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DECISIÓN AMPARO ROL C1095-20</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Maipú.</p>
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Requirente: Francisco Zambrano Meza.</p>
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Ingreso Consejo: 01.03.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenando la entrega de los informes de asistencia (debidamente firmados por quien corresponda) de ocho funcionarias públicas indicadas en la solicitud, correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2017.</p>
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Lo anterior, al tratarse de información pública sobre registros de asistencia de funcionarios públicos, respecto de la cual no se produce afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, por encontrarse afinado el procedimiento disciplinario del cual dichos antecedentes formarían parte; no se afecta la estrategia judicial del órgano en un litigio pendiente; y, no se afecta la vida privada de dichas funcionarias públicas.</p>
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En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1095-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de enero de 2020, don Francisco Zambrano Meza solicitó a la Municipalidad de Maipú la siguiente información: "los informes de asistencia (debidamente firmados por quien corresponda) de ocho funcionarias que indica, correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2017."</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Resolución N°219/2020, de fecha 18 de febrero de 2020, la Municipalidad de Maipú denegó la entrega de lo requerido, según lo establecido en el artículo 21 N°1, letra b) y N°2 de la Ley de Transparencia, por cuanto se trataría de antecedentes que formarían parte de un proceso sumarial que no se encontraría afinado.</p>
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3) AMPARO: El 1° de marzo de 2020, don Francisco Zambrano Meza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa al requerimiento de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio N°E4211, de fecha 24 de marzo de 2020, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señalar cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informar el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.</p>
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Mediante Oficio N°030/2020, el órgano presentó sus descargos u observaciones, indicando que, al momento de la solicitud, ésta fue denegada por la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
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Además, expresa que el requirente solicitó información que dice relación con un litigio pendiente, a saber, recurso de protección seguido ante la I. Corte de Santiago con el Rol N°1222-2020. En esta línea, manifiesta que "su publicidad afectaría la defensa judicial ya que estos antecedentes son necesarios para ello, porque este recurso de protección y los antecedentes solicitados dicen relación con el acto administrativo que aplicó la medida de destitución en el procedimiento disciplinario, por lo que dicha información podría perjudicar el informe que debía evacuar este organismo ante la Iltma. Corte de Apelaciones, el cual, a la fecha de la solicitud y de la respuesta de acceso a la información publica por parte de este organismo, estaban pendientes (...)". Agrega, "quedando los autos en relación y estando aún pendiente la vista de la causa y el fallo de primera instancia, la entrega de los antecedentes requeridos podrían ver mermadas las estrategias judiciales que se pretenden plasmar en dicho informe y en sus próximos alegatos (...)". Así, señala que la información que se solicitó pretende dejar a la vista cómo fue el comportamiento de asistencia de otros funcionarios, en parangón con la funcionaria que fue objeto del sumario, ya que a la fecha de los hechos investigados y la solicitud en cuestión, pertenecen a la misma Dirección a la que pertenecía la funcionaria que indica (Dirección de Tránsito y Transporte). Además, agrega, dichos informes contienen un dato sensible que debiera ser considerando causal suficiente para denegar la información requerida. Por otra parte, en ningún momento se invocó algún tipo de representación que pudiese justificar la entrega de dichas calificaciones.</p>
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Finalmente, y sin perjuicio de los anterior, la reclamada acompaña a esta sede los correspondientes informes de asistencia de todas las funcionarias que fueren consultadas.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del presente reclamo, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En el presente caso, consta que esta solicitud se presentó con fecha 7 de enero de 2020, por lo que el plazo con que contaba el órgano para pronunciarse vencía el 4 de febrero de 2020. No obstante ello, la solicitud en análisis fue respondida el 18 de febrero de 2020, esto es, fuera de plazo legal. Lo anterior, constituye una infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.</p>
