Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1216-20

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Reclamante:	DAVID PEÑA LARENAS
Reclamado:	INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ordenando la entrega del RIT y RUC de las causas en las cuales la Institución sea parte, ya sea como querellante o tercero, entre las fechas 10 de octubre del 2019 hasta el 15 de enero del 2020. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó suficientemente una afectación a la vida privada de los terceros, como asimismo, al debido cumplimiento de las funciones del órgano. Se rechaza el amparo respecto del nombre de las víctimas en relación a la lista de denuncias por vulneraciones a los derechos humanos y los respectivos relatos de dichas víctimas, recibidos entre el 10 de octubre de 2019 y el 15 de enero de 2020. Lo anterior, por cuanto la publicidad del nombre y relatos de las víctimas afectará la vida privada de las personas involucradas. Además, cabe su resguardo, a fin de evitar que los denunciantes se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que el INDH ejerza las acciones legales que mandata la ley, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del órgano.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/13/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C8223-19
Jurisprudencia a:	C6261-21 C7034-21
Recursos relacionados:	286-2020
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C1216-20   Entidad pública: Instituto Nacional de Derechos Humanos. Requirente: David Peña Larenas. Ingreso Consejo: 06.03.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ordenando la entrega del RIT y RUC de las causas en las cuales la Institución sea parte, ya sea como querellante o tercero, entre las fechas 10 de octubre del 2019 hasta el 15 de enero del 2020. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó suficientemente una afectación a la vida privada de los terceros, como asimismo, al debido cumplimiento de las funciones del órgano. Se rechaza el amparo respecto del nombre de las víctimas en relación a la lista de denuncias por vulneraciones a los derechos humanos y los respectivos relatos de dichas víctimas, recibidos entre el 10 de octubre de 2019 y el 15 de enero de 2020. Lo anterior, por cuanto la publicidad del nombre y relatos de las víctimas afectará la vida privada de las personas involucradas. Además, cabe su resguardo, a fin de evitar que los denunciantes se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que el INDH ejerza las acciones legales que mandata la ley, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C8223-19. En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1216-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de enero de 2020, don David Peña Larenas solicitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la siguiente información: "a) Listado de denuncias realizadas por vulneración de derechos humanos, entre las fechas 10 de octubre del 2019 hasta el 15 de enero del 2020; b) Lista de RIT, RUC y caratulado de las causas en las cuales su Institución sea parte, ya sea como querellante o tercero, entre las fechas 10 de octubre del 2019 hasta el 15 de enero del 2020; c) Lista de solicitudes de reclamos administrativos en contra de los funcionarios de su Institución, entre las fechas 10 de octubre del 2019 hasta el 15 de enero del 2020; y, d) Lista de procedimientos sumarios administrativos, en los cuales su Institución es parte, solicitando el nombre del o los funcionarios en la cual se realiza el procedimiento". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por Carta N°24, de fecha 12 de febrero de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 097, de 24 de febrero de 2019, el INDH accedió parcialmente al requerimiento, indicando lo siguiente: En relación a los literales a) y b) del requerimiento, deniega parcialmente la información, por cuanto no resulta procedente la entrega de los nombres de las víctimas ni los relatos que permitan averiguar su identidad, toda vez que la entrega de dichos datos permitiría conocer la identidad de las mismas o bien, detalles sobre las lesiones sufridas, lo que involucraría revelar datos personales y sensibles de los interesados, como es el caso de su estado de salud, en los términos definidos por el artículo 2°, letras f) y g) de la Ley N° 19.628, por lo que se configura la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, respecto de esta parte de la información. Por otro lado, explica que el INDH debe asegurar la confidencialidad de los datos que los afectados le entregan y que, cuando corresponde, dan origen a las acciones judiciales que el Instituto interpone, sea en las visitas a centros hospitalarios o mediante denuncias, porque si no actúa de este modo estos no tendrían la confianza necesaria para acudir a la Institución, con lo que se entorpecería el cumplimiento de la función de protección de los derechos humanos que la Ley entrega al INDH, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. El órgano hace especialmente presente que, en cumplimiento de sus funciones, el INDH ha presentado querellas sobre este tipo de sucesos, los que son constitutivos de diversas formas de tortura, como es el caso de los apremios ilegítimos, la violencia innecesaria o la tortura propiamente tal. En este orden de ideas, se hace presente que la protección de datos personales rige de manera reforzada respecto de personas víctimas de tortura. Cita al efecto lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Chile. Asimismo, cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso J. versus Perú (2013). Además, resultan aplicables en la especie las exigencias sobre trato de víctimas de derechos humanos en general, conforme lo dispuesto en la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, de 2005. En este contexto, señala que la información pertinente, omitiendo los datos mencionados, se encuentra publicada en la página web del INDH, permanentemente a disposición del público, informando el siguiente enlace: http://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2019/12/reporte-indh.xlsx , donde se incluye un listado de acciones judiciales interpuestas por la reclamada, con omisión de sus roles, en las fechas solicitadas. Respecto del literal c) de la solicitud, informa que se han recibido tres requerimientos desde la Contraloría General de la República, en que se pide información respecto de situaciones en que habría participado algún funcionario/a del INDH, con descripción de los hechos que motivaron los requerimientos, agregando que en ninguna de las tres situaciones el INDH detectó alguna irregularidad, siendo la Contraloría la entidad que los analizará. Finalmente, en relación a lo requerido en el literal d), precisa que no es posible entregar antecedentes, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo. 4) AMPARO: Con fecha 3 de marzo de 2020, don David Peña Larenas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a la solicitud de información. El reclamante precisa en la presentación que su reclamo se circunscribe a la información que fuere denegada parcialmente por el órgano, fundado en normas internacionales, protección de la vida privada y causal de reserva genérica alegadas por la entidad. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante Oficio N° E4052, de fecha 23 de marzo de 2020, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (2°) explicar cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; y, (3°) señalar el estado procesal en que se encuentran los sumarios solicitados. Mediante Ordinario N°270, de 3 de abril de 2020, el órgano presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta al reclamante, agregando, en síntesis, en relación a la configuración de la causal del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, que el listado de roles de las denuncias presentadas por el Instituto permitiría acceder a la identidad de las víctimas y el relato sobre las vulneraciones sufridas, lo que involucraría revelar datos personales y sensibles que dicen relación con ámbitos como la salud física y psíquica de los afectados y, eventualmente, su seguridad, circunstancia que configura claramente la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. En este sentido, agrega que, considerando el elevado número de causas que en no pocos casos involucran a más de una víctima, comprendido en el período requerido, no resultaba materialmente posible notificar a los involucrados para que hicieran valer sus derechos, razón por la que, en la especie, por lo que no se pudo aplicar lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por otro lado, reafirma que en cuanto a la denegación de acceso a la lista de sumarios administrativos que se tramitan en la Institución, procede su reserva en conformidad a lo establecido con el artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta a la solicitud de información, respecto de las materias requeridas en el literal a) (listado de denuncias realizadas por vulneración de derechos humanos) y literal b) (listado de causas judiciales en que el Instituto sea parte), por cuanto no se otorgaron los siguientes datos: el nombre de las víctimas en relación a la lista de denuncias, los relatos y el RIT y RUC de aquellas causas judiciales en las cuales el órgano fuere parte. Lo anterior, toda vez que el órgano denegó la entrega de dichos datos por configurarse en la especie las causales del artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, respecto de las materias reclamadas y objeto de análisis, en su respuesta el órgano otorgó acceso a bases de datos que el órgano mantiene permanentemente a disposición del público en el enlace: http://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2019/12/reporte-indh.xlsx. Tras revisión de dicho enlace, se constata que el órgano publica, al menos, los siguientes datos: 3 bases de datos anonimizadas relativas a observaciones realizadas por el Instituto en Hospitales, Comisarías y Manifestaciones (desde donde se puede extraer el listado de denuncias) y una base de datos referida a acciones judiciales. Se hace presente que el órgano no publica relatos ni la individualización (RIT y RUC) de las acciones judiciales. 3) Que, en virtud del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. En tal sentido, el artículo 7° N° 2, del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa que se entenderá por tales derechos aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 4) Que, por su parte, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". A su turno, y en lo referido a los datos sensibles contenidos en las bases requeridas, corresponde indicar que, según lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.628, dichos datos sólo pueden ser objeto de tratamiento cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. En la especie, de los antecedentes tenidos a la vista, no consta que los titulares de dichos datos hubieren otorgado consentimiento expreso para la entrega de la información. 5) Que, del análisis de los antecedentes, al alero del marco normativo que fija las funciones de la reclamada así como las alegaciones expuestas, se devela que la naturaleza del contenido de las denuncias cuya identificación se solicita, versan sobre vulneraciones a los derechos humanos, calificadas por el INDH como diversos tipos de tortura o apremios ilegítimos ejercidos por agentes del Estado durante un período determinado (octubre de 2019 a enero de 2020), vinculadas especialmente a información referida al estado de salud físico o psíquico de las víctimas involucradas. Por anterior, se verifica en la especie que la publicidad del nombre de denunciantes y víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, y sus respectivos relatos, al tratarse de datos personales y eventualmente, datos sensibles de éstas, producirá afectación a la vida privada de las personas en los términos expuestos por la reclamada. Por lo expuesto, respecto de dicha materia se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. 6) Que, a mayor abundamiento, respecto de la causal de reserva genérica alegada por el órgano, esto es, lo dispuesto en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia (debido cumplimiento de las funciones del órgano), se debe hacer presente que, conforme lo prescrito en la Ley N°20.405, de 2009, "El Instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional" (inciso primero del artículo 2°). A su turno, le corresponderá especialmente al Instituto: "Deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia. En ejercicio de esta atribución, además de deducir querella respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados respectivamente en los artículos 20 y 21 de la Constitución, en el ámbito de su competencia" (artículo 3° N° 5). Por lo anterior, teniendo presente las facultades legales que asigna la ley a la entidad en materia de protección de los derechos humanos, existe un doble reforzamiento del deber de reserva de la identidad de las presuntas víctimas, lo que implica no sólo la confidencialidad respecto de su nombre y sus relatos. En esta línea de razonamiento, la confidencialidad de la identidad y otros datos sensibles de los afectados, se vuelve un imperativo para el órgano en el debido cumplimiento de su función de protección de los derechos humanos que le asigna la ley, y cabe resguardar la identidad de los denunciantes, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, en este caso, el INDH ejerza las acciones legales que mandata el citado texto legal. Por lo expuesto, también se configura respecto de la información analizada la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. 