Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C571-12

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Reclamante:	MARCO ANTONIO CORREA
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), fundado en que no se le proporcionó la información requerida sobre pauta o checklist aplicados a las entidades fiscalizadas por la SVS, respecto a los estados financieros de las empresas; Evaluación y puntuación efectuada con corte al 31.12.2011 para cada una de las entidades fiscalizadas por la SVS, respecto a los estados financieros de éstas; Observaciones u objeciones determinadas para cada una de las sociedades fiscalizadas por la SVS al 31.12.2011, respecto a los estados financieros de éstas. El Consejo señaló que no existía un sistema de puntuación respecto de los estados financieros por ella analizados, precisando que ese tipo de tarea no es realizada por ella sino por los auditores externos de sus entidades supervisadas. Por tanto, no cabe sino dar por satisfecha –con ocasión de la respuesta evacuada por la Superintendencia– la consulta formulada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/7/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1186-11 C281-12 C282-12 C329-12 C403-12 C404-12 C577-12 C578-12 C579-12 C580-12 C581-12 C731-12 C835-12 C836-12
Jurisprudencia a:	C579-12 C578-12 C581-12 C1443-14 C577-12
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Correos electrónicos >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C571-12 Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) Requirente: Marco Antonio Correa Pérez Ingreso Consejo: 16.04.2012 En sesión ordinaria Nº 362 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de agosto de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C571-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inciso 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de marzo de 2012, don Marco Antonio Correa Pérez solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante, e indistintamente, la Superintendencia o SVS, la siguiente información: a) Pauta o checklist aplicados a las entidades fiscalizadas por la SVS, respecto a los estados financieros de las empresas; b) Evaluación y puntuación efectuada con corte al 31.12.2011 para cada una de las entidades fiscalizadas por la SVS, respecto a los estados financieros de éstas; c) Observaciones u objeciones determinadas para cada una de las sociedades fiscalizadas por la SVS al 31.12.2011, respecto a los estados financieros de éstas; y, d) Detalle de las categorías o cluster utilizados para clasificar a cada una de las sociedades fiscalizadas, en relación a los resultados obtenidos derivados de la aplicación de la evaluación de los estados financieros a las sociedades fiscalizadas. 2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 8363, de 30 de marzo de 2012, la Superintendencia respondió a dicho requerimiento de información, al tenor de las solicitudes comprendidas en los literales a) a d) del numeral 1° anterior, señalando lo que se resume a continuación: a) Explicó latamente la normativa conforme a la cual las entidades fiscalizadas por ese órgano deben elaborar y presentar sus estados financieros, mencionando, entre otros deberes, la obligación que pesa sobre las compañías de seguros en cuanto a remitir dichos estados de acuerdo a las instrucciones impartidas por las Circulares N° 1.122 y N° 1.439; sobre los agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, conforme a la Circular N° 1.621 y respecto de las sociedades de corretaje de seguros, según la Circular N° 1.602. b) Informó que la SVS revisa los estados financieros recibidos, pero que “no existe una evaluación o puntuación para dicha revisión”. Precisó que, en caso de existir observaciones, irregularidades o incumplimientos, éstos se materializan en oficios que ordenan aclaraciones, complementaciones, modificaciones, etc., o resoluciones de sanción, según corresponda. Estos actos administrativos pueden ser consultados en las dependencias del Centro de Documentación de ese Servicio. Agregó que los entes fiscalizados tienen diversos plazos para presentar sus estados financieros, por ejemplo, las compañías aseguradoras presentaron los suyos hasta el 01.03.2012, los corredores de bolsa y fondos de inversión tuvieron plazo hasta el 30.03.2012, los fondos mutuos hasta el 15.03.2012 y los fondos solidarios de crédito universitario hasta el 30.06.2012. De este modo, respecto del período específico consultado –31 de diciembre de 2011–, los estados financieros recibidos se encuentran en proceso de revisión, o bien, no habían sido recibidos aún. c) Teniendo presente lo señalado