Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C546-12

Reclamante:	JOSÉ GATICA BENAVIDES
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de La Granja, fundado en que no habría recibido respuesta a su requerimiento sobre el gasto efectivo en personal por concepto de Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el periodo en el cual se realizaron, refiriéndose en específico a recursos destinados al pago de horas extras, sobresueldos, contratos a honorarios y contratos regidos por el Código del Trabajo circunscritos o no a los planes de mejoramiento educacional de cada establecimiento de la comuna, entre otras solicitudes. El Consejo acogió el amparo ya que señaló que tratándose de información pública, respecto de la cual no se ha alegado la procedencia de alguna causal de reserva y, considerando además, que se trata de información que reviste un evidente interés para el control social de los recursos públicos en cuanto dice relación con el otorgamiento de fondos públicos, los que están sujetos a una rendición de cuentas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/3/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C951-12
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> Elevado número de actos
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C546-12 Entidad pública: Municipalidad de La Granja Requirente: José Gatica Benavides Ingreso Consejo: 12.04.2012 En sesión ordinaria Nº 361 del Consejo Directivo, celebrada el 1° de agosto de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C546-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.550, N° 20.285, N° 20.248 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el D.F.L. N° 1, de 1976, del Ministerio de Educación que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don José Gatica Benavides, el 12 de marzo de 2012, solicitó a la Municipalidad de La Granja, la siguiente información: a) El gasto efectivo en personal por concepto de Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el periodo en el cual se realizaron, refiriéndose en específico a recursos destinados al pago de horas extras, sobresueldos, contratos a honorarios y contratos regidos por el Código del Trabajo circunscritos o no a los planes de mejoramiento educacional de cada establecimiento de la comuna. b) En cuanto a los pagos realizados a profesionales de la educación que mantienen un vinculo laboral vigente con el Departamento de Administración de Educación Municipal DAEM (planta y contrata según Ley N° 19.070), que han sido financiados con recursos pertenecientes a la subvención escolar preferencial, indicar el monto exacto que se canceló a cada docente por sus funciones realizadas en los planes de mejoramiento. c) Finalmente requiere que le informen por qué no se ha cumplido con el artículo 7º de la Ley de Transparencia, que obliga a los estamentos públicos a mantener información detallada y actualizada en su página web, para este propósito. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 12 de abril de 2012, don José Gatica Benavides dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no habría recibido respuesta a su requerimiento dentro del plazo legal otorgado para ello. 3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria Nº 332, de 18 de abril de 2012, acordó encargar a la Unidad de Admisibilidad de esta Corporación, la realización de gestiones a fin de alcanzar una solución anticipada al presente amparo. En cuanto al resultado de dichas gestiones, cabe señalar lo siguiente: a) Por correo electrónico de 3 de mayo de 2012, se informó a este Consejo que el organismo reclamado procedió a dar respuesta al solicitante, mediante el Ordinario N° 263, de 27 de abril de 2012, informando a través de un cuadro el gasto efectivo en personal por concepto de la Subvención Escolar Preferencial, con indicación del año, montos pagados por remuneraciones, honorarios y el total. Además se adjuntó una nómina de los profesionales que mantienen vínculo laboral vigente con el DAEM, en que se señala el nombre, cargo (ADMSEP) y el total de haberes. Finalmente, en cuanto al literal c) de la solicitud señalan que “consultará a los órganos competentes de la obligación de incluir los antecedentes que se refiere el artículo 7° de la Ley de Transparencia, por cuanto al ser el fondo traspasado entre el sector público y el que el municipio debe rendir anualmente al MINEDUC, es este último organismo quien debería publicar lo anterior”. b) Al respecto el solicitante manifestó no estar conforme con la respuesta entregada, toda vez que en cuanto al literal a) solamente se limitó a responder la primera parte de su requerimiento, obviando aquello referido al detalle de los recursos destinados al pago de horas extras, sobresueldos, contratos a honorarios, contratos regidos por el Código del Trabajo circunscritos o no a los planes de mejoramiento educacional de cada establecimiento de la comuna. c) En cuanto a la segunda consulta efectuada señala que el municipio informó un grupo de trabajadores que se desempeñan en labores de índole administrativa, sin referirse a los funcionarios regidos por la Ley N° 19.070, ni detallar cada uno de los pagos realizados por cada función desempeñada dentro de los planes de mejoramiento comunal. d) Por último, en relación a su tercera reclamación, hace presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, letra f) de la Ley de Transparencia, toda transferencia de fondos públicos debe ser informada tanto por el emisor como por el receptor de los mismos, por lo que resulta clara la información que debiese disponer en cumplimiento de las normas de transparencia activa. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo considerando que la respuesta entregada no proporcionaba la totalidad de la información requerida, acordó admitir a tramitación el presente amparo trasladándolo mediante Oficio N° 1651, de 14 de mayo de 2012, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Granja, haciéndole presente además que si bien el literal c) de la solicitud del recurrente no es materia de derecho de acceso a la información pública, igualmente se fiscalizará al respecto una supuesta infracción a las normas de transparencia activa. La entidad edilicia reclamada, a través del Oficio N° 397/116711 y N° 397/116517, ambos de 6 de junio de 2012 y del mismo tenor, presentó sus descargos, señalando, en síntesis que: a) Mediante el Ordinario N° 263, de 27 de abril de 2012, de la Municipalidad de La Granja, procedió a dar respuesta al solicitante, entregándose la información disponible respecto de los gastos financiados por el Departamento de Educación Municipal, con cargo a la Ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial. b) Al respecto señalan que con ocasión de ello, fueron advertidas algunas inexactitudes respecto de los antecedentes manejados por el referido Departamento en relación a los datos disponibles en la Dirección de Finanzas, lo que quedó de manifiesto en el marco del proceso de auditoría de la subvención escolar preferencial que llevó a cabo la Contraloría General de la República, al no poder aclarar ante ese órgano contralor diferencias en sus procesos contables, como constaría en el Informe Final N° 9/ 2012, el que estaría disponible en el sitio web www.contraloria.cl. c) Atendido a ello, solicitaron a la Contraloría General de la República, una ampliación de plazo para aclarar diferencias existentes en el uso de los recursos SEP, lo que se verificó mediante Oficio N° 335 de 18 de mayo de 2012, que se acompaña; como asimismo, solicitaron mayores antecedentes al Ministerio de Educación a fin de dilucidar este tema. d) Paralelamente a lo anterior, se contrataron dos auditores externos, para dilucidar éstos hechos y verificar la coincidencia entre los recursos recibidos y posteriormente rendidos ante el Ministerio de Educación. e) Finalmente la reclamada señala que en ningún caso han pretendido denegar la información que ha sido requerida por el reclamante; sin embargo en la actualidad, se encuentran imposibilitados de complementar la información ya entregada, mientras no se dé término al proceso de auditoría que actualmente se está desarrollando. 5) ANTECEDENTES ADICIONALES: La Municipalidad de La Granja por el ORD. N° 377/134, de 1° de junio de 2012, e ingresado a este Consejo el 8 de junio pasado, efectuó una serie de observaciones referida a una “denuncia de 13 de abril de 2012, del Sr. José Gatica Benavides, por incumplimiento del artículo 12 de la Ley de Transparencia”. En ella se hace referencia al suceso acontecido en dicha data respecto de la presentación de una solicitud de acceso por parte del peticionario, referida a las becas de deporte, pero que no se relacionan con las materias discutidas en el presente amparo. 6) CERTIFICACIÓN DE LA PÁGINA WEB: El 23 de abril de 2012 la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, por encargo de su Consejo Directivo, revisó íntegramente la información de transparencia activa en el banner de la Municipalidad de La Granja, de manera de verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables y de las Instrucciones Generales Nos 4, 7 y 9, que este Consejo ha impartido sobre la materia. Dicho proceso concluyó que los niveles de cumplimiento de las normas aludidas corresponden en general a un 30,38%, según el informe adjunto a la presente decisión. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer término, cabe hacer presente que la respuesta entregada por la Municipalidad de La Granja a través del Ordinario N° 263, de 27 de abril de 2012, fue evacuada en forma extemporánea, fuera del plazo de 20 días hábiles dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, al efecto, el que venció el 10 de abril pasado, infringiéndose con ello el principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h), del citado cuerpo normativo, cuestión que será representada al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Granja. 