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DECISIÓN AMPARO ROL C339-20</p>
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Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas.</p>
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Requirente: Jorge Rogel Aros.</p>
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Ingreso Consejo: 21.01.2020.</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Aduanas, referido a la entrega de copias de Manifiesto Internacional de Carga / Documento de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), vinculado a camión propiedad de la empresa que indica, en aquella parte vinculada al registro de entradas y salidas en el periodo y por las fronteras indicadas donde figure el solicitante como chofer.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información pública que se enmarca dentro de la esfera de atribuciones de la reclamada y respecto de la cual no ha alegado su inexistencia ni acreditado la existencia de alguna causal de secreto o reserva.</p>
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Se rechaza respecto de la entrega de información referido a la entrega de copias de MIC/DTA, en que conste información comercial y estratégica del tercero interesado, tales como tipo y cantidad de mercaderías, razón social, domicilio y país del remitente de la mercadería, entre otros.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información cuya divulgación afecta los derechos comerciales y económicos del tercero involucrado, configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.</p>
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Aplica precedentes de los amparos Roles C114-09, C654-16, C2909-18 y 2479-19, entre otros, en que se estableció que publicitar este tipo de información, asociada a la razón social o RUT, develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad económica, tales como el mercado específico en que se desenvuelven internacionalmente, las importaciones de mercancías que realizan en un rubro determinado, todo lo cual constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce sobre ellos derechos de carácter comercial o económico.</p>
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En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C339-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 9 de diciembre de 2019, don Jorge Rogel Aros solicitó al Servicio Nacional de Aduanas la siguiente información: "Copias de MIC-DTA desde el periodo abril 2018 hasta octubre 2018, camión placa patente que indica, de ingresos y salidas por el paso fronterizo Cardenal Antonio Samoré desde y hacia XI y XII Regiones por tránsito argentino, con la finalidad de ser presentados en la Inspección del Trabajado, para que dicho empresa pueda hacer pago de mis horas extras que no están siendo consideradas en su finiquito"</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N°154 de fecha 8 de enero de 2020, la reclamada respondió a dicho requerimiento de información denegando lo solicitado, en virtud de oposición del tercero interesado en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 21 de enero de 2020, don Jorge Rogel Aros dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas , mediante Oficio N° E1831 de fecha 10 de febrero de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de el/los tercero(s); (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el/los tercero(s), incluyendo copia de la(s) respectiva(s) comunicación(es), de los documentos que acrediten su notificación, de la(s) oposición(es) deducida(s) y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta(s) ingresó(aron) ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2020, el órgano requerido remite escrito con sus descargos, indicando que se procedió a notificar al tercero afectado, la empresa que indica, la que mediante correo electrónico formuló su oposición manifestando que la información requerida afectaría contratos con terceros que incluirían cláusulas de confidencialidad, siendo, además, información altamente sensible para su empresa, dado que entrega información de sus seguros de carga, patentes, números de serie de vehículos, patentes de equipos remolques, permisos de tránsito internacional, rutas de traslado y mercancías de traslado, las que podrías ser publicadas y generar un alto riesgo a su empresa y sus trabajadores los que se podrían ver afectados. Agrega, el tercero, que la solicitud no responde ni aclara las exigencias que tiene la persona solicitante, sino simplemente divulga información sensible de su ex lugar de trabajo. En este sentido, se reitera la denegación de información en conformidad a los argumentos esgrimidos por el tercero interesado en relación a la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, en cuanto a la afectación de sus derechos económicos.</p>
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5) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: Mediante Oficio N° E4030 de fecha 23 de marzo de 2020, esta Corporación confirió traslado al tercero interesado informado por la reclamada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y el artículo 47 del Reglamento de dicha ley. A la fecha del presente acuerdo, el tercero interesado no ha presentado sus descargos a esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene como objeto la entrega de información que consta en el punto 1) de lo expositivo. Al respecto, la reclama en su respuesta y con ocasión de sus descargos denegó la información por oposición del tercero interesado quien alegó la afectación de sus derechos económicos y comerciales en conformidad a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, a modo de contexto, la solicitud de información versa sobre la entrega de copias de MIC/ DTA, esto es, Manifiesto Internacional de Carga / Documento de Tránsito Aduanero, vinculado a un camión propiedad de la empresa que se indica. Cabe hacer presente que consultada la página web institucional de la reclamada, el formulario de dicho Manifiesto Internacional de Carga, contiene información relativa al nombre y domicilio del propietario del vehículo, tipo de identificador y rol del contribuyente, placa patente, marca y número de chasis, capacidad de arrastre, moneda y nombre de la divisa, país de procedencia de la mercancía y código vigente en el país de partida, valor fot de las mercancías, tipo de bulto, marca y número de bultos, su peso bruto, nombre o razón social y domicilio del remitente, del destinatario y del consignatario, aduana de paso de frontera, entrada, y aduana de destino, nombre del transportador, entre otros.</p>