7) Que, establecido lo anterior, corresponde ocuparse de aquella parte del requerimiento referido al RIT y RUC de las causas en las cuales su Institución sea parte, ya sea como querellante o tercero, entre las fechas 10 de octubre del 2019 hasta el 15 de enero del 2020. Sobre dicha materia, esta Corporación se pronunció con ocasión del amparo Rol C8223-19, razonando en síntesis, lo siguiente: "4) (...) En este orden de ideas, la designación de un RIT o RUC a las respectivas causas penales, la realizan los Tribunales de Justicia, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad, que se encuentra consagrado en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos". Esta es, en consecuencia, la premisa legal que aplica sobre la materia consultada, en tanto la designación de un número para identificar una causa judicial, constituye una actuación del tribunal correspondiente. Luego, con este antecedente, nos permite como sociedad materializar una garantía que incluso se encuentra reconocida en tratados internacionales, tal como ocurre en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos // 7) (...) cuando la naturaleza del delito lo amerita, es el mismo INDH quien solicita a los distintos tribunales las reservas respectivas. En este contexto, el artículo 2°, de la ley 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dispone que el Instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile. Luego, en virtud de esa función, el artículo 3° número 5 de la misma ley, establece que le corresponde deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia, entre otras, las querellas por los delitos que ahí se consignan. De ahí que, en protección de los derechos humanos, no solo debe deducir las respectivas acciones judiciales, sino además, proteger a las víctimas, tutela que naturalmente se extiende a la necesidad -si así lo considera necesario el INDH- de solicitar las respectivas reservas de identidad a los tribunales respectivos. Por lo tanto, partiendo sobre la base de que, si la víctima necesitaba la referida reserva, el órgano reclamado en cumplimiento de sus propias funciones, debió solicitar al juzgado la reserva respectiva. Luego, si no lo requirió, se colige que el servicio ponderó dicha situación y no lo consideró necesario, a la luz de las circunstancias de cada caso en particular. Además, no sería coherente con los objetivos del Instituto y de su propio actuar, no requerir a los juzgados la reserva de la identidad de las víctimas, para después, negar la entrega de los roles de las causas. // 8) En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto, al no advertirse una afectación a la vida privada en la forma alegada, se desestimará la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. // 9) (...) tampoco se puede estimar que al informar los roles de las querellas, se desincentivaría a las víctimas a acudir ante el órgano reclamado y con ello, afectar el debido cumplimiento de sus funciones, por cuanto si la naturaleza de los hechos lo aconsejan, el INDH puede solicitar al juzgado respectivo la reserva de identidad de la víctima, tal como se precisó en los considerandos anteriores. Además, cabe tener presente que las funciones del órgano referente a deducir querellas, no se ejerce en representación de la víctima, respecto de quien no necesita el órgano habilitación o autorización, puesto que el INDH posee un título legal que lo habilita para aquello. En efecto, la legitimación activa para comparecer en calidad de interviniente, está dada por la ley N° 20.405 que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos que tiene por objeto la promoción y protección de los Derechos Humanos, y que en su artículo 3 N° 5 la faculta para deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia. Por lo tanto, se desestimará la causal de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia // 10) Que, en otro orden de ideas, conocer la información solicitada, permite también ejercer control sobre el modo en que la entidad reclamada, esto es, el INDH, ha ejercido la facultad establecida en el artículo 3 N° 5 de la ley N° 20.405, descrita en el considerando 7°, precedente. En efecto, la denegación de hacer entrega de los roles de las querellas consultadas, no haría otra cosa que inhibir o coartar a la sociedad de su derecho a determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones legales del órgano reclamado". Por tanto, se desestimará respecto de esta parte de la solicitud las causales reserva alegadas y se acogerá el amparo respecto de esta parte de la información, ordenando su entrega. 8) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, se acogerá parcialmente el presente amparo y se requerirá la entrega del RIT y RUC de las causas en las cuales su Institución sea parte, ya sea como querellante o tercero, entre las fechas 10 de octubre del 2019 hasta el 15 de enero del 2020; y, se rechazará el amparo respecto del nombre de las víctimas en relación a la lista de denuncias y los relatos prestados por éstas ante el INDH, ya que se configuran las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don David Peña Larenas en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo siguiente: a) Informar al reclamante el RIT y RUC de las causas en las cuales su Institución sea parte, ya sea como querellante o tercero, entre las fechas 10 de octubre del 2019 hasta el 15 de enero del 2020. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto del nombre de las víctimas en relación a la lista de denuncias y los relatos prestados por éstas ante el INDH, ya que se configuran las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia. IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don David Peña Larenas, al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.