2) Que, a efectos de contextualizar la información requerida en el presente amparo, cabe tener a la vista el marco normativo de la misma: a) Ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, publicada en el Diario Oficial el 1° de febrero de 2008: i. Por el artículo 1° se crea una subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados -entre ellos, los administrados por las municipalidades-, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza media. ii. Para que los sostenedores puedan solicitar dicho beneficio, según lo dispone el artículo 6° letra e), deberán, entre otras exigencias, destinar los caudales percibidos por concepto de subvención estatal, a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico. iii. Conforme al texto originario de la citada norma, la Contraloría General de la República resolvió en el Dictamen N° 56.373, de septiembre de 2011, que resulta improcedente que la subvención escolar preferencial de la Ley N° 20.248, sea destinada a solventar gastos que deban ser financiados con cargo a los recursos que regula el D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, referidos al pago de las remuneraciones del personal, en la administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los establecimientos beneficiados, o en cualquier otra inversión destinada al servicio de la función docente. De esta forma, concluyó que la contratación de las personas o entidades necesarias para llevar a cabo las labores de mejoramiento de la educación que la Ley N° 20.248 prevé, no se encuentra inserta dentro del contexto de la normativa legal estatutaria que regula al personal municipal, toda vez que, en la especie, se trata de profesionales o entidades, contratados para la prestación de determinados servicios destinados a orientar y apoyar la labor educativa de los funcionarios municipales, por un determinado período, y dirigidos a un logro específico, cual es, elaborar y ejecutar el mencionado plan, los que deben ser elegidos por las municipalidades del Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo administrado por el Ministerio de Educación de acuerdo a lo establecido en el artículo 18, letra d), de la Ley N° 18.956, y cuya retribución pecuniaria está constituida por honorarios. iv. No obstante lo anterior, el 26 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.550, que introdujo a la Ley N° 20.248 un nuevo artículo 8° bis, de acuerdo con el cual, desde dicha data, para el cumplimiento de las acciones en las áreas o dimensiones que comprende el Plan de Mejoramiento Educativo, el sostenedor está facultado para contratar docentes, asistentes de la educación a los que se refiere el artículo 2° de la Ley N° 19.464, y el personal necesario para mejorar las capacidades técnico pedagógicas del establecimiento y para la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento. Además podrá aumentar la contratación de las horas de personal docente, asistentes de la educación y de otros funcionarios que laboren en el respectivo establecimiento educacional, e incrementar sus remuneraciones. Tales contrataciones, se regirán por las normas del D.F.L. N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación -texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070-, del Código del Trabajo o por las normas del derecho común, según corresponda. Con la misma finalidad podrán contratarse personas o entidades pedagógicas y técnicas de apoyo que sean parte del Registro a que hace referencia el artículo 18, letra d) de la Ley N° 18.956. En cualquier caso, las contrataciones, incrementos y aumentos de hora a que se refieren los incisos anteriores deberán estar vinculados a las acciones y metas específicas del Plan de Mejoramiento y no podrán superar el 50% de los recursos que obtenga por aplicación de esta ley, a menos que en el Plan de Mejoramiento se fundamente un porcentaje mayor. b) D.F.L. N° 1, de 1976, del Ministerio de Educación que Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican: i. Conforme lo dispone su artículo 1°, quedarán afectos a dicho Estatuto “los profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos de educación básica y media, de administración municipal o particular reconocida oficialmente, como asimismo en los de educación pre-básica subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley Nº 5, del Ministerio de Educación, de 1992, así como en los establecimientos de educación técnico-profesional administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro, según lo dispuesto en el decreto ley Nº 3.166, de 1980, como también quienes ocupan cargos directivos y técnico-pedagógicos en los departamentos de administración de educación municipal que por su naturaleza requieran ser servidos por profesionales de la educación”. ii. A su vez, según el artículo 20, se entiende por dotación docente el número total de profesionales de la educación que sirven funciones de docencia, docencia directiva y técnico-pedagógica, que requiere el funcionamiento de los establecimientos educacionales del sector municipal de una comuna, expresada en horas cronológicas de trabajo semanales, incluyendo a quienes desempeñen funciones directivas y técnicopedagógicas en los organismos de administración educacional de dicho sector. iii. Por su parte, el artículo 25 de dicho cuerpo legal previene que “los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados. Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes. / Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares”. iv. Finalmente, el artículo 78 de dicha ley previene que las relaciones laborales entre los profesionales de la educación y los empleadores educacionales del sector particular, así como aquellas existentes en los establecimientos cuya administración se rige por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, serán de derecho privado, y se regirán por las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido en este Título. 3) Que, tratándose del requerimiento contenido en el literal a) de la solicitud de acceso, referido al “gasto efectivo en personal por concepto de Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el periodo en el cual se realizaron, refiriéndose en específico a recursos destinados al pago de horas extras, sobresueldos, contratos a honorarios y contratos regidos por el Código del Trabajo circunscritos o no a los planes de mejoramiento educacional de cada establecimiento de la comuna”; a la luz de lo señalado en el considerando precedente, cabe entender lo siguiente: a) Que el solicitante se refiere a aquella información generada a partir del 1° de febrero del año 2008 –momento en que entró en vigencia la Ley N° 20.248-, hasta el 12 de marzo de 2012, data de su solicitud de acceso. b) Desde el año 2008 al 26 de octubre de 2011, el gasto imputable a contratación de personal solamente podría ser a honorarios y respecto de aquellas personas o entidades certificadas en el Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo administrado por el Ministerio de Educación de acuerdo a la Ley N° 18.956. c) Con posterioridad a la fecha indicada, el municipio reclamado podría disponer de información de personal contratado a honorario o regido por el Código del Trabajo, atendida la modificación legal contenida en la Ley N° 20.550, que permitió a los sostenedores utilizar tales fondos para efectuar ese tipo de contrataciones. Además, cuando el solicitante alude al “pago de sobresueldos”, a la luz de lo señalado en la normativa antes expuesta, se ha entendido reconducida a los pagos por concepto de aumento de horas contratadas del personal docente, asistentes de la educación y de otros funcionarios que laboren en el respectivo establecimiento educacional, así como el incremento de sus remuneraciones. d) Cualquiera sea el caso, tales gastos siempre deben estar destinados a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo según lo señalado expresamente en la Ley N° 20.248; de modo que el solicitante al requerir información de gastos del personal que “no esté circunscrito a los planes de mejoramiento educacional de cada establecimiento de la comuna”, incurre en un error de denominación; pues en caso contrario debiese requerir los montos pagados en razón del ejercicio de funciones generales, propias del personal que labora en los establecimientos educacionales de la comuna para el cumplimiento de la labor educativa habitual. Así por lo demás lo ha resuelto la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N° 4556, de 2012, respecto del pago de las horas extraordinarias con cargo a los recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial. 4) Que, del análisis de la información proporcionada por la Municipalidad de La Granja, es posible concluir que los datos aportados no satisfacen el requerimiento del solicitante, toda vez que si bien señalan los montos anuales totales por concepto de remuneraciones y honorarios; a partir de octubre del 2011, la entidad edilicia reclamada, a fin de satisfacer adecuadamente a lo pedido, debe diferenciar aquellas cantidades pagadas por horas extras y sobresueldos –entendiendo que se refiere al pago por aumento de horas contratadas e incremento de remuneraciones-, así como los montos diferenciados por personal contratado a honorarios de aquellos regidos por el Código del Trabajo. 5) Que, tratándose del literal b) de la solicitud de acceso de la especie, por la que se requería que se indicaran los montos exactos que se canceló a cada profesional de la educación que mantiene un vinculo laboral vigente con el Departamento de Administración de Educación Municipal DAEM (planta y contrata según Ley N° 19.070), por sus funciones realizadas en los planes de mejoramiento, a la luz de las normas expuestas en el considerando 2° precedente, cabe entender que el solicitante se refiere únicamente a aquellos profesionales que ingresaron al Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de La Granja –y por lo tanto debe excluirse los que se incorporaron a los diversos establecimientos educacionales de la comuna- en calidad de titulares y contratados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° bis de la Ley N° 20.248. Sobre ese punto, la reclamada proporcionó un listado de personas al lado del cual figura la sigla “ADMSEP”, lo que hace razonablemente presumir que se refiere a personal administrativo y no específicamente a los profesionales de la educación por los que consulta el solicitante, de modo que tampoco puede darse por satisfecho tal requerimiento de información. 