Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C592-12

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Reclamante:	JOSE MACIAS ESPINOZA
Reclamado:	CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, fundado en que no se le entregó la información sobre copia de los correos electrónicos institucionales de un funcionario, emitidos y recibidos dentro del período comprendido entre los meses de noviembre de 2006 y diciembre de 2007, y que digan relación con sus actuaciones como ejecutivo a cargo de la revisión de los proyectos presentados a CORFO Innova. El Consejo señaló que CORFO ha justificado suficientemente la concurrencia de la hipótesis de un número elevado de actos, cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, exigiendo la utilización de tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo y el alejamiento de sus funciones habituales, lo que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Por lo tanto, y encontrándose acreditada la configuración de la causal de secreto o reserva indicada, no podrá requerirse al órgano requerido la entrega de la información solicitada y habiéndose rechazado la entrega de la información solicitada, por concurrir la causal de secreto o reserva analizada, resulta innecesario pronunciarse respecto de las demás alegaciones efectuadas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/25/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C794-11 C1101-11 C1482-11 C406-11
Jurisprudencia a:	C9003-22 C6093-21 C309-20 C1351-12 C8329-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C592-12 Entidad pública: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) Requirente: José Macías Espinoza Ingreso Consejo: 18.04.2012 En sesión ordinaria N° 382 de su Consejo Directivo, celebrada el 19 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C592-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de marzo de 2012 don José Macías Espinoza requirió a la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante también CORFO, le proporcionara copia de los correos electrónicos institucionales del funcionario Sr. Gonzalo Taboada Loyola, emitidos y recibidos dentro del período comprendido entre los meses de noviembre de 2006 y diciembre de 2007, y que digan relación con sus actuaciones como ejecutivo a cargo de la revisión de los proyectos presentados a CORFO Innova. 2) RESPUESTA Y DERIVACIÓN: La Corporación de Fomento de la Producción respondió a dicho requerimiento mediante correo electrónico de 3 de abril de 2012, adjuntando respuesta del Subgerente de Plataforma de Clientes de dicho organismo, por el cual comunica que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia, y habiendo analizado la solicitud, se concluyó que CORFO no es competente para ocuparse de la misma, por lo que el requerimiento fue derivado a la Fiscalía de Valparaíso, ya que similar información fue solicitada por el Fiscal Adjunto en la investigación Rol Único de Causa Nº 1010006418-4. 3) AMPARO: El 18 de abril de 2012 don José Macías Espinoza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, fundado en que no se le entregó la información, aduciendo incompetencia no contemplada en la ley. Adicionalmente, adjunta copia de correo electrónico recibido del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Valparaíso, don José Uribe, en el que le informa que no ha recibido desde CORFO respuesta a sus requerimientos de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 1.597, de 9 de mayo de 2012, al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción. Mediante presentación de 29 de mayo de 2012, éste evacuó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando lo siguiente: a) CORFO efectivamente invocó la norma del artículo 13 de la Ley de Transparencia, procediendo a la derivación de la solicitud de la especie, por cuanto a la fecha de la presentación se había solicitado por el Fiscal Adjunto, don José Uribe Ortega, en causa RUC 1010006418-4, información sobre el respaldo de correos electrónicos de funcionarios de dicha corporación, en el mismo período de tiempo solicitado por el reclamante. b) Además, a la fecha de la solicitud, no era posible anticipar si el Ministerio Público perseveraría en su actuación con nuevas diligencias, frente a lo cual se concluyó que dicha ponderación era un ejercicio que correspondía precisamente al Fiscal Adjunto en la causa. c) A mayor abundamiento, destaca que CORFO respondió al Fiscal Adjunto agregando que la recuperación de correos electrónicos desde los sistemas informáticos sólo puede ser realizada para una fecha específica y no para un rango de fechas. Efectivamente, de haberse requerido los correos objeto del reclamo, significaría un procedimiento equivalente a 192 horas hábiles de trabajo por año, esto es, 384 horas hábiles para los dos años consultados, lo que equivale a un total de 53 días, dedicando un recurso humano excesivo a dicha tarea. d) Sin perjuicio de la carga señalada, indica que requerir correos electrónicos sin la especificidad y determinación necesarias importaría violentar no sólo la privacidad del funcionario cuyos correos se requieren, sino además la del resto de los funcionarios