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DECISIÓN AMPARO ROL C355-20</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Castro.</p>
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Requirente: Héctor Caripán Sanzana.</p>
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Ingreso Consejo: 22.01.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Castro, ordenando la entrega de las actas de admisibilidad, de entrevista y de selección del concurso público que se indica, respecto del ganador del concurso, respecto del reclamante de información (en su calidad de postulante) y de los resultados consignados en las actas, de manera anonimizada, referidos a aquellos postulantes preseleccionados.</p>
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Lo anterior, ya que se trata de antecedentes que han sido tenidos a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional de las personas seleccionadas. Además, no se produce afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano; no acreditándose, en la especie, la afectación a la estrategia judicial del órgano en litigio que indica.</p>
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Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C29-09, C692-12, C1288-14 y C2231-15, C3218-15, entre otras.</p>
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Se rechaza el amparo respecto de los antecedentes de aquellos candidatos que no fueron seleccionados para el cargo concursado, ya que se trata de datos personales que no pueden ser comunicados sin su autorización, y la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa.</p>
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Aplica criterio contenido en decisiones Roles C91-10, C3228-18 y C3958-18, entre otras.</p>
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En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C355-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de diciembre de 2019, don Héctor Caripán Sanzana solicitó a la Municipalidad de Castro la siguiente información: "actas de admisibilidad, entrevista y selección de candidatos del proceso de reclutamiento de personal para ocupar la vacante de Director de Cultura y Turismo del Municipio de Castro".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Oficio N°098, de 17 de enero de 2020, el órgano denegó lo solicitado en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia. Expresa que lo requerido, es "información solicitada por Contraloría General de la República a solicitud de presentación formulada por el Sr. Héctor Caripán Sanzana (...)" según oficio que indica y que "por tanto es parte de la respuesta jurídica a entregar a Contraloría Regional de Los Lagos (...)".</p>
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3) AMPARO: El 22 de enero de 2020, don Héctor Caripán Sanzana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Castro, mediante Oficio N°E1798, de fecha 7 de febrero de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, (3°) informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada.</p>
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Por correo electrónico de fecha 20 de marzo de 2020, el órgano requerido remite Oficio N°264, de misma fecha, con sus descargos, reiterando la denegación señalada en su respuesta en virtud del artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia.</p>
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Agrega que "lo primero que consulta es el acta de admisibilidad, la cual queda en categoría no admisible por litigio pendiente con el municipio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley N°18.757". De este modo, "los antecedentes de esta información son utilizadas como defensa y argumentación para Contraloría General de la República y Tribunales (...)".</p>
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En esta línea, manifiesta que las causas pendientes Rol O-25-2018 Tribunal de Letras del Trabajo de Castro y Rol 368-2019 Corte de Apelaciones de Puerto Montt, aún se encuentran en proceso judicial. Señala que "si bien la causa laboral en el juzgado del Trabajo de Castro, se encuentra fallada y firme dicha sentencia, el proceso judicial en sí aún está pendiente de tramitación, pues existe en el proceso orden de no innovar decretada por la Corte de Apelación de Puerto Montt, dictado en proceso rol 368-2019, sobre Recurso de Queja interpuesto por la Municipalidad (...)". En resumen "el proceso judicial entre las partes, aún está vigente y activo, por lo que los antecedentes solicitados pudieren incidir de alguna u otra forma en las resoluciones finales de dichos procesos (...)".</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información requerida, referida a un concurso público, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en relación a la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia, se debe tener presente que, por tratarse de una norma de derecho estricto, debe ser interpretada restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales".</p>
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3) Que, el órgano reclamado, para fundar la causal alegada, refirió, en resumen, que la información reclamada formaría parte de un litigio pendiente, a saber, causas Roles O-25-2018 del Tribunal de Letras del Trabajo de Castro y 368-2019 de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, procesos judiciales en que participa el requirente y en el cual los antecedentes solicitados podrían incidir de alguna u otra forma en las resoluciones finales de dichos procesos. Con todo, revisados de oficio por esta Corporación en la página web del Poder Judicial los referidos procesos, cabe hacer presente que el primero de aquellos se encuentra con sentencia definitiva y con orden de no innovar por instrucción de la Corte de Apelación de Puerto Montt en virtud de un recurso de queja interpuesto, teniendo como objeto, el referido proceso judicial, que se encuentra actualmente con la sentencia definitiva impugnada, la determinación del despido injustificado del solicitante, que prestó servicios como Coordinador de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Castro hasta el 31 de diciembre de 2017, no advirtiendo este Consejo, de qué forma específica y concreta lo solicitado podría afectar la estrategia y defensa judicial del órgano requerido. En efecto, la alegación de la reclamada debe desestimarse, por cuanto no se condice con el carácter estricto de la causal. De esta forma, según el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, la causal alegada se debe interpretar de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma en secretos todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención de la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado, cuestión que en la especie, no ha sido demostrado en esta sede por parte de la reclamada. (énfasis agregado).</p>