6) Que, la reclamada ha manifestado que ha detectado algunas inexactitudes respecto de los antecedentes manejados por los Departamentos de Educación y Finanzas del municipio respecto de los fondos SEP -lo que igualmente fue advertido por la Contraloría General de la República en un proceso de auditoría-, por lo que se encuentra impedida de complementar lo ya informado hasta que concluya el proceso de auditoría externo contratado para tales efectos. 7) Que, el artículo 7° de la Ley N° 20.248, dispone que cada sostenedor deberá presentar anualmente un informe relativo al uso de los recursos recibidos por concepto de la subvención establecida por dicha norma y demás aportes contemplados en la misma. En este sentido, el artículo 24 del Decreto N° 235, de 2008, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.248, establece que “los sostenedores deben mantener a disposición del Ministerio de Educación, por un periodo mínimo de cinco años, un estado anual de resultados que dé cuenta de todos los ingresos provenientes del sector público y de los gastos”; agregando además, que “la información será pública y tanto el sostenedor como el Ministerio de Educación la pondrán a disposición de la comunidad escolar”. 8) Que, la circunstancia que la información solicitada sea objeto de una auditoría externa, a juicio de este Consejo, no impide que los datos de que dispone el municipio reclamado sean proporcionados al solicitante, más aún si obrarían en su poder los informes y estados anuales de resultados que, de conformidad a las normas precedentemente expuestas, debe informar y mantener a disposición del Ministerio de Educación, respecto de los fondos de la subvención escolar preferencial. 9) Que, en consecuencia, tratándose de información pública, según lo disponen los artículos 5º, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual no se ha alegado la procedencia de alguna causal de reserva y, considerando además, que se trata de información que reviste un evidente interés para el control social de los recursos públicos en cuanto dice relación con el otorgamiento de fondos públicos, los que están sujetos a una rendición de cuentas, la que además, está establecida legalmente, no cabe sino acoger el amparo interpuesto respecto de los literales a) y b) de la solicitud de acceso de la especie, ordenándose la entrega de la información requerida en ellos. 10) Que, cabe determinar si los antecedentes requeridos debiesen mantenerse publicados en la página web del municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, según ha reclamado el solicitante en el literal c) de su requerimiento. Al respecto, tal como se indicó en el Oficio N° 1651, de 14 de mayo de 2012, de este Consejo, si bien dicho literal no es materia de derecho de acceso a la información pública, igualmente se fiscalizará al respecto una supuesta infracción a las normas de transparencia activa. 11) Que, según el informe evacuado por la Dirección de Fiscalización de este Consejo el 23 de abril de 2012, al ítem referido al personal y remuneraciones le asignó un 0% de cumplimiento de las normas de transparencia activa, observando al efecto que no se encontraba publicada la escala de remuneraciones del personal regido por la Ley N° 18.883, sobre Estatuto para Funcionarios Municipales; la información del personal con sus correspondientes remuneraciones se encuentra desactualizada; la información no se encuentra disponible en planillas separadas según se trate de personal de planta, a contrata, sujeto al Código del Trabajo y personal contratado a honorarios según lo dispuesto en la Instrucción General N° 9, que modifica Instrucciones Generales Nos 4 y 7 sobre Transparencia Activa, emitida por este Consejo; así como tampoco se dispone de un link para el personal sujeto al Código del Trabajo o por el que se indique que no disponen personal contratado bajo ese régimen. 12) Que, la citada Instrucción General N° 9, señala todas aquellas materias que deben informarse respecto del personal de planta, a contrata, regido por el Código del Trabajo y a honorarios, incluyendo dentro de ellas, la remuneración bruta mensualizada, asignaciones y horas extras, en el caso de los tres primeros; y el honorario bruto mensualizado en el caso del último. Cualquiera sea la situación, en todos ellos debiese contener un ítem de “Observaciones”, en el cual pueden consignarse cualquier otra información que se estime relevante. De esta forma, de existir personal contratado o respecto del cual el pago de las horas extras y/o aumento de remuneraciones se efectúe con cargo a los recursos asignados por la Ley N° 20.248, la municipalidad requerida debiese consignar tal circunstancia en dicho ítem. 13) Que, de la revisión de la página web http://www.municipalidadlagranja.cl/Index/Index.asp, que ha realizado este Consejo los días 20 y 23 de julio de 2012, ha podido constatar que el municipio reclamado mantiene en el banner de “Transparencia Municipal”, una nómina del personal municipal incluyendo las áreas de educación y de salud, en que se indica el nombre, tipo de contrato, escalafón o categoría, departamento, grado o nivel , remuneración bruta y líquida, actualizado al mes de mayo del presente año. Tratándose del personal contratado a honorarios, en ellos se indica específicamente dentro de campo Tipo de Contrato y Departamento “SEP PAEM” y “SEP”, respectivamente. 