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DECISIÓN AMPARO ROL C1120-20</p>
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Entidad pública: Subsecretaría del Interior</p>
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Requirente: Natacha Bahamonde Cárdenas</p>
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Ingreso Consejo: 03.03.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose la entrega de copia de información estadística referida a número de solicitudes de permanencia definitiva, de permisos de residencia, las expulsiones administrativas decretadas, las órdenes de abandono dispuestas, entre otros antecedentes, en el periodo que se indica.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual éste no ha acreditado su entrega, ni ha alegado la concurrencia de alguna causal de reserva que justifique su denegación.</p>
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Aplican precedentes contenidos en las decisiones Rol C3685-18, C3916-18 y C4781-18.</p>
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No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.</p>
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En sesión ordinaria N° 1106 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1120-20.</p>
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VISTOS:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de enero de 2020, doña Natacha Bahamonde Cárdenas solicitó a la Subsecretaría del Interior la siguiente información: «información estadística relativa a los siguientes aspectos:</p>
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a) Estimación de las 20 nacionalidades con mayor participación en la población durante el período 2008-2017, segregado por año y estatus de residencia (temporal/definitiva);</p>
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b) Número de solicitudes de permanencia definitiva (otorgadas o no) presentadas durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad;</p>
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c) Número de solicitudes de permisos de residencia (otorgadas o no) presentados durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad;</p>
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d) Número de solicitudes de permisos de residencia estampados durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad;</p>
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e) Número de expulsiones administrativas decretadas por el Ministro del Interior durante el período 2008-2017, segregadas por año, causal y nacionalidad;</p>
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f) Número de expulsiones administrativas decretadas por Intendentes Regionales durante el período 2008-2017, segregadas por Intendencia Regional, año, causal y nacionalidad;</p>
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g) Número de expulsiones administrativas decretadas por causal de ingreso clandestino durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad;</p>
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h) Número de actos administrativos que disponen órdenes de abandono durante el período 2008-2018, segregadas por año y nacionalidad».</p>
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i) Número de solicitudes de regularización en virtud de la facultad establecida en el artículo 91 N°8 del DL 1.094 (otorgadas o no) presentadas durante el período 2007-2018, segregadas por año y nacionalidad+B16;</p>
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j) Número de solicitudes de refugio (otorgadas o no) presentadas durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad;</p>
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k) Número de solicitudes de regularización (otorgadas o no) presentadas en el Plan de Regulariación Extraordinario 2018 segregadas por año declarado de ingreso al país y nacionalidad; y</p>
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l) Número de regularizaciones otorgadas en el Plan de Regularización Extraordinario 2018 segregadas por año declarado de ingreso al país y nacionalidad».</p>
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2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 3 de marzo de 2020, doña Natacha Bahamonde Cárdenas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de información.</p>
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3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC.</p>
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4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N°E5709, de fecha 21 de abril de 2020 solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.</p>
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A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo en esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14° dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. No obstante, ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Al efecto, consta a este Consejo que la presente solicitud de acceso a la información ingresó al órgano reclamado con fecha 27 de enero de 2020, venciendo el plazo de entrega con fecha 24 de febrero de 2020. Sin embargo, a la fecha del presente Acuerdo, el Municipio no ha proporcionado respuesta a la solicitud de acceso a la información. Lo anterior importa una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo.</p>
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2) Que, establecido lo anterior, el presente amparo dice relación con la ausencia de entrega de la información consultada, referida a la copia de información estadística, con respecto al número de solicitudes de permanencia definitiva, de permisos de residencia, de expulsiones administrativas decretadas, las órdenes de abandono dispuestas, entre otros antecedentes, consignados en el numeral primero de lo expositivo de este Acuerdo.</p>
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3) Que, sobre la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener en consideración, que las materias consultadas por el reclamante, constituyen información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen».</p>
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4) Que, sobre las materias requeridas, resulta pertinente atender a lo dispuesto en el decreto ley N°1.094, de 1975, de Interior, que establece normas sobre extranjeros en Chile - en adelante D.L. N°1.094-, particularmente, en su artículo 91°, prescribe que corresponderá al Ministerio del Interior la aplicación estas disposiciones y de su reglamento, ejerciendo, entre otras, las siguientes atribuciones, «Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros» (N°5); «Aplicar las sanciones administrativas que correspondan a los infractores de las normas establecidas en este decreto ley» (N°7); y «Disponer la regularización de la permanencia de los extranjeros que hubieren ingresado o residan en Chile irregularmente u ordenar su salida o expulsión» (N°8). De lo anterior, se desprende que, la información requerida se enmarca dentro de la esfera competencial del órgano reclamado, y deberían encontrarse debidamente sistematizados.</p>
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5) Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente lo resuelto por este Consejo en las decisiones de amparos Rol C3685-18, C3916-18 y C4781-18, en la cuales se requirió la entrega de idéntica información a la pedida en la presente reclamación.</p>
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6) Que, consiguientemente, este Consejo confirió traslado del amparo al organismo reclamado, con la finalidad de que efectuara sus descargos y/o observaciones, y particularmente, para que acreditara la entrega de la información solicitada o se refiriera a las eventuales circunstancias de hecho o causales legales, que hicieran procedente la denegación de la misma. Sin embargo, a la fecha, no existe constancia de que el órgano haya presentado descargos u observaciones en esta sede, lo que impide a este Consejo contar con antecedentes o medios de prueba que pueda ponderar, para determinar la configuración de causales de reserva o secreto, o, en su defecto, la inexistencia de la información.</p>
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7) Que, en mérito de lo razonado precedentemente; tratándose de información estadística de naturaleza pública; no habiéndose alegado en la especie causales de reserva de la información requerida; y, no advirtiéndose razones para mantener en reserva los antecedentes consultados, esta Corporación acogerá el presente amparo, y conjuntamente, ordenará la entrega de la información estadística consultada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Natacha Bahamonde Cárdenas, en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente;</p>
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a) Entregue al reclamante copia de la información estadística relativa a los siguientes aspectos: Estimación de las 20 nacionalidades con mayor participación en la población durante el período 2008-2017, segregado por año y estatus de residencia (temporal/definitiva); número de las solicitudes de permanencia definitiva (otorgadas o no) presentadas durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad; número de las solicitudes de permisos de residencia (otorgadas o no) presentados durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad; número de solicitudes de permisos de residencia estampados durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad; número de expulsiones administrativas decretadas por el Ministro del Interior durante el período 2008-2017, segregadas por año, causal y nacionalidad; número de expulsiones administrativas decretadas por Intendentes Regionales durante el período 2008-2017, segregadas por Intendencia Regional, año, causal y nacionalidad; número de expulsiones administrativas decretadas por causal de ingreso clandestino durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad; y número de actos administrativos que disponen órdenes de abandono durante el período 2008-2018, segregadas por año y nacionalidad; número de solicitudes de regularización en virtud de la facultad establecida en el artículo 91 N°8 del DL 1.094 (otorgadas o no) presentadas durante el período 2007-2018, segregadas por año y nacionalidad+B16; número de solicitudes de refugio (otorgadas o no) presentadas durante el período 2008-2017, segregadas por año y nacionalidad; número de solicitudes de regularización (otorgadas o no) presentadas en el Plan de Regularización Extraordinario 2018 segregadas por año declarado de ingreso al país y nacionalidad; y el número de regularizaciones otorgadas en el Plan de Regularización Extraordinario 2018 segregadas por año declarado de ingreso al país y nacionalidad.</p>
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No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Natacha Bahamonde Cárdenas; y al Sr. Subsecretario del Interior</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>