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2) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de informes de asistencia referidos a ocho funcionarias públicas. Al respecto, la reclamada en su respuesta y con ocasión de sus descargos, denegó la información fundada en las causales de reserva del artículo 21 N°1 literales a) y b), y N°2 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, en relación a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia y la alegación de la reclamada con ocasión de su respuesta, en relación a que los antecedentes requeridos formaban parte de un proceso sumarial que se encontraba pendiente a la fecha de la solicitud, cabe hacer presente que esta Corporación, en forma sostenida y reiterada ha resuelto, desde las decisiones de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, en particular: el inculpado y el abogado que asumiere su defensa. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En la especie, esta Corporación revisó de oficio en la página web del Poder Judicial, el informe que fuere evacuado por el órgano requerido en el marco del recurso de protección Rol 1222-2020 seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago y que fuere señalado por la reclamada con ocasión de sus descargos, en el cual consta que el expediente sumarial del cual serían parte los informes de asistencia solicitados culminó mediante Decreto Alcaldicio 3320 de fecha 18 de diciembre de 2019, por lo que, el procedimiento disciplinario ya se encontraba concluido a la fecha en que se realizó la solicitud de información al órgano requerido, esto es el 7 de enero de 2020, sin que se configurara a su respecto la causal de secreto esgrimida por el órgano para denegar la información, debiendo desestimarse la alegación de la reclamada en este punto.</p>
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4) Que, en relación a la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, alegada por el órgano en su respuesta, se debe tener en consideración que, tal como ha señalado reiteradamente este Consejo, al tratarse de antecedentes relativos al personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa quedan, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujetos al principio de publicidad esta establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones, hojas de vida y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Carta Fundamental y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del personal, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de los requisitos respectivos de aquellos para prestar servicio al órgano público. Por tanto, dicha causal también será desestimada en esta sede.</p>
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5) Que, con ocasión de sus descargos, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia, respecto del cual cabe tener presente que, por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales".</p>
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6) Que, el órgano reclamado, para fundar la causal refirió, en resumen, que la información reclamada formaría parte -eventualmente- de la estrategia de defensa judicial en el juicio que indica, pues al vincularse el recurso de protección con el acto administrativo que aplicó la medida de destitución en contra de determinada funcionaria, los antecedentes requeridos podrían perjudicar la estrategia judicial que se pretende plasmar en el informe que debe evacuar la reclamada y en sus próximos alegatos, ya que la información pretendería dejar a la vista el comportamiento de asistencia de otras funcionarias del servicio en parangón con la funcionaria que fue objeto de sumario y finalmente destituida. Con todo, revisado por esta Corporación la página web del Poder Judicial y específicamente, el recurso de protección Rol 1222-2020, se devela que el informe del órgano reclamado ya fue evacuado, en el cual no constan referencias a los informes de asistencias de las funcionarias consultadas en el presente requerimiento, sino únicamente al comportamiento de los deberes funcionarios de quien fuere objeto de la medida de destitución y los respectivos documentos que dan cuenta de ello. En efecto, la alegación de la reclamada debe desestimarse, por cuanto no se condice con el carácter estricto de la causal. De esta forma, según el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, la causal alegada se debe interpretar de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención de la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado, lo cual, en la especie, no se produce. (énfasis agregado)</p>
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7) Que, a su turno, en este orden de ideas, el órgano no ha explicado en forma pormenorizada la necesidad de los informes de asistencia solicitados para sus defensas judiciales, ni la forma en que la publicidad de los registros de asistencia requeridos afectará de modo específico la estrategia judicial del órgano en la tramitación del referido Recurso de Protección. En este sentido, para estimar que concurre la causal invocada, el órgano reclamado debe acreditar que la publicidad de la información solicitada afecta su debido funcionamiento. Al efecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se produce. En este orden de ideas, este Consejo ha sostenido que son públicos los antecedentes cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente, a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia. Ello, porque se ha estimado que dicha motivación no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones de la Administración (decisión amparo Rol A380-09). Atendido lo indicado, esta Corporación asimismo desestimará la causal de reserva alegada por el órgano.</p>
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8) Que, por las razones expuestas, no configurándose ninguna de las causales de reserva alegadas por el órgano reclamado, se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega de los informes de asistencia de las funcionarias consultadas entre las fechas que indica.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Francisco Zambrano Meza en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, lo siguiente:</p>
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a) Entregar al solicitante los informes de asistencia (debidamente firmados por quien corresponda) de ocho funcionarias públicas indicadas en la solicitud, correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2017.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Zambrano Meza; y, a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>