en el literal anterior, informó que no estaba terminado el proceso de revisión de los estados financieros para el período específico consultado. Sin perjuicio de lo cual, comunicó que en caso de existir observaciones, éstas se materializan mediante oficios, los cuales pueden ser consultados en las dependencias del Centro de Documentación de ese Servicio. Agregó que no existe un sistema estadístico o informático que recoja, agrupe o vincule en forma sistemática los oficios que se han emitido respecto de cada materia o para un caso en particular, haciendo presente que las normas que rigen a la Superintendencia no contemplan dicha obligación. d) Reiteró que la Superintendencia revisa los estados financieros recibidos, pero no existe una evaluación o puntuación para dicha revisión, ni se efectúa una clasificación específica de dichos fiscalizados por el resultado de la misma. 3) AMPARO: El 16 de abril de 2012, don Marco Antonio Correa Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no se le proporcionó la información requerida. En particular, manifestó que la SVS: a) Frente a su solicitud signada con el literal a), sólo describió la normativa que regula a los entes supervisados, pero no entregó la información solicitada. b) En relación con la solicitud singularizada en el literal b), indica que “…se da una lata explicación sobre la normativa y plazos y nuevamente no se proporciona la información arguyendo que los datos solicitados al 31.12.2011, fueron recepcionados recién el 01.03.2012 (tienen un plazo de 90 días para presentar). Pero si ya tiene la información (estamos en abril de 2012), si existe la debiesen proporcionar y por tanto, tampoco cumplen con la finalidad que se efectuó el requerimiento” [sic]. c) En cuanto a su solicitud indicada en la letra c), sostiene que, siendo ésta consecuencia de la anterior, tampoco se le dio respuesta. d) Señala que no apuntó a solicitar oficios, sino al sistema de gestión de la información que la SVS posee, es decir, le solicitó “información estructurada y procesada, claramente detallada en el requerimiento, por áreas técnicas que la SVS tiene implementadas, como se puede observar en la página web corporativa que esta institución posee”, por ejemplo: División de Análisis Sectorial y División Control Financiero. e) Por último, indicó que “con el fin de documentar y sustentar los requerimientos”, existe normativa que regula el ámbito de la auditoría interna en las instituciones estatales, donde se establecen pautas de evaluación, programas de auditoría o checklist que solicitó a la SVS, entre dichas normas se encontrarían: la Ley N° 19.553, que concede asignación de modernización y otros beneficios que indica, las Bases para la creación de Unidades de Auditoría Interna, para Servicios y Gobiernos Regionales, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley N° 19.645, que modifica el Código Penal sancionando la corrupción, etc. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el referido amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 1498, de 7 de mayo de 2012, al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, quien presentó sus descargos y observaciones a través de su Oficio Ord. N° 13.002, de 25 de mayo de 2012, señalando, en síntesis que: a) Respecto a la solicitud contenida en el literal a) del requerimiento, se le informó al solicitante la normativa que regula la forma en que debe presentarse la información financiera, respecto de cada tipo de entidad fiscalizada, toda vez que lo que esa Superintendencia revisa, en materia de estados financieros, es que éstos se ajusten a la normativa emitida sobre el particular. b) Respecto a la solicitud indicada en el literal b), lo que en términos resumidos realiza ese Servicio es verificar que la información financiera que se presenta cumpla con las exigencias de la normativa vigente. Agrega que no existe un sistema de puntuación para los estados financieros, ya que no se emite un informe o dictamen que dé cuenta si dichos estados representan o no adecuadamente la situación financiera de la entidad, siendo las empresas de auditoría externa las encargadas en primer término de esta materia. c) Respecto a la solicitud singularizada en el literal c), sostiene que, a la fecha en que el Sr. Correa formuló su solicitud, recién había comenzado el proceso de recepción de la información financiera, por lo que a esa época, aún no se habían generado observaciones. d) La SVS agregó que no rechazó ni negó la solicitud de información del reclamante, habiéndose limitado a señalar la información que más se ajustaba a la solicitud, toda vez que los términos o conceptos