Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C816-20

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Reclamante:	VICTOR DIAZ ITURRIAGA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Pelarco, ordenándose la entrega de los antecedentes contractuales de funcionario municipal que se indica, debiendo tarjarse previamente toda información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que consten en las liquidaciones, dando aplicación con ello a los principios de máxima divulgación y de divisibilidad de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/11/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C211-10 C533-09 C2958-17 C3183-17 C3184-17 C4153-18 C408-14 C751-14 C1272-15
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DECISIÓN AMPARO ROL C816-20   Entidad pública: Municipalidad de Pelarco Requirente: Víctor Diaz Iturriaga Ingreso Consejo: 14.02.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Pelarco, ordenándose la entrega de los antecedentes contractuales de funcionario municipal que se indica, debiendo tarjarse previamente toda información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que consten en las liquidaciones, dando aplicación con ello a los principios de máxima divulgación y de divisibilidad de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C816-20. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de noviembre de 2019, don Víctor Diaz Iturriaga solicitó a la Municipalidad de Pelarco - en adelante, indistintamente Municipio o Municipalidad- la siguiente información: «copia de todo documento que forme parte de las relaciones contractuales con el Sr. Johan Guerra A, por cualquier concepto o bajo cualquier título y denominación». 2) PRORROGA DE PLAZO: Mediante presentación, de fecha 17 de diciembre de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, en atención a que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información requerida. 3) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante presentación, de fecha 2 de enero de 2020, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley de Transparencia, el Municipio requirió la subsanación de la solicitud de información, en razón de que se precise el periodo administrativo o la fecha aproximada de lo pedido. Mediante comunicación electrónica, de fecha 6 de enero de 2020, subsana lo requerido, precisando que lo pedido corresponde a todo documento que formen parte de las relaciones contractuales con la persona indicada, por cualquier concepto o bajo cualquier título y denominación, respecto al periodo comprendido desde el 2012 al 2020, por cada año. (énfasis agregado). 4) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 10 de febrero de 2020, la Municipalidad de Pelarco respondió a dicho requerimiento información, accediendo a la entrega de la información consultada. En mérito de lo anterior, adjunta Decreto Alcaldicio N°02, de fecha 2 de enero de 2013, acto administrativo que nombra a la persona indicada como Director de Desarrollo Comunitario en grado 9°. 5) AMPARO: El 14 de febrero de 2020, don Victor Diaz Iturriaga dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada por el Municipio seria parcial. Al efecto, el peticionario hace presente que, se requiere conocer el dinero percibido por el funcionario indicado por cualquier concepto, en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2020 (inclusive). 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pelarco, mediante Oficio N°E3197, de fecha 9 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, considerando que lo alegado por el recurrente se encontraría contenido en los antecedentes contractuales peticionados; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Mediante presentación, de fecha 14 de abril de 2020, el órgano reclamado presenta sus observaciones y descargos, acompañando anexo de respuesta. En dicho documento, se consigna que la única remuneración otorgada al funcionario indicado corresponde al cargo de Director de Desarrollo Comunitario, Grado 9° de la Escala Municipal, en conformidad al Decreto Alcaldicio N°02, de fecha 2 de enero de 2013, a la fecha. Sobre lo anterior, precisa que, el grado 9° de la Escala Municipal, comprende una remuneración bruta total -correspondiente al reajuste actual (2020)- de $1.814.035 pesos, por lo que el monto total bruto de remuneraciones entregadas al funcionario municipal corresponde a la suma mensual de todas sus remuneraciones. Sobre el año 2012, el Municipio hace presente que, no existen en los registros municipales constancias de otros pagos al funcionario referido. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del reclamante con la información entregada, ya que la respuesta sería incompleta. Al efecto, el peticionario hace presente que, se requiere conocer el dinero percibido por el funcionario indicado por cualquier concepto, en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2020 (inclusive). 