Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C775-20

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Reclamante:	ELVIRA LEMUS
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Cerro Navia, ordenándose la entrega de copia de la deuda actual a la fecha de mantención del alumbrado público con ENEL y de los Certificados de los Servicios por la Dirección Municipal de Obras del Municipio Lo anterior, por cuanto se trata de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo pendiente y por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/16/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C3298-18 C3014-15
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DECISIÓN AMPARO ROL C775-20   Entidad pública: Municipalidad de Cerro Navia Requirente: Elvira Lemus Ingreso Consejo: 13.02.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Cerro Navia, ordenándose la entrega de copia de la deuda actual a la fecha de mantención del alumbrado público con ENEL y de los Certificados de los Servicios por la Dirección Municipal de Obras del Municipio Lo anterior, por cuanto se trata de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo pendiente y por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio. En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C775-20. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de enero de 2020, doña Elvira Lemus solicitó a la Municipalidad de Cerro Navia -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio- la siguiente información: 1.1) "Deuda actual a la fecha de mantención del alumbrado público con ENEL; 1.2) Copia de los Certificados de los Servicios por la Dirección Municipal de Obras". 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 12 de febrero de 2020, la Municipalidad de Cerro Navia respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega. Al efecto, señala que, las facturas emitidas por ENEL Distribución se encuentran en revisión, para certificar que se hayan prestado completamente los servicios contratados, en circunstancias de que aún no se verifican en su totalidad. Asimismo, hace presente que, los documentos, facturas y certificados para el proceso de pago por servicios prestados, en relación con el contrato en cuestión, representan antecedentes que sirven de base para la toma de una decisión o acto administrativo. En este sentido, concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia no procede la entrega de los antecedentes consultados, por resultar aplicable la referida causal de reserva. 3) AMPARO: El 13 de febrero de 2020, doña Elvira Lemus dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada por el Municipio sería incompleta. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cerro Navia, mediante Oficio N°E3077, de fecha 6 de marzo de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo. Mediante presentación, de fecha 25 de marzo de 2020, el Municipio presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta. En efecto, sostiene que, la divulgación de los antecedentes consultados afectaría eventuales procesos de negociación con el contratista, toda vez que existen liquidaciones u observaciones pendientes, de las que aún no se ha resuelto su procedencia. En este sentido, agrega que, en el evento de que haya eventuales cobros prescritos, dar cuenta de ello puede afectar procesos que requiera la aplicación de la prescripción, y con ello alterar los resultados de las actuales gestiones sobre la materia. Por último hace presente que, el Municipio se encuentra totalmente avocado en la adopción de medidas propias de la fase 4 de Coronavirus, no contando con todo su personal disponible, motivo por el cual no es posible entregar alguna fecha estimada del término del proceso. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información referida a copia de la deuda actual a la fecha de mantención del alumbrado público con ENEL y de los Certificados de los Servicios por la Dirección Municipal de Obras del Municipio. Al respecto, la reclamada denegó la información consultada, en virtud de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, el presente amparo se circunscribirá al análisis de la procedencia o no de la causal de reserva alegada en la especie. 2) Que, sobre la procedencia de la causal de reserva de especie, es menester tener en consideración lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, señalando que, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 3) Que, sobre el primer requisito copulativo señalado precedentemente, es necesario advertir que, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen. ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado. (Decisión Rol C3298-18) (énfasis agregado). 4) Que de la revisión de los antecedentes aportados por el órgano reclamado, con ocasión de su respuesta y descargos, esta Corporación advierte que, en la especie, no existe certidumbre en la adopción de una resolución, medida o política, que tengan como antecedentes la información consultada. Al efecto, la negativa del Municipio tiene su fundamentación en que la información requerida sirve de base para la toma de una decisión o acto administrativo, en el contexto de eventuales procesos de negociación con el contratista, toda vez que existen liquidaciones u observaciones pendientes. En la misma línea, el Municipio refiere que, en la eventualidad de que existan cobros prescritos, pueden afectar procesos que requieran de aplicación de prescripción y sus resultados. (énfasis agregado). 5) Que, sobre la materia, conviene, además, tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en sentencia de 12 de noviembre de 2014 (Rol N° 61-2014), que al referirse a la causal de reserva en comento, entre otras cosas, precisó la necesidad de: "un proceso deliberativo que se encuentra pendiente -vigente, existe y es real-, unido a la relación de causalidad evidente entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión en base a ellos". En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido. El presupuesto referido -certidumbre en una decisión-, como se puede apreciar, no concurre en la especie, por lo tanto, aceptar la posición del órgano, atendida la falta de certeza en la toma de una decisión, podría dar pie a mantener la reserva de documentación de manera indefinida, no debiéndose perder de vista que la causal de reserva alegada es esencialmente temporal. (énfasis agregado). 6) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, este Consejo, tampoco advierte la verificación del 2° requisito exigido por la jurisprudencia para la procedencia de la causal de reserva de la especie, esto es, que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, pues no se proporcionan suficientes elemento que permitan acreditar la manera en que la entrega de la información pedida produce una afectación presente o probable con suficiente especificidad en el cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, siendo insuficiente el limitarse a señalar la eventual existencia de negociaciones entre la Municipalidad y el contratista. 7) Que, a su turno, es menester tener en consideración, que las materias consultadas por el reclamante, constituyen información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado, relacionados con el uso de recursos públicos. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". En este mismo orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado: "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento"; y "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga". 8) Que, a mayor abundamiento, la información relativa a gastos o pagos, resoluciones de adjudicación, licitaciones públicas, tratos directos, contratos, prestaciones de servicio, entre otros, que realice o ejecute el órgano reclamado, debe encontrarse permanentemente a disposición del público en el portal de Transparencia Activa del órgano, de manera completa y actualizada, por medio de la publicación de los respectivos convenios, decretos o enlaces al Sistema de Compras Públicas, al tenor de lo dispuesto en el mencionado artículo 7 de la Ley de Transparencia, artículos 50 y 51 del Reglamento de dicha ley, y la Instrucción General N°11 de este Consejo. De lo anterior, se advierte que se trata de información de naturaleza pública, que por mandato normativo se encuentra dentro de la esfera competencial de la reclamada. (énfasis agregado). 9) Que, en mérito de lo anterior; tratándose de información pública; y no habiéndose acreditado la causal de reserva alegada por el órgano reclamado, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando entregar la información consultada en el numeral 1° de lo expositivo del presente Acuerdo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Elvira Lemus, en contra de la Municipalidad de Cerro Navia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cerro Navia, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copia de la deuda actual a la fecha de mantención del alumbrado público con ENEL y de los Certificados de los Servicios por la Dirección Municipal de Obras del Municipio. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Elvira Lemus; y al Alcalde de la Municipalidad de Cerro Navia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.