empleados por el requirente no coinciden necesariamente con los que maneja ese Servicio, para fines de fiscalización. Asimismo, agregó que el Sr. Correa no efectuó ningún análisis ni razonamiento de por qué la información que se le proporcionó, no cumple con lo solicitado por él. e) En el amparo presentado, el reclamante señaló haber requerido información estructurada y procesada, petición que difiere de la ingresada originalmente a ese Servicio, con lo cual por la vía del amparo estaría formulando una nueva solicitud de información. f) Finalmente, hizo presente que, la normativa aludida por el Sr. Correa, no es la que rige a las entidades fiscalizadas, sino que son normas de aplicación general para Servicios de la Administración del Estado. Por lo mismo, no resultan aplicables a la revisión que se realiza de la información financiera que presentan las entidades fiscalizadas. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, atendido el tenor del amparo que motiva esta decisión, el análisis de este Consejo se circunscribirá a los requerimientos anotados en los literales a), b) y c) de la solicitud del reclamante, dado que en su presentación en esta sede el peticionario no hizo referencia alguna a lo requerido en el literal d) de su solicitud, debiendo –por tanto– entenderse satisfecha con la sola respuesta entregada por la SVS. 2) Que, respecto de la solicitud de información indicada con el literal a), consistente en la pauta o “checklist” aplicado por la SVS a los estados financieros de las entidades fiscalizadas, si bien el órgano reclamado hizo referencia a la normativa conforme a la cual las entidades fiscalizadas deben elaborar y presentar sus estados financieros, la que le sirve guía para analizar la conformidad de éstos, no se pronunció derechamente si disponía o no de una pauta o checklist de evaluación general, que haya sido previamente elaborada y, que conteniendo la sistematización de dichas obligaciones, haya podido utilizar para revisar el cumplimiento de la normativa indicada respecto de cada una de las sociedades sometidas a su fiscalización. Atendida dicha falta de precisión, no cabe tener por satisfecha la solicitud en comento, razón por la cual se requerirá a la Superintendencia reclamada que entregue al reclamante, en caso de existir, la pauta o checklist que contenga los parámetros o criterios de evaluación general utilizados por dicho organismo para fiscalizar a las entidades sometidas a su control, conforme a la normativa a que ha aludido en su respuesta y descargos, sin hacer mención alguna a sus resultados y sin que en dicha solicitud se entiendan comprendidas pautas o checklist específicos de evaluación, para determinada entidad fiscalizada o grupos de éstas, que pudieran existir en poder de la SVS. En caso que dicha pauta o checklist general de evaluación no exista, la SVS deberá informarle directamente al solicitante dicha circunstancia. 3) Que, en cuanto a la solicitud singularizada en el literal b) del requerimiento, consistente en la “evaluación y puntuación efectuada con corte al 31.12.2011 para cada una de las entidades fiscalizadas por la SVS, respecto a los estados financieros de éstas”, revisado el tenor de la respuesta dada por la SVS, cabe distinguir entre la solicitud referida a las evaluaciones realizadas en el período indicado y la eventual puntuación resultante de dichas evaluaciones: a) Respecto de las evaluaciones y conforme a lo expresado por la SVS, este Consejo entiende que la Superintendencia reclamada materializa las evaluaciones que efectúa a través de oficios que remite a las entidades supervisadas, requiriéndoles aclaraciones, complementaciones y modificaciones, entre otros, instrumentos que se encuentran disponibles al público en su Centro de Documentación y Archivo. Ahora bien, considerando que a la fecha de la solicitud de información del reclamante –7 de marzo de 2012–, la SVS recién iniciaba el proceso de revisión de los estados financieros de las compañías aseguradoras, recepcionadas hasta el 1° de marzo del año en curso, faltando por recibir aún los estados de los corredores de bolsa, fondos mutuos y fondos solidarios de crédito universitario –entre otros–, no había realizado formalmente la evaluación de tales estados financieros, razón por la cual debe estimarse que la información relativa a las evaluaciones no había sido generada a esa fecha por la SVS, por lo que debe tenerse por contestada oportunamente dicha solicitud, con ocasión de la respuesta brindada al solicitante, rechazándose, en consecuencia, el amparo deducido a este respecto. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo informado por la SVS, para el caso que se hayan emitido con posterioridad tales oficios, en que conste la evaluación de los estados financieros presentados, éstos se encontrarían permanentemente a disposición del público en el Centro de Documentación de la SVS, pudiendo el reclamante acceder a los mismos, dándose aplicación en la especie al artículo 15 de la Ley de Transparencia. b) En cuanto a las puntuaciones asignadas por la SVS a sus fiscalizadas, dicho órgano sostuvo expresamente en su respuesta, complementada luego por sus descargos, que no existía un sistema de puntuación respecto de los estados financieros por ella analizados, precisando que ese tipo de tarea no es realizada por ella sino por los auditores externos de sus entidades supervisadas. Por tanto, no cabe sino dar por satisfecha –con ocasión de la respuesta evacuada por la Superintendencia– la consulta formulada por el Sr. Correa a este respecto. 4) Que, en relación a la solicitud indicada en el literal c) del numeral 1° de lo expositivo, relativa a las observaciones u objeciones determinadas por la SVS al 31 de diciembre de 2011, respecto de los estados financieros de cada una de las empresas fiscalizadas, y teniendo presente lo señalado en el literal a) del considerando anterior, este Consejo dará por satisfecha esta consulta, atendido que, conforme a lo comunicado por el órgano reclamado en su oficio de respuesta al reclamante, a la fecha de la solicitud de información no había recepcionado los estados financieros de determinadas entidades y respecto de los ya recibidos no había procedido a la revisión de los mismos, razón por la cual no ha podido formular observación ni objeción alguna a dichos estados. Sin perjuicio de lo anterior, y en los mismos términos razonados en el literal a) del considerando 3° anterior, la SVS, en conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia, comunicó al Sr. Correa que en caso de dictarse algún oficio que contenga observaciones u objeciones, éstos se encontrarían disponibles en el Centro de Documentación aludido. Por tanto, se rechazará el amparo a este respecto, teniendo por cumplida oportunamente la obligación de informar que pesaba sobre la Superintendencia requerida. 5) Que, asimismo, este Consejo estima que no resulta pertinente considerar la alegación realizada por el reclamante en su amparo, anotada en el literal d) del N° 3 de lo expositivo, consistente en indicar que no deseaba tener acceso a los oficios mencionados por la SVS en su respuesta, sino que se habría solicitado “información estructurada y procesada, (…) por áreas técnicas que la SVS tiene implementadas, como se puede observar en la página web corporativa que esta institución posee”, toda vez que dicho contenido no se desprende del tenor de lo requerido ni fue precisado al momento de formular su solicitud de información, no correspondiendo comprender dicho alcance en la solicitud de información original. 6) Que, finalmente, cabe hacer presente que las solicitudes que motivan el presente amparo se insertan en el contexto de múltiples solicitudes previas formuladas por el mismo reclamante ante la Superintendencia de Valores y Seguros, requiriendo antecedentes de diversa naturaleza, las que han dado lugar a sucesivas reclamaciones de amparo (C835-12, C836-12, C731-12, C577-12, C578-12, C579-12, C580-12, C581-12, C571-12, C403-12, C404-12, C329-12, C281-12 y C282-12). Consecuentemente, es menester consignar que –según ya lo ha señalado este Consejo en su decisión de amparo Rol C1186-11– el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica para dichos funcionarios la utilización de un tiempo excesivo considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de los demás personas. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Marco Antonio Correa Pérez, de 16 de abril de 2012, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, sólo en cuanto esta última no dio una adecuada respuesta a la solicitud anotada en el literal a) del N° 1 de la parte expositiva de esta decisión. II. Requerir al Sr. Superintendente de Valores y Seguros: a) Entregar al reclamante la pauta o checklist general de evaluación que haya aplicado a las entidades por ella fiscalizadas, respecto a los estados financieros de las mismas, en los términos expresados en el considerando 2° precedente. En caso que dicha pauta o checklist general de evaluación no exista, le informe directamente al solicitante dicha circunstancia. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión al Sr. Superintendente de Valores y Seguros y a don Marco Antonio Correa Pérez. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.