Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1040-20

Reclamante:	KAREN CERON RIQUELME
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Valparaíso, ordenándose la entrega de los Certificados de Recepción Definitiva de Obras de Edificación otorgados durante los años indicados. Lo anterior, por tratarse de una solicitud de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/11/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1100-11 C58-12 C377-13 C1489-16
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C1040-20   Entidad pública: Municipalidad de Valparaíso Requirente: Karen Cerón Riquelme Ingreso Consejo: 26.02.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Valparaíso, ordenándose la entrega de los Certificados de Recepción Definitiva de Obras de Edificación otorgados durante los años indicados. Lo anterior, por tratarse de una solicitud de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1040-20. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de enero de 2020, doña Karen Cerón Riquelme solicitó a la Municipalidad de Valparaíso -en adelante, indistintamente Municipio o Municipalidad- la siguiente información: 1.1) «Información relativa a todos los actos de Recepción Definitiva de Obras de Edificación otorgados durante los años 2015 y 2017. 1.2) Copia del Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación relacionado a cada uno de dichos actos, o bien el enlace a la publicación o archivo correspondiente». 2) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante comunicación electrónica, de fecha 22 de enero de 2020, el Municipio requirió la subsanación de la solicitud de información, en razón de que se precise que es lo solicitado respecto de todos y cada uno de los actos de Recepción Definitiva de Obras de Edificación otorgados durante los años 2015 y 2017. Mediante comunicación electrónica, de fecha 22 de enero, la peticionaria precisa que lo requerido es la entrega de copia de todos los Certificados de Recepción Definitiva de Obras de Edificación, o bien del enlace a la publicación o archivos correspondientes, otorgados en los años 2015 y 2017. 3) RESPUESTA: El 20 de febrero de 2020, la Municipalidad de Valparaíso respondió a dicho requerimiento de información, denegando la entrega de la información consultada, en conformidad de lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Al respecto, señala que, se requiere de una persona con dedicación exclusiva durante 5 jornadas completas de 8 horas cada una. Acto seguido, indica que, se requiere de una jornada completa para enviar la información mediante correo electrónico al Director de Obras Municipales, a efectos que otorgue su conformidad y consiguientemente, otra jornada completa para remitir los antecedentes consultados al encargado de transparencia. En resumen, hace presente que, debe disponerse de 6 jornadas completas por parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales, lo que implica un notable retraso en sus labores y un considerable costo horas-hombre ($418.912): Descripción de labores Funcionario Tiempo (horas) Grado/o Asimilado Valor hora por grado Valor Total actividad Búsqueda de documentos (1.669 páginas) Personal del Archivo 40 12 $5.898 $235.920 Digitalización de la información y remisión Personal del Archivo 8 12 $5.898 $47.184 Revisión y remisión al DAJ Director 8 5 $16.976 $135.808 Total $418.912 4) AMPARO: El 26 de febrero de 2020, doña Karen Cerón Riquelme dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información consultada. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, mediante Oficio N°E3791, de fecha 16 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel. Mediante presentación, de 31 de marzo de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis lo expuesto en su respuesta. Adicionalmente hace presente que, en atención a la pandemia de COVID-19 que afecta al país, se redujo drásticamente los funcionarios que concurren presencialmente a prestar labores en la Dirección de Obras Municipales del Municipio. Al respecto, precisa que, lo anterior repercutió en el presente procedimiento de acceso, por cuanto parte de la información consultada no se encuentra sistematizada en medios digitales y debe ser buscada físicamente, a efectos de ser digitalizada y organizada. Por lo anterior, estima que se configura absolutamente la causal de reserva establecida en el artículo 21N°1, letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto el funcionamiento del Municipio está limitado, en razón del cuidado de la salud de los funcionarios del órgano reclamado. A efectos de refrendar las medidas excepcionales adoptadas por el Municipio sobre la emergencia sanitaria nacional, acompaña los siguientes documentos: a) Decreto Alcaldicio N°1131, de fecha 16 de marzo de 2020, que declaró situación de emergencia sanitaria comunal, por un periodo de 15 días corridos. b) Decreto Alcaldicio N°1146, de fecha 18 de marzo de 2020, que estableció una modalidad flexible para organizar el trabajo de cada unidad municipal aplicable a los funcionarios, por un periodo de 15 días corridos. c) Decreto Alcaldicio N°1151, de fecha 18 de marzo de 2020, que amplió las medidas de modalidad flexible para organizar el trabajo, por un periodo de 12 días seguidos. d) Decreto Alcaldicio N°1251, de fecha 27 de marzo de 2020, que prorrogó la vigencia de los referidos decretos hasta el 17 de abril. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la negativa del órgano reclamado, en orden a entregar todos los Certificados de Recepción Definitiva de Obras de Edificación, o bien el enlace a la publicación o archivo correspondiente, otorgados en los años 2015 y 2017, respecto de lo cual el Municipio alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales 3) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales». (énfasis agregado) 5) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, el tiempo señalado para la entrega de lo requerido no es de una entidad tal que pueda constituir para el órgano una distracción que afecte el debido cumplimiento de sus funciones, en tanto no se debe olvidar que por cada solicitud de información se cuenta con 20 días hábiles, más 10 días hábiles de prórroga de resultar necesarios. En tal sentido, las 6 jornadas completas que según el órgano requiere, se pudieron haber prorrateado por la cantidad de días que permite la ley para entregar lo solicitado sin producirse afectación alguna. En la misma línea, tampoco señala la cantidad de funcionarios que componen la Dirección de Obras Municipales, y particularmente la cantidad del personal disponible para la recopilación, tratamiento y remisión de los antecedentes consultados. Además, en lo concerniente a los costos alegados, el municipio las calcula sobre la base del trabajo de sus funcionarios