalle los planes de expansión e instalación de esta tecnología en otros puntos de la ciudad.</p>
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5) Protocolo o reglamento interno que norme el uso de esta tecnología.</p>
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6) Especificar si serán funcionarios públicos los que se harán cargo del uso de esta tecnología o se ha contratado una empresa externa (si es así, enviar nombre de empresa externa)".</p>
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2) RESPUESTA: El 2 de enero de 2020, la Policía de Investigaciones de Chile respondió mediante escrito a dicho requerimiento de información indicando que "respecto a lo solicitado, el Centro Nacional de Análisis Criminal, como igualmente, la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales informaron que actualmente ésta Policía de Investigaciones de Chile no cuenta con cámaras en uso que posean la tecnología de reconocimiento facial (...)", agregando que entre los meses de mayo y junio del 2018, se utilizó a modo de prueba un sistema de detección por biometría facial en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Las Condes en el marco de un acuerdo de colaboración.</p>
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3) AMPARO: El 2 de enero de 2020, don Alejandro López Marín dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud.</p>
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El reclamante hace presente que "como bien señala esta noticia, sí existen cámaras de reconocimiento facial en Santiago: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/28/968666/Intendente-Guevara-camaras-reconocimiento-facial.html (...)". Añade que "en primer lugar, mi solicitud fue hacia la Intendencia Metropolitana, pero ellos por algún motivo me derivaron a la PDI (...)".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E699 de fecha 20 de enero de 2020 solicitándole que: (1°) refiérase a las alegaciones señaladas por el requirente en su amparo, respecto a que recibió respuesta negativa a su solicitud; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada</p>
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Mediante Ordinario N°119 de fecha 24 de enero de 2020, la reclamada remite sus descargos, indicando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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La solicitud de acceso a la información se relaciona con una noticia publicada en el sitio web www.emol.com, reportaje de fecha 28 de noviembre de 2019, en el cual el Intendente de la Región Metropolitana, se refirió entre otras materias, "a la asociación de hechos delictuales, como saqueos y desmanes, con bandas de narcotraficantes, indicando que tanto la Policía de Investigaciones de Chile, como Carabineros de Chile, están investigando este tipo de hechos (...)". Respecto a las cámaras con el sistema de reconocimiento facial, "la autoridad de gobierno señaló, en síntesis, que este tipo de tecnología y los drones instalados, eran de una enorme utilidad para el éxito de las investigaciones en curso (...)".</p>
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En este sentido, expresa que "una vez analizado el contenido de la noticia, el señor Intendente de la Región Metropolitana, nunca mencionó que este tipo de cámaras esté en poder o sean de propiedad de esta Institución, por lo que las alegaciones del requirente no se corresponden con la realidad, concluyéndose, por consiguiente, que esta Institución entregó una respuesta completa y detallada (...)".</p>
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Por otra parte, reitera lo señalado en su respuesta, señalando que lo solicitado no obra en su poder, "puesto que, tanto el Centro Nacional de Análisis Criminal y la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales de esta Policía de Investigaciones de Chile, informaron que esta Institución no cuenta con cámaras con tecnología de reconocimiento facial (...).</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información que se indica sobre instalación de cámaras con tecnología de reconocimiento facial en la ciudad de Santiago. Al efecto, la reclamada con ocasión de su respuesta y descargos, ha señalado que lo solicitado no obra en su poder.</p>
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2) Que, el órgano requerido, ha explicado que el Centro Nacional de Análisis Criminal, como igualmente la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales informaron que actualmente la Policía de Investigaciones no cuenta con cámaras en uso, que posean tecnología de reconocimiento facial. Así mismo, y en relación al enlace web https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/28/968666/IntendenteGuevara-camaras-reconocimiento-facial.html con la noticia señalada por el requirente que motiva el presente amparo, la reclamada expresó que en ninguna parte se menciona que las cámaras de reconocimiento facial estén en poder o sean de propiedad del órgano requerido.</p>
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3) Que, para efectos de resolver el presente reclamo, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.</p>
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4) Que, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).</p>
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5) Que, cabe tener presente además lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado por sus Unidades internas, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. En consecuencia, tras revisión y análisis de los documentos y las alegaciones de la reclamada, y atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo en este punto.</p>
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6) Que, establecido lo anterior, y analizado el enlace web que consta en el considerando 2° del presente acuerdo, esta Corporación observa que en la noticia que motiva el presente amparo, el Intendente de la Región Metropolitana reconoce expresamente que han instalado cámaras con reconocimiento facial mencionando a la Policía de Investigaciones sólo con ocasión de la labor investigativa de delitos en adecuación con las funciones que le son encomendadas. Por lo anterior, resulta atendible que el órgano que debe contar con la información requerida sea la Intendencia Región Metropolitana.</p>
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7) Que, en mérito de lo anterior, y atendido lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo sólo en cuanto el órgano reclamado no derivó la solicitud de información en comento a la Intendencia Región Metropolitana, órgano que está en mejor posición de pronunciarse sobre el requerimiento de información que motiva el presente amparo. Con todo, este Consejo procederá a derivar de oficio esta solicitud al referido órgano, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados respectivamente, en el artículo 11 letras d) y f), de la Ley de Transparencia, a fin de que éste se pronuncie en definitiva sobre lo requerido en su oportunidad.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Alejandro López Marín, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, sólo en cuanto no se derivó la solicitud de información en comento a la Intendencia Región Metropolitana, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente:</p>
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a) Derive la solicitud de información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo del presente acuerdo, a la Intendencia Región Metropolitana, para efectos de que ésta se pronuncie sobre esta solicitud de acuerdo a sus competencias.</p>
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b) Notifique la presente decisión a don Alejandro López Marín y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>