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3) Que, este Consejo ha establecido los requisitos que deben concurrir para estimar reservada la información que se solicita, en el sentido de considerar que ésta contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, para lo cual, debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). Luego, en conformidad a la normativa internacional de la que Chile es parte y de la legislación nacional que adecuó nuestro sistema jurídico a sus disposiciones, debemos analizar si la información que está siendo solicitada tiene la calidad de información no divulgada en razón del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.</p>
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4) Que, sobre la base de lo expuesto, este Consejo entiende que los datos requeridos que no digan relación con el solicitante y el simple registro de entrada y salida, constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A mayor abundamiento, en el presente caso ha existido oposición expresa a la divulgación de la información por parte de su titular, lo que sumado a la necesidad de la requirente de formular una solicitud de acceso en pos de acceder a la misma, resulta razonable que se trata de información que no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.</p>
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5) Que, asimismo, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21 N° 4 y lo exige el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos comerciales o económicos de los sujetos protegidos por éstas.</p>
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6) Que, al efecto, este Consejo estima que en el presente caso, resulta aplicable lo resuelto, en los amparos A114-09, C654-16, C2909-18 y C2479-19, entre otros, en el sentido que publicitar este tipo de información contenida en las copias MIC/DTA solicitadas, que no se refieran al solicitante y el simple registro de entradas y salidas del camión que fuere consultado, asociada a la razón social o RUT de la empresa consultada, develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad económica, tales como el mercado específico en que se desenvuelven internacionalmente, las importaciones de mercancías que realizan en un rubro determinado, trazabilidad referida a cantidad de unidades importadas y stocks disponibles, todo lo cual constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce sobre ellos derechos de carácter comercial o económico, y una eventual divulgación podría afectar su capacidad competitiva, configurándose así, los requisitos señalados en el considerando 3° de la presente decisión.</p>
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7) Que, por tanto, en relación a la información , respecto de la cual existen titulares de derechos de carácter comercial o económico que pueden resultar afectados con su divulgación, en virtud de la facultad conferida a este Consejo por el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, y a lo razonado sostenidamente por esta Corporación, en otros amparos con requerimientos similares, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de dicha ley, razón por la cual, se rechazará el amparo en este punto.</p>
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8) Que, respecto a la información que se refiere al solicitante y al registro de entrada y salida del camión en los periodos y fronteras en que fuere consultada, no se ha acreditado por parte de la reclamada ni del tercero interesado, como la develación de dicha información afectaría los derechos económicos y comerciales de éste último, afectando negativamente su desenvolvimiento competitivo. En consecuencia, tratándose de información que se enmarca dentro de la esfera competencial de la reclamada, sin que haya alegado su inexistencia, este Consejo acogerá el amparo en este punto, ordenando la entrega de información relativa al registro de entrada y salida del camión que fuere consultado por el solicitante, en los periodos y por las fronteras que indica.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Jorge Rogel Aros en contra del Servicio Nacional de Aduanas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional de Aduanas lo siguiente:</p>
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a) Entregue al solicitante la información relativa al solicitante y al ingreso y salida del camión que fuere consultado en el período y por las fronteras indicadas que consten en el MIC/DTA.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo respecto de la entrega de información relativa a información comercial estratégica referida al tercero interesado que conste en MIC/DTA, tales como tipo y cantidad de mercaderías, razón social, domicilio y país del remitente de la mercadería, entre otros.</p>
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IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Rogel Aros, al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas y al tercero interesado.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>