14) Que, no obstante que en la actualidad el organismo pueda presentar un avance respecto de la información que mantiene publicada en su página web, en relación a lo informado por la Dirección de Fiscalización de este Consejo, cabe igualmente concluir, que a la fecha de interposición del reclamo, la Municipalidad de La Granja, exhibía un cumplimiento insatisfactorio de sus obligaciones de transparencia activa, contempladas en el artículo 7º de la Ley de Transparencia, en relación a las Instrucciones Generales Nos 4, 7 y 9 impartidas por este Consejo, por cuanto la información referida al personal y sus remuneraciones no se encontraban permanentemente a disposición de la ciudadanía en su página web, de manera íntegra y actualizada, se acogerá asimismo el amparo interpuesto en este punto, y se requerirá al Sr. Alcalde de la Municipalidad de la Granja que implemente las medidas necesarias a fin de subsanar las observaciones y omisiones denunciadas y constatadas, dando cumplimiento de esta forma a los deberes de transparencia activa. 15) Que, finalmente, este Consejo no se pronunciará sobre las alegaciones efectuadas por la Municipalidad de La Granja en el ORD. N° 377/134, de 1° de junio de 2012, referidas a una supuesta denuncia efectuada por el recurrente, toda vez que la misma no dice relación con el amparo interpuesto en esta sede. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por don José Gatica Benavides, en contra de la Municipalidad de La Granja, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, sin perjuicio de dar por entregada aquella parte de la información requerida en el literal a) de la solicitud de acceso, en relativa a los montos globales de los gastos de personal. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de la Granja, lo siguiente: a) Proporcionar al solicitante: i. La información de los pagos efectuados con cargo a la Ley de Subvención Escolar Preferencial por concepto de horas extras, sobresueldos, contratos a honorarios y contratos regidos por el Código del Trabajo circunscritos a los planes de mejoramiento educacional de cada establecimiento de la comuna. ii. Informe los pagos realizados a profesionales de la educación que mantienen un vinculo laboral vigente ya sea de planta y/o a contrata según Ley N° 19.070, con el Departamento de Administración de Educación Municipal, que han sido financiados con recursos pertenecientes a la subvención escolar preferencial, indicando el monto exacto que se canceló a cada docente por sus funciones realizadas en los planes de mejoramiento. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de la Granja que al no dar respuesta a la solicitud del requirente dentro del plazo establecido en la Ley, se ha infringido lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad consagrado en la letra h), del artículo 11 del mismo cuerpo legal, razón por la cual deberá adoptar las medidas administrativas y técnicas necesarias a fin de evitar que en el futuro se reitere un hecho como el que ha dado origen al presente amparo. IV. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de la Granja, que: a) En la próxima actualización que deba realizar de la información que debe publicar de manera proactiva, desde que esta resolución quede ejecutoriada, incorpore en su página web de manera completa y actualizada toda la información a que se refiere el artículo 7º letra d), de la Ley de Transparencia, permitiendo un acceso expedito a dicha información. b) Implemente las medidas necesarias a fin de subsanar las observaciones y omisiones contenidas en el informe de fiscalización que se le remite conjuntamente con la notificación del presente acuerdo y, así, cumplir cabalmente los deberes de transparencia activa conforme disponen las Instrucciones Generales Nos 4, N° 7 y N° 9 de este Consejo V. Encomendar a la Directora de Fiscalización de este Consejo hacer especial seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el numeral anterior. VI. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don José Gatica Benavides y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de la Granja, remitiendo a este último copia del Informe de Fiscalización sobre el cumplimiento de los deberes de transparencia activa, evacuado por la Dirección de Fiscalización del Consejo el 23 de abril de 2012. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.