2) Que, de la revisión de los antecedentes proporcionados por el Municipio, con ocasión de su respuesta y descargos, esta Corporación advierte que, la información entregada por el órgano reclamado no satisface íntegramente el requerimiento de información en los términos formulados por el peticionario. Al efecto, el órgano reclamado sólo hace entrega del Decreto Alcaldicio N°02, de fecha 2 de enero de 2013, correspondiente al nombramiento de la persona indicada como Director de Desarrollo Comunitario en grado 9°. Asimismo, mediante Anexo de Respuesta, con ocasión de sus descargos, informa la remuneración bruta total, correspondiente al reajuste total del año 2020, indicando que el monto total bruto de remuneraciones percibidas, corresponde a la suma mensual de todas las remuneraciones del funcionario municipal. Lo anterior, se constituye como insuficiente, conforme al tenor de la solicitud, en circunstancias que lo pedido versa sobre copia de todos los documentos que formen parte de las relaciones contractuales del funcionario indicado, por cualquier concepto o bajo cualquier título y denominación, respecto al periodo comprendido desde el 2012 al 2020, por cada año. De esta manera, con ocasión de sus presentaciones, el Municipio no proporciona documentos, específicamente liquidaciones, que den cuenta de las condiciones laborales y contractuales, en particular, de las remuneraciones percibidas por el funcionario municipal, desagregadas en el periodo consultado. (énfasis agregado). Al efecto, a juicio de este Consejo, lo pedido se satisface íntegramente con la entrega de las liquidaciones del funcionario municipal. 3) Que, sobre la materia, resulta útil recordar al órgano reclamado que este Consejo ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño de sus laborales. 4) Que, sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales. 5) Que, en particular, respecto de las liquidaciones de sueldos de funcionarios públicos, se debe tener presente que a partir de la decisión de amparo Rol C211-10 este Consejo razonó que ellas «(...) contienen, información relativa a descuentos que la ley permite y personales relativos a pagos de seguros; asociaciones gremiales, y ahorros voluntarios, entre otros (...) las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública ya que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos. Sin embargo, el objeto al cual los funcionarios destinen voluntariamente dichas remuneraciones no guarda relación con el desempeño de sus funciones ni interfiere en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada, lo que lleva a este Consejo a concluir que la información pedida respecto a las liquidaciones de sueldo deberá ser entregada, aplicando el principio de divisibilidad, tarjando la información relativa a los gastos voluntarios efectuadas por los funcionarios a las que éstas se refieren (...) el mismo criterio debe aplicarse respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a la cual se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada funcionario». Dicho criterio ha sido refrendado por esta Corporación en las decisiones C408-14, C751-14, C1272-15, C2958-17, C3183-17, C3184-17 y C4153-18, entre otras. 6) Que, con respecto al período consultado que comprende la solicitud, esto es desde el año 2012 hasta el año 2020, el órgano reclamado hace presente que, no existen en los registros municipales, constancias de pagos al funcionario referido al año 2012. Sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia material de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder, por inexistencia de aquella. En línea con lo anterior, el Decreto N°02, de nombramiento en el cargo de Director de Desarrollo Comunitario, consigna que el vínculo laboral en el cargo indicado comenzó el 2 de enero de 2013. Por lo anterior, en virtud de lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo sobre este punto, desestimándose la entrega de documentos contractuales referidos al año 2012. 7) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; constatándose que la información consultada no fue proporcionada íntegramente por el órgano reclamado; y, no advirtiéndose la necesidad de mantener en reserva la información en reserva, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de copia de todos los documentos que formen parte de las relaciones contractuales con la persona indicada, por cualquier concepto o bajo cualquier título y denominación, respecto al periodo comprendido desde el año 2013 hasta el año 2020, por cada año, y especialmente, de las liquidaciones del funcionario municipal indicado, tarjando previamente toda aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que consten en las liquidaciones, dando aplicación con ello al principio de máxima divulgación y de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literales d) y e) de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada -en adelante ley N° 19.628-, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Víctor Diaz Iturriaga, en contra de la Municipalidad de Pelarco, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pelarco, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copia de todos los documentos que formen parte de las relaciones contractuales con la persona indicada, por cualquier concepto o bajo cualquier título y denominación, respecto al periodo comprendido desde el año 2013 hasta el año 2020, por cada año, y especialmente, de las liquidaciones del funcionario municipal indicado, tarjando previamente toda aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que consten en las liquidaciones, dando aplicación con ello al principio de máxima divulgación y de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literales d) y e) de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto incorporados en las liquidaciones respectivas, como por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada -en adelante ley N° 19.628-, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar la petición de documentos contractuales referidos al año 2012, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Diaz Iturriaga; y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pelarco. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.