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DECISIÓN AMPARO ROL C1083-20</p>
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Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos</p>
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Requirente: Jaime Humberto Brito Ríos</p>
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Ingreso Consejo: 28.02.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, referido a la entrega de copia del informe del procedimiento de cambio de uso de suelo del inmueble que se indica.</p>
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Lo anterior, por cuanto la información solicitada no obra en poder de la reclamada, tras haberse informado consistentemente la inexistencia de la información consultada; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.</p>
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El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.</p>
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En sesión ordinaria N° 1106 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1083-20.</p>
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VISTOS:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 9 de febrero de 2020, don Jaime Humberto Brito Ríos solicitó al Servicio de Impuestos Internos -en adelante, indistintamente SII- la siguiente información: «el informe del procedimiento del cambio de uso de suelo de su propiedad».</p>
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2) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante presentación, de fecha 12 de febrero de 2020, el órgano reclamado solicitó al peticionario la subsanación de su requerimiento de información y que en definitiva proporcione el número de Rol y comuna donde se ubica el inmueble, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley de Transparencia. Mediante presentación de misma fecha, el reclamante subsanó lo requerido por el órgano reclamado.</p>
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3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 13 de febrero de 2020, el SII respondió a dichos requerimientos de información, accediendo parcialmente a la entrega de lo requerido. Al respecto, informa que, la modificación del destino del inmueble consultado, se realizó por una actuación de oficio emanada de una fiscalización del sector Santa Margarita del Mar, efectuada por la Oficina de Convenio Municipal, de fecha 9 de octubre de 2019. Por lo anterior, precisa que, el referido informe es inexistente.</p>
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Adicionalmente, agrega que, la parte reclamante, presentó la Orden de Trabajo N° 2786201, de fecha 10 de febrero de 2020, en virtud de la cual se solicitó la revisión del destino de la propiedad, conforme a la carta explicativa que adjuntó a dicha petición, la cual se encuentra actualmente en proceso de revisión de antecedentes y pendiente aún de resolución, por lo cual, precisa que, resulta imposible acceder a la entrega de mayores antecedentes relativos a tal solicitud, ya que corresponden a antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
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4) AMPARO: El 28 de febrero de 2020, don Jaime Humberto Brito Ríos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. Al respecto el peticionario cuestiona la inexistencia esgrimida por el SII, pues dicho órgano emitió una resolución que cambiaba el uso del suelo - Resolución Exenta N°A04.2019.00022025, de fecha 18 de octubre de 2019-, indicando que resultando ilógico dictar tal resolución ignorando los antecedentes en que se funda, y que adicionalmente, se mencionan en la misma.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N°E3766, de fecha 16 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por la parte reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa en referencia al informe requerido, (a) aclare si la información reclamada obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (b) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (c) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; y, (2°) en relación a la información que se deniega, (a) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (b) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (c) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.</p>
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Mediante presentación, de fecha 6 de mayo, el SII presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta. Al respecto, agrega que, en virtud de una fiscalización, no siempre se emite un informe, y que tras consultas con la Dirección Regional de La Serena del SII, el Jefe del Departamento de Avaluaciones, se comunicó que no se cuenta con el informe dada la naturaleza de la solicitud, toda vez que en la Oficina de Convenio Municipal, los informes técnicos se realizan en propiedades con avalúos sobre $200.000.000, lo cual no ocurre en la especie, toda vez que el inmueble por el cual se consulta tiene un avalúo fiscal que se indica, según certificado de avalúo fiscal que se acompaña. Lo anterior, conforme al Oficio Circular N° 33° de 2017, que establece internamente que la emisión de un informe técnico -como el requerido-solo aplica respecto a los bienes inmuebles con avalúos mayores a $200.000.000.</p>
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Acto seguido, precisa que, la modificación del destino del inmueble se generó de oficio, luego de la Orden de Trabajo Folio N°2699469, relativa a otro bien inmueble Rol que se indica, en virtud de la cual, además de haber concretado el cambio de destino requerido en dicha Orden, se hizo una revisión de oficio de todo el sector en el cual se emplaza también el inmueble del peticionario. Lo anterior, en conformidad de lo establecido en el artículo 6° letra b) N°5 del código tributario, sobre las funciones del Servicio: «Resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos».</p>
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Finalmente, órgano reclamado, especifica que, la invocación de la causal de reserva consagrada en el 21 N°1 letra b) se circunscribe meramente a la Orden de Trabajo N°2786201 -en virtud de la cual se solicitó la revisión del destino de la propiedad- que si bien no es lo requerido en este caso, permite pronunciarse sobre lo que en el fondo busca el peticionario, esto es, que el SII revise el acto de modificación del destino del inmueble por el cual se consulta y sus consecuencias jurídicas. Por lo anterior, precisa que, la única causal invocada para la denegación de la información consultada es la inexistencia, por cuanto el informe técnico requerido no se emitió por parte del órgano reclamado.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por parte del Servicio de Impuestos Internos. Al efecto, el órgano reclamado deniega la entrega del informe del procedimiento de modificación del uso del suelo, toda vez que el informe pedido es inexistente.</p>
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2) Que, del análisis de los antecedentes del presente procedimiento de acceso, este Consejo advierte que, el órgano reclamado ha sido consistente en informar fundadamente, tanto al solicitante, como a esta Corporación, las razones que justifican la inexistencia de lo requerido. Al respecto, con ocasión de su respuesta y descargos, el órgano explica pormenorizadamente que la modificación del destino del inmueble consultado, se realizó por una actuación de oficio emanada de una fiscalización, efectuada por la Oficina de Convenio Municipal, de fecha 9 de octubre de 2019. En el mismo orden de ideas, puntualiza que, en virtud de una fiscalización, no siempre se emite un informe, y que tras averiguaciones con la Dirección Regional de La Serena del SII, el Jefe del Departamento de Avaluaciones, se comunicó que no se cuenta con el informe dada la naturaleza de la solicitud, toda vez que en la Oficina de Convenio Municipal, los informes técnicos se realizan en propiedades con avalúos sobre $200.000.000, lo cual no ocurre en la especie, en conformidad de lo dispuesto en el Oficio Circular N°33° de 2017.</p>
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3) Que, sobre la materia, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado).</p>
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4) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al SII que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente.</p>
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5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, habiéndose explicado consistentemente la inexistencia de la documentación consultada y atendida la falta de antecedentes adicionales en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Jaime Humberto Brito Ríos, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de la inexistencia debidamente acreditada por el órgano reclamado.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jaime Humberto Brito Ríos; y al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>