<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C745-20</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile.</p>
<p>
Requirente: German Vásquez Ortega.</p>
<p>
Ingreso Consejo: 11.02.2020.</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a información sobre los vehículos utilizados para traslado de ex directores de la Institución (marca, modelo y combustible utilizado), así como los funcionarios destinados para su custodia y traslado, en el período que se indica.</p>
<p>
Lo anterior, respecto de los vehículos, ya que el órgano agotó las gestiones de búsqueda de la información, no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.</p>
<p>
Asimismo, respecto de los funcionarios destinados para la custodia y traslado de los exdirectores en el período que indica, su divulgación develaría el grado de protección con que cuentan los ex directores consultados, constituyendo una amenaza a la seguridad personal de los mismos. Asimismo, su publicidad daría cuenta del plan operacional de resguardo de la seguridad de dichas personas, afectando con ello, el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1102 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C745-20.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de enero de 2020, don Germán Vásquez Ortega solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, la siguiente información: "En virtud del Decreto N°15 de 1998 del Ministerio de Defensa Nacional, se solicita a esa institución vehículos utilizados para el traslado de los exdirectores de la PDI que individualiza, indicando marca y modelo de vehículo, cantidad de funcionarios destinados para su custodia y traslado y cantidad de combustible utilizado. Dicha información se requiere desde la fecha en que cada uno de los ex funcionarios dejaron de ser directores generales, hasta el 31 de diciembre del 2019. De ser posible en formato Excel o word u otro similar y en soporte digital".</p>
<p>
2) RESPUESTA: Mediante presentación de fecha 31 de enero de 2020, la PDI respondió a dicho requerimiento de información indicando lo siguiente:</p>
<p>
Respecto de la primera parte de la solicitud, informa que "consultada la Oficina de Catastro Vehicular, dependiente de la Sección de Mantención de Vehículos Motorizados, se indica que no existen registros de vehículos asignados a los ex Directores Generales (...)".</p>
<p>
Por otra parte, respecto a la cantidad de funcionarios destinados a su custodia y traslado, adjunta la Resolución N°39, de misma fecha, denegando lo solicitado en virtud del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. En este sentido, manifiesta que "en el ejercicio del balancing test, entre la petición de información y los derechos que se afectarían con su entrega, permite concluir que no existe un interés social relevante en la solicitud de información, en virtud que el conocer la cantidad de funcionarios que se encontrarían a cargo de la seguridad de los ex Directores Generales, se vulnera justamente el objeto de aquella protección, dejando en evidencia cuántas son las personas que se dedican a ese cometido, otorgando un dato importante en caso de que se vieran expuestos a algún tipo de ataque (...)". Así, "se daría a conocer con qué grado de protección cuenta cada ex Director General, entregando un dato importante a cualquier individuo que tuviera por objeto perpetrar algún ataque en su contra y en definitiva, se pondría en riesgo la seguridad de dichas ex autoridades, perdiendo, entonces, el efecto de la protección (...)". Expresa que la Policía de Investigaciones de Chile, debe adoptar las medidas tendientes a proteger a las personas, citando el Dictamen de la Contraloría General de la República N°11.421, del 2000, en esta línea.</p>
<p>
3) AMPARO: El 11 de febrero de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a la solicitud de información.</p>
<p>
El reclamante hace presente que el órgano requerido "no entrega lo que se le pide, pero a la Contraloría le reconocen que hay vehículos asignados y que además deben mantener bitácoras de los vehículos (...) deniegan la cantidad de funcionarios, pero mienten respecto al uso de vehículos y bencina fiscal (...)". Adjunta Dictamen N°31.167, del 2018, de la Contraloría General de la República, sobre Asignación de Vehículos Fiscales a ex Autoridades.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N°E3249 de fecha 9 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida, respecto al registro de los "vehículos utilizados para el traslado de los ex directores de la PDI" obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) explique cómo lo solicitado en la segunda parte del requerimiento, afectaría los derechos de los terceros; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
<p>
Por medio de correo electrónico de fecha 30 de marzo de 2020, la reclamada remite Ordinario N°261 de 27 de marzo de 2020 con sus descargos, indicando, en síntesis, lo siguiente:</p>
<p>
Analizado el dictamen del Órgano Contralor acompañado por el requirente con ocasión de la interposición de su amparo, indica que "se evidencia que la Policía de Investigaciones de Chile, así como las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, tienen dentro de sus atribuciones la asignación de vehículos y los medios logísticos de manera temporal para la protección de los ex Directores, sin embargo, en dicho documento, previo informe de nuestra institución también se señala que hasta la fecha de aquel, es decir, 14 de diciembre de 2018, no se habrían asignados vehículos para tal cometido. Lo que se encuentra conteste con lo indicado en respuesta otorgada al reclamante con fecha 31 de enero de 2020 (...)". De este modo, sostiene que "la información otorgada al Sr. Vásquez es la que obra en nuestro poder, es decir, que no existe registro de vehículos asignados a los ex Directores de la Policía de Investigaciones de Chile (...)".</p>