y sus respectivos grados jerárquicos -valor hora por grado-, lo cual no es admisible en tanto aquellos deben realizar dicha tarea en cumplimiento de sus propias funciones como empleados públicos, recibiendo como contraprestación por los servicios prestados sus respectivas remuneraciones mensuales. En otras palabras, el gasto informado por el órgano no corresponde a un costo real en que debería incurrir, sino a un monto teórico o hipotético representativo del trabajo de sus funcionarios, tomando como base de cálculo el grado de la escala de cada uno de ellos, que sólo le sirve para graficar económicamente lo que se debería realizar, pero que en la práctica, no se traduce en un desembolso de recursos como los señalados, por cuanto los respectivos funcionarios que participarían en búsqueda de lo pedido, sólo recibirían sus remuneraciones correspondientes, independiente de las tareas que en concreto lleven a cabo. Por otra parte, se debe señalar que este deber de búsqueda y entrega de información pública, es propio de los órganos públicos en su calidad de tal, cuya carga no puede traspasarse a los requirentes. En tal sentido, cabe tener presente que los costos por concepto de la búsqueda de la información son costos excluidos de ponderación en virtud de lo señalado por esta Corporación en su Instrucción General N° 6. 6) Que, sobre la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener en consideración que la información requerida es de naturaleza pública, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia. En este último sentido, este Consejo debe hacer presente que el legislador ha dispuesto un procedimiento de publicidad de las gestiones administrativas relacionadas con la construcción. Así lo ha resuelto este Consejo, reiterada y sostenidamente desde las decisiones de amparos Roles C1100-11, C58-12, C1489-16, entre otros. En efecto, el inciso primero del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) ordena que «la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General». Agrega en su inciso 9° y final que «la Dirección de Obras Municipales deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos». (énfasis agregado). 7) Que, en concordancia con lo expuesto precedentemente, el artículo 1.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), refuerza la norma indicada en el considerando anterior, señalando expresamente que «las Direcciones de Obras Municipales otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona», precisando que los referidos documentos «serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas». Asimismo, este Consejo ha considerado también que la publicidad de los antecedentes de construcción es fundamental para permitir el control social sobre el otorgamiento de dichos permisos por parte de las Direcciones de Obras Municipales. (énfasis agregado) 8) Que, a su turno, es menester tener en consideración la circunstancia alegada por el Municipio, en relación con la emergencia sanitaria que afecta al país, producto de la pandemia mundial por Covid-19. Al efecto, el órgano reclamado sostiene que, se redujo drásticamente los funcionarios que concurren presencialmente a prestar labores en la Dirección de Obras Municipales del Municipio, precisando que lo anterior repercutió en el presente procedimiento de acceso, por cuanto parte de la información consultada no se encuentra sistematizada en medios digitales. 9) Que, sobre lo anterior, es menester tener presente que El Decreto Alcaldicio N°1151, de fecha 18 de marzo -cuya vigencia fue extendida por el Decreto Alcaldicio N°1388, de fecha 17 de abril de 2020, hasta el 30 de abril de 2020-, establece la modalidad de trabajo flexible para organizar el trabajo de cada unidad municipal. Al respecto, dicho documento señala que: «esta modalidad comprende el uso de medios tecnológicos para permitir que ciertos trabajadores municipales presten servicios desde su domicilio (...). Asimismo, puede incluir la alteración de la jornada laboral, a fin de adecuar el ingreso y salida de los funcionarios, y en su caso eximir del registro de asistencia a ciertos trabajadores debidamente justificados». Adicionalmente, precisa que: «será responsabilidad de cada director coordinar las labores de su unidad y la de sus departamentos dependientes, a fin de determinar aquellas labores que son posibles de realizar mediante el sistema de teletrabajo». Al respecto, esta Corporación advierte que, con ocasión de sus descargos, el Municipio no es consistente en especificar suficientemente la modalidad de trabajo flexible organizada y adoptada por la Dirección de Obras Municipales, a efectos de garantizar la continuidad del servicio de la Unidad. Así, el órgano reclamado no detalla si la modalidad de trabajo flexible consiste en teletrabajo, o bien en una adecuación de la jornada laboral mediante turnos u otro sistema de organización análogo. En la misma línea, no señala la cantidad de funcionarios autorizados para acceder a esta modalidad, ni tampoco la cantidad de funcionarios pertenecientes a la población de riesgo. En mérito de lo anterior, este Consejo no cuenta con los antecedentes suficientes para ponderar de la circunstancia invocada y, consecuentemente, acoger la hipótesis de reserva alegada. 10) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; tratándose de información de naturaleza pública; no resultando suficientes las alegaciones efectuadas por el órgano para tener por configurada la hipótesis de reserva de distracción indebida; y, no advirtiendo este Consejo la necesidad de mantener la información en reserva, se acogerá el amparo, ordenándose la entrega de la información requerida, debiendo tarjar previamente aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. 11) Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, atendida la emergencia sanitaria pública que enfrenta el país y su afectación inevitable al funcionamiento de los órganos de la administración del Estado, en virtud de las medidas preventivas adoptadas por el órgano reclamado, con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de sus funcionarios, este Consejo, ponderando la circunstancia alegada, otorgará un mayor plazo para la entrega de los antecedentes consultados. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Karen Cerón Riquelme, en contra de la Municipalidad de Valparaíso, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, lo siguiente; a) Entregue al reclamante de copia de todos los Certificados de Recepción Definitiva de Obras de Edificación, o bien el enlace a la publicación o archivo correspondiente, otorgados en los años 2015 y 2017. No obstante lo anterior, deberán tarjar previamente aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Karen Cerón Riquelme; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.