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4) Que, en este orden de ideas, el órgano no ha explicado en forma pormenorizada la necesidad de mantener la reserva de las actas del concurso público que fueren solicitadas para su defensa judicial, ni la forma en que la publicidad de lo solicitado afectará de modo específico la estrategia judicial del órgano en la tramitación del referido proceso judicial, limitándose sólo a señalar que lo mismos pudieren incidir de alguna u otra forma -esto es, eventualmente- en las resoluciones finales de dichos procesos. En este sentido, para estimar que concurre la causal invocada, el órgano reclamado debe acreditar que la publicidad de la información solicitada afecta su debido funcionamiento. Al efecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se produce. De esta forma, esta Corporación ha sostenido que son públicos los antecedentes cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente, a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia. Ello, porque se ha estimado que dicha motivación no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones de la Administración (decisión amparo Rol A380-09). Atendido lo indicado, esta Corporación desestimará la causal de reserva alegada por el órgano.</p>
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5) Que, en relación a la información objeto de reclamo, se debe realizar un distingo. En efecto, en lo que atañe al ganador del concurso público, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido invariablemente que procede la entrega de los puntajes de sus evaluaciones y demás antecedentes acompañados en su postulación y actas del certamen (en la especie actas de admisibilidad, entrevistas y selección) bajo la premisa de que se trata de antecedentes que han sido tenidos a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto, constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional del seleccionado. A lo anterior, se suma que se trata de un antecedente referido al desempeño del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, la cual queda, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega de la información contenida en las actas de admisibilidad, entrevistas y selección, de aquel postulante que resultó ganador en el concurso público que indica.</p>
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6) Que, por el contrario, tratándose de los demás postulantes no designados para el cargo, conforme ha resuelto este Consejo, a partir de la decisión rol C91-10, procede reservar los antecedentes de los candidatos que no resultaron seleccionados para el cargo "por contener datos personales de sus titulares los que, de conformidad con los artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, no pueden ser comunicados sin su autorización", agregándose que "la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante". Lo anterior, implica reservar y proteger la identidad o nombre de los postulantes que no fueron seleccionados para el cargo concursado -y que, por ello, no adquirieron la calidad de funcionario público, en virtud de lo dispuesto en los mencionados artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, en relación con lo expuesto en el artículo 2, letra f), de la misma ley, y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pudiendo únicamente, entregarse la información contenida en las actas requeridas que se refieran a aquellos postulantes que quedaron preseleccionados, pero de manera anonimizada -siguiendo en este caso, lo resuelto en la decisión amparo rol C3228-18 y C3958-18, entre otros-, con la finalidad de poder comparar esas calificaciones o puntajes con las del candidato seleccionado, facilitando el respectivo control social sobre el proceso de selección. Por lo tanto, se acogerá parcialmente el amparo en esta parte y se ordenará la entrega de la información contenida en las actas solicitadas previa reserva del nombre o identidad de aquellos postulantes que no resultaron designados en el cargo del referido concurso público y asimismo, la reserva de cualquier dato que permita la identificación de aquellos candidatos no seleccionados.</p>
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7) Que, por último, en los casos en que el requerimiento contemple el acceso información del propio peticionario en el concurso consultado, aquello constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales, que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En efecto, en dicho caso el requirente ha ejercido el denominado habeas data impropio frente a la Administración, en virtud de lo cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales, por ser titulares de éstos conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12 de la citada ley. Por lo expuesto, se acogerá el amparo en esta parte y se ordenará la entrega de la información indicada en el numeral 1) de lo expositivo de este acuerdo, referida al propio reclamante, en su calidad de postulante al referido concurso público.</p>
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8) Que, finalmente, cabe hacer presente que toda la información que por medio de esta decisión se ordena entregar, deberá verificarse dicha entrega tarjando previamente, los datos personales de contexto de los mismos, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Héctor Caripán Sanzana, en contra de la Municipalidad de Castro, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Castro, lo siguiente;</p>
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a) Entregue al reclamante la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo, respecto del ganador del concurso público; aquella referida al propio solicitante; y, la de aquellos candidatos que resultaron preseleccionados, de manera anonimizada, en la forma señalada en los considerandos 6) y 8) del presente acuerdo.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Caripán Sanzana; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Castro.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>