<p>
Por otra parte, reitera lo señalado en su respuesta en relación a la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia e indica que, en relación a la aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, "la Policía de Investigaciones tiene la obligación de adoptar las medidas tendientes a proteger a las personas, en el caso particular lo que se refiere a su vida o integridad física o psíquica, en razón por la cual al estimar que con la entrega de la información requerida, se pondría en riesgo dichos derechos de los ex Directores Generales, a este Servicio no le queda más que denegar dicho información, debidamente argumentada, sin necesidad de consultar opinión a aquellas ex autoridades (...)".</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo. Al respecto, la reclamada señaló que en lo relativo a la información sobre vehículos utilizados para el traslado de los ex directores consultados, ésta no obra en su poder, y en cuanto a los funcionarios destinados para su custodia y traslado, denegó lo solicitado fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
2) Que, en relación a los vehículos utilizados para el traslado de los ex directores que se indican, junto con la indicación de marca y modelo y combustible utilizado en el periodo consultado, la PDI ha explicado en su respuesta y con ocasión de sus descargos que lo solicitado no obra en su poder, toda vez que consultada sus unidades internas, no existen registros de vehículos asignados a los ex directores generales. En este sentido, y en relación al Dictamen N°31.167, de 2018, de la Contraloría General de la República, sobre Asignación de Vehículos Fiscales a Ex Autoridades que se señalan, que fuere acompañado por el requirente con ocasión de la interposición del presente amparo, advierte que efectivamente la Policía de Investigaciones, tiene dentro sus atribuciones la asignación de vehículos y medios logísticos de manera temporal para la protección de los ex Directores Generales, sin embargo, y tal como se señala en el dictamen analizado, hasta la fecha de aquel, no se habrían asignado vehículos para tal cometido, lo que se encuentra en armonía con lo alegado en su respuesta.</p>
<p>
3) Que, para efectos de resolver el presente reclamo, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.</p>
<p>
4) Que, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).</p>
<p>
5) Que, cabe tener presente además lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado por el mismo con ocasión de sus descargos y en los antecedentes remitidos a esta sede, no obraría en su poder, por cuanto en el período consultado, no habrían registros de vehículos que fueren asignados o utilizados por los exdirectores consultados, alegación que se encuentra en armonía con aquello que fuere informado en su oportunidad a la Contraloría General de la República, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. En consecuencia, tras revisión y análisis de los documentos y las alegaciones de la reclamada, y atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo en este punto.</p>
<p>
6) Que, respecto a los funcionarios destinados para la custodia y traslado de los ex Directores consultados, el órgano requerido esgrimió la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Conforme a la misma, se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. En tal sentido, el artículo 7° N° 2, del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa que se entenderá por tales derechos aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva</p>
<p>
7) Que, en su respuesta y con ocasión de sus descargos, la reclamada advirtió sobre la improcedencia de revelar la cantidad de funcionarios que se encontrarían a cargo de la seguridad de los ex Directores Generales, por cuanto se otorgaría un dato importante en caso de que se vieran expuestos a algún tipo de ataque. Al respecto, cabe señalar que lo solicitado forma parte de la estrategia operacional utilizada por la reclamada con la finalidad de otorgar resguardo y protección a sus ex directores. Así, la publicidad de la información sobre destinación de recursos humanos, específicamente el número de funcionarios destinados a la custodia y traslado a las ex autoridades consultadas, podría comprometer la seguridad de estos últimos, al revelarse una de las medidas tomadas por el órgano para neutralizar cualquier amenaza a la seguridad de las personas objeto de su protección, medidas que requieren, en pos de su efectividad, mantener su reserva.</p>
<p>
8) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, la divulgación de la información solicitada, podría producir una afectación probable y con suficiente especificidad a la seguridad de los ex directores que fueren objeto de las medidas de protección tomadas por la reclamada, configurándose a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Así mismo, la revelación de la destinación de los recursos humanos que realizare la reclamada en función de proteger a las personas que se indican, implicaría la ineficacia de las medidas adoptadas por el órgano en cumplimiento de su deber de otorgar seguridad y protección, afectando con ello su debido funcionamiento y configurándose a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, se rechazará el amparo en este punto.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por don Germán Vásquez Ortega, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por cuanto la información referida a los vehículos consultados no obra en poder de la reclamada, y respecto del cantidad de personal destinado a custodia y traslado de los ex Directores de la PDI, se configuran las causales de reserva del artículo 21 N°1 y N°2, de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Germán Vásquez Ortega y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>