Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C492-20

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Reclamante:	ALONSO OLGUIN VARGAS
Reclamado:	DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, referido a el listado de causas judiciales de las causas judiciales tramitadas en contra del órgano reclamado, con indicación del Rol y Tribunal, en las materias que se indican. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la recopilación de la información pedida.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/28/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3127-18 C377-13 C2482-15 C1336-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	335-2020
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C492-20   Entidad pública: Dirección del Trabajo Requirente: Alonso Olguin Vargas Ingreso Consejo: 28.01.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, referido a el listado de causas judiciales de las causas judiciales tramitadas en contra del órgano reclamado, con indicación del Rol y Tribunal, en las materias que se indican. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la recopilación de la información pedida. Aplica criterios contenidos en las decisiones C2482-15 y C3127-18. En sesión ordinaria N° 1100 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C492-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de diciembre de 2019, don Alonso Olguin Vargas solicitó a la Dirección del Trabajo -en adelante, indistintamente la DT- la siguiente información: «Listado de las causas judiciales tramitadas en contra de las Inspecciones Comunales y Provinciales del Trabajo, así como en las Direcciones Regionales y la Dirección Nacional del Trabajo, con indicación del Rol y Tribunal que conoció del asunto: 1.1) «Todos los recursos de protección interpuestos en contra de la institución desde 2009 a la fecha; 1.2) Todas las acciones de nulidad de derecho público interpuestas desde 2009 a la fecha; 1.3) Reclamos fundados en el artículo 183-I del Código del Trabajo, desde 2006 a la fecha; 1.4) Reclamos fundados en el artículo 183-K desde 2006 a la fecha; 1.5) Reclamos fundados en el artículo 362 del Código del Trabajo, desde 2016 a la fecha; y 1.6) Reclamos fundados en el artículo 402 del Código del Trabajo, desde 2016 a la fecha». 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 14 de enero de 2020, la DT respondió a dicho requerimiento de información, señalando que la presentación del peticionario tiene el carácter de genérica, toda vez que se trata de materias que no se encuentran sistematizadas, ni centralizadas, lo cual dificulta la determinación de la información requerida. Lo anterior, sostiene que, se complejiza aún más considerando el amplio periodo que abarca las diversas peticiones -algunas desde el año 2006, otras desde el año 2009 y otras desde el año 2016-, lo cual resultaría excesivo. Por lo anterior, señala que, en la especie se configura la causal de reserva consagrada en el literal c) del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. Adicionalmente, hace presente que, la DT es un órgano descentralizado y desconcentrado, que cuenta con más de 100 Inspecciones de Trabajo en el país y que una vez terminado cada proceso, los documentos son archivados y enviados a bodega que cada oficina tiene para estos efectos, inclusive externas al órgano reclamado. Al respecto, agrega que, aquellos documentos con más de 2 años de antigüedad son enviados a las referidas dependencias. En relación con lo precedentemente expuesto, detalla que, el órgano reclamado cuenta con una plataforma de gestión interna denominada "DT Plus", que permite el registro de aquellas causas que tienen una relación directa con fiscalizaciones, y sanciones cursadas -sobre tutelas, reclamaciones de multas, entre otras-, no así sobre causas civiles, penales o de derecho público consultadas por el requirente. En dichos casos, hace presente que, la Inspección del Trabajo cuenta con abogados para ver estos juicios, no contando con una plataforma electrónica para ello. Sobre lo anterior, precisa que, la referida plataforma no está diseñada para los efectos de obtener información bajo los parámetros consultados por el requirente, toda vez que sus descriptores y criterios de búsqueda no pueden entregar un número total inequívoco y desagregado según lo requerido. Por lo anterior, sostiene que la única forma de buscar las causas consultadas es manualmente, esto es, solicitando cada expediente a cada Inspección del Trabajo, para que éstas busquen los archivos actuales y en bodega, documentos de los cuales se deberá extraer la información, elaborar informes, los cuales, a continuación, deberán ser remitidos a la Unidad Central, a fin de confeccionar informes consolidados, además de fotocopias, revisiones, entre otras funciones, lo cual obliga a destinar en cada oficina a 1 o 2 funcionarios para búsqueda y preparación de la información. Por todas las circunstancias previamente mencionadas, el órgano reclamado concluye que, lo requerido implicaría distraer indebidamente la función habitual de un gran número de funcionarios, así como también destinar una gran cantidad de tiempo para la recopilación, corroboración y sistematización para la elaboración de la respuesta, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 21° N°1 letra c) de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 28 de enero de 2020, don Alonso Olguin Vargas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento de información. Adicionalmente, hace presente que, su solicitud es circunstanciada y acotada a periodos precisos de tiempo. Asimismo, señala que, cada Inspección Comunal, Provincial y Regional tiene al menos un abogado, por lo que los listados de causas judiciales debiesen estar disponible en las referidas dependencias. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de la Dirección del Trabajo, mediante Oficio N°E2189, de fecha 18 de febrero de 2020 solicitándole que: (1°) refiérase a las alegaciones del recurrente respecto a la información cuya falta de entrega objeta ante esta instancia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante presentación, de fecha 4 de marzo de 2020, la DT presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta. Asimismo, se refiere a cada una de las materias consultadas en los siguientes términos: 4.1) Con respecto a los recursos de protección interpuestos en contra de la Institución, desde el año 2009 a la fecha, sostiene que, habría que solicitar la información a cada Inspección, para que revisen cada expediente, para obtener la materia consultada, el Rol y la Corte que conoció del asunto, en circunstancias de que cualquier ciudadano que considere amenazados o vulnerados sus derechos puede recurrir de protección en contra de la Dirección del Trabajo. 4.2) Con respecto a las acciones de nulidad de derecho público interpuestas, desde el 2009 a la fecha, hace presente que, cualquier acto administrativo de la Dirección del Trabajo puede ser impugnado a través esta acción, lo que además no se encuentra sistematizado por este Servicio, por lo que habría que revisar cada expediente en cada una de las Inspecciones del trabajo del país. 4.3) Sobre los reclamos fundados en los artículos 183-l y 183-k del Código del Trabajo, reitera lo precedentemente expuesto en el numeral anterior. 4.4) Con respecto a los reclamos fundados en el artículo 362 y 402 del Código del Trabajo, desde el año 2016 a la fecha, -referidos a la resolución que califica que empresas no pueden ejercer su derecho legal a la huelga- señala que, la DT no tiene participación en estos reclamos, toda vez que éstos son ingresados directamente a la Corte de Apelaciones en contra de los Ministerios que la emitieron. Por lo anterior, precisa que, dicha información no obra en poder del órgano. 4.5) Adicionalmente, hace presente que, existe dentro de sus instrucciones internas referidas a la conservación de documentos y eliminación de archivos en desuso, la Orden Servicio N°5 de fecha 15 de noviembre de 2013, en las que se señala que la conservación de las respuestas a juicios es por el plazo de un año, lo que significa que aunque se instruyera la búsqueda de cada una de las causas requeridas, lo más probable es que estás no se hayan conservadas, de acuerdo a los plazos señalados en esta instrucción. A efectos de refrendar lo anterior, acompaña la referida documentación. En cuanto al tiempo requerido, para poder recopilar y sistematizar la información consultada, señala que, se requiere de al menos 30 días hábiles, toda vez que habría que revisar manualmente cada causa, para verificar cuales coinciden con lo consultado, destinando a lo menos uno o dos funcionarios por cada Inspección del Trabajo para realizar tal labor, en circunstancias de que las oficinas de la Dirección del Trabajo son a lo menos 100, entre Dirección Nacional del Trabajo, las Direcciones Regionales, las Inspecciones Provinciales y las Inspecciones Comunales. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la DT a la solicitud de información del reclamante, referido a copia del listado de las causas judiciales tramitadas en contra de las Inspecciones Comunales y Provinciales del Trabajo, así como en las Direcciones Regionales y la Dirección Nacional del Trabajo, con indicación del Rol y Tribunal, en las materias consignadas en el numeral primero de lo expositivo de este Acuerdo. Al efecto, el órgano reclamado denegó la entrega de los antecedentes consultados por concurrir la hipotesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente «tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales». Asimismo, el artículo 7 N°1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que «se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales». 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales». 5) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, entre otras, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 6) Que, en tal orden de ideas, este Consejo estima que la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente procedimiento de acceso a la información, toda vez que el conjunto de actividades que plausiblemente deben ser realizadas para la recopilación de los antecedentes consultados, son de una entidad tal que afectan el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, por cuanto poner a disposición del reclamante los antecedentes solicitados implicaría la utilización de un tiempo y recurso humano excesivo, máxime si se considera la amplitud del requerimiento y la antigüedad de los antecedentes consultados. Al respecto, con ocasión de sus presentaciones, la DT es consistente en explicar detallada y fundadamente que el listado de causas judiciales singularizado no se encuentra sistematizada, ni centralizada en un sistema informatizado, por cuanto la plataforma de gestión interna denominada "DT Plus" no está diseñada para los efectos de obtener información bajo los parámetros consultados por el requirente, toda vez que sus descriptores y criterios de búsqueda no pueden entregar un número total inequívoco y desagregado según lo requerido. Por lo anterior, la única forma de identificar las causas consultadas es manualmente, esto es, solicitando cada expediente a cada Inspección del Trabajo, para que éstas revisen los expedientes, sistematicen y remitan la información consultada a la Unidad Central, lo cual obligaría a la destinación de 1 o 2 funcionarios para la búsqueda y preparación de los antecedentes consultados por al menos 30 días, en circunstancias de que las oficinas de la Dirección del Trabajo son a lo menos 100, entre la Dirección Nacional del Trabajo, las Direcciones Regionales, la Inspecciones Provinciales y las Inspecciones Comunales. 7) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazará el amparo en análisis, por concurrir en la especie el criterio de este Consejo, en relación a la configuración de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Alonso Olguin Vargas, en contra de la Dirección del Trabajo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alonso Olguin Vargas; y al Sr. Director Nacional de la Dirección del Trabajo En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.