del órgano, por cuanto al estar los correos encriptados en medios magnéticos de respaldo (contenidos en una base de datos única) el proceso de recuperación involucra necesariamente la descarga de todas las casillas contenidas en dicha base de datos, y no sólo de aquellas vinculadas al Sr. Taboada. e) En consecuencia, de haberse perseverado dicho requerimiento de correos electrónicos, independientemente de las demás consideraciones expuestas, habría afectado la esfera de la vida privada de las personas indicadas, vulnerando con esto el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. f) Por su parte, agrega que los correos electrónicos requeridos, al igual que el resto de todos los correos electrónicos de funcionarios de la Corporación, se encuentran en poder de CORFO, sin que esto importe una disponibilidad inmediata de los mismos, sino que a través de un proceso de recuperación altamente complejo, como el descrito. 5) SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS: A través de Oficio Nº 2.166, de 15 de junio de 2012, este Consejo requirió al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción que, a efectos de adoptar una acertada decisión en el presente amparo, informara el número de personas naturales y jurídicas que se encuentran citadas o involucradas en los correos electrónicos del Sr. Gonzalo Taboada Loyola, solicitados por el requirente, cuyos datos o información, a juicio del órgano que representa, pudiere afectar los derechos de dichas personas. Mediante presentación de 29 de junio de 2012, éste informó lo siguiente: a) La posición técnica de la Gerencia competente de CORFO, en esta materia, ha informado que no es posible hacer un proceso de identificación del número de personas naturales o jurídicas, citadas o involucradas en los correos objeto del reclamo, sin que ello signifique una recuperación integral de todos y cada uno de los correos del Sr. Taboada. Esto representa similares cargas, complejidades y dificultades técnicas, cuyo cálculo de tiempo estimado fue señalado en los respectivos descargos. b) Asimismo, esta identificación implicaría cargas adicionales de tiempo para la lectura e identificación de eventuales personas involucradas, lo que hace imposible emitir un juicio sobre eventual afectación de derechos de personas cuyo número e identidad se desconocen. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio Nº 2.165, de 15 de junio de 2012, notificó al tercero interesado del presente amparo, a fin de que presente sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Mediante correo electrónico de 10 de julio de 2012, éste remitió sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando lo siguiente: a) El 18 de marzo de 2010, la empresa Colorado Chile S.A. dedujo ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso querella en su contra –en su calidad de funcionario de CORFO– por supuestas faltas al Código Penal, vinculadas con la eventual divulgación de información dentro del proceso de evaluación de un proyecto presentado el año 2006, por la referida empresa, a una línea de cofinanciamiento del Comité Innova Chile de Corfo, iniciativa que fue rechazada por el Comité correspondiente, atendidos los fundamentos técnicos de la decisión adoptada. Dichas faltas nunca existieron, según ha quedado acreditado en las investigaciones iniciadas al efecto y que se encuentran actualmente concluidas. b) Precisamente uno de los abogados patrocinantes de dicha querella es el solicitante de información de la especie. c) En este contexto, y por los requerimientos de información efectuados por el Ministerio Público, CORFO tomó conocimiento de dicha querella, remitiendo copia de la investigación sumaria llevada a cabo ante la supuesta situación planteada por la citada empresa ante la institución durante el año 2008. Dicha investigación sumaria concluyó por sobreseimiento, por la inexistencia de hechos constitutivos de infracción a deberes u obligaciones por parte de funcionarios de dicho órgano. d) En definitiva, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso su solicitud de no perseverar con la investigación, la que fue aceptada por el Tribunal el 28 de febrero de 2012, concluyendo así la causa RUC Nº 1010006418-4. e) En este sentido, llama la atención que sólo una semana después de haber concluido la referida causa, sea el mismo abogado patrocinante de la querella interpuesta quien haya efectuado la solicitud de información que dio origen al presente amparo, requiriendo antecedentes a los que, en su calidad de abogado querellante, pudo tener acceso en la causa ya referida. f) Sin perjuicio de que CORFO cuente con los correos electrónicos institucionales de sus funcionarios, la solicitud de información de la especie involucraría, además de datos y contenido de su esfera privada, datos e información de terceros, quienes constituyen los remitentes o destinatarios de las comunicaciones electrónicas que se hayan efectuado, pudiendo involucrar también antecedentes relativos a proyectos presentados a las distintas líneas de CORFO que contienen información de la esfera privada de postulantes y beneficiarios, oponiéndose, en definitiva, a la entrega de los correos electrónicos requeridos. 7) GESTIÓN OFICIOSA: A través de Oficio Nº 3.030, de 23 de agosto de 2012, este Consejo requirió al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, como gestión oficiosa previa, a fin de que informara detalladamente respecto del procedimiento que debería llevarse a cabo para recuperar los correos electrónicos solicitados en la especie. Mediante pronunciamiento de 10 de septiembre de 2012, éste señaló lo siguiente: a) De acuerdo a lo informado, el tiempo estimado corresponde sólo a aquel que demandaría a CORFO recuperar la totalidad de los correos electrónicos contenidos en la base de datos de la plataforma de correos para el rango de fechas entregado. Dicha recuperación no incluye exclusivamente la casilla del usuario identificado, si no que todas las casillas de los usuarios que se encuentran en la misma base de datos. El tiempo estimado, además, no incorpora ningún tipo de análisis sobre los correos recuperados. b) Dicha cuantificación importa, por el período de tiempo a procesar, un total de ochenta cintas y un tiempo aproximado de proceso por cada cinta de cuatro horas, el que incluye restauración, filtrado por usuario y habilitación en repositorio de descarga. Por lo tanto, el tiempo total aproximado para las ochenta cintas es de 320 horas. Dicho tiempo significa, en términos de recursos humanos, un funcionario, con conocimientos técnicos necesarios para este tipo de tratamiento, con dedicación exclusiva, trabajando ocho horas hábiles diarias para realizar sólo el proceso de descarga de información a un repositorio intermedio que permita su manipulación. c) El procedimiento de respaldo aplicado para la plataforma de correos, en el intervalo de tiempo especificado, involucraba la realización de un respaldo full sobre cada base de datos. Una vez a la semana, los procesos de respaldo son manejados a través de “job” programados sobre la plataforma de respaldo. En el intervalo de tiempo especificado, los medios de respaldo eran cintas SDLT y LTO3, el software de respaldo correspondía a CA ArcServe versión 11 y el respaldo se realizaba sobre Microsoft Exchange 2003. Esto significa que CORFO exhibe en sus sistemas de respaldo de información un estándar que sólo permite una recuperación agregada, sin filtros de ninguna naturaleza, de correos clasificados en la época consultada, no poseyendo una plataforma de “Archiving” de correos, la cual permitiría realizar búsquedas orientadas en base a parámetros previamente definidos. d) La recuperación de correos desde la plataforma de respaldo se realiza a nivel de base de datos, no siendo factible realizar en una recuperación en un paso un correo específico. e) Para la recuperación de bases de datos de correo de plataformas no vigentes, como ocurre en el caso de la especie, es necesario contar con una plataforma (servidor) adicional para el proceso. El tiempo de habilitación de esta plataforma adicional no es relevante, ya que ya se encuentra preparado para fines similares a éste y sólo es necesario habilitarla. El tiempo de recuperación de la información solicitada, para el período de tiempo indicado, sigue siendo el mismo. f) La cantidad de correos enviados y/o recibidos por el Sr. Taboada, en el período indicado, sólo puede ser obtenida una vez que la recuperación de los mismos haya sido realizada de acuerdo a lo señalado, e implicaría necesariamente un análisis de los correos recuperados para diferenciar los correos del Sr. Taboada del resto del universo de correos de funcionarios de CORFO. Hecho el tratamiento de separación, habrá que luego realizar una segunda distinción entre el subcontinente de correos de dicho funcionario, específicos y vinculados al recurrente y aquellos que involucren derechos comerciales o personales de terceras personas, con quienes éste haya tenido intercambio de correos electrónicos, en virtud de su función como ejecutivo de la Dirección Regional de Valparaíso. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer lugar, y previo a pronunciarse sobre el fondo del presente amparo, cabe hacer presente que, según lo informado por el propio organismo reclamado en sus descargos, los correos electrónicos requeridos se encuentran en soportes que, a su vez, se hallan en poder de CORFO, sin perjuicio de lo cual dicho órgano dio respuesta a la solicitud, informando que el requerimiento fue derivado al Ministerio Público, en conformidad con lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Transparencia, ya que similar información habría sido solicitada por el Fiscal Adjunto en la causa que indica. Al respecto, conviene mencionar que el citado artículo 13 establece que el órgano requerido deberá derivar la solicitud de información al que deba conocerla, sólo en aquellos casos que “no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados”. Por su parte, la Instrucción General N° 10, de este Consejo, en su numeral 2.1. señaló que “Se entenderá que un servicio es competente para resolver la solicitud cuando, en ejercicio de sus funciones y/o atribuciones, generó o debió generar la referida información, ésta hubiese sido elaborada por un tercero por encargo de aquél o, en cualquier caso, aquélla obrase en su poder”. En la especie, consta que los supuestos del mencionado artículo 13 no concurrían, ya que la información solicitada sí se encontraba en poder de CORFO al momento de efectuarse la solicitud, por lo que la respuesta entregada infringió el principio de oportunidad, consagrado en el artículo 11, letra h), de la mencionada ley, al haber efectuado una derivación improcedente, situación que le será representada al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción. 2) Que, en cuanto al fondo del asunto, conviene tener presente que el derecho de acceso a la información no se restringe a los puros actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación sino que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia, también se extiende a “…la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento…”, salvo las excepciones legales. Lo mismo se desprende de dos de los principios del derecho de acceso a la información que reconoce el artículo 11 de la misma Ley, a saber, el principio de relevancia y el principio de apertura o transparencia. Todas estas normas legales no hacen sino desarrollar preceptos constitucionales: el artículo 8º, el inciso segundo de su artículo 5º (en relación con el artículo 13.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos) y el artículo 19 Nº 12. Siendo así, los correos electrónicos de funcionarios y autoridades enviados en el ejercicio de funciones públicas son información potencialmente pública, a menos que concurra a su respecto alguna de las excepciones señaladas por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, como también señala el inciso 2º del artículo 5º de dicha Ley. 3) Que, en votación de mayoría, este Consejo, pronunciándose sobre otros amparos relativos a solicitudes de correos electrónicos de funcionarios públicos, enviados o recibidos desde sus respectivas casillas institucionales (por ej., las decisiones recaídas en los amparos Roles C406-11, C1101-11 y C1482-11, entre otras), ha distinguido entre aquellos correos relativos al ejercicio de la función pública y aquellos que conciernan a su vida privada o personal, concluyendo que los primeros son públicos salvo que se justifique la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva. En términos similares se ha pronunciado la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la sentencia dictada en la causa sobre reclamo de ilegalidad Rol Nº 7932-11, de 9 de mayo de 2012 (por medio del cual confirma la decisión dictada por este Consejo en el amparo Rol C794-11, que ordenó entregar un grupo de correos electrónicos), al señalar que la sola lectura de los correos que fueron solicitados en dicho caso “…permite concluir que sólo hacen referencia a información de carácter pública relativa al procedimiento de evaluación del proyecto hidroeléctrico en la Región de Aysén, y cuya evaluación se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y en que le corresponde intervenir en el ejercicio de sus funciones públicas que son propias a la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región de Aysén; no existe en dichos correos electrónicos comunicación alguna que diga relación con la vida privada de quienes los intercambian, y que sea susceptible de secreto en conformidad al artículo 21 de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública”. 4) Que, en lo que respecta a los correos electrónicos solicitados en el caso en análisis, y a pesar de no haber invocado causales de secreto o reserva en la respuesta entregada al solicitante, CORFO, en sus descargos presentados ante este Consejo, ha estimado que concurren las siguientes causales, en virtud de las cuales no procedería la entrega de la información requerida, a saber: a) La del artículo 21 Nº 1, letra c) de la Ley de Transparencia, la que, si bien no invoca de manera expresa, su alegación se desprende inequívocamente de las consideraciones efectuadas por CORFO, al señalar que sólo recuperar los correos electrónicos solicitados, desde los sistemas informáticos, requiere a utilización de un total de 53 días hábiles a dicha tarea, importando la dedicación de un recurso humano excesivo en dicha función. b) La del artículo 21 Nº 2 del mismo cuerpo legal, por estimar que su difusión afectaría la esfera de la vida privada, no sólo del funcionario cuyos correos se requiere, sino que la del resto de los funcionarios del órgano. 5) Que, en relación con la primera de las causales de secreto o reserva invocada, cabe señalar que, conforme al artículo 7º Nº 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, la distracción indebida de los funcionarios supone que la satisfacción del requerimiento les exija la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. En la especie, y atendido el período comprendido en la solicitud de información, de acuerdo al mérito de las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado en sus descargos, como de aquellas alegaciones realizadas con ocasión de la gestión oficiosa descrita en el numeral 7º de la parte expositiva de la presente decisión, este Consejo ha podido constatar que la sola recuperación de los correos electrónicos requeridos –lo cual importaría la utilización de 320 horas hábiles de trabajo– efectivamente constituye una distracción indebida del cumplimiento regular de sus labores habituales, para aquellos funcionarios que deban ocuparse de dicha tarea. 6) Que, a mayor abundamiento, conviene tener presente que, conforme lo indicado en el considerando 3º de la presente decisión, no todos los correos electrónicos de funcionarios públicos enviados o remitidos desde sus casillas institucionales son, en principio, públicos, sino que sólo lo serán aquellos que dicen relación con el ejercicio de la función pública. Por su parte, lo requerido no constituyen todos los correos electrónicos del funcionario individualizado emitidos y recibidos dentro del período que comprende la solicitud, sino que únicamente comprende aquellos que dicen relación con su actuación en calidad de ejecutivo a cargo de la revisión de los proyectos presentados a CORFO Innova. Por lo tanto, para dar respuesta a lo requerido, luego de la recuperación de los correos electrónicos del funcionario en cuestión, CORFO debería, en primer lugar, determinar cuáles de éstos dicen relación con la materia requerida –no contando, además, con filtros que permitan realizar la búsqueda orientada en base a parámetros previamente definidos– para, a continuación, establecer si, respecto de estos últimos, concurre alguna causal de secreto o reserva en los términos del artículo 21 de la Ley de Transparencia. 7) Que, en consecuencia, de lo expuesto, este Consejo estima que CORFO ha justificado suficientemente la concurrencia de la hipótesis prevista en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia y artículo 7 N° 1 letra c) de su Reglamento, esto es, que se trata de un número elevado de actos, cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, exigiendo la utilización de tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo y el alejamiento de sus funciones habituales, lo que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Por lo tanto, y encontrándose acreditada la configuración de la causal de secreto o reserva indicada, no podrá requerirse al órgano requerido la entrega de la información solicitada. 8) Que, habiéndose rechazado la entrega de la información solicitada, por concurrir la causal de secreto o reserva analizada, resulta innecesario pronunciarse respecto de las demás alegaciones efectuadas. 9) Que, finalmente, si bien hasta el momento en casos como éste se acogía el amparo fundado en la extemporaneidad de la respuesta, por mucho que se rechazara la petición de información por estimarse configurada la causal de secreto invocada, a partir de esta decisión el Consejo acuerda que, de acogerse la causal de secreto invocada por el organismo público se rechazará el amparo aunque la respuesta haya sido extemporánea, sin perjuicio de representarle al servicio la infracción del artículo 14 de la Ley. Esto, pues el tema central a resolver en el procedimiento que regula el Título IV de la Ley de Transparencia es si se accede o no a la información solicitada. En consecuencia, en este caso se rechazará el amparo y se representará a CORFO la extemporaneidad e improcedencia de la derivación de la solicitud que realizó. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo de don José Macías Espinoza, en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, por concurrir la causal de secreto o reserva alegada, de acuerdo a las razones expuestas precedentemente. II. Representar al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción que, con la derivación improcedente efectuada a la presente solicitud de información, transgredió lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Transparencia, así como el principio de oportunidad, consagrado en el artículo 11, letra h), del citado cuerpo legal, razón por la cual deberá adoptar las medidas administrativas que sean necesarias a fin de que, en lo sucesivo, dé respuesta a las solicitudes de información como en derecho corresponde. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don José Macías Espinoza, al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción y a don Gonzalo Taboada Loyola, en su calidad de tercero interesado en el presente amparo. <h3> VOTO CONCURRENTE:</h3> La presente decisión fue acordada con el voto concurrente de los consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu, quienes fueron partidarios de denegar el acceso a la misma no por la causal de reserva que establece el artículo 21 Nº 1 c) de la Ley de Transparencia, sino que por resultar improcedente una solicitud de correos electrónicos como la planteada en este caso, en virtud de análogas razones a las expuestas en el voto disidente manifestado en la decisión recaída en el amparo Rol C406-11, el que se da por enteramente reproducido, pues estiman que estos mensajes se encuentran protegidos por la garantía contenida en el artículo 19 Nº 5 de la Constitución Política, lo cual se ve reafirmado por el reciente fallo del Tribunal Constitucional en la causa Rol Nº 2153-11-INA, pronunciada el 11 de septiembre de 2012. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Enrique